FoodCorp, empresa con más de 20 años de presencia en Coronel y más de 650 trabajadores, acusa una “expropiación encubierta” tras la Ley de Fraccionamiento y advierte un duro golpe a la credibilidad jurídica de Chile.
Un fuerte conflicto judicial se abre entre la industria pesquera y el Estado de Chile. La empresa FoodCorp Chile, de capitales noruegos y con presencia en la comuna de Coronel, Región del Biobío, anunció que presentará una demanda contra el Estado tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento, normativa que —según la compañía— provocará pérdidas patrimoniales superiores a US$100 millones.
La compañía, parte del grupo internacional Austevoll Seafood, informó que concluyó el análisis jurídico de los efectos de la ley impulsada por la administración saliente, determinando iniciar acciones legales debido a la reducción de sus cuotas de pesca y al término anticipado de asignaciones vigentes hasta 2032.
El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch Coello, fue categórico al referirse a la situación. “Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, afirmó.
El ejecutivo agregó que el impacto económico estimado por la empresa supera los US$100 millones, monto que buscarán recuperar mediante la demanda.
La compañía también advirtió que la ley introduce un impuesto exclusivo para la Región del Biobío por la compra de cuota internacional de jurel, lo que —según la empresa— aumentará los costos operacionales de la industria.
Daroch también manifestó preocupación por el impacto que la situación podría tener en la economía local. “El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó.
La acción judicial será liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y se suma a otras demandas que ya han iniciado empresas pesqueras como Camanchaca, Landes y Blumar.
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