Se trata de una de las condenas más relevantes contra ataques incendiarios vinculados a grupos radicalizados en el sur del país, en este caso, la Coordinadora Arauco Malleco, cuyo líder Héctor Llaitul fue también condenado a 23 años de prisión efectiva en mayo de 2024.

La madrugada del 13 de octubre de 2023, el sur de Chile vivió una escena que se ha repetido en múltiples comunas durante años: fuego, armas, amenazas y una ruta paralizada por el terror. Pero esta vez, más de dos años después, la justicia cerró el caso con una condena que marca un punto de inflexión en la Macrozona Sur.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles sentenció a Óscar Hernán Cañupán Calfín a 17 años de presidio efectivo, mientras que Bastián Andrés Llaitul Vergara, Axel Cristóbal Campos Vivallos, Roberto Alejandro Garling Infanta y José Ignacio Lienqueo Márquez fueron condenados a 15 años y un día de cárcel por los delitos de incendio y amenazas. También fueron condenados Rafael Genaro Pichún Collonao y Tania Violeta Zagal Albornoz por su participación en los incendios.

Se trata de una de las condenas más relevantes contra ataques incendiarios vinculados a grupos radicalizados en el sur del país, en este caso, la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, cuyo líder Héctor Llaitul fue también condenado a 23 años de prisión efectiva en mayo de 2024, por su vinculación a hechos similares .

Una operación armada con actores de tres regiones

El fallo judicial revela que el atentado no fue obra de una célula local, sino de una operación interregional coordinada, con participantes provenientes de La Araucanía, Biobío y Chiloé. El tribunal acreditó desplazamientos desde Chiloé, Malleco y Cautín hacia Biobío, lo que demuestra una logística territorial de largo alcance.

Sobre el origen de los condenados se tiene que:

• Óscar Hernán Cañupán Calfín: Temuco, comunidad Quelhue, Región de La Araucanía.
• Bastián Andrés Llaitul Vergara: Padre Las Casas, Región de La Araucanía.
• Axel Cristóbal Campos Vivallos: Lumaco, Región de La Araucanía.
• José Ignacio Lienqueo Márquez: Nueva Imperial, Región de La Araucanía.
• Roberto Alejandro Garling Infanta: Castro, isla de Chiloé, Región de Los Lagos.
• Rafael Genaro Pichún Collonao: comunidad Temulemu, Traiguén, Región de La Araucanía.
• Tania Violeta Zagal Albornoz: sector Cabezas del Diuto, Los Ángeles, Región del Biobío.

La planificación: croquis, inteligencia territorial y logística

El ataque comenzó meses antes de octubre de 2023. Zagal Albornoz informó sobre faenas forestales cercanas a su domicilio, elaboró mapas y croquis con rutas de acceso, vías de escape y ubicación de maquinarias y retenes policiales. Posteriormente, Llaitul Vergara viajó a la zona para reconocer el terreno y fijar los puntos del ataque.

La Fiscalía sostuvo que la fecha fue elegida estratégicamente, coincidiendo con un juicio contra otros integrantes del grupo, como señal de desafío al Estado de Derecho.

La madrugada del terror: secuestro, amenazas y fuego

A las 2:20 horas del 13 de octubre de 2023, cinco sujetos armados irrumpieron en un predio forestal en camino a Antuco. Vestían ropa oscura, pasamontañas y chalecos antibala. Subieron a la cabina de un camión, amenazaron al conductor con armas de fuego, lo golpearon y lo obligaron a atravesar el vehículo en la ruta. Luego lo incendiaron completamente.

Minutos después interceptaron un segundo camión, obligaron a su conductor a trasladarlos hasta un cruce cercano a viviendas y también lo incendiaron, generando riesgo para la población. Ambos siniestros fueron calificados como incendios consumados.

Tras los incendios, los atacantes huyeron en un vehículo tipo jeep. Carabineros los interceptó, pero los sujetos aceleraron y dirigieron el vehículo contra los funcionarios policiales, quienes debieron esquivar el impacto. El tribunal dio por acreditado que esta maniobra constituyó homicidio frustrado contra carabineros en ejercicio de sus funciones.

Durante la persecución, los imputados se cambiaron de ropa y arrojaron objetos para ocultar evidencia.
Al ser detenidos, portaban vestimentas oscuras, teléfonos celulares y un bidón con olor a combustible.

En el sitio del suceso se encontró un lienzo con consignas vinculadas a la Coordinadora Arauco Malleco.
Para la Fiscalía, el atentado tenía un objetivo simbólico: demostrar capacidad operativa mientras se juzgaba a otros integrantes del grupo.

La sentencia: sin asociación criminal, pero con organización

El tribunal absolvió a los acusados del delito de asociación criminal por falta de acreditación de una estructura jerárquica permanente. Sin embargo, estableció que existió coordinación, planificación y reparto de roles, configurando coautoría funcional y agravantes por actuar en grupo y de noche.

Durante décadas, los atentados incendiarios han marcado la Macrozona Sur. Esta sentencia representa uno de los golpes judiciales más significativos contra esa estrategia de violencia, con penas efectivas y evidencia de redes interregionales.

Este fue el inapelable veredicto de la justicia para el imputado que agredió sexualmente a seis mujeres entre 2010 y 2019, siendo el caso más emblemático el de Antonia Barra, que tiempo después del hecho se suicidó.

Este viernes la justicia confirmó la condena de Martín Pradenas, de 31 años, a 17 años de cárcel, por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019.

Tras tres años, se pone fin a un proceso que inició en 2019 tras el suicidio en Temuco de la joven Antonia Barra, a los 21 años, quien se quitó la vida después de la agresión perpetrada por Pradenas, lo que motivó un movimiento liderado por la familia y al que se sumaron grupos feministas y adherentes que clamaban por justicia. La Fiscalía y la familia de Barra pedían 40 años de prisión para el que denominaron como un“depredador sexual”.

Pradenas, quien siempre se declaró inocente, se encuentra en prisión preventiva desde mediados de 2020. Esos tres años se le descontarán a la condena, –que en un primer juicio era de 20 años de presidio– por lo que cumplirá 14 tras las rejas.

Alejandro Barra, padre de Antonia, se mostró en contra de los años de sentencia: “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que se le pudieran dar al imputado, nos calmará la tristeza de haber perdido a nuestra hija”.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital regional de La Araucanía  lo declaró culpable a comienzos de julio por dos delitos de violación a personas mayores de 14 años, cuatro abusos sexuales a una mayor de 14 y otro a una menor de 14. Esa fue la resolución del segundo juicio al victimario, después de que la Corte Suprema acogiera el pasado diciembre el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, que acusó falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces. El máximo tribunal anuló ese juicio, en el que había condenado a 20 años de cárcel.

El juez José Ignacio Raúl Atria sostuvo al finalizar el segundo juicio que las pruebas de las víctimas, testigos y agente de la Policía de Investigaciones fueron “concordantes, consistentes, complementarias y suficientes”. Pradenas no podrá trabajar de por vida en centros educativos o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo, previo a conocerse la sentencia, que más “más allá de la pena” valoran “la decisión de condena del tribunal, que implica dar por establecidos los hechos que fueron materia de la acusación y también permite reconocer la verdad de las víctimas”.

El caso de Antonia Barra

De acuerdo al relato del fiscal, la joven Antonia Barra llegó el 17 de septiembre de 2019 a una discoteca de Pucón. Desde el recinto se trasladó con Pradenas hacia una cabaña. Entre las pruebas del Ministerio Público, un vídeo la muestra caminando con dificultad junto al condenado, en estado de ebriedad. A la mañana siguiente, la víctima llamó llorando a la amiga con la que fue a la discoteca y le pidió alterada que la busquen en la cabaña en que se encontraba.

Según el fiscal, cuando sus amigos fueron a buscarla, Barra se veía muy afectada y no contó lo ocurrido. El 12 de octubre le relató a su exnovio que Pradenas la había violado, de acuerdo a los mensajes encontrados en su móvil. Al día siguiente, se despidió de él mismo, y a las pocas horas, se quitó la vida.

En julio de 2020, los tribunales ordenaron solo el arresto domiciliario a Pradenas, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva. La decisión sacó a la calle a miles de mujeres en diferentes ciudades del país. Días después de las protestas, el Ministerio Público revocó la medida cautelar y dictó la prisión preventiva por considerar que Pradenas constituía un peligro para la sociedad. El caso de Barra impulsó a otras víctimas del agresor a contar sus testimonios ante la justicia.

Desde entonces, Alejandro Barra, padre de la víctima, junto con organizaciones feministas, se han movilizado para que el suicidio feminicida tenga persecución penal.

A finales de 2022 se promulgó la Ley Antonia, que tuvo su discusión inicial por el caso de Antonia Garros y que se mantuvo en la palestra por los hechos de La Araucanía, la que establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por este en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio feminicida”.