Una exitosa jornada de comercialización asociativa de ganado se realizó el miércoles 15 de abril en la comunidad pehuenche de Trapa Trapa, Alto Biobío.

La actividad, organizada por el equipo de extensión del Programa de Desarrollo Territorial Indígena – PDTI INDAP Alto Biobío, junto a los funcionarios del Área INDAP, se desarrolló a lo largo de todo el día y contó con infraestructura dotada con corrales de venta, y cargaderos en condiciones para el transporte animal.

En esta oportunidad, 18 ganaderos del PDTI vendieron 119 animales – entre terneros, novillos y vacas- a compradores de Santa Bárbara y Los Ángeles, a un precio de ternero por $3.120.

El director regional subrogante de INDAP Biobío, Marcelo Jelves, indicó que “esta venta grupal fue muy positiva, ya que los usuarios del programa PDTI lograron acceder a buenos precios de venta, reducir la carga animal, disminuir la degradación de las praderas naturales, y fomentar otras alternativas de ventas de productos por parte de la comunidad”.

A su vez, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita sostuvo que “estas ferias no sólo son una oportunidad de comercialización, también tienen un valor profundo para nuestras comunidades pehuenches, porque fortalecen su trabajo, su identidad y la forma en que se desarrolla la vida en el territorio. Como municipio, junto a INDAP y el PDTI, estamos para acompañar y apoyar este camino”.   

Cabe destacar, que esta segunda venta grupal se suma a la realizada a fines de marzo en la comunidad de Butalelbun, donde participaron 28 usuarios del PDTI quienes transaron 160 cabezas de ganado.

El programa PDTI -que funciona a través de un convenio entre INDAP у la Municipalidad de Alto Biobío- atiende con asesoría e inversiones a 1.170 usuarios y sus familias.

El parlamentario independiente por el Biobío valoró algunos ejes del anuncio del Presidente José Antonio Kast, pero advirtió que existen dudas relevantes en materia tributaria, gratuidad y acceso a la vivienda, por lo que no comprometió su apoyo inmediato.

A días de que el Presidente José Antonio Kast presente el Plan de Reconstrucción Económica, ya comenzaron a surgir las primeras reacciones desde el Congreso marcadas por la cautela frente al contenido de las medidas.

En ese contexto, el diputado independiente por la región del Biobío, Roberto Arroyo, fijó su postura señalando que, si bien el proyecto aborda desafíos urgentes para el país, especialmente para la zona que representa, aún existen aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad antes de definir un respaldo.

“No puedo comprometer mi apoyo sin revisar en detalle todo este proyecto”, afirmó el parlamentario, dejando en claro que su voto dependerá de una evaluación exhaustiva de cada una de las propuestas.

Arroyo destacó que el plan contiene elementos positivos, particularmente en lo relacionado con la necesidad de enfrentar la reconstrucción y el complejo escenario fiscal que atraviesa el país. Sin embargo, advirtió que también existen dudas importantes que deben ser despejadas.

“Este proyecto tiene elementos positivos, pero también genera dudas importantes. Sí es necesario para hacer frente a las necesidades de reconstrucción, como es el caso de la región del Biobío y a la estrechez fiscal en que se encuentran nuestras finanzas públicas. Sin embargo, como un diputado que debe poner en primer lugar los intereses de las personas, voy a revisar con especial atención cada uno de los componentes de este proyecto”, sostuvo.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación, explicó, es la rebaja del impuesto corporativo. Si bien podría incentivar la inversión, advirtió que debe garantizarse que sus efectos beneficien realmente al país. “Por ejemplo, lo relacionado con la rebaja del impuesto corporativo, donde la mayor inversión y crecimiento deberían compensar la menor recaudación de tributos, pero que esto no se transforme en un subsidio vía impuesto a las empresas”, indicó.

