Las laderas que quedaron expuestas tras los incendios de enero de 2026 podrían convertirse en focos de deslizamientos en los próximos meses. Universidades e instituciones de Gobierno ya trabajan en medidas de mitigación.

“El riesgo de remociones en masa en zonas afectadas por los incendios es inminente”, advierte el geólogo Cristian Vera, investigador de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello en Concepción. El experto señala que la eventual llegada del fenómeno de El Niño, con probabilidades superiores al 60%, y lluvias más intensas de lo habitual podría desestabilizar terrenos que ya perdieron su cohesión, provocando deslizamientos y poniendo en riesgo la seguridad en zonas como Florida, Penco y Tomé.

El fenómeno de El Niño, explica, corresponde a un cambio en la dinámica oceánica y atmosférica del Pacífico. En condiciones normales, “el viento cálido recorre desde Sudamérica hacia Oceanía a través de los vientos alisios”, lo que permite el afloramiento de la corriente de Humboldt y explica las bajas temperaturas del mar en la costa chilena. Sin embargo, durante El Niño estos vientos pierden fuerza y las aguas cálidas se desplazan o permanecen frente a Sudamérica, generando un aumento de las temperaturas y precipitaciones.

Este año, además, se ha advertido sobre un posible “super Niño” o “Niño Godzilla”, con anomalías térmicas cercanas a 2 grados por sobre los valores habituales, lo que podría intensificar sus efectos.

Laderas debilitadas bajo presión

Aunque el fenómeno no provoca deslizamientos de forma directa, sí actúa como detonante. “Lo que hace es aumentar la probabilidad de que ocurran debido a episodios lluviosos de alta intensidad”, explica Vera. Durante el proceso la lluvia satura el suelo, aumenta la presión interna y reduce su resistencia, facilitando fallas estructurales en las laderas.

El problema se agrava en zonas afectadas por incendios recientes. “Es en esas zonas donde el suelo ha perdido su cohesión debido a la falta de vegetación y por lo tanto va a ser mucho más fácil que ocurran movimientos de laderas”, señala.

En la Región del Biobío, por ejemplo, sectores como Penco, Tomé, San Pedro de la Paz y Santa Juana concentran preocupación, particularmente en áreas con pendientes pronunciadas y urbanización sobre laderas. Vera advierte que “hay muchísimas laderas urbanizadas que no deberían estarlo y, por lo tanto, la vulnerabilidad local es mucho mayor”.

Coordinación institucional y prevención

Desde febrero, la Universidad Andrés Bello, junto a otras instituciones de educación superior, trabaja en coordinación con organismos públicos como Senapred y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para identificar zonas críticas y definir medidas preventivas. En esas instancias se han priorizado áreas como la ruta entre Penco y Tomé, incluyendo sectores como la carretera General Amengual, donde existen laderas de alta pendiente afectadas por el fuego.

El monitoreo y la identificación de señales tempranas son clave. “Grietas en la cabecera de la ladera, agua que aflora en el pie del talud, árboles inclinados o ruidos en el terreno” pueden anticipar fallas. A ello se suma la necesidad de fortalecer la instrumentación, aumentar la red de pluviómetros y mejorar los sistemas de monitoreo de humedad del suelo.

Pese a que aún no se instala completamente el fenómeno, las probabilidades son altas. “Las instituciones indican que hay un 60% de probabilidad de que emerja entre mayo y julio”, afirma Vera, quien recalca que el escenario exige vigilancia. Las lluvias esperadas podrían caer sobre suelos ya húmedos, aumentando el peligro. “Vamos a enfrentar unos meses con lluvias de alta intensidad y esta lluvia va a caer sobre un suelo que ya está húmedo o saturado en algunos casos por las lluvias previas”.

En ese contexto, la prioridad está en las zonas postincendio. “Estas zonas están desprovistas de protección”, advierte el investigador, subrayando la urgencia de medidas como estabilización de taludes, control de escorrentías y restricciones a la construcción. Las medidas preventivas son urgentes y el plazo para tomar los resguardos es breve, por lo que lo que se haga antes del arribo del Niño será clave para evitar eventuales catástrofes.

Cada botella o envoltorio abandonado en la arena, cada red de pesca atascada entre las rocas o residuos de actividades económicas deja su huella en el paisaje costero. En el marco de las actividades del Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril, académicos y estudiantes de Geología transformaron Caleta Lenga, en un laboratorio, aplicando metodologías científicas para descifrar cómo la actividad humana está redibujando el paisaje de este rincón del litoral chileno.

Se trata de ver en tiempo real cómo los desechos plásticos se incorporan al paisaje afectándolo en una experiencia que “genera datos valiosos para que los estudiantes analicen y, finalmente, propongan soluciones basadas en evidencia”, explicó Silvio Casadio, académico e investigador que acompañó la actividad de Vinculación con el Medio de Ciencias de la Tierra UNAB.

El trabajo formó parte del curso Paleoclima y Ambiente, algunos estudiantes registraron y recolectaron meticulosamente los residuos presentes en la playa, otros analizaron muestras de sedimentos en busca de microplásticos o entrevistaron a pescadores sobre los cambios que han visto en su entorno y la pérdida de biodiverdidad.  “Los resultados preliminares revelaron una alta presencia de plásticos de origen pesquero y turístico, coincidiendo con las observaciones de los habitantes”, agregó Casadio.

Más allá de los datos duros, esta investigación representa un cambio de paradigma en la formación de los geólogos del siglo XXI, quienes ya no solo estudian las transformaciones milenarias de la Tierra, sino también las alteraciones aceleradas que nuestra generación está provocando.

Decenas de bolsas de muestras serán analizadas en los laboratorios del campus UNAB en la Región del Biobío. La actividad combinó metodologías científicas y participación comunitaria, abordando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sobre Vida submarina (14) y Vida de ecosistemas terrestres (15).

Pablo Rossel Estrada, Investigador y académico de Geología Universidad Andrés Bello Concepción.

Hace casi 200 años Charles Darwin relataba de forma clara los efectos de un terremoto y tsunami en las costas de Chile central. Una historia que ya era conocida y recurrente para nuestros compatriotas desde tiempos coloniales. “En Concepción, cada fila de casas, cada mansión aislada, formaba un montón de ruinas bien distinto; en Talcahuano, al contrario, la ola que había seguido al terremoto y que inundó la ciudad no había dejado al retirarse sino un confuso montón de ladrillos, tejas y vigas, y aquí y allá alguna pared aún en pie”, decía el naturalista.

Es así como tras tantos siglos de aprendizaje hemos interiorizado de muy buena forma la convivencia con los terremotos, convirtiéndonos en un país pionero y referente en construcción antisísmica y en una sociedad adelantada en el entendimiento de la relación natural entre las personas y los temblores. Lo anterior ha derivado en una norma constructiva altamente rigurosa, que muchas viviendas soportaran tan brutal embate de la naturaleza casi sin consecuencias.

Sin embargo, esta realidad contrasta con los catastróficos efectos del posterior tsunami originado por el sismo del 27F.  La costa de la Región del Maule fue dramáticamente afectada, cientos de personas perdieron la vida y otras tantas decenas se encuentran desaparecidas hasta hoy.

En la región del Biobío, las pérdidas humanas y materiales fueron enormes, con afectaciones mayores en los puertos de Talcahuano y Coronel y las caletas de Dichato, Tirúa y Lota, entre otras. Escenario que también se repitió en parte del territorio insular de nuestro país.

La lucha contra el mar y su inclemencia es sumamente compleja y reviste retos altamente desafiantes para la ingeniería. Sin embargo, creo que ya es tiempo de dar un paso hacia adelante en nuestra relación con los tsunamis.

Nuestra geografía ostenta más de 4000 km de costa, la que producto del explosivo aumento demográfico durante el último siglo está alojando una cada vez mayor población. Lo anterior, inevitablemente llevara a que el número de posibles afectados por un maremoto en los años venideros aumente.

Esta problemática nos obliga, como sociedad, a hacernos cargo de este reto, si no lo hacemos prontamente, los tristes números que dejó el tsunami de 2010 podrían llegar a ser opacados por una catástrofe sin precedentes.

La ciencia hace años nos ha entregado las herramientas para conocer las dinámicas asociadas a estos sucesos. El desarrollo de complejos modelos numéricos nos permite predecir de forma clara y precisa cómo los distintos eventos podrían afectar a nuestras costas e infraestructura. Mas, la planificación territorial muchas veces parece desconocer esta realidad, obviarla y dejarse llevar por intereses cortoplacistas.

En este sentido, pareciera ser que en nuestro país la opinión de los geo-cientistas es sistemáticamente obviada en la planificación territorial. Basta con retrotraerse un par de meses para encontrarse el caso de los edificios sobre las dunas de Concón, construidos en un lugar que hace más de 20 años el Servicio de Geología y Minería había indicado como inadecuado y riesgoso, o con los reiterados deslizamientos producto de la mala planificación de taludes en la ruta 156, los cuales aislaron y pusieron en peligro la vida de cientos de personas durante los derrumbes de los últimos temporales, por nombrar un par. ¿Cómo es posible que, en el país más sísmico, con la costa más larga y con más volcanes activos del mundo no sea obligatoria la firma de un Geólogo para la realización de obras civiles?

Dice el saber popular que cada chilena y chileno vive por lo menos un “Gran Terremoto” (1835; 1877; 1906; 1928; 1939; 1960; 1985; 2010), es más, hace un tiempo, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, hacia un simple cálculo estadístico en base al registro histórico de eventos telúricos en nuestro país: “En Chile es esperable un sismo de magnitud superior a 8 Mw cada 12 años”.

Pronto se cumplirán 15 años de esa oscura noche de verano en que cientos de compatriotas perdieron la vida. No nos expongamos otra vez a lo mismo, mejor aún, tomemos la oportunidad de ser en el futuro, un referente en la mitigación de los efectos de tsunamis, y así quizás seamos capaces de ayudar a salvar miles de vidas, no solo en nuestra tierra sino en todo el mundo. Los avances tecnológicos se suceden en forma vertiginosa, permitiendo que la ciencia tenga cada vez un mayor impacto. Sin embargo, si como sociedad no adoptamos este camino, estamos condenados a revivir los horrores del pasado. La mano de obra en Chile es altamente calificada, démosle entonces la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Por siempre, ¡Ciencia para Chile!

Edgar Sanmiguel  Jaimes

Académico Geología

Universidad Andrés Bello Concepción

Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, a la fecha han caído 597,1 milímetros (mm) de agua en la Región del Biobío, lo que representa un déficit del 27%, aun cuando la Región ha sido azotada por dos fuertes temporales este año.

En enero, el Ministerio de Agricultura emitió una Resolución Exenta que define como situación de emergencia agrícola los efectos del daño en los cultivos, producto del déficit hídrico y sequía en varias regiones del país, entre ellas, Biobío.

Ante esto, surge la necesidad de utilizar este vital elemento de forma eficiente y eficaz y, para lograrlo, se requiere mayor y mejor tecnología en los predios agrícolas, capacitación a los productores en el uso de estas nuevas herramientas y una inversión focalizada y adecuada a los requerimientos técnicos de cada agricultor/a.

Y es lo que Agroceler: fruticultura 4.0 para la Región del Biobío, es lo que ha realizado con los productores de berries y cherries de la región, impulsando el Programa de Riego Eficiente en la comuna de Santa Juana y, en algunos meses más, el de Riego Inteligente, utilizando sensores y medidores de uso del agua, y que puede ser monitoreado a través de los celulares de cada productor.

Esta iniciativa, financiada por el Gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, viene acompañando a los productores de Berries y cherries desde el año 2019, para lograr una mayor competitividad en sus cultivos y romper la estacionalidad de la fruta.

Es de vital importancia aumentar el desarrollo y uso de nuevas tecnologías agrícolas e incentivar a sus usuarios a innovar en ellas, facilitando el acceso a ellas. El objetivo final es el lograr una agricultura sostenible, eficiente, innovadora y productiva.

Cristian Vera Soriano, Académico Geología Universidad Andrés Bello

Existen multitud de definiciones de suelo, algunas hacen referencia a su origen teniendo en cuenta que provienen de la destrucción de la roca madre, otras por componerse de material fácilmente disgregable, otras lo caracterizan en base a su uso (agrícola, forestal, urbano…) y otras más técnicas se centran en describir sus capas u horizontes para poder clasificarlos.

Su clasificación es relevante, pues sus características en profundidad condicionan su uso en superficie. Un ejemplo claro es el cultivo de berries, específicamente el de frutilla para el que, según el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INIA) se requiere contar con unos 80 centímetros de suelo con textura “franco-arenosa” para favorecer el drenaje. En caso de ser más arcilloso, afectaría de tal forma en el desarrollo de la planta que la producción se retrasaría, además de dar pocos y deficientes frutos.

Dado que su estudio es tan importante y el suelo es la base de nuestra alimentación, cabe preguntarse ¿Chile se preocupa de protegerlos mediante la legislación ante la contaminación? Lamentablemente a nivel nacional no existe norma de calidad de suelos. De hecho, la Subsecretaría de Medio Ambiente se basa en normas internacionales de referencia de calidad de suelos para certificar si existe daño ambiental en base a diversas actividades industriales en el medio. Estas corresponden a la Norma Canadiense (Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health, 1999); a la holandesa (Norma Leidraad Bodemsanering, 1994) y a la española (Ley 22/2011, Real Decreto 9/2005).

Los valores de referencia de dichas normas son los más conservadores respecto a su uso, y buscan prevenir el máximo riesgo, se consideran una guía ambiental de máxima seguridad.  El problema es que en Chile no procede la aplicación directa de normas internacionales, y solo se admiten como estándares de referencia.

La contaminación del suelo está aumentando a nivel mundial y afecta particularmente a los más vulnerables. Los seres humanos están expuestos a ella ya sea por ingestión directa del suelo, contacto dérmico o inhalación de suelo contaminado, o indirectamente por la transferencia de contaminantes a la cadena alimentaria. La Organización Mundial de la Salud ha identificado diez contaminantes principales de preocupación para la salud humana de los cuales nueve son contaminantes del suelo, debido al impacto que provocan y su amplia incidencia geográfica (arsénico, asbesto, benceno, cadmio, dioxina, fluoruro, plomo, mercurio, pesticidas peligrosos y contaminación del aire).

La existencia de suelos contaminados y su falta de gestión genera otros problemas para las comunidades cercanas a estos sitios. No solo podría estar en riesgo su salud por los contaminantes presentes, sino que estos terrenos además pueden convertirse en basurales y ser foco de vectores de importancia sanitaria. Según la Hoja de ruta de Residuos Construcción y Demolición 2035, solo en la región Metropolitana se sabe que hay más de 73 vertederos ilegales de residuos sólidos, correspondientes a 400 hectáreas y unos 600 microbasurales. Nueve regiones de Chile no cuentan con lugares para disposición autorizada de residuos sólidos asimilable (escombros).

El Ministerio de Medio Ambiente ha avanzado en la realización de estudios que permiten caracterizar los suelos contaminados, pero todavía falta por determinar, de acuerdo con la legislación, cuáles son los límites permitidos de contaminación del suelo por una empresa o los costes de contaminar el medio para poder paliar sus efectos.

El principio fundamental de “El que contamina paga” estimado en la ley 19.300 necesita de instrumentos legales que permitan establecer los límites permitidos y es por ello por lo que, en el día mundial de los suelos, solicitamos que se avance en la materia a nuestros representantes.