La investigación reveló un complejo entramado que habría operado por años desde un estudio jurídico. El tribunal decretó prisión preventiva para las principales imputadas tras una extensa formalización de seis jornadas.
Un verdadero terremoto judicial se desató en la ciudad de Los Ángeles luego de que el Juzgado de Garantía ordenara prisión preventiva para dos abogadas acusadas de liderar una presunta asociación delictiva vinculada a tráfico de drogas, tráfico de armas y corrupción dentro del sistema judicial.
Se trata de Susana Andrea Cortés Karmy y Andrea Verónica Romero Jara, socias del estudio jurídico Cortés & Romero, quienes fueron formalizadas por el Ministerio Público por una extensa lista de delitos: asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información reservada, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación.
La audiencia de formalización, correspondiente a la causa rol 924-2024, se extendió por seis jornadas, tras lo cual la magistrada Claudia Aguilera González determinó que ambas imputadas ingresaran a prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. El tribunal además fijó tres meses de plazo para la investigación.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, al menos desde 2017 y hasta marzo de 2025, las abogadas habrían articulado una red delictiva que operaba con el apoyo de sus cónyuges: el exfiscal del Ministerio Público de Los Ángeles Rodrigo Antonio Durán Fuica y el exdefensor penal público jefe Patricio Iván Gutiérrez Marinado.
Según la fiscalía, las imputadas lograron cooptar a funcionarios del Poder Judicial, entre ellos Nelson Fabián Sáez Reyes, encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, quien habría recibido beneficios económicos y dádivas para manipular la agenda de audiencias.
El objetivo era que causas de interés de las imputadas fueran conocidas por una magistrada específica, lo que —según la investigación— facilitaba decisiones favorables para sus clientes.
Además, las abogadas habrían utilizado claves de acceso de sus cónyuges para ingresar a sistemas reservados del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, obteniendo información confidencial de investigaciones en curso.
Uno de los episodios más graves expuestos por la fiscalía se relaciona con la banda criminal conocida como “Los Corbata”, liderada por Luis Abraham Corvalán Novoa, cuyos integrantes ya han sido condenados por tráfico de drogas y tenencia de armas.
Entre abril y septiembre de 2021, las abogadas habrían advertido a integrantes de la organización que estaban siendo investigados, informándoles que sus comunicaciones estaban interceptadas y recomendándoles deshacerse de teléfonos celulares y esconder droga antes de allanamientos.
Incluso, tras un ataque armado que sufrió Corvalán Novoa en julio de 2021, las abogadas habrían interrogado a otro cliente del estudio para obtener información sobre el atentado y luego entregar esos antecedentes a miembros de la banda.
La investigación también apunta a importantes ganancias económicas obtenidas por las imputadas.
Entre 2020 y 2023, Cortés Karmy habría percibido $461.751.240, mientras que Romero Jara habría recibido $44.951.000.
Con esos recursos, según la fiscalía, se realizaron diversas adquisiciones de bienes para disimular el origen de los fondos. Cortés Karmy compró departamentos, una casa y dos vehículos, pagando gran parte en efectivo. Romero Jara adquirió un departamento y un vehículo.
En tanto, Patricio Gutiérrez Marinado habría comprado un automóvil Mercedes Benz en efectivo.
El tribunal determinó medidas menos gravosas para otros involucrados.
El exdefensor penal público jefe Patricio Gutiérrez Marinado, acusado de asociación delictiva, lavado de activos, soborno, acceso indebido a información y violación de secreto, quedó con arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados, al estimarse que habría tenido un rol de colaborador.
Por su parte, el funcionario judicial Nelson Fabián Sáez Reyes, imputado por cohecho reiterado, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados, tras un acuerdo alcanzado entre su defensa y la fiscalía.
La investigación continúa y podría revelar nuevos antecedentes sobre esta presunta red de corrupción judicial que habría operado durante años en la Región del Biobío.
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