En materia educacional, el congresista también planteó reparos a la idea de limitar la gratuidad en función de la edad, señalando que se trata de un criterio que debe revisarse. “Considero además que hay que revisar la idea de limitar la gratuidad por edad, porque el mérito y las ganas de salir adelante no debe tener límite, y su efecto en la rebaja fiscal es mínimo”, agregó.

Respecto a vivienda, Arroyo enfatizó que las medidas deben traducirse en beneficios concretos para las familias, especialmente para la clase media que busca acceder a su primera casa. “En materia de vivienda, la rebaja del IVA debe traducirse en un acceso real, donde la clase media puede acceder a su primera vivienda sin la barrera del pie inicial”, señaló.

Por último, reiteró su disposición a respaldar aquellas iniciativas que generen un impacto positivo en la ciudadanía, aunque insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad en la discusión legislativa. “Estoy disponible, por supuesto, para apoyar las buenas ideas que beneficien a los chilenos. Es mi compromiso y mi responsabilidad. Por eso, no puedo comprometerme mi apoyo sin revisar en detalle todo este proyecto”, concluyó.

El seremi de Agricultura, Francisco Lagos, se reunió con la directiva de la Sociedad Agrícola de Biobío, SOCABIO. Durante el encuentro, se destacó la disposición del gremio por colaborar para enfrentar los principales desafíos del sector durante los primeros meses del Gobierno.

Entre los principales temas planteados por Socabio destacan seguridad rural, gestión del agua, funcionamiento del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), áreas que —según el gremio— requieren medidas concretas y coordinación público-privada.

“Conversamos con Socabio por la relevancia que tiene para el sector, para la provincia de Biobío y a nivel regional. En esta reunión conversamos la necesidad y problemas que nos aquejan como el costo de los insumos, crisis hídricas, entre otros”, detalló el seremi Lagos.

Mientras que el presidente de Socabio, José Miguel Stegmeier, manifestó que abordaron: “la primera, sin duda, tiene relación con la situación actual de la agricultura, especialmente desde el punto de vista de los costos de producción”.

“Hoy enfrentamos altos costos en fertilizantes, transporte y fletes, además del precio del petróleo, que es fundamental para el uso de nuestros tractores y maquinaria agrícola. En ese contexto, le hemos planteado algunas medidas paliativas que podrían implementarse, de manera que sea posible sembrar durante esta temporada”, agregó.

´Por su parte, Juan Vallejos, abordó que “tenemos muchos temas que tratar. La Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Biobío es una organización de uso múltiple, aunque con un enfoque agrícola eminentemente relevante. Se trata de una cuenca que comprende alrededor de 180 mil hectáreas de riego, lo que la convierte en un sistema de gran importancia, tanto para la región como para la gestión integral del recurso hídrico”.

Además, apuntó que “en ese contexto, resulta fundamental mantener una coordinación permanente con las autoridades, por lo que valoramos positivamente esta reunión. Estamos muy conformes con el encuentro y esperamos que los próximos años estén marcados por buenos proyectos y crecimiento para la cuenca”.

Las autoridades recalcaron que el fortalecimiento de la agricultura chilena requiere avanzar en una colaboración público-privada, y un trabajo conjunto en una agenda que permita enfrentar los principales desafíos del sector.

La Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, será el escenario de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente a marzo de 2026, elaborado por el Banco Central de Chile, en una instancia que busca acercar el análisis económico a la comunidad.

La exposición se realizará el lunes 30 de marzo a las 11:00 horas en el Auditorio Dr. Alexis Lama, ubicado en el campus Las Tres Pascualas, y contará con la participación de Elis Albagli, gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central.

Durante la jornada se dará a conocer el diagnóstico actualizado de la economía nacional e internacional, junto con las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), consumo e inversión.

El IPOM es el principal instrumento de comunicación de la autoridad monetaria y cumple un rol clave en la orientación de la política económica del país, especialmente en lo relativo a la Tasa de Política Monetaria (TPM), cuyo objetivo es asegurar que la inflación converja hacia la meta del 3%.

