Tras reunirse con la diputada Carolina Tello en Caleta Lo Rojas, dirigentes de CONDEPP y de la Mesa Pelágica acordaron una agenda legislativa de cinco puntos y advierten que “este gobierno sigue tomando decisiones que benefician a los más ricos, esta vez en el mar”.

La pesca artesanal de la Octava Región subió el tono frente al Ejecutivo y al Congreso. En una reunión de trabajo realizada en Coronel con la diputada Carolina Tello, dirigentes del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y de la Mesa Pelágica, acordaron una agenda legislativa de cinco puntos que será impulsada por la Bancada de la Pesca Artesanal, para exigir al Senado poner en tabla, de una vez por todas, la nulidad de la Ley de Pesca y reponer la Nueva Ley de Pesca en el Congreso.

El emplazamiento se da en medio de una crisis que tiene a miles de familias pescadoras al borde del colapso económico, mientras —denuncian los dirigentes— las grandes pesqueras industriales siguen concentrando poder, capturando con artes destructivas y operando bajo una ley que les asegura un negocio millonario y que nació del cohecho que el país aún no ha logrado anular.

Durante la jornada se discutieron los principales nudos críticos del sector: la urgencia de reponer el proyecto de nueva Ley de Pesca, el proyecto de reconstrucción presentado por el Ejecutivo —que aborda materias relevantes como la caducidad y la relocalización de concesiones—, la instalación de posicionadores satelitales (POSAT) y cámaras a bordo, y la propia nulidad de la Ley de Pesca como demanda histórica del mundo artesanal.

Uno de los puntos tratados fue la temporalidad pesquera versus la biología, problemática que refleja la desconexión entre las decisiones administrativas y la realidad del recurso. Hoy la cuota de sardina se define en junio, mientras que el periodo de captura se extiende de enero a diciembre, lo que afecta directamente la sustentabilidad de la pesquería. Los dirigentes propusieron que el periodo de captura coincida con los tiempos biológicos de la especie.

“El gobierno sigue legislando para los más ricos del mar”

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, fue categórico al evaluar el escenario: “Mientras las familias de la pesca artesanal aguantan una crisis que las tiene al borde del colapso, este gobierno sigue tomando decisiones que terminan beneficiando a los más ricos. El retiro del Proyecto de Nueva Ley de Pesca se traduce en privilegios para las grandes pesqueras industriales, mientras a los pescadores artesanales se les exige pagar certificaciones, combustibles que aumentan su precio cada semana y esperar cuotas que no respetan los tiempos biológicos del recurso. La balanza está cargada para el lado equivocado y eso hay que decirlo con todas sus letras.”

Por su parte, el vocero de CONDEPP, Ramón Chaparro destacó la importancia política del encuentro y endureció el llamado al Senado: “Valoramos profundamente que la diputada Carolina Tello nos haya escuchado en Coronel y haya recogido nuestras propuestas. Lo que pedimos no es ningún favor: queremos eliminar el arte de arrastre que destruye es un método de captura profundamente dañino, queremos una temporalidad biológica que cuide los recursos, y queremos que el Senado se ponga los pantalones y coloque en tabla la nulidad de la Ley de Pesca. La pesca artesanal no puede seguir pagando los costos de una ley hecha a la medida de los grupos económicos más poderosos del país.”

Agenda legislativa acordada

Como resultado del encuentro, dirigentes y parlamentaria acordaron impulsar las siguientes iniciativas:

1. Solicitar formalmente, a través de la Bancada de la Pesca Artesanal, que oficie al Senado para que ponga en tabla la nulidad de la Ley de Pesca.

2. Reponer el Proyecto de Nueva Ley de Pesca que incluye la Plataforma Social para la pesca artesanal en la Comisión de Pesca de la Cámara para que continúe el trámite legislativo de cara al país, no entre cuatro paredes.

3. Pedir a la subsecretaría que cambie de temporalidad biológica de capturas, que ajuste las cuotas y periodos de pesca a los ciclos reales de las especies.

4. Eliminar el arrastre como arte de pesca para cualquier pesquería, por su impacto destructivo sobre los ecosistemas marinos.

5. Pedir al ejecutivo que elimine el impuesto específico a los combustibles para la pesca artesanal y que suspenda el pago de la certificación mientras se mantenga la actual crisis del sector.

• Las trabajadoras de plantas de proceso manifestaron su preocupación por la incertidumbre regulatoria que afecta al sector ante el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca y los efectos que distintas normativas podrían tener en la estabilidad laboral.

• El subsecretario señaló que busca dar mayor certeza jurídica y técnica, optando por perfeccionar la normativa vigente en vez de impulsar un cambio estructural amplio, como el que incluía las subastas de cuotas.

Para plantear sus inquietudes ante el escenario que enfrenta la industria pesquera, trabajadoras de plantas de proceso de la Región del Biobío sostuvieron una reunión con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, instancia en la que abordaron temas clave como el retiro de la Ley de Pesca, la plataforma social y el sistema de subastas.

El encuentro permitió generar un diálogo directo entre la autoridad y las trabajadoras, quienes cumplen un rol fundamental en la cadena productiva pesquera, labor que históricamente ha sido liderada, en su mayoría, por mujeres jefas de hogar en la zona.

Durante la reunión, las participantes valoraron la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto de Ley de Pesca impulsado por el gobierno anterior. Sin embargo, también plantearon la necesidad de avanzar en compromisos concretos en torno a la defensa de los empleos formales y de calidad, conseguidos a través de años de negociaciones colectivas.

Fin a las subastas

“Uno de los temas más preocupantes para la estabilidad del rubro era la propuesta de subastar cuotas de pesca, porque introduce un alto nivel de incertidumbre y amenaza. Este mecanismo implicaría afectar derechos adquiridos y modificar las reglas del juego de forma arbitraria, lo que pone en riesgo la estabilidad laboral, productiva, social y económica de toda la Región del Biobío”, sostuvo Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Proceso de la Industria Pesquera del Biobío (FESIP).

Ante estas dudas, el subsecretario Urrutia fue enfático en señalar que no impulsarán las subastas contenidas en el proyecto anterior, sino que las modificaciones a la ley se centrarán en la investigación pesquera y la fiscalización, el impulso a la acuicultura, mejoras en las condiciones sociales y el fin de las llamadas “carreras olímpicas” por la captura de los remanentes pesqueros, entre otras medidas.

Estos temas fueron valorados por representantes de las plantas de proceso, como Zenaida Reyes, presidenta del Sindicato de Planta Congelados Blumar, quien expresó que la larga tramitación de la Ley de Fraccionamiento —promulgada en forma separada de la Ley de Pesca— “nos hizo mucho daño; vivimos en un estado constante de incertidumbre y angustia. De hecho, estábamos muy contentas porque se iba a abrir una nueva planta en Coronel y eso se estancó, truncando el trabajo de unas 200 mujeres. Podíamos ver un claro sesgo ideológico que nos afectó mucho y realmente se agradece que hoy exista una nueva visión”.

Empleo Formal

Por su parte, Osvaldo Urrutia, subsecretario de Pesca y Acuicultura, al término del encuentro —en el marco de su primera visita oficial a la región—, señaló: “Es un honor estar acá con ellas, ver y escuchar a todas estas mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres que son el sostén de sus hogares. Estamos aquí para apoyarlas, generando señales claras de estabilidad, no solo para que estos empleos se mantengan, sino también para que se creen nuevos trabajos”.

“Estamos muy satisfechos con este encuentro. Tenemos un subsecretario que conoce del tema y que, con un mensaje claro, trae tranquilidad y estabilidad laboral para nuestra gente, tanto en la pesca artesanal como industrial”, señaló el diputado Sergio Bobadilla, único parlamentario de la zona en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja.

A la cita también asistieron las diputadas Marlene Pérez y Joanna Pérez, además del delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, y el seremi de Economía, Christian Cifuentes, entre otras autoridades del sector.

Al término, FESIP Biobío reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que promuevan la sustentabilidad de los recursos y la continuidad y mejora del empleo formal.