Documento revela 910 casos a nivel nacional por más de $11 mil millones, incluyendo municipalidades del Biobío.

Un informe de la Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos, pese a tener prohibición legal por administrar recursos del Estado. Entre las instituciones mencionadas figuran las municipalidades de Concepción y Chiguayante, en la Región del Biobío.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20 señala que los funcionarios involucrados pertenecen a 371 entidades públicas y registraron transacciones por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025 .

El informe también advierte que 181 funcionarios concentran el 96,8% del total apostado, superando los $11 mil millones, cifras que no se condicen con sus ingresos .

La presencia de las municipalidades de Concepción y Chiguayante confirma que este fenómeno alcanza a la región, aunque el documento no detalla cuántos funcionarios corresponden a estas comunas ni los montos asociados.

La ley prohíbe expresamente que funcionarios que administran fondos públicos participen en juegos de azar. Por ello, la Contraloría derivó los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego para iniciar sanciones, además de instruir investigaciones administrativas en las instituciones involucradas.

Asimismo, los casos con mayores montos fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y la Asociación Chilena de Municipalidades trabajarán juntas para capacitar a funcionarios y acercar herramientas de apoyo a vecinos, micro y pequeños empresarios.

Un importante acuerdo para fortalecer la educación financiera y entregar apoyo directo a personas y emprendedores que enfrentan dificultades económicas fue firmado entre la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El convenio permitirá capacitar a funcionarios municipales de todo el país, quienes serán los encargados de orientar a vecinos, microempresarios y organizaciones locales sobre los procedimientos y beneficios que ofrece la Ley N.º 21.563, la cual actualiza y simplifica los procesos de insolvencia y reemprendimiento en Chile.

Entre las acciones comprometidas se incluyen talleres y capacitaciones a funcionarios municipales de áreas como desarrollo comunitario, recursos humanos y unidades jurídicas; además de campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y alternativas frente a situaciones de endeudamiento o quiebra.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, destacó que esta alianza busca acercar la información a las comunidades.
“Este convenio refuerza nuestro compromiso con las personas y emprendedores de todo Chile. A través del trabajo con los municipios y la Asociación Chilena de Municipalidades, podremos llegar a más comunidades con información clara, oportuna y útil sobre los procedimientos de insolvencia y las alternativas de reemprendimiento que ofrece la ley. Queremos que nadie enfrente solo sus dificultades financieras”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri Bascuñán, enfatizó el rol de los municipios en esta tarea.
“Los municipios somos la primera puerta de entrada del Estado para miles de chilenos y chilenas. Este convenio nos permitirá fortalecer nuestras capacidades y entregar un mejor acompañamiento a las personas, especialmente a emprendedores y familias que enfrentan dificultades económicas. Trabajando junto a la Superintendencia, buscamos que cada comuna cuente con herramientas concretas para promover la educación financiera y el reemprendimiento”, afirmó.

El acuerdo, que fue firmado en dependencias de la Superintendencia, también contempla la participación conjunta en ferias, encuentros y actividades municipales a lo largo del país, buscando acercar la información a la ciudadanía de manera simple y práctica.

Con este convenio, se espera que más personas puedan acceder a orientación profesional y soluciones legales ante la insolvencia, y que los municipios se transformen en un canal efectivo para fomentar la educación financiera y el reemprendimiento local.