José Navarrete Oyarce, Director del Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello sede Concepción.

Desde junio de 2026 rige en Chile una nueva forma de calcular el pago mínimo exigible en las tarjetas de crédito. La medida, establecida por la Norma de Carácter General N°537 de la Comisión para el Mercado Financiero, emitida en el marco de la Ley N°21.673, impone que ese pago mensual incluya al menos el 5% del capital adeudado, más los intereses, comisiones y seguros del período. En términos simples, el mínimo que hoy muchos bancos y casas comerciales fijan libremente, y que en varios casos apenas cubre los intereses del mes, pasa a tener un piso calculado sobre el saldo real de la deuda.

Frente a esto, es importante conocer cómo impacta esta nueva norma en las familias chilenas, en un contexto económico complejo. Según estimaciones de la propia CMF, una persona que amortiza solo el 1% de su saldo mensual puede tardar hasta 15 años en saldar su deuda. Con el nuevo esquema, ese plazo bajaría a cinco años, lo que significa menos intereses acumulados y una deuda que, por fin, efectivamente disminuye con cada pago. Desde ese ángulo, la norma es un avance concreto en materia de protección al consumidor financiero y, evidentemente, no es una modificación menor.

Otro cambio relevante tiene que ver con las compras en cuotas sin interés. Hasta ahora, era habitual que el pago mínimo no exigiera cubrir el total de esas cuotas mensuales, generando la paradoja de que compras aparentemente gratuitas terminaban financiándose con los intereses del saldo rotativo. La nueva normativa incorporará esas cuotas gradualmente al monto no financiable, en tramos de 25% cada seis meses, hasta alcanzar el 100% a los dos años. Es una implementación escalonada, razonable, pero que igual supone un ajuste progresivo para los hogares.

Aquí comienza la parte incómoda del análisis. En mi opinión, esta norma llega en un momento económico delicado para muchas familias chilenas. El alza reciente de los combustibles, que afecta directamente el costo de transporte y de la canasta básica, se suma a una inflación que, aunque moderada en comparación con años anteriores, presiona el presupuesto mensual. En ese contexto, no es difícil encontrar hogares donde la tarjeta de crédito cumple un rol que no debería, esto es, financiar el gasto mensual cuando los sueldos no alcanzan, existen gastos imprevistos y los servicios básicos están más caros.

Para esos hogares, subir el pago mínimo no es solo una señal de buena regulación financiera, sino que se también se transforma en un desembolso mensual que antes no existía y que ahora hay que resolver. Sin embargo, la norma contempla una válvula de escape. Las instituciones financieras podrán eximir a los deudores de hasta dos meses consecutivos de pago mínimo, siempre que la deuda se reestructure en un plazo máximo de 24 meses. A pesar de que es un alivio, no hay que perder de vista que es una solución temporal y que no resuelve el problema de fondo.

Desde mi punto de vista, la norma está bien orientada. El sobreendeudamiento en tarjetas es un problema real y crónico en Chile, y establecer pisos mínimos de amortización es la forma correcta de abordarlo. El diagnóstico es bueno. Pero la efectividad de la medida depende de condiciones que están más allá del regulador financiero, esto es, tener salarios que permitan cubrir esos pagos sin recurrir a otro crédito, y una economía que no empuje a las familias hacia el endeudamiento como mecanismo de sobrevivencia. Sin eso, el riesgo es que la norma no reduzca el endeudamiento, sino que lo redistribuya hacia instrumentos menos regulados.