José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

El reciente avance legislativo en Chile con la aprobación del proyecto de ley de cumplimiento tributario, que busca frenar la evasión y elusión fiscal, marca un hito importante dentro del Pacto Fiscal impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este proyecto, que será ley en breve, está destinado a recaudar alrededor del 1,5% del PIB, equivalente a unos 4.500 millones de dólares. Estos recursos son claves para financiar no solo el presupuesto de 2025, sino también medidas urgentes como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Uno de los pilares de esta ley es la modernización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de nuevas herramientas para controlar la informalidad y combatir la planificación tributaria agresiva. Se refuerzan también las facultades de la Defensoría del Contribuyente, DEDECON, y se establece un mecanismo de colaboración sustancial para incentivar la autodenuncia, junto con la introducción del denunciante anónimo.

Sin embargo, a pesar de los avances, es necesario preguntarse si estas medidas serán suficientes para cambiar la cultura de evasión en el país. Aunque la evasión tributaria ha sido históricamente baja respecto a los países vecinos, es relevante tratar de controlarla. Aunque las sanciones aumentan y el control se intensifica, es probable que los grandes elusores encuentren nuevas formas de sortear la normativa. Además, la resistencia política frente a medidas más drásticas, como el levantamiento del secreto bancario, es prueba de que aún hay vacíos que pueden comprometer el impacto de esta ley en el largo plazo.

Otro desafío clave es asegurar que el impacto de esta ley no recaiga desproporcionadamente en las pequeñas y medianas empresas, pymes, quienes ya enfrentan dificultades para adaptarse a las complejidades del sistema tributario. Aunque el proyecto contempla alivios para las pymes, estas medidas deben ser efectivas y no generar una mayor carga administrativa adicional.

Si bien el proyecto de cumplimiento tributario es un avance significativo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas de control y fiscalización. Además, se requerirán ajustes futuros para abordar las limitaciones actuales y asegurar que el combate contra la evasión sea realmente integral. Solo así se podrá garantizar un sistema tributario más justo y eficiente para todos los chilenos.

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