La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.

La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.

En este sentido, el compliance  o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.

La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.

La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.

Las acusaciones apuntan a que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, se apropiaron de la Fundación En Ti para obtener recursos por $250 millones desde el Gore del Biobío, simulando la ejecución de proyectos asociados a contratos con el Gobierno Regional del Biobío.

El Ministerio Público imputa a los involucrados cargos que incluyen estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal María José Aguayo presentó documentos incautados en allanamientos, revisión de dispositivos electrónicos y testimonios recabados por la Brigada de Delitos Económicos.

La defensa de Camila Polizzi, a cargo del defensor penal público Jaime Pacheco, cuestionó la figura de estafa y señaló la falta de sustento para la acusación de lavado de activos. Tras 16 horas de audiencia, el juez León Espinoza justificó su decisión, destacando la necesidad de cautelar el uso de los recursos públicos y señalando que la actuación de los imputados “raya en lo burdo”.

La investigación se extenderá por nueve meses, período en el cual se llevarán a cabo pericias adicionales, incluyendo la revisión de celulares y computadoras, así como la comparación de firmas.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, propuso el plazo de investigación, al cual se sumó el CDE, y fue aceptado por el juez, quien anunció que enviaría oficios a Carabineros para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares.

Además, se informó que tres personas adicionales serán formalizadas en los próximos días en relación con este caso. Tamara Vidal, exfuncionaria del Gore, Matías Godoy, exrepresentante legal de la Otec Frumisal Ltda., y Eduardo Quezada, participante del convenio con su consultora EQOS, se sumarán a la lista de implicados en este complejo entramado judicial.