La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, la presidente del Consejo del Salmón, Loreto Seguel junto al presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, y, participaron en una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para abordar la escalada de atentados incendiarios registrados en los últimos días en las regiones del Biobío y La Araucanía, los que han afectado a distintos sectores productivos y se han producido en medio del inicio de la temporada de incendios.

Durante el encuentro, los gremios manifestaron su profunda preocupación por el deterioro sostenido de la seguridad rural, advirtiendo que los cinco atentados ocurridos en tan solo seis días representan una escalada de la violencia, con impactos directos sobre trabajadores, comunidades, empresas y contratistas, que requería medidas inmediatas por parte del ejecutivo.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que la inseguridad está generando un clima creciente de incertidumbre para la inversión, afectando la productividad y la estabilidad regional.

Una de las preocupaciones manifestadas por el presidente de CORMA es que esta ola de violencia ocurre justo al comenzar la temporada de incendios forestales, elevando drásticamente el riesgo humano, ambiental y económico, y exponiendo a las regiones a consecuencias potencialmente devastadoras.

Los gremios productivos plantearon al ministro Cordero la urgencia de una revisión integral de la institucionalidad y la cadena operativa del Estado, especialmente de los organismos con rol estratégico en prevención, control y respuesta: Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, SENAPRED, COGRID, GEDENA, Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas.

Asimismo, manifestaron su disposición a colaborar activamente en soluciones concretas y sostenibles: “Esta es una causa país, no un tema sectorial. Estamos disponibles para trabajar con el Gobierno en todas las instancias necesarias”, señalaron.

La necesidad de actuar en forma urgente ante esta situación fue relevada transversalmente por el sector empresarial, activando reacciones y llamados a la acción tanto de los asistentes a la reunión como desde otros gremios y confederaciones importantes tales como SOFOFA, SNA, Multigremial Araucanía, PyMEMAD; ACOFORAG, IRADE Biobío, CChC, ASEXMA, SOCABIO, Pescadores Industriales del Biobío, CPC Biobío, Asociación de Empresas del Biobío,

El ministro Cordero, en tanto, se comprometió a continuar trabajando para fortalecer las medidas de seguridad, enfrentar la violencia y proteger a las comunidades afectadas.

“Desafíos de la inclusión laboral en el Biobío” fue el tema central del conversatorio organizado por la UNAB sede Concepción y la Cámara de la Producción y el Comercio, CPC Biobío, que convocó a autoridades y representantes del mundo público y privado.

Se estima que menos de la mitad de las empresas de la Región del Biobío cumple hoy con lo dispuesto por la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015. Por eso, y con el objetivo de seguir derribando barreras en el mundo del trabajo, la Universidad Andrés Bello sede Concepción y la Cámara de la Producción y el Comercio, CPC Biobío, analizaron el actual escenario y los desafíos que impone, en un conversatorio realizado este martes 14 de mayo en el campus universitario.

La iniciativa, enmarcada en un convenio regional firmado a fines de 2023 por ambas instituciones para promover la inclusión, reunió a representantes del mundo público y privado y fue liderada desde UNAB por la Dirección de egresados, empleabilidad y redes, Alumni, y el Diploma en Habilidades Laborales. Su directora, María Florencia Iriarte, compartió la experiencia tras diez años desde la implementación del Programa pionero a nivel nacional en la formación sociolaboral de jóvenes en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo.

“Con la experiencia de estos diez años de implementación del Programa hemos aprendido que para alcanzar la inclusión laboral resulta fundamental el compromiso de toda una red. Los futuros trabajadores y trabajadoras, el respaldo de sus familias, las Instituciones formadoras como también el rol que tienen las empresas, las cuales son claves para que se garantice el derecho al trabajo. Estas iniciativas nos permiten ir derribando barreras para seguir avanzando, conociendo cifras, compartiendo experiencias, en definitiva, realizando un trabajo colaborativo con un objetivo común”, dijo.

La vicepresidenta de la CPC Biobío, Beatriz Seguel, destacó que, si bien hay avances en la materia, persiste una brecha importante. Aseguró que el cumplimento de la ley de inclusión no llega al 50%. “Las empresas hacen esfuerzos, pero no tienen la infraestructura, entonces son varias las barreras que hay que superar. Hay sesgos internos también en las organizaciones, hay que hacer transformaciones para entender que hay puestos de trabajos que sí pueden ser usados, pero implican transformaciones en lo cultural, en la infraestructura, pero también en tecnología.

Rodrigo Farías, gerente de Personas y Sostenibilidad de Inchalam, destacó la importancia de la inclusión como una presión positiva y necesaria para la empresa. El objetivo de esta empresa va más allá del cumplimiento mínimo de la ley, buscando una transformación cultural que celebre la diversidad, aseguró. “Nos esforzamos por ser pioneros en una manufactura integradora, desafiando paradigmas y promoviendo la participación de mujeres en roles tradicionalmente masculinos. Podemos decir con orgullo, por ejemplo, que la gran cantidad de clavos que sostienen las fijaciones de Chile son hechos por mujeres”. Aunque reconoce las dificultades en hacer ajustes razonables para la discapacidad, están comprometidos con superar estas barreras.

Por su parte, Yennyfer Morales, profesional de apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) destacó la relevancia de este Conversatorio que reúne al sector público y privado en un mismo espacio y presentó el aporte de la ley N° 21.275 desde donde surge el gestor inclusivo, figura que debe estar presente en las empresas como lo mandata la ley de inclusión laboral.

Para la seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Sandra Quintana, queda mucho por hacer. La autoridad enfatizó la necesidad de acelerar el cambio cultural en las empresas y en la sociedad en general para garantizar una inclusión laboral efectiva. “Tenemos que abrir la puerta a la sociedad, que ha estado mirando desde la ventana, pero no ha sido partícipe de fomentar la inclusión laboral como debería ser”.

Si bien reconoció que el cumplimiento de la ley ha ido “lento” en la Región, también señaló que, “somos la zona que tiene mejores índices en el tema de inclusión laboral”.

]]> 25360