A 48 horas del ataque incendiario en Quilaco, diputados de la Región del Biobío expresan dudas sobre la capacidad de la fiscal regional para conducir la investigación, señalando una falta de resultados en casos de violencia rural y pidiendo la designación de un equipo especializado.

El reciente atentado incendiario que destruyó 50 vehículos y maquinarias en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío, ha generado críticas hacia la Fiscalía Regional del Biobío y su titular, Marcela Cartagena. Parlamentarios de la zona cuestionan la efectividad de la fiscal en investigaciones relacionadas con violencia rural y expresan preocupaciones sobre la dirección de la actual indagatoria.

La diputada Flor Weisse (UDI) manifestó: “Este es un hecho gravísimo que afecta la seguridad, la inversión, el desarrollo y la productividad en la Región del Biobío. Por eso es esencial que la Fiscalía Nacional o Regional designe un equipo especializado que pueda esclarecer rápidamente los hechos, identificar a los responsables y buscar las máximas sanciones penales y efectivas. Frente a uno de los atentados terroristas más graves en la historia de nuestro país, el ente persecutor no puede volver a repetir los errores que hemos conocido en anteriores causas”.

Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) señaló: “Existen suficientes antecedentes y un historial de desprolijidades en investigaciones anteriores que, por supuesto, nos generan legítimas dudas sobre la posibilidad de alcanzar resultados concretos y exitosos frente a este grave atentado que afectó a nuestra región. Lamentablemente, la Fiscalía Regional del Biobío, en gran parte por quien actualmente está a la cabeza, ha demostrado una falta de rigurosidad en distintas causas, lo que ha impedido hacer justicia por las víctimas al terminar sin responsables”.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) también se sumó a las críticas, indicando: “Hoy debe ser designado a cargo aquel fiscal que tenga más experiencia y especial expertiz en materias de terrorismo y/o crimen organizado”.

El diputado Leonidas Romero (Ind.) expresó su desconfianza en la fiscal Cartagena: “Marcela Cartagena no debería asumir la responsabilidad de ninguna investigación. Se me viene a la memoria que hace casi ocho años atrás le entregué una carpeta con antecedentes sobre financiamiento ilegal de política, con nombres, RUT, montos, y no estudió nada. Hemos conocido muchos casos como ese y ahora yo creo que tampoco vamos a tener respuesta, no se van a encontrar a los culpables ni menos se les va a sancionar”.

En contraste, el diputado Félix González (Ind.) mostró confianza en los equipos de investigación: “Independiente de la labor de la fiscal regional, hay equipos de la fiscalía y policías, coordinados con otros servicios públicos, que han tenido resultados efectivos especialmente en la provincia de Arauco (…) En este caso en particular, confiamos en que se hará una investigación responsable y esperamos que no se criminalice a las organizaciones ambientales y ecologistas que nos oponemos a la construcción de la central Rucalhue”.

Desde el Ministerio Público, se ha informado que la investigación está a cargo del fiscal de Los Ángeles, Carlos Díaz, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Además, se ha activado un grupo especial multidisciplinario para abordar las diligencias del caso.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que, aunque el Ejecutivo puede presentar querellas conforme a sus atribuciones, “finalmente son los fiscales los que definen cuál es la ley aplicable”. Añadió que “a la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, efectivamente pareciera que la Ley Antiterrorista fue modificada y promulgada para, entre otros casos, situaciones como las que hemos podido advertir que habrían ocurrido este fin de semana”.

El atentado a la central Rucalhue ha reavivado el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de violencia en la Macrozona Sur, poniendo en el centro de la discusión el rol de la Fiscalía Regional del Biobío y su liderazgo en casos de alta complejidad.

Fuente: La Tercera

El atentado ocurrido en Santa Bárbara afectó 47 vehículos de obra y dejó a dos guardias heridos. El Gobierno anunció que invocará la Ley Antiterrorista, mientras que la embajada china manifestó su preocupación por el entorno de inversión en Chile.

Un inédito ataque incendiario registrado la madrugada del domingo 20 de abril en la Región del Biobío ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político, diplomático y empresarial. Un grupo de al menos 12 encapuchados armados ingresó a las faenas de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, donde maniataron a los guardias de seguridad, incendiaron maquinarias y dejaron un saldo de 47 vehículos y equipos destruidos, incluyendo excavadoras, camiones y una moto niveladora.

El hecho fue calificado como “el atentado más grande en la historia de la Macrozona Sur”, según autoridades locales, y motivó al Gobierno a invocar la Ley Antiterrorista, algo que no ocurría desde hace años en el contexto de ataques incendiarios en el sur del país.

“Los hechos son muy graves. El Ejecutivo tomaba la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por Ley Antiterrorista”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, en entrevista con Canal 13. A ello agregó: “Dada la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista”.

El atentado ha generado gran tensión debido a que el proyecto Rucalhue es impulsado por la empresa Rucalhue Energía SpA, filial en Chile de la gigante China International Water & Electric Corp (CWE). La central contempla una inversión superior a US$350 millones, y hasta ahora era considerada un ejemplo de cooperación internacional en materia energética.

La Embajada de China en Chile no tardó en manifestar su inquietud, señalando en un comunicado que lo ocurrido “socava la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región”.

La representación diplomática fue enfática: “Estos actos violentos han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas”, y exigieron una “investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”.

Desde el sector empresarial chileno también han surgido alertas. Juan Sutil, expresidente de la CPC, manifestó su preocupación por las señales que entrega este tipo de atentados. “Un hecho de esta magnitud puede tener repercusiones en la percepción que los inversionistas extranjeros, particularmente los asiáticos, tengan de Chile como un país seguro para sus capitales”, advirtió.

La situación ha generado un tenso ambiente en el sur del país. En declaraciones posteriores, se conoció que Carabineros realizó una ronda de patrullaje solo minutos antes del atentado, sin reportar ninguna novedad. Esto ha suscitado cuestionamientos sobre las capacidades preventivas del Estado en zonas donde ya existen antecedentes de violencia rural.

Cabe recordar que el último hecho de similar magnitud en la provincia fue el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete en abril de 2024. Desde entonces, no se había registrado un atentado de proporciones comparables en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, fue consultado respecto de un eventual deterioro en las relaciones con China. “En absoluto. Realmente yo creo que hay una cooperación importante con China y una confianza construida sobre bases sólidas. Pero, por cierto, estos eventos no ayudan”, reconoció.

Mientras tanto, el proyecto Rucalhue permanece paralizado, y el sector energético y diplomático siguen atentos al desarrollo de la investigación y a las acciones concretas del Gobierno chileno frente a lo que ya es considerado un punto de inflexión en materia de seguridad para inversiones extranjeras estratégicas.