Una organización criminal con base en la Región del Biobío fue desbaratada tras un operativo de la PDI que permitió detener a 17 personas, acusadas de asaltar camiones en la Ruta 5 Sur, en distintos tramos entre el Maule y Puerto Montt.

El procedimiento, denominado “Operación Oculto Sur 1”, fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchén, comuna donde además se concentraba parte importante de la operación del grupo, ya que allí se trasladaban y distribuían las especies robadas.

De acuerdo con los antecedentes, la banda actuaba de manera organizada y con roles definidos. Mientras algunos integrantes interceptaban camiones en la ruta, otros se encargaban de ocultar, acopiar y comercializar la carga sustraída en el mercado informal.

Los asaltos se realizaban en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, tanto en plena carretera como en zonas de detención, afectando directamente a transportistas que circulan a diario por esta vía. Entre las especies robadas se encontraban productos de consumo masivo como abarrotes, leche, útiles de aseo y bebidas alcohólicas.

Durante los allanamientos, la policía incautó armas de fuego, municiones, droga —incluyendo cannabis y clorhidrato de cocaína—, además de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, herramientas, equipos tecnológicos y alimentos destinados a exportación.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, destacó que la investigación permitió abordar un fenómeno delictual complejo, vinculado al robo sistemático de camiones en la Ruta 5 Sur, mediante el uso de diversas técnicas investigativas.

Este caso vuelve a evidenciar un problema que afecta directamente a quienes utilizan esta carretera. Según cifras del sector, en Chile se roban cerca de 300 camiones al año, lo que equivale a prácticamente uno diario.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén y serán formalizados por delitos como asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación, abigeato e infracciones a la Ley de Drogas y de Armas.

El operativo desarticula a esta banda del Biobío, pero confirma una preocupación persistente en la Ruta 5 Sur: el robo de camiones sigue siendo un delito activo y de alto impacto para quienes viven y trabajan en torno a esta vía.

El tribunal de alzada amplió los delitos imputados, incorporando soborno y tráfico de armas; Fiscalía sostiene que las acusadas manipulaban audiencias, accedían a información reservada y alertaban a sus clientes sobre diligencias.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles.

La decisión fue informada por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien destacó que el tribunal de alzada no solo ratificó la medida cautelar, sino que además incorporó nuevos delitos a los ya acreditados en primera instancia, entre ellos soborno y tráfico ilícito de armas.

Las imputadas, que ejercían libremente la profesión, permanecen recluidas en el penal Biobío, mientras avanzan las diligencias en una causa que también considera cargos por asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.

En su resolución, adoptada de forma unánime, los ministros de la Corte señalaron que las formalizadas constituyen “un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad”, subrayando además que las conductas atribuidas “afectan directamente la fe pública y la administración de justicia”.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, entre 2017 y marzo de 2025 las abogadas habrían articulado un mecanismo destinado a influir en procesos judiciales, cooptando a un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, encargado de actas, con el fin de intervenir en la programación de audiencias.

Dicho mecanismo habría permitido direccionar causas hacia una magistrada —también imputada— que resolvía en favor de sus intereses, configurando un esquema que comprometía la imparcialidad del sistema.

La investigación también vincula a otros actores. El exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de una de las imputadas— fue formalizado por revelación de secreto y quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.

Asimismo, el funcionario judicial Nelson Sáez Reyes enfrenta cargos por cohecho reiterado y cumple arresto domiciliario total, además de las prohibiciones de salir del país y de contacto con los involucrados.

De acuerdo con la Fiscalía, la red también habría accedido a información reservada desde sistemas de la Defensoría y del Ministerio Público, lo que permitía anticipar diligencias, advertir a imputados y alterar el desarrollo de investigaciones en curso.

“Entre las conductas investigadas se encuentra el haber advertido a clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, además de entregar antecedentes falsos y simular colaboraciones eficaces”, se indicó en la audiencia.

La Fiscal Regional precisó que tanto la magistrada como un fiscal mencionado en la causa aún no han sido formalizados, ya que para ello se requiere la aprobación de una querella de capítulos por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, trámite que será presentado en los próximos días.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación, la cual está siendo llevada adelante por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.

El caso se mantiene en pleno desarrollo y pone el foco en eventuales vulneraciones graves al funcionamiento del sistema judicial, con una investigación que busca esclarecer el alcance total de la red y las responsabilidades penales involucradas.

