Ingeniero agrónomo

Académico Ingeniería Comercial UNAB

La inseguridad alimentaria, que es la falta de acceso a alimentos nutritivos, ya sea por recursos, disponibilidad o dinero, ya no solamente afecta a países en vías de desarrollo, en conflicto o con crisis humanitarias, sino que puede extenderse a nivel global como consecuencia del cambio climático.

La escasez y el encarecimiento de los alimentos reflejan una falla estructural y el impacto de políticas económicas globales que subordinan los precios de bienes esenciales a la lógica del mercado. Si bien este sistema funciona razonablemente bien en países desarrollados, no ocurre lo mismo en aquellos en crisis, donde gran parte de la población vive en condiciones de extrema precariedad. Ejemplos claros se observan en naciones de África o América —como Venezuela y Cuba— donde un alto porcentaje de la población sobrevive con menos de un dólar diario. Solo por contextualizar, el 70 % de los venezolanos vive con menos de 1,9 USD al día. Esta realidad no solo compromete la alimentación, sino que también pone en riesgo el desarrollo y el futuro de los niños y jóvenes.

La FAO estima que más de 735 millones de personas en el mundo carecen de acceso estable a una alimentación suficiente. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconden dos temas fundamentales: la falta de políticas públicas orientadas a la estabilización interna de los países en crisis y la ausencia de normativas claras que mitiguen los efectos del cambio climático, cuyos impactos ya están provocando el desplazamiento de poblaciones enteras y el surgimiento de migrantes climáticos.

En el caso de Chile, la situación es evidente, aproximadamente 2.9 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria, con 700 mil que experimentan inseguridad alimentaria severa. A pesar de ser un país exportador de alimentos, nuestro problema fundamental es la falta de poder adquisitivo en la población con menos recursos, que prioriza el consumo de Carbohidratos, papas, pan y arroz con huevo y embutidos, frente a una variedad de productos nutritivos y con aporte de los elementos fundamentales para el desarrollo, y esto no sucede por dieta, sino porque el dinero no alcanza (con un desempleo bordeando del 9%)

A lo anterior, se debe sumar el alza de precios en los últimos años, por efecto de pandemia y crisis políticas internacionales, que nos afectaron directamente como país, dejando al descubierto la fragilidad de la población, que en mayor o menor medida se vio afectada, en especial en sectores con menos recursos. Los alimentos subieron por encima del promedio de la inflación, lo que generó que muchos no tuviesen la opción de adquirir una variedad balanceada, sino solo una dieta de supervivencia.

La inseguridad alimentaria, entonces, no es un simple efecto de la inflación, sino un síntoma de desigualdad y mala planificación económica. Hoy pensar en un país exportador de alimentos que posee población con inseguridad alimentaria evidencia una falta de política pública, que permita nivelar la situación, no solo entregando bases sólidas al desarrollo, sino que, además, fomentando el empleo y acceso, y mejorando la competitividad de base, lo que permitirá entregar mayores opciones con precios idóneos.

La principal problemática es la falta de un mercado más competitivo, agricultores con mayores capacidades de adaptación y una política pública sólida, enfocada en innovar y mejorar las condiciones, en lugar que todo se traspase a los precios y al consumidor, y facilitando el empleo para incrementar el acceso a recursos.

La crisis alimentaria mundial es una dificultad de planteamiento país, el foco es el crecimiento y mejoras de condiciones del empleo, enfocarse en políticas que permitan establecer el desarrollo y que se piense en una adecuación agrícola, ante el inminente cambio climático. Ningún país crece ni se desarrolla si sus niños pasan hambre.

Camilo Cornejo Orellana

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello, Concepción

Más de 93 mil millones de pesos se distribuyeron en 2024 a 307 municipios, provenientes del royalty minero, asignación que, sin duda alguna, provoca un efecto positivo para redistribuir y mejorar las condiciones de vida de las familias. Estos fondos se dividen en dos partes, los FET (Fondos de Equidad Territorial), asignado a 300 comunas, y los FCM (Fondo Común Minero), este último se asigna a 43 comunas como medida de compensación del daño medioambiental.

Los recursos se asignan a 307 de 346 comunas del país, 88,73% del total, sin duda, una medida que impacta positivamente, y abarca gran extensión del territorio. Sin embargo, estas asignaciones se deben mirar con precisión. Las comunas de la Región Metropolitana reciben, en promedio por asignación FET, $562 mil millones (28 comunas), en comparativa con el resto del país, $202 mil millones en promedio de FET para 272 comunas del resto del país.

