El parlamentario independiente por el Biobío valoró algunos ejes del anuncio del Presidente José Antonio Kast, pero advirtió que existen dudas relevantes en materia tributaria, gratuidad y acceso a la vivienda, por lo que no comprometió su apoyo inmediato.

A días de que el Presidente José Antonio Kast presente el Plan de Reconstrucción Económica, ya comenzaron a surgir las primeras reacciones desde el Congreso marcadas por la cautela frente al contenido de las medidas.

En ese contexto, el diputado independiente por la región del Biobío, Roberto Arroyo, fijó su postura señalando que, si bien el proyecto aborda desafíos urgentes para el país, especialmente para la zona que representa, aún existen aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad antes de definir un respaldo.

“No puedo comprometer mi apoyo sin revisar en detalle todo este proyecto”, afirmó el parlamentario, dejando en claro que su voto dependerá de una evaluación exhaustiva de cada una de las propuestas.

Arroyo destacó que el plan contiene elementos positivos, particularmente en lo relacionado con la necesidad de enfrentar la reconstrucción y el complejo escenario fiscal que atraviesa el país. Sin embargo, advirtió que también existen dudas importantes que deben ser despejadas.

“Este proyecto tiene elementos positivos, pero también genera dudas importantes. Sí es necesario para hacer frente a las necesidades de reconstrucción, como es el caso de la región del Biobío y a la estrechez fiscal en que se encuentran nuestras finanzas públicas. Sin embargo, como un diputado que debe poner en primer lugar los intereses de las personas, voy a revisar con especial atención cada uno de los componentes de este proyecto”, sostuvo.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación, explicó, es la rebaja del impuesto corporativo. Si bien podría incentivar la inversión, advirtió que debe garantizarse que sus efectos beneficien realmente al país. “Por ejemplo, lo relacionado con la rebaja del impuesto corporativo, donde la mayor inversión y crecimiento deberían compensar la menor recaudación de tributos, pero que esto no se transforme en un subsidio vía impuesto a las empresas”, indicó.

En materia educacional, el congresista también planteó reparos a la idea de limitar la gratuidad en función de la edad, señalando que se trata de un criterio que debe revisarse. “Considero además que hay que revisar la idea de limitar la gratuidad por edad, porque el mérito y las ganas de salir adelante no debe tener límite, y su efecto en la rebaja fiscal es mínimo”, agregó.

Respecto a vivienda, Arroyo enfatizó que las medidas deben traducirse en beneficios concretos para las familias, especialmente para la clase media que busca acceder a su primera casa. “En materia de vivienda, la rebaja del IVA debe traducirse en un acceso real, donde la clase media puede acceder a su primera vivienda sin la barrera del pie inicial”, señaló.

Por último, reiteró su disposición a respaldar aquellas iniciativas que generen un impacto positivo en la ciudadanía, aunque insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad en la discusión legislativa. “Estoy disponible, por supuesto, para apoyar las buenas ideas que beneficien a los chilenos. Es mi compromiso y mi responsabilidad. Por eso, no puedo comprometerme mi apoyo sin revisar en detalle todo este proyecto”, concluyó.

Los parlamentarios Flor Contreras (La Araucanía), Roberto Arroyo y Patricio Briones (Biobío) valoraron el despliegue del Mandatario en la zona y enfatizaron que la medida de excepción es clave para enfrentar el terrorismo y la delincuencia, exigiendo mayor respaldo operativo para las fuerzas de orden.

En el marco de la primera gira oficial del Presidente José Antonio Kast a las regiones de La Araucanía y Biobío, diputados de la Macrozona Sur manifestaron su firme respaldo a la presencia del Ejecutivo en la zona y a la primera solicitud de renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia bajo la nueva administración.

Para los legisladores, la visita presidencial coincide con un hito legislativo crítico, que es garantizar la continuidad del despliegue militar para proteger a la ciudadanía frente a la violencia rural, los ataques terroristas y el avance del crimen organizado.

La diputada del Partido de la Gente (PDG) por La Araucanía, Flor Contreras, destacó la importancia política de este viaje, porque “entendemos que esta no es solo una visita simbólica, sino una señal clara de que nuestra región dejará de estar en segundo plano. La presencia del Mandatario aquí, justo cuando enfrentamos la primera renovación del Estado de Excepción de su gobierno, ratifica el compromiso de devolverle la paz a las familias que viven bajo el miedo a la delincuencia y el terrorismo. Necesitamos acciones concretas y por eso, desde el Congreso, respaldaremos esta renovación del Estado de Excepción, exigiendo que las Fuerzas Armadas cuenten con todo el apoyo jurídico y operativo para desarticular a las bandas radicales que hoy nos quitan la tranquilidad y libertad”.