Rocío Zúñiga, Académica Enfermería Universidad Andrés Bello Concepción.

Durante las vacaciones las actividades cambiaron, los hábitos cambiaron, al acostarse más tarde, despertarse sin horarios fijos y sin esa alarma que suele acompañarnos son parte de la nueva rutina. No obstante, estamos a horas del temido y poco querido “Súper lunes”, el día que todo retorna a la “normalidad”. Ante este escenario, el sueño puede ser una víctima en la abrupta transición del descanso vacacional a la rutina habitual.

Dormir no es solo una necesidad básica, sino un proceso fundamental para la salud física, mental y emocional. Mientras dormimos se consolidan aprendizajes, se regulan emociones y se recupera el organismo para hacer frente a las nuevas demandas que surgen diariamente. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño las niñas y niños de 6 a 12 años, que regularmente se encuentran en periodo escolar, deben dormir de 9 a 12 horas diarias, mientras que los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas de sueño y los adultos al menos 7 horas para asegurar un buen descanso.

Cuando estos requerimientos no se cumplen o se hacen cambios repentinos en las horas de sueño, puede haber consecuencias. En niñas, niños y adolescentes se pueden generar dificultades de concentración, mayor irritabilidad y problemas en el rendimiento escolar. Mientras que, en personas adultas, el dormir menos de lo recomendado puede asociarse a menor productividad, aumento del estrés, y cuando es mantenido en el tiempo, incluso puede conllevar a alteraciones del ánimo y mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Frente a esta situación, surge la interrogante de cómo evitar este “daño colateral”. Una estrategia efectiva es realizar una transición progresiva del horario del sueño, lo que se puede realizar mediante las llamadas aproximaciones sucesivas, ajustando el reloj biológico unos 15 a 20 minutos cada noche, adelantando tanto la hora de ir a la cama como la de levantarse, lo que permite que el cuerpo asimile el cambio sin el estrés fisiológico que provocan estos cambios. Por otra parte, se debe considerar la higiene del sueño, donde se contemplan actividades como: disminuir la exposición a la luz azul al menos una hora antes de dormir, dejando de lado el celular, el computador o el televisor; propiciar ambientes tranquilos con luz adecuada y ruidos controlados; así como evitar comidas muy abundantes justo antes de acostarse. No se trata de imponer estas medidas de manera drástica y restar el relajo a las vacaciones, sino de retornar de forma paulatina al ritmo biológico de descanso.

Un sueño reparador no solo mejora el rendimiento académico y laboral, sino que también nos permite enfrentar el año con mayor energía, mejor salud y ánimo para todo lo que ha de venir.

Tribunal acreditó que el acusado amenazó a la víctima con matar a su familia, la mantuvo privada de libertad por casi tres semanas y finalmente la violó.

Un fallo contundente marcó el cierre de uno de los casos que ha conmocionado a Curanilahue. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a Javier Rodrigo Parra Pérez a la pena de presidio perpetuo como autor del delito consumado de secuestro calificado con circunstancia de violación, hechos ocurridos entre fines de septiembre y mediados de octubre de 2024.

En decisión unánime, el tribunal —integrado por los magistrados Maritza Aldana Cabezas, José Cánovas Fuentes y Rodrigo González-Fuente Rubilar— estableció que la culpabilidad del acusado quedó acreditada más allá de toda duda razonable.

Según lo expuesto en juicio, el imputado abordó a la víctima en la población Eleuterio Ramírez de Curanilahue, movilizándose en un furgón. Tras negarse la joven a subir al vehículo, fue amenazada con una frase directa y brutal: si no obedecía, mataría a toda su familia. El temor generado la obligó a acceder.

Posteriormente, fue trasladada hasta un domicilio en la misma comuna, donde el condenado la mantuvo privada de libertad durante aproximadamente tres semanas. Durante ese tiempo, solo podía salir bajo estricta supervisión del agresor, quien la amenazaba reiteradamente con matarla si intentaba escapar y la agredía físicamente.

Días antes del 18 de octubre de 2024, el acusado llevó a la joven a un dormitorio del inmueble, donde la violó.

Además de la pena de presidio perpetuo, el tribunal impuso las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la pérdida de derechos políticos de por vida. En caso de que eventualmente recupere la libertad, quedará sujeto a vigilancia de la autoridad por un máximo de 10 años.

Una vez que el fallo quede firme, se ordenó también la toma de muestras biológicas del condenado para incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de condenados.

Tribunal decretó su ingreso al centro de internación de Coronel y dio cuatro meses para investigar el brutal crimen ocurrido el martes pasado.

Un hecho que estremeció a la comuna de Tomé tuvo hoy un nuevo capítulo judicial. El Juzgado de Garantía dejó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al adolescente C.A.H.H., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de parricidio.

En la audiencia de formalización, realizada este viernes 20 de febrero, la magistrada María Carolina Torrealba Sandoval ordenó su ingreso al Centro de Internación Provisoria de Coronel, al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, la tarde del 17 de febrero de 2026 el adolescente se encontraba junto a su padre en la plaza de armas de Tomé. En ese lugar, lo habría atacado con un cuchillo en al menos cuatro ocasiones, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte.

Tras la agresión, el joven huyó del sitio del suceso, pero fue localizado y detenido horas después por personal policial.

La causa continuará ahora bajo investigación, mientras el imputado permanece privado de libertad en régimen de internación provisoria, a la espera de que se determinen las responsabilidades penales en uno de los casos más impactantes registrados en la comuna en los últimos años.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a John Paul Araneda Veloso a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, por un crimen ocurrido en marzo de 2022 en la comuna de San Pedro de la Paz.

La sentencia fue dictada en fallo unánime por los magistrados Selín Figueroa Araneda (presidente), María José Vidal Araya y Paola Schisano Pérez (redactora), quienes además aplicaron al condenado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Disparo en plena vía pública

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 23:30 horas del 11 de marzo de 2022, en el sector Cancha Balmaceda —avenida Costanera esquina calle Aviación— la víctima, Darcy Enrique Uribe Cabrera, se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por el acusado.

En ese contexto, Araneda Veloso, portando un arma, le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole un traumatismo torácico abdominal por proyectiles balísticos. Las lesiones fueron calificadas como recientes, vitales y necesariamente mortales, causando su fallecimiento en el lugar.

Absolución por porte ilegal de arma

En la misma causa, el acusado fue absuelto del delito de porte ilegal de arma de fuego convencional.

Esto, porque —según estableció el tribunal— las pruebas presentadas no permitieron acreditar más allá de toda duda razonable que el arma utilizada correspondiera efectivamente a un arma de fuego convencional, como sostenía la acusación, pudiendo tratarse de un arma hechiza o modificada, lo que implica una tipificación penal distinta.

Finalmente, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de condenados.

Con esta resolución, el sentenciado deberá cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad por el homicidio ocurrido en San Pedro de la Paz.

Tenía 20 años y se preparaba para iniciar sus estudios de Derecho. Cuatro personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el crimen, dos de ellas enfrentarán cargos por homicidio calificado.

La madrugada del 1 de enero de 2026 terminó de forma trágica para Cristóbal Miranda Olivares, un joven de 20 años, oriundo de la comuna de Coronel, quien falleció tras ser brutalmente agredido durante una fiesta de Año Nuevo en el Centro de Eventos Espacio Marina, en Talcahuano, Región del Biobío. El hecho provocó profundo impacto y conmoción en la comunidad regional.

Cristóbal se encontraba a las puertas de una nueva etapa en su vida. Había decidido comenzar el año estudiando Derecho en la Universidad del Desarrollo, una decisión que llenaba de orgullo a su familia y cercanos. Antes de ello, había cursado un semestre en la Escuela de Oficiales de Carabineros, experiencia que, según relatan quienes lo conocían, marcó su vocación de servicio y compromiso social.

La noche del ataque, el joven quiso mantener una tradición que conservaba desde su etapa escolar: recibir el Año Nuevo junto a sus compañeros de colegio. Pese a haber estado delicado de salud en los días previos, no quiso perderse ese reencuentro que tenía para él un profundo significado emocional.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó en tragedia. En el contexto de la fiesta “Lion Dubai 2026”, Cristóbal fue golpeado violentamente con pies y puños, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico grave. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Biobío, donde permaneció en riesgo vital durante casi tres días. Pese a los esfuerzos del equipo médico, finalmente falleció.

Detenidos por el crimen

En las últimas horas, Carabineros confirmó la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en la golpiza que terminó con la vida del joven. Las detenciones se concretaron tras órdenes judiciales ejecutadas en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz.