En el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas, alzas en el precio del petróleo y cambios en el escenario político, este informe adquiere especial relevancia, ya que permite evaluar cómo estos factores inciden en la inflación, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

Además, el IPOM funciona como una señal importante de credibilidad y orientación tanto para los mercados como para la ciudadanía, entregando certezas en un escenario económico complejo.

El director de la carrera de Ingeniería Comercial de la USS Concepción, Andrés Ulloa, destacó la importancia de esta actividad para la formación y comprensión del entorno económico.

“Esta instancia es especialmente valiosa porque permite acercar un instrumento técnico a la comunidad académica y al público en general, facilitando una mejor comprensión del escenario económico actual. Actividades como esta contribuyen a formar profesionales y ciudadanos más informados, capaces de entender cómo la política monetaria impacta directamente en el desarrollo del país”, señaló.

Desde la universidad indicaron que la actividad busca precisamente promover una comprensión informada del escenario económico y de las decisiones de política monetaria que influyen directamente en el desarrollo del país, abriendo este espacio tanto a estudiantes como a la comunidad en general.

Los parlamentarios Flor Contreras (La Araucanía), Roberto Arroyo y Patricio Briones (Biobío) valoraron el despliegue del Mandatario en la zona y enfatizaron que la medida de excepción es clave para enfrentar el terrorismo y la delincuencia, exigiendo mayor respaldo operativo para las fuerzas de orden.

En el marco de la primera gira oficial del Presidente José Antonio Kast a las regiones de La Araucanía y Biobío, diputados de la Macrozona Sur manifestaron su firme respaldo a la presencia del Ejecutivo en la zona y a la primera solicitud de renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia bajo la nueva administración.

Para los legisladores, la visita presidencial coincide con un hito legislativo crítico, que es garantizar la continuidad del despliegue militar para proteger a la ciudadanía frente a la violencia rural, los ataques terroristas y el avance del crimen organizado.

La diputada del Partido de la Gente (PDG) por La Araucanía, Flor Contreras, destacó la importancia política de este viaje, porque “entendemos que esta no es solo una visita simbólica, sino una señal clara de que nuestra región dejará de estar en segundo plano. La presencia del Mandatario aquí, justo cuando enfrentamos la primera renovación del Estado de Excepción de su gobierno, ratifica el compromiso de devolverle la paz a las familias que viven bajo el miedo a la delincuencia y el terrorismo. Necesitamos acciones concretas y por eso, desde el Congreso, respaldaremos esta renovación del Estado de Excepción, exigiendo que las Fuerzas Armadas cuenten con todo el apoyo jurídico y operativo para desarticular a las bandas radicales que hoy nos quitan la tranquilidad y libertad”.

Por su parte, el diputado por el Biobío del Partido Social Cristiano y ex PDG, Roberto Arroyo, puso el foco en la necesidad de que esta herramienta sirva para transitar hacia una seguridad permanente. “Creo que el estado de excepción hoy sigue siendo necesario, porque la realidad en La Araucanía y el Biobío todavía exige medidas extraordinarias para resguardar la seguridad de las familias. Pero esto no puede transformarse en algo permanente. Aquí debe haber una transición responsable, y fortalecer el trabajo de Carabineros, mejorar la inteligencia policial y recuperar el control territorial de manera preventiva. El objetivo no es vivir en excepción, sino volver a la normalidad con seguridad, donde el Estado funcione y proteja a las personas sin medidas extraordinarias”.

Finalmente, el también representante del PDG por Biobío, Patricio Briones, subrayó que la medida es una respuesta directa a la normalización de la violencia en la región, ya que “es una herramienta indispensable para devolverle la tranquilidad a nuestras comunas. En el Biobío hemos sido testigos de cómo la delincuencia y el terrorismo han intentado normalizar la violencia, y eso es algo que no podemos a permitir. Apoyaremos esta medida porque la prioridad número uno debe ser la seguridad de los ciudadanos que hoy viven con miedo. Queremos más acción y menos discursos en el combate contra la delincuencia y el terrorismo, y esta medida demuestra una voluntad real de enfrentar los problemas de cara a la gente”.

