El tribunal descartó medidas más gravosas y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación por el fatal choque que terminó con el hundimiento de la lancha y la muerte de toda su tripulación.
Un nuevo capítulo judicial sacude el denominado “caso Bruma”, luego que el Juzgado de Garantía de Coronel decretara medidas cautelares para tres imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de siete pescadores artesanales, tras una violenta colisión ocurrida en alta mar frente a la isla Santa María.
La resolución, adoptada este lunes 23 de marzo por el magistrado Jorge Henríquez Mora, dejó a Roberto Abraham Mansilla Gallardo, Luis Vladimir Macaya Andrades y Jaime Osvaldo Sandoval Lépez sujetos a arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar, en el marco de la investigación por siete delitos consumados de homicidio culposo.
Una colisión devastadora en la madrugada
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, los hechos se remontan a la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando la nave pesquera “Cobra”, de gran tamaño, impactó a la lancha artesanal “Bruma”, que se encontraba fondeada y correctamente señalizada con una luz blanca.
El choque, ocurrido cerca de las 03:08 horas en una zona de alto tráfico marítimo, fue de tal magnitud que la embarcación menor fue prácticamente destruida, provocando su hundimiento inmediato y la muerte de sus siete tripulantes.
Pese a que las condiciones climáticas eran favorables —viento calmo y oleaje moderado— y los radares de la nave mayor estaban operativos, la fiscalía sostiene que hubo una desatención grave de las funciones de vigilancia, lo que habría sido determinante en la tragedia.
Errores humanos bajo la lupa
Según la investigación, tanto el capitán como la tripulación del “Cobra” habrían omitido acciones básicas de control y monitoreo en una zona de alta circulación marítima. Al momento del impacto, los encargados de vigía no habrían cumplido adecuadamente su labor, lo que permitió que la embarcación avanzara sin advertir la presencia de la lancha “Bruma”.
La secuencia previa al choque da cuenta de decisiones críticas: tras advertir la presencia de otra nave, se ordenó un cambio de rumbo que, minutos después, terminó en la colisión fatal.
Empresa queda fuera de cautelares
En paralelo, el tribunal descartó aplicar medidas cautelares a la empresa Blumar, propietaria del “Cobra”, al no advertir falencias graves en su modelo de prevención del delito vigente al momento del accidente, conforme a lo establecido en la ley 20.393.
No obstante, la fiscalía expuso que dicho modelo no contemplaba el riesgo de abordaje entre embarcaciones, elemento que podría haber contribuido a evitar el desenlace fatal.
Cuatro meses para esclarecer la tragedia
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual se buscará determinar con mayor precisión las responsabilidades en uno de los hechos más impactantes registrados en la zona durante el último tiempo.
Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia por una tragedia que, según los antecedentes preliminares, pudo haberse evitado.
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