Desde su promulgación en octubre de 2014, la Ley 20.720 ha permitido que miles de personas y empresas afectadas por el sobreendeudamiento encuentren una solución ordenada de sus deudas, recuperen su estabilidad financiera y se reintegren al sistema económico.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) conmemora 11 años desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 20.720, norma que transformó la manera en que Chile aborda situaciones de sobreendeudamiento y que, junto con su actualización en el año 2023, ha permitido que cerca de 60 mil personas y empresas regularicen sus compromisos financieros a través de procedimientos legales, transparentes y accesibles.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que la ley representó un cambio estructural en la manera en que el país enfrenta el sobreendeudamiento. “A partir de 2014, por primera vez se ofreció una alternativa legal, transparente y accesible para reorganizar o liquidar deudas, sin que las personas quedaran excluidas del sistema financiero”, afirmó.

Una legislación más moderna e inclusiva

La autoridad agregó que la modernización legal introducida el 11 de agosto de 2023, mediante la Ley 21.563, fortaleció ese marco de apoyo a personas y empresas en crisis.

“Esa reforma amplió los beneficios de la Ley 20.720, incorporando a los trabajadores sobreendeudados que emiten boletas de honorarios a la renegociación y creando procedimientos simplificados para personas, micro y pequeñas empresas. También eliminó ciertos trámites, redujo costos y facilitó el acceso a quienes enfrentan problemas de solvencia. Hoy la normativa es más ágil, más inclusiva y más cercana a la realidad económica de las personas y las MIPEs”, enfatizó la autoridad.

Balance de 11 años: principales resultados

Entre octubre de 2014 y septiembre de 2025, se registran 12.553 renegociaciones, con una alta concentración en la Región Metropolitana (44%), seguida por Valparaíso (9%) y Biobío (8%).

El perfil de los participantes corresponde principalmente a personas entre 30 y 44 años (60%), en su mayoría trabajadores dependientes (78%), aunque también participan independientes (10%) y jubilados (5%).

En términos de ingresos, uno de cada cuatro usuarios percibe más de $2 millones mensuales.

Las cifras demuestran la efectividad de esta herramienta: las audiencias de determinación del pasivo alcanzan un 99% de acuerdos logrados y las audiencias de renegociación, un 95% de éxito.

Por otro lado, los procedimientos de liquidación de personas suman 34.780 casos tramitados en estos once años, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (44%), seguida de Biobío (11%) y Valparaíso (8,5%).

El grupo etario más representativo también se sitúa entre 30 y 44 años (61%), con ingresos promedio entre $500.000 a $750.000.

En el ámbito empresarial, la reorganización registra 524 procedimientos desde 2014, concentrados en la Región Metropolitana (71%), y con una menor participación de Biobío (5,2%) y Valparaíso (4,5%). La mayoría corresponde a grandes compañías (57%), aunque también se contabilizan medianas (21%), pequeñas (9%) y microempresas (3%).

Por su parte, las liquidaciones de empresas totalizan 11.607 procedimientos.

Más de la mitad en la Región Metropolitana (51,1%), sucedida por Biobío (7,7%) y Valparaíso (7,6%). Según tamaño, predominan las empresas de segunda categoría (32,8%), seguidas de las pequeñas (18,8%), micro (16,5%), medianas (7,3%) y grandes (4,8%).

Fortalecer la educación financiera y el reemprendimiento

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, llamó a la ciudadanía y a las micro y pequeñas empresas a utilizar las herramientas que ofrece el sistema concursal para enfrentar de manera responsable los periodos de dificultad económica y prevenir el sobreendeudamiento.

“La insolvencia no debe verse como un fracaso, sino como una oportunidad para reorganizarse, aprender y comenzar de nuevo. Durante estos once años, la Ley 20.720 ha demostrado que es posible volver a levantarse cuando existen mecanismos claros y un acompañamiento oportuno. En la Superir estamos comprometidos con fortalecer esa segunda oportunidad, a través de la educación financiera, con charlas, programas de capacitación y plataformas como tenlaclara.cl, que brindan orientación gratuita y apoyo personalizado a quienes buscan salir del sobreendeudamiento”, recalcó.

Desde el 11 de agosto de 2023 existen dos procedimientos concursales especiales para las micro y pequeñas empresas del país, gracias a la nueva Ley de Insolvencia N.º 21.563.

Se estima que las micro y pequeñas empresas (MIPEs), son uno de los principales generadores de empleos a nivel nacional, forjando una serie de externalidades positivas que dinamizan la economía en cada una de las regiones del país.

Mientras muchos emprendedores consiguen llevar adelante sus proyectos, la experiencia nos indica que otros tantos recién lo logran en su segundo o tercer intento, de modo que la tasa de éxito de un emprendedor aumenta efectivamente con el número de fracasos que ha logrado dejar atrás. El emprendimiento fallido puede constituir una oportunidad de aprendizaje y mejora, en la medida que este emprendedor pueda volver a levantarse, aplicando la experiencia alcanzada a su nuevo proyecto.

En el Día Mundial del Emprendimiento, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) informa que cuenta con una herramienta eficaz para brindar asistencia oportuna a las MIPEs que enfrentan dificultades económicas: la Ley N.º 21.563. Desde el 11 de agosto de 2023 la normativa dispone de nuevos procedimientos simplificados para que micro y pequeñas empresas accedan a soluciones legales frente a situaciones de endeudamiento, ya sea a través de la Reorganización o Liquidación Simplificada.

La Reorganización Simplificada es un procedimiento judicial que permite- en un plazo no mayor a 4 meses- a una MIPE reestructurar sus activos y pasivos mediante un acuerdo con sus acreedores, en que se pueden establecer nuevos plazos de pago, nuevas tasas de interés, posibles remisiones de deudas o modificación de ciertas obligaciones. En este proceso interviene un veedor, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir y que tiene entre sus funciones facilitar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, además de asistir a la micro o pequeña empresa en la elaboración de su propuesta de acuerdo.

Un beneficio de este trámite es la Protección Financiera, que es el período que la ley otorga al deudor que se somete al procedimiento concursal, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento.

Además, todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago.

Mientras que la Liquidación Simplificada, que también es un procedimiento judicial, tiene por objetivo la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa para pagar a sus acreedores, administrado por un liquidador concursal. Se solicita en tribunales, por lo que se debe contar con un abogado particular o uno abogado designado por la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. Este procedimiento, que antiguamente duraba en promedio 2 años, ahora está durando entre 4 y 8 meses.

Recordar que las microempresas, son aquellas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2.400 UF y que tuvieren contratados de 1 a 9 trabajadores; y en el caso de las pequeñas empresas, aquellas con ingresos anuales superiores a las 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF, y un personal contratado superior a 10 e inferior a 49 trabajadores.

“Desde el 11 de agosto de 2023 el sistema concursal chileno permite reorganizar o liquidar eficientemente una MIPE, lo que constituye un pilar esencial de una economía competitiva, moderna. Asimismo, permite disminuir la incertidumbre y riesgos asociados para deudores y acreedores, generando dinámicas positivas en las cuales un emprendimiento fallido constituye una oportunidad de aprendizaje y mejora”, señaló el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez.

Adicionalmente, desde la Superir se destaca la relevancia de la asistencia preventiva para que los emprendedores puedan mejorar las condiciones en las que opera su negocio y así poder enfrentar de mejor forma eventuales dificultades económicas.

Para más información la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuenta con la página www.tenlaclara.cl donde se detallan los requisitos, documentos, etapas y efectos de cada procedimiento concursal.