Los parlamentarios concluyeron señalando que sus votos estarán disponibles en la Cámara de Diputados para aprobar la prórroga, pero advirtieron que mantendrán un rol fiscalizador estricto para asegurar que el despliegue militar se traduzca en una disminución efectiva de los atentados y el robo de madera en la macrozona.

Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Proceso de la Industria Pesquera del Biobío (FESIP) manifestó su preocupación por el escenario que enfrenta la industria en medio de la discusión de la nueva Ley de Pesca, proceso que se da en medio de la instalación de las nuevas autoridades económicas del país.

La inquietud surge tras la llegada al Ministerio de Economía y Minería de Daniel Mas Valdés, quien asumió ambas carteras luego de que el nuevo Gobierno decidiera integrar el Ministerio de Minería al de Economía. Desde la organización, señalaron que esta nueva estructura implica un desafío mayor para la autoridad, considerando la amplitud de áreas productivas que deberá abordar.

La presidenta de FESIP Biobío, Juana Silva, señaló que el sector espera que las nuevas autoridades puedan escuchar la realidad de la industria antes de adoptar decisiones relevantes en materia pesquera. “Nos preocupa que el Ministerio de Economía tenga hoy la responsabilidad de dos carteras tan importantes y que además no tenga experiencia directa en pesca dentro de la conducción política del ministerio. La pesca es una actividad compleja, con impacto económico y social”, sostuvo.

Silva agregó que la federación observa con especial atención el debate legislativo sobre la Ley de Pesca, donde se han planteado propuestas como la implementación de subastas para la asignación de cuotas, mecanismo que los trabajadores rechazan por considerar que generará inestabilidad productiva y laboral.

“Las plantas de proceso necesitan certezas para planificar su producción y el empleo formal. Las subastas generan incertidumbre y podrían afectar directamente la estabilidad laboral de muchos trabajadores”, indicó.

Subsecretaría de Pesca

Desde la federación también destacaron la reciente designación de Osvaldo Urrutia Silva como nuevo Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Urrutia cuenta con experiencia en materias pesqueras y en el ámbito legislativo vinculado al sector, lo que —según la dirigencia sindical— podría aportar conocimiento técnico al debate que se desarrolla actualmente.

“Valoramos que en la Subsecretaría de Pesca exista una autoridad que conoce el sector. Esperamos que esa experiencia permita abrir espacios de diálogo con los distintos actores de la industria y considerar también la realidad laboral de las regiones”, afirmó Silva.

Jibia y empleo femenino

FESIP recordó además que las plantas de proceso pesquero emplean mayoritariamente a mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, por lo que cualquier cambio en la regulación pesquera tiene un impacto directo en la estabilidad laboral de miles de familias.

A ello se suma la preocupación por la situación de la pesquería de la jibia, luego de que la ley aprobada en 2019 estableciera que este recurso solo puede ser capturado por el sector artesanal, dejando fuera a la flota industrial. Producto de aquello, en 2025, aproximadamente 100 mil toneladas de jibia autorizadas para su captura no pudieron llegar a las lanchas de los pescadores artesanales y quedaron en el mar, multiplicándose como una plaga.

Por lo anterior, Silva cree necesario revisar la normativa para permitir una participación complementaria de la industria, “porque nuestras plantas necesitan un abastecimiento continuo de materia prima. Cuando eso no ocurre, los primeros afectados son los trabajadores”, señaló.

La dirigenta agregó que el sector también observa con inquietud la presencia de flotas pesqueras extranjeras en el Pacífico Sur, fenómeno que —según indicó— requiere una estrategia país para proteger los recursos marinos.