Esto determina un punto muy relevante en el debate sobre la descentralización, considerando que la problemática actual es la asimetría existente a nivel nacional, lo que impacta sobre la calidad de vida de la población, lo cual se asocia no solamente al poder adquisitivo, sino también a la expectativa de vida de una persona. Por lo cual, la correcta asignación es clave para el correcto desarrollo del Estado, y el cumplimiento de su rol como tal.  Pese a que se asignaron los recursos, y pueda ser justificado por densidad poblacional la mayor asignación a comunas de la RM, ¿es viable la asignación directa a los Municipios?

La respuesta es cuestionable, considerando los niveles de corrupción existentes y, sobre todo, el endeudamiento de los Municipios a nivel nacional, que podría implicar su utilización como capital de trabajo necesario para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo, lo que, a pesar de generar un balance positivo de caja, evita lo fundamental, que es incrementar el gasto sobre el desarrollo comunal.

Bajo esta mirada, es que es importante indicar que, a pesar de ser los FET y FCM elementos positivos, deben ser no solamente controlados en su asignación y gasto, sino que también, evaluados, considerando que las necesidades de la población son enormes, y con el presupuesto municipal no alcanza. A lo que es preciso sumar, además, la acumulación de deuda.

Con esto no se busca criticar la asignación, sino más bien, entregar una mirada crítica sobre la efectividad del traspaso, sumado a que siempre se debe tener en cuenta que, las comunas con mayores necesidades de recursos son rurales y en ellas se enfoca la agricultura familiar campesina (como Ercilla con un 48% de la población bajo el umbral de la pobreza). Otro factor que debe ser observado es que hay, en conjunto, una correlación positiva entre comunas con menores recursos y tasas de delincuencia (por ejemplo, las comunas de la Araucanía).

Frente a este escenario es clave entender las necesidades de la población, y de os agricultores, quienes exigen, sin duda alguna, incrementar el gasto en seguridad y desarrollo económico, lo cual es un punto en discusión actualmente. ¿Solución en comunas rurales y agrícolas?, enfocarse en los tres pilares fundamentales, fondos de desarrollo agrícola-campesino que permitan el desarrollo económico y social, incremento en la seguridad, enfocados en delincuencia y terrorismo, e incremento en la transparencia del gasto comunal, que permita asignar a desarrollo y no a una caja chica del gestor de turno.

Ingeniero Agrónomo

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

Según la Actualización del Balance Hídrico Nacional, la disponibilidad de agua podría disminuir en un 50% al 2060 en las zonas del norte y centro de nuestro país. Por lo tanto, la lluvia es esencial y deseable. Sin embargo, cuando la precipitación ocurre en volúmenes muy superiores a lo normal, puede dejar consecuencias negativas, como sucede con la agricultura.

Lo ocurrido en junio y agosto de 2023, cuando varias regiones del país se vieron afectadas por las inundaciones y el reciente temporal, que significó el estatus de zona de catástrofe en parte del territorio nacional, muestran la magnitud de los efectos del exceso de precipitaciones por hora y, como consecuencia, de la saturación del suelo. Por ejemplo, en comunas como Angol (IX región), en solo 24 horas cayeron aproximadamente 120 mm, superando la capacidad de absorción del suelo y aumentando los caudales, elementos combinados provocan la acumulación de agua y las inundaciones, lo que perjudica a todo el ecosistema.

En zonas como Hualqui, Santa Juana y Nacimiento, los productores de berries y hortalizas vieron sus cultivos y terrenos inundados. No solo el terreno se anegó, sino que, además, en muchos casos, la escorrentía superficial y la lixiviación (movimiento del agua en el suelo) causaron la pérdida de materia vegetal superficial y nutrientes.  Cuando un cultivo se inunda, la falta de oxigenación de las raíces provoca daños irreversibles (asfixia). Comunas como Laja, Yumbel, Cabrero, Los Ángeles y muchas más a nivel nacional resultaron también damnificadas y seguirán siéndolo debido a que el cambio climático hace cada vez más frecuentes este tipo de emergencias.

Recientemente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, hizo un llamado al gobierno, CORFO y Banco Estado para ayudar a los agricultores afectados por las fuertes lluvias, solicitando un crédito de emergencia para dar un respiro económico a los productores y evitar la “pérdida de caja”, necesaria para el manejo del suelo durante el invierno (preparación para la siembra) y la cosecha de cítricos, paltas y hortalizas.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en tanto, indicó que INDAP está asistiendo a 200 mil agricultores, con $300 mil millones de la mano de Banco Estado, y aseguró que los precios de los productos agrícolas no deberían verse gravemente afectados. Lo expresado por la autoridad, sin embargo, dependerá de diversos actores en la cadena productiva y del mercado que podría incidir en variaciones en precios de productos agrícolas.

Ante estos efectos, es fundamental dejar de ser un país reactivo y ser proactivo. Aunque actualmente es imposible prever la totalidad de daños que puede causar un evento climatológico como el reciente, que provocó que el agua alcanzara un metro de altura en las casas de muchas personas, se puede aprender científicamente a partir de lo ocurrido y ser resilientes.