Los imputados fueron identificados como León Agustín Flores Basáez, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero, Agustín Pablo Saavedra Opazo y un menor de edad de 17 años, identificado con las iniciales C. A. S. F.

De acuerdo con antecedentes policiales y judiciales, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero y Agustín Pablo Saavedra Opazo serán formalizados por el delito de homicidio calificado. En tanto, los otros dos imputados, incluido el menor de edad, quedaron en libertad a la espera de citación por otra causa, la cual será vista en el Juzgado de Garantía de Concepción.

La formalización de los dos principales imputados se realizará este lunes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Un conflicto previo

Según información recabada, la agresión tendría su origen en un conflicto previo, ocurrido días antes, derivado de un presunto problema sentimental. Aquella riña no se habría resuelto y se reactivó durante la madrugada de Año Nuevo, desencadenando el ataque grupal.

La madre de Cristóbal calificó lo ocurrido como “el ataque de una jauría de delincuentes”, reflejando el profundo dolor de una familia que perdió a su hijo en circunstancias violentas e irreparables.

Cristóbal Miranda Olivares tenía proyectos, sueños y una vida que recién comenzaba. Su muerte dejó un vacío profundo en su familia, amistades y en toda una comunidad que hoy exige verdad, justicia y responsabilidades claras frente a un crimen que empañó el inicio del año.

Para todos aquellos jóvenes que salieron sorteados para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO), que se encuentran cursando el último año de Enseñanza Media o estudiantes de la Educación Superior, existe la modalidad alternativa del Curso Especial de Instrucción Militar (CEIM), el cual se realizará en el periodo estival 2026 y 2027, entre los meses de enero y marzo, sin interferir con sus estudios.

En ese sentido, en las distintas Unidades Base de Movilización, correspondientes al Destacamento de Montaña N.°3 “Yungay” (Los Andes), Regimiento de Artillería N.°1 “Tacna” (Santiago) y Regimiento N.°2 “Maipo” (Valparaíso), Regimiento N.° 19 “Colchagua” (San Fernando), Regimiento N.° 6 “Chacabuco” (Concepción), Destacamento de Montaña N.° 8 “Tucapel” (Temuco) y Destacamento de Montaña N.° 9 “Arauco” (Osorno), se encuentran realizando el Proceso de Selección entre el 24 y 28 de noviembre.

Es en esta etapa donde los jóvenes son chequeados y evaluados por personal de salud institucional para certificar su estado compatible con el Servicio Militar Obligatorio. En ese sentido, se robusteció el proceso de selección mediante la incorporación de nuevos exámenes médicos (electrocardiograma, hemograma y creatininemia), los que se realizarán a los preseleccionados, con la finalidad de conocer más en detalle sus condiciones de salud, ante las exigencias físicas propias de la carrera militar.

El Jefe del Departamento I “Personal” del Comando de Operaciones Terrestres, Coronel Felipe Abarca L. explicó que el CEIM “está reconocido por el Decreto Ley 2.306 y es una de las tres modalidades de alternativa para desarrollar el SMO, junto con la conscripción tradicional y la prestación de servicios. Sumando al contingente de cada unidad, en total tenemos previsto acuartelar a 480 ciudadanos””.

Tras cumplir con una etapa de ambientación, durante dos periodos estivales, correspondientes a los años 2026 y 2027 (150 días de conscripción en total), serán formados como combatientes individuales para cumplir con diversas funciones operativas en la Institución. Además, tendrán la posibilidad de conocer las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el Ejército, a las que podrían optar una vez que se titulen de sus carreras técnicas o profesionales, para continuar sirviendo a Chile desde las filas de la Institución.

Martín Sanhueza Silva (18), por su parte, cursa odontología en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, instancia académica que -asegura- le servirá en su afán de ser parte del Ejército. “Me interesa postular como oficial de sanidad y mis padres me han apoyado completamente, sería un sueño cumplido”, comentó.

La reanudación del Curso Especial de Instrucción Militar, tras seis años, contará con un proceso descentralizado, con un canal de comunicación permanente con las familias, en el marco del perfeccionamiento continuo de la Instrucción y Entrenamiento, el incremento de las opciones de desarrollo y el bienestar de los soldados conscriptos.

La Fiscalía del Biobío confirmó la captura de dos sujetos vinculados al grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), responsables del ataque incendiario que destruyó 10 vehículos en una faena forestal de Contulmo. La Ley Antiterrorista permitió ampliar la detención por cinco días para fortalecer la investigación.

La Fiscalía Regional del Biobío informó que logró la ampliación de la detención de dos individuos capturados tras el violento ataque ocurrido la mañana de este miércoles en una faena forestal de Contulmo, donde al menos 10 vehículos fueron quemados. El hecho fue adjudicado por la orgánica radical Weichán Auka Mapu (WAM).

La fiscal regional, Marcela Cartagena, solicitó al Juzgado de Garantía de Cañete la ampliación hasta el martes 18 de noviembre, invocando el artículo 22 de la Ley Antiterrorista, que permite un plazo mayor al que entrega la ley procesal penal común.
“La Ley Antiterrorista ofrece una herramienta que nos permite trabajar y poder llegar en condiciones muy óptimas a una audiencia ante el tribunal”, afirmó.

Un operativo de 15 horas y trabajo interagencial

La detención de los dos sujetos —a quienes la Fiscalía vincula directamente al WAM— se logró gracias a un despliegue coordinado entre la PDI, la Armada (que opera en la provincia de Arauco bajo Estado de Excepción), Carabineros de la Zona COP e Intervención Sur y el Ministerio Público.

El operativo se extendió cerca de 15 horas, con apoyo de vigilancia aérea, drones y helicópteros, según señaló el general Cristián Mansilla, jefe de Zona COP. Durante la persecución, personal de la Armada y Carabineros logró recuperar dos camionetas robadas a trabajadores forestales, momento en que los sujetos dispararon contra los uniformados. No hubo lesionados.

El jefe de la BIPE y Antisecuestros Cañete de la PDI, subprefecto Carlos Henríquez, indicó que se están realizando “diversas diligencias a objeto de obtener antecedentes que permitan dilucidar la dinámica de los hechos”.

En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego que los detenidos portaban al momento de su captura. Estas evidencias están siendo analizadas por el Laboratorio de Criminalística.

Pertenencia a WAM y próximos pasos

La fiscal Cartagena confirmó que los antecedentes preliminares apuntan a que los sujetos “pertenecen a esta orgánica [WAM] y, lo más importante, participaron en este atentado”.

La ampliación de la detención permitirá robustecer las pruebas para la audiencia de formalización, fijada para el martes 18 de noviembre a las 13:00 horas, donde se definirán los cargos y medidas cautelares que enfrentarán.

La Fiscalía destacó que seguirá trabajando con las policías para avanzar en la identificación y detención del resto de los involucrados en este grave ataque incendiario en la provincia de Arauco.

El operativo fue realizado por personal del OS-7 de Carabineros en la Ruta 5 Sur, donde el funcionario —que trabaja en la región del Biobío— fue sorprendido con más de 10 kilos de sustancias ilícitas. Sernapesca calificó el hecho como de “altísima gravedad” y anunció un sumario administrativo.

Un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) fue detenido en la región de La Araucanía luego de ser sorprendido por Carabineros transportando aproximadamente 10 kilos de droga en su vehículo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del OS-7 de Carabineros durante un control aleatorio realizado en la Ruta 5 Sur, a la altura del peaje troncal Púa, donde se fiscalizó un automóvil conducido por un hombre que, tras la revisión, mantenía en su poder varios paquetes contenedores de sustancias ilícitas.

Según detalló el fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velásquez, “se trata de aproximadamente 7 kilos de marihuana y 3 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron incautados en el procedimiento”.

El detenido, identificado como funcionario de Sernapesca en la región del Biobío, fue formalizado este martes ante el Juzgado de Garantía de Lautaro, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de cinco meses para la investigación por el delito de tráfico de drogas.

Desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura emitieron un comunicado calificando lo ocurrido como un hecho de “altísima gravedad”, precisando que el funcionario “se encontraba fuera de su horario laboral” al momento de la detención.

“Como institución pública, rechazamos todas las conductas que atenten contra la probidad y nos pondremos a disposición de la fiscalía para colaborar en todo lo que sea requerido, pues se trata de un delito gravísimo”, indicaron desde Sernapesca.

Asimismo, el servicio confirmó la apertura de un sumario administrativo con el fin de “adoptar las sanciones que correspondan”, reafirmando su compromiso con la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública.