Tras reunirse con la diputada Carolina Tello en Caleta Lo Rojas, dirigentes de CONDEPP y de la Mesa Pelágica acordaron una agenda legislativa de cinco puntos y advierten que “este gobierno sigue tomando decisiones que benefician a los más ricos, esta vez en el mar”.

La pesca artesanal de la Octava Región subió el tono frente al Ejecutivo y al Congreso. En una reunión de trabajo realizada en Coronel con la diputada Carolina Tello, dirigentes del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y de la Mesa Pelágica, acordaron una agenda legislativa de cinco puntos que será impulsada por la Bancada de la Pesca Artesanal, para exigir al Senado poner en tabla, de una vez por todas, la nulidad de la Ley de Pesca y reponer la Nueva Ley de Pesca en el Congreso.

El emplazamiento se da en medio de una crisis que tiene a miles de familias pescadoras al borde del colapso económico, mientras —denuncian los dirigentes— las grandes pesqueras industriales siguen concentrando poder, capturando con artes destructivas y operando bajo una ley que les asegura un negocio millonario y que nació del cohecho que el país aún no ha logrado anular.

Durante la jornada se discutieron los principales nudos críticos del sector: la urgencia de reponer el proyecto de nueva Ley de Pesca, el proyecto de reconstrucción presentado por el Ejecutivo —que aborda materias relevantes como la caducidad y la relocalización de concesiones—, la instalación de posicionadores satelitales (POSAT) y cámaras a bordo, y la propia nulidad de la Ley de Pesca como demanda histórica del mundo artesanal.

Uno de los puntos tratados fue la temporalidad pesquera versus la biología, problemática que refleja la desconexión entre las decisiones administrativas y la realidad del recurso. Hoy la cuota de sardina se define en junio, mientras que el periodo de captura se extiende de enero a diciembre, lo que afecta directamente la sustentabilidad de la pesquería. Los dirigentes propusieron que el periodo de captura coincida con los tiempos biológicos de la especie.

“El gobierno sigue legislando para los más ricos del mar”

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, fue categórico al evaluar el escenario: “Mientras las familias de la pesca artesanal aguantan una crisis que las tiene al borde del colapso, este gobierno sigue tomando decisiones que terminan beneficiando a los más ricos. El retiro del Proyecto de Nueva Ley de Pesca se traduce en privilegios para las grandes pesqueras industriales, mientras a los pescadores artesanales se les exige pagar certificaciones, combustibles que aumentan su precio cada semana y esperar cuotas que no respetan los tiempos biológicos del recurso. La balanza está cargada para el lado equivocado y eso hay que decirlo con todas sus letras.”

Por su parte, el vocero de CONDEPP, Ramón Chaparro destacó la importancia política del encuentro y endureció el llamado al Senado: “Valoramos profundamente que la diputada Carolina Tello nos haya escuchado en Coronel y haya recogido nuestras propuestas. Lo que pedimos no es ningún favor: queremos eliminar el arte de arrastre que destruye es un método de captura profundamente dañino, queremos una temporalidad biológica que cuide los recursos, y queremos que el Senado se ponga los pantalones y coloque en tabla la nulidad de la Ley de Pesca. La pesca artesanal no puede seguir pagando los costos de una ley hecha a la medida de los grupos económicos más poderosos del país.”

Agenda legislativa acordada

Como resultado del encuentro, dirigentes y parlamentaria acordaron impulsar las siguientes iniciativas:

1. Solicitar formalmente, a través de la Bancada de la Pesca Artesanal, que oficie al Senado para que ponga en tabla la nulidad de la Ley de Pesca.

2. Reponer el Proyecto de Nueva Ley de Pesca que incluye la Plataforma Social para la pesca artesanal en la Comisión de Pesca de la Cámara para que continúe el trámite legislativo de cara al país, no entre cuatro paredes.

3. Pedir a la subsecretaría que cambie de temporalidad biológica de capturas, que ajuste las cuotas y periodos de pesca a los ciclos reales de las especies.

4. Eliminar el arrastre como arte de pesca para cualquier pesquería, por su impacto destructivo sobre los ecosistemas marinos.

5. Pedir al ejecutivo que elimine el impuesto específico a los combustibles para la pesca artesanal y que suspenda el pago de la certificación mientras se mantenga la actual crisis del sector.

Para los dirigentes del sector artesanal hoy la iniciativa, tramitada en el marco de la nueva Ley de Pesca requiere que se le introduzcan cambios permanentes de protección, apoyo y desarrollo para las familias que viven de esta actividad.

En ese sentido, el texto entregado ayer al subsecretario de Pesca, Julio Salas indica que la Plataforma Social debe considerar un seguro obligatorio contra accidentes y fallecimientos en faena, que proteja a hijos y viudas de pescadores; cobertura de salud para pescadores y sus familias; cotizaciones previsionales y acceso a pensiones dignas, un fondo de estabilización para las pesquerías, además de programas de capacitación, reconversión productiva y fortalecimiento organizacional.

Asimismo, solicitan la incorporación de un fondo de emergencia para enfrentar desastres naturales, contaminación marina o cierres de pesquerías y aumentos de recursos para INDESPA para apalancar al sector artesanal y con ello mejorar procesos, productividad y sostenibilidad.

Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) quien participó ayer en la reunión con el subsecretario Salas dijo que, “esta medida no solo daría respuesta a una deuda social histórica, sino que también entregaría estabilidad y formalización a más de 100.000 familias que dependen de la pesca artesanal a lo largo del país”.

Sobre el financiamiento de la iniciativa dijo que, “es de toda justicia que se financie mediante la recaudación proveniente de las Licencias Transables de Pesca Industrial (LTP-B), porque este mecanismo permitiría legitimar el sistema de asignación de derechos de pesca, corrigiendo así los vicios y privilegios originados en la antigua Ley Longueira.

Sobre el punto, Cortés aseguró que, “la licitación parcial de las cuotas industriales es, además, un mecanismo de transparencia y competencia económica que se ajusta a las recomendaciones de la OCDE y de los principales organismos internacionales en materia de manejo pesquero”.

Cortés señaló que también le reiteraron al subsecretario de Pesca la necesidad de que la nueva ley asegure una participación real y vinculante de las organizaciones artesanales en los comités de manejo y en la toma de decisiones sobre los recursos pesqueros. “La experiencia demuestra que la sustentabilidad solo es posible con la participación de quienes viven y trabajan en el mar.

El dirigente insistió a la autoridad en la necesidad de que el gobierno se comprometa a acelerar trámites pendientes como: Ley de remanentes y Unificación de especies

“Le dijimos al subsecretario para que se lo transmitiera al ministro García que la pesca artesanal chilena no pide privilegios, pide justicia y dignidad.Estamos convencidos de que avanzar en estos puntos no solo fortalecerá a las comunidades costeras, sino que también dará legitimidad y estabilidad política a la nueva ley, asegurando su permanencia en el tiempo”, concluyó Cortés.

Mientras los artesanales ven cómo pasa el tiempo, la burocracia regional parece haberlo detenido. El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, expuso la inexplicable demora en la ejecución del programa “Mejoramiento condición laboral y seguridad para la Pesca Artesanal”, una iniciativa clave que cuenta con un presupuesto de M$1.231.435 (mil doscientos treinta y un millones de pesos), bajo el código BIP 40064605-0, y que debería ser ejecutada por Indespa.

La crítica del dirigente no sólo apunta a la inacción local, sino a una evidente diferencia con el resto de las regiones. Cortés desnudó las cifras que dejan a la gestión de Giacaman en una posición incómoda frente a sus pares regionales respecto de la pesca artesanal.

“Resulta inaceptable e incomprensible la desidia con la que se mira a nuestra región. Mientras otras zonas del país han inyectado recursos frescos y avanzan con programas robustos —hablamos de $3.000 millones en Valparaíso, $1.500 millones en Aysén, $1.800 millones en Magallanes, $1.500 millones en el Maule y $1.600 millones en Atacama—, el Gobierno Regional del Biobío continúa sin una respuesta estructural, dejando a la deriva a comunas emblemáticas como Lebu”, disparó el dirigente.

Desde la organización pesquera advierten que la paciencia se agotó. No se trata de falta de recursos, sino de falta de gestión y voluntad política para activar botones que ya están instalados.

El emplazamiento al Gobernador Giacaman es directo: desbloquear la burocracia y ejecutar los compromisos heredados. Para la pesca artesanal, mantener estos recursos durmiendo en las cuentas fiscales mientras las caletas sufren precariedad laboral y falta de seguridad, no es sólo una falta administrativa, es una desconexión total con la realidad productiva de la región.

Durante el año 2025 aumentó considerablemente la presencia de embarcaciones chinas en costas chilenas, porque mientras el 2024 se registraron 8, en lo que va de este año ya van 117. Precisamente este hecho prendió las alarmas del sector artesanal que ven con preocupación la presencia de la flota china, especialmente las calamareras

Esto porque, así como en el pasado su presencia impactó a Perú, hoy existe el temor que afecte la pesca artesanal de la jibia.

Precisamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y vigilancia pesquera fue el tema central del encuentