Ministro García: “Un jardín infantil para iniciar actividades debe realizar cinco  trámites consecutivos, uno después del otro; desde hoy en adelante, la regla  general será que esos mismos trámites se pueden hacer en paralelo y, por lo  tanto, va a tomar un quinto del tiempo de lo que tomaba antes”. 

El Diario Oficial publicó ayer la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), con la  cual entra en vigencia la normativa que permite la simplificación de los permisos  asociados a proyectos de inversión públicos y privados, cualquiera sea su  envergadura, proporcionando mayor certeza sobre los tiempos tramitación. 

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó este hito en la  implementación de este articulado: “Desde hoy, comienzan a regir medidas como la  tramitación paralela de permisos, que beneficiará directamente a iniciativas clave  como la línea de transmisión Quimal-Lo Aguirre, destinada a atraer energía más barata  y limpia al centro del país. Con el avance del proceso de implementación de este nuevo  marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará  y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias  anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas. El  mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también  comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos  establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de  apelación”. 

Esta La ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización  del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de  reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas  de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos. La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso  de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital  y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de  40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los  proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los  estándares regulatorios vigentes. 

El ministro de Economía entregó ejemplos concretos respecto a cómo los tiempos de  los permisos comenzarían a disminuir su tramitación. “Un jardín infantil para iniciar  actividades debe realizar cinco trámites consecutivos, uno después del otro; pero,  desde hoy en adelante, la regla general será que esos mismos trámites se pueden  hacer en paralelo y, por lo tanto, va a tomar un quinto del tiempo de lo que tomaba  antes. A fines de mes, una ferretería o una tienda de útiles escolares que hoy requiere  un informe sanitario, ya no lo va a requerir, y, por lo tanto, no solo se va a hacer más  rápida su instalación, sino también a un menor costo, estimulando la provisión de  estos servicios. La nueva Ley afecta a prácticamente todo el gobierno, ya que hay  treinta y siete servicios que se ven involucrados en ello, y nuestro trabajo es asegurar  que todos operen de manera coordinada y coherente. Estamos desde hace meses  trabajando en ello en el Ministerio”, recordó García. 

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío valoró el impacto que tendrá  esta normativa en la región: “Esta ley marca un antes y un después en el Biobío, esta  nueva normativa impulsará la economía regional con la aceleración de más de 60  proyectos de inversión privada y también facilitará futuras inversiones, que generan  empleo y desarrollo beneficiando a nuestras comunidades. Además, nos permite  avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible, equilibrando crecimiento y el cuidado del medio ambiente, ya que este proyecto no altera los procesos de  evaluación de impacto ambiental, sino que solo busca agilizar los permisos  sectoriales. Con esta ley, el Biobío se posiciona para un futuro de prosperidad, con  seguridad y responsabilidad, diversificando la economía local”.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es uno de los proyectos priorizados por el  Ejecutivo y el Congreso en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el  Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, instancia mejor conocida como “Fast  Track Económico”. Su tramitación fue fomentada mediante un acuerdo transversal que  permitió avanzar con rapidez en una agenda legislativa orientada a destrabar iniciativas  clave para impulsar el crecimiento del país. El proyecto ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado luego de 18 meses de tramitación, tras aprobar todas las  etapas institucionales, y luego fue revisado satisfactoriamente por el Tribunal  Constitucional. 

Si bien la Ley entró ayer en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un  régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el  régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de  Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital  SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad  regulatoria. Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la  publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la  tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca  asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema,  resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para  responder a todo lo que mandata la ley.

Hasta ahora el mecanismo de derivación de pacientes de la red institucional de Fonasa al sector privado era utilizada para pacientes GES, sin embargo, la ley 21.736 que crea el acceso priorizado de Fonasa contempla el mecanismo para pacientes no incluidos en la ley de Garantías Explícitas de Salud.

Fue en 2019 cuando se envío al Congreso Nacional el “seguro de salud clase media” que planteaba a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de “libre elección” de Fonasa, mejorar el acceso y resolución integral de los problemas de salud de los afiliados al sistema público mediante el uso de prestadores privados con una cobertura mayor y copagos conocidos.

Esa norma fue la base para la ley 21.736 recién publicada en el Diario Oficial y que crea el sistema de acceso priorizado del FONASA modificando el DFL 1 de 2005, del Ministerio de Salud. Este sistema, para beneficiarios de Fonasa, establece que se debe otorgar acceso priorizado y protección financiera a un listado de intervenciones sanitarias definidos anualmente y que no cuenten con Garantías Explícitas en Salud (GES) ni se encuentren contenidas en la Ley Ricarte Soto, para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo. En concreto, para las condiciones de salud que hoy se encuentran en listas de espera.

Las intervenciones deben incluir todos los elementos necesarios para resolver el problema de salud y se otorgarán por prestadores privados en convenio con Fonasa, los que serán remunerados por mecanismos de pago de soluciones a dichas intervenciones.

El decreto que defina los tratamientos a cubrir cada año será firmado por Salud deberá, según explica Carolina Velasco, directora de Estudios de IPSUSS de la Universidad San Sebastián, contemplar lo siguiente:

1. Considerar la disponibilidad presupuestaria
2. Fundarse en un estudio del Minsal que considere las intervenciones propuestas por las subsecretarías, las capacidades de la red de salud estatal (con uso eficiente) y tiempos de espera, así como de las capacidades de prestadores privados, un análisis de costo y su proyección que le corresponde a Fonasa.

El acceso al sistema priorizado y las condiciones de entrega son diferentes según sea el grupo de Fonasa al que pertenecen sus usuarios, estableciéndose dos esquemas diferentes, que contarán con igual presupuesto cada uno.

Esquema 1. Para beneficiarios del grupo A de Fonasa y del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), quienes no tendrán copago y deberán atenderse en el prestador asignado por Fonasa, entendiéndose realizadas mediante la Modalidad de Atención Institucional (MAI). Contarán con protocolos de tiempo de espera y calidad, que si no se cumplen deberán ser derivados a otros prestadores.

Esquema 2. Para beneficiarios de los grupos B, C y D de Fonasa, quienes deberán pagar un deducible por cada intervención (que es mayor según sea el grupo de Fonasa -menor para el grupo B y mayor para el grupo D) y podrán elegir el prestador dentro de los disponibles, entendiéndose realizadas mediante la Modalidad de Libre Elección (MLE).

Cabe mencionar que el proyecto original (boletín 12.662-11 que creaba el “seguro de salud clase media” a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de “libre elección” de Fonasa), también buscaba mejorar el acceso y resolución integral de los problemas de salud de los afiliados de Fonasa mediante el uso de prestadores privados con una cobertura mayor y copagos conocidos.

Según explica Velasco, “varios de los aspectos que proponía la ley de 2019 se mantuvieron en el proyecto aprobado, lo que lleva a concluir que hay acuerdo en que los prestadores privados, mediante buenos convenios, pueden ser un aporte para solucionar los problemas de salud de las personas, especialmente ante un sector prestador estatal de salud cuya productividad viene cayendo con el tiempo y que no ha logrado modernizarse para abordar adecuadamente las necesidad de sus beneficiarios”, concluyó.

La norma establece que Fonasa velará por el correcto funcionamiento del SAP y la Superintendencia de Salud conocerá los reclamos de beneficiarios.