Para esto, en el caso de la agricultura es esencial, primero, implementar políticas públicas que definan zonas de riesgo agrícola, sociabilizadas y enfocadas en la medición de estrategias para la mitigación de daños. En segundo lugar, es clave aumentar la inversión en I+D en capital físico, intangible y humano como parte clave de la solución. Se requiere, además, promover la vinculación directa entre el sector privado, el Estado y la academia para actuar eficientemente ante estos eventos.

Es prioritario, también, generar e incentivar créditos y seguros que permitan mantener el flujo de caja de los agricultores, evitando la quiebra por falta de capital de trabajo. Por último, sociabilizar con los productores y la agricultura familiar campesina para visibilizar que el cambio climático llegó para quedarse, afectando nuestra forma de producir, vivir y relacionarnos con la naturaleza.

Ingeniero Agrónomo

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

El sector silvoagropecuario es, sin duda alguna, un eje central de desarrollo económico, tanto en la generación de empleo (47,2% según algunas investigaciones) como en el desarrollo tecnológico y de abastecimiento de necesidades de consumo internas, y aunque aporta, aproximadamente, un 3% del PIB país, en promedio es uno de los ejes claves de las políticas de desarrollo nacional.

Es así, como la agricultura y la exportación de productos agrícolas chilenos se ha tomado el mercado internacional, siendo el número uno en uvas frescas, arándanos frescos, ciruelas secas, ciruelas frescas, manzanas deshidratadas y el segundo en cerezas frescas y nueces con cáscara, y número tres en nueces sin cáscara, vino a granel y frambuesas congeladas, según datos de ODEPA.

La exportación de fruta fresca fue, en el primer trimestre de 2024, de 1.016.891 toneladas (13% más que el período anterior), siendo los tres principales productos uva de mesa, cerezas y ciruelas, dirigidos, principalmente, a las dos potencias económicas mundiales, Estados Unidos y China, este último país es nuestro mayor consumidor de cerezas, el producto estrella de la industria frutícola chilena, el cual se dirige, fundamentalmente, a la fiesta de año nuevo chino.

Aunque la industria agrícola chilena se ha visto potenciada, esto ha llevado al “síndrome del exportador”, en el cual la mayor parte de los agricultores, como todo empresario, busca incrementar sus utilidades y expandir sus mercados, buscando hacer colocaciones de sus productos en el exterior, no solo por precio, sino también para evitar estacionalidad de la demanda interna, lo que provoca disminución de la oferta de fruta a nivel nacional, incrementando los precios de estas (hasta un 50%), lo que impacta, en forma directa, al bolsillo de los consumidores nacionales.

Aunque no solo la exportación genera incrementos en los precios de las frutas comercializadas, también lo hacen otros factores claves como el costo de los insumos y logística (factor USD$), la mano de obra (cada vez más escasa y menos calificada por migración hacia las ciudades) y el cambio climático. Este último factor ha impactado, directamente, sobre la forma en la que los agricultores están produciendo sus productos, viéndose enfrentados a altas temperaturas, heladas, lluvias intensas en invierno, lluvias tardías en flor y en fruto, afectando la cantidad de fruta y dañando estas, incendios que han arrasado con todo a su paso, y sobre todo, la disponibilidad de agua, la cual, en muchos casos, no solamente ha disminuido su volumen, afectando el riego en los cultivos, sino también, por el poblamiento de zonas agrícolas, se han generado contaminaciones de fuentes fluviales y de napas.

Todos estos elementos han llevado a los agricultores, tanto pequeños como grandes, a tomar medidas que implican un costo económico, ya sea adaptando el entorno y mejorando este para una adecuada producción o, simplemente, dejando de producir (lo que llevó a recortes de cultivos y superficies sembradas). Por lo cual, el incremento en los factores productivos, sumado al cambio climático y su efecto directo en la agricultura, la disminución en la superficie sembrada y el factor exportación, han provocado un aumento en los precios de las frutas y productos agrícolas comercializados, es decir, tal como se puede escuchar en las ferias libres “está todo más caro”.

¿Soluciones?, es complejo hablar de soluciones cuando el principal objetivo, y  foco de desarrolló de fondos públicos, es impulsar la exportación de productos agrícolas. Pero el éxito de otros países radica en potenciar a la agricultura familiar-campesina, la cual, en muchos casos, no busca exportar sus productos, o su totalidad, sino más bien, establecer mercados y una demanda continua, con cultivos en ciclos de demanda, en conjunto con un desarrollo de políticas públicas que permita mantener al agricultor como productor neto, evitando la migración, efectos del cambio climático y la disminución de superficies sembradas. La agricultura es estratégica para el desarrollo de las sociedades avanzadas, y tal como dijo Tomás Moro “El campo son los pies que sostienen a la nación”.