¿Seremi en el Biobío?

A la preocupación por el escenario nacional, se suma la espera a nivel regional, de quién será el o la nueva seremi de Economía en Biobío, cargo clave para la coordinación con los sectores productivos locales.

“Para regiones como la nuestra es muy importante contar con autoridades que conozcan las complejidades del sector pesquero y puedan dialogar con los sectores productivos. Hoy la pesca está viviendo un momento clave y sería muy importante tener pronto una autoridad regional competente, que pueda abordar estos temas”, concluyó la dirigenta.

Las exportaciones en la Región del Biobío alcanzaron MMUS $371,8 en enero de 2026, registrando una variación interanual de -8,9%.

El resultado del mes de referencia estuvo determinado  por el desempeño del sector Industria que registró una variación de -12,4%.

Las actividades económicas que concentraron los mayores montos exportados fueron Fabricación de celulosa, papel y cartón, Alimentos y Forestales, con una participación conjunta de 77,3%.

Los principales países o territorios de destino fueron China, Estados Unidos y Costa de Marfil, que en conjunto representaron 44,9% del total exportado. Por su parte, el país o territorio de destino que más incidió en la variación interanual fue China (-45,9%).

Asimismo, las mercancías más exportadas fueron Celulosa, Jurel entero congelado y Madera aserrada, los que en conjunto sumaron 55,8% del total regional. A su vez, Celulosa (-40,4%) fue la mercancía con mayor incidencia en el comportamiento de las exportaciones.

FoodCorp, empresa con más de 20 años de presencia en Coronel y más de 650 trabajadores, acusa una “expropiación encubierta” tras la Ley de Fraccionamiento y advierte un duro golpe a la credibilidad jurídica de Chile.

Un fuerte conflicto judicial se abre entre la industria pesquera y el Estado de Chile. La empresa FoodCorp Chile, de capitales noruegos y con presencia en la comuna de Coronel, Región del Biobío, anunció que presentará una demanda contra el Estado tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento, normativa que —según la compañía— provocará pérdidas patrimoniales superiores a US$100 millones.

La compañía, parte del grupo internacional Austevoll Seafood, informó que concluyó el análisis jurídico de los efectos de la ley impulsada por la administración saliente, determinando iniciar acciones legales debido a la reducción de sus cuotas de pesca y al término anticipado de asignaciones vigentes hasta 2032.

El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch Coello, fue categórico al referirse a la situación. “Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el impacto económico estimado por la empresa supera los US$100 millones, monto que buscarán recuperar mediante la demanda.

La compañía también advirtió que la ley introduce un impuesto exclusivo para la Región del Biobío por la compra de cuota internacional de jurel, lo que —según la empresa— aumentará los costos operacionales de la industria.

Daroch también manifestó preocupación por el impacto que la situación podría tener en la economía local. “El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó.

La acción judicial será liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y se suma a otras demandas que ya han iniciado empresas pesqueras como Camanchaca, Landes y Blumar.

· La presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy, explicó que desde la entrada en vigor de la ley que prohibió la actividad industrial sobre el recurso, la evaluación es “desastrosa”, enfatizando en que existen capacidades instaladas para retomar la pesca industrial de la jibia en Biobío y complementar la labor que realiza el sector artesanal, de forma de abastecer las plantas de proceso a lo largo de todo el año y fortalecer la posición internacional de Chile como potencia pesquera.

· El balance surge luego de la denuncia realizada por la ONG Environmental Justice Foundation que alertó a Chile por la sobreexplotación del recurso en aguas internacionales. Ante ello, la ejecutiva dijo que el país debe trabajar de manera sostenible sobre sus recursos naturales y no dejar que las flotas extranjeras que operan sin control en el límite de la Zona Económica Exclusiva se hagan de la riqueza y del trabajo que podría quedar en comunas como Lota, Coronel o Talcahuano.

Un reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) dio cuenta de que la jibia (Calamar Gigante), uno de los principales recursos pesqueros chilenos, se encuentra amenazada producto de la masiva instalación de más de 500 buques chinos en altamar que capturan este molusco transoceánico en el límite de la Zona Económica Exclusiva, lo que ha abierto un debate en torno a la su captura y manejo eficiente en aguas nacionales.

En ese contexto, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, reveló que solo en 2025 cerca de 100.000 toneladas de jibia autorizadas para su captura quedaron en el mar, una tendencia que se repite año a año y que debilita la posición internacional de Chile, uno de los principales países productores del mundo.

A juicio del gremio, esto se debe a que, desde agosto de 2019, la pesca industrial no puede participar de la pesca de la jibia, tras la promulgación de la Ley 21.134 que excluyó al sector de su captura y que generó el inmediato cierre de cuatro plantas de proceso ubicadas en Talcahuano, Coronel y Lota, además de la pérdida de unos 1.700 empleos.

“La Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile. Ahora en perspectiva podemos entender que esta iniciativa buscaba desindustrializar y hacer decrecer al país y la verdad es que lo lograron: desde 2019 han quedado en el agua casi 800 mil toneladas de recurso que no se han podido procesar, nuestra zona perdió cientos de empleos, cerraron fábricas y se dejaron de percibir unos US$1.500 millones en exportaciones. Es, sin duda, creación de pobreza por ley. Un verdadero desastre”, explicó.

“Casi 100 mil toneladas de jibia sin capturar no solo significan recursos disponibles que quedan en el mar, sino que fuentes de trabajo inactivas y encadenamientos productivos que se encuentran paralizados por una pésima ley. El país no puede darse el lujo de dejar recursos estratégicos sin aprovechar, especialmente cuando enfrenta una competencia creciente en el borde de su Zona Económica Exclusiva”, destacó.

Más encadenamientos productivos y más trabajo artesanal

Por ello, frente al reciente informe de la EJF que explicita una amenaza a la sostenibilidad del recurso, Cepeda reiteró la necesidad de evaluar una apertura acotada para la captura de jibia por parte de la flota industrial.

“Proponemos volver a echar a andar las plantas que procesan jibia a través de un abastecimiento permanente y continuo que la flota artesanal no puede brindar. Es decir, complementar lo que ellos nos entregan con capturas de nuestros barcos que pueden trabajar en cualquier condición climática”, argumentó.

“Desde hace años que la Región del Biobío vive una situación compleja de desempleo, con cifras que bordean los dos dígitos, cierre de empresas y debilitamiento de las industrias que han caracterizado históricamente a esta zona del país. Por ello creemos que hay una oportunidad y también un desafío, porque la región necesita empleos, divisas y empresas, pero también la oportunidad de hacer que la riqueza y el trabajo que hoy se están llevando las flotas extranjeras que operan sin control en aguas internacionales, se quede en comunas como Lota, Coronel o Talcahuano”, finalizó.

Durante diciembre de 2025, las exportaciones forestales de la Región del Biobío alcanzaron US$ 193,0 millones, lo que representa una variación de -40,7% respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, el sector explicó 63,6% del total exportado por la región en el mes de análisis.

Las mercancías forestales con mayor presencia en los envíos fueron Celulosa, Madera aserrada y Madera contrachapada, que sumaron 74,8% del total, lo que significó US$ 144,4 millones en exportaciones. La mercancía forestal que más incidió en el comportamiento del sector fue Celulosa, con exportaciones por US$ 89,7 millones y presentó una variación de -51,7% en doce meses.

Los principales países o territorios de destino de las exportaciones forestales fueron China, Estados Unidos y Corea del Sur, que en conjunto representaron 60,2% del total enviado al exterior. Por su parte, China (-58,4%) fue el país o territorio de destino más incidente en la variación de las exportaciones forestales.