Por su parte, el diputado por el Biobío del Partido Social Cristiano y ex PDG, Roberto Arroyo, puso el foco en la necesidad de que esta herramienta sirva para transitar hacia una seguridad permanente. “Creo que el estado de excepción hoy sigue siendo necesario, porque la realidad en La Araucanía y el Biobío todavía exige medidas extraordinarias para resguardar la seguridad de las familias. Pero esto no puede transformarse en algo permanente. Aquí debe haber una transición responsable, y fortalecer el trabajo de Carabineros, mejorar la inteligencia policial y recuperar el control territorial de manera preventiva. El objetivo no es vivir en excepción, sino volver a la normalidad con seguridad, donde el Estado funcione y proteja a las personas sin medidas extraordinarias”.

Finalmente, el también representante del PDG por Biobío, Patricio Briones, subrayó que la medida es una respuesta directa a la normalización de la violencia en la región, ya que “es una herramienta indispensable para devolverle la tranquilidad a nuestras comunas. En el Biobío hemos sido testigos de cómo la delincuencia y el terrorismo han intentado normalizar la violencia, y eso es algo que no podemos a permitir. Apoyaremos esta medida porque la prioridad número uno debe ser la seguridad de los ciudadanos que hoy viven con miedo. Queremos más acción y menos discursos en el combate contra la delincuencia y el terrorismo, y esta medida demuestra una voluntad real de enfrentar los problemas de cara a la gente”.

Los parlamentarios concluyeron señalando que sus votos estarán disponibles en la Cámara de Diputados para aprobar la prórroga, pero advirtieron que mantendrán un rol fiscalizador estricto para asegurar que el despliegue militar se traduzca en una disminución efectiva de los atentados y el robo de madera en la macrozona.

A 48 horas del ataque incendiario en Quilaco, diputados de la Región del Biobío expresan dudas sobre la capacidad de la fiscal regional para conducir la investigación, señalando una falta de resultados en casos de violencia rural y pidiendo la designación de un equipo especializado.

El reciente atentado incendiario que destruyó 50 vehículos y maquinarias en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío, ha generado críticas hacia la Fiscalía Regional del Biobío y su titular, Marcela Cartagena. Parlamentarios de la zona cuestionan la efectividad de la fiscal en investigaciones relacionadas con violencia rural y expresan preocupaciones sobre la dirección de la actual indagatoria.

La diputada Flor Weisse (UDI) manifestó: “Este es un hecho gravísimo que afecta la seguridad, la inversión, el desarrollo y la productividad en la Región del Biobío. Por eso es esencial que la Fiscalía Nacional o Regional designe un equipo especializado que pueda esclarecer rápidamente los hechos, identificar a los responsables y buscar las máximas sanciones penales y efectivas. Frente a uno de los atentados terroristas más graves en la historia de nuestro país, el ente persecutor no puede volver a repetir los errores que hemos conocido en anteriores causas”.

Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) señaló: “Existen suficientes antecedentes y un historial de desprolijidades en investigaciones anteriores que, por supuesto, nos generan legítimas dudas sobre la posibilidad de alcanzar resultados concretos y exitosos frente a este grave atentado que afectó a nuestra región. Lamentablemente, la Fiscalía Regional del Biobío, en gran parte por quien actualmente está a la cabeza, ha demostrado una falta de rigurosidad en distintas causas, lo que ha impedido hacer justicia por las víctimas al terminar sin responsables”.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) también se sumó a las críticas, indicando: “Hoy debe ser designado a cargo aquel fiscal que tenga más experiencia y especial expertiz en materias de terrorismo y/o crimen organizado”.

El diputado Leonidas Romero (Ind.) expresó su desconfianza en la fiscal Cartagena: “Marcela Cartagena no debería asumir la responsabilidad de ninguna investigación. Se me viene a la memoria que hace casi ocho años atrás le entregué una carpeta con antecedentes sobre financiamiento ilegal de política, con nombres, RUT, montos, y no estudió nada. Hemos conocido muchos casos como ese y ahora yo creo que tampoco vamos a tener respuesta, no se van a encontrar a los culpables ni menos se les va a sancionar”.

En contraste, el diputado Félix González (Ind.) mostró confianza en los equipos de investigación: “Independiente de la labor de la fiscal regional, hay equipos de la fiscalía y policías, coordinados con otros servicios públicos, que han tenido resultados efectivos especialmente en la provincia de Arauco (…) En este caso en particular, confiamos en que se hará una investigación responsable y esperamos que no se criminalice a las organizaciones ambientales y ecologistas que nos oponemos a la construcción de la central Rucalhue”.

Desde el Ministerio Público, se ha informado que la investigación está a cargo del fiscal de Los Ángeles, Carlos Díaz, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Además, se ha activado un grupo especial multidisciplinario para abordar las diligencias del caso.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que, aunque el Ejecutivo puede presentar querellas conforme a sus atribuciones, “finalmente son los fiscales los que definen cuál es la ley aplicable”. Añadió que “a la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, efectivamente pareciera que la Ley Antiterrorista fue modificada y promulgada para, entre otros casos, situaciones como las que hemos podido advertir que habrían ocurrido este fin de semana”.

El atentado a la central Rucalhue ha reavivado el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de violencia en la Macrozona Sur, poniendo en el centro de la discusión el rol de la Fiscalía Regional del Biobío y su liderazgo en casos de alta complejidad.

Fuente: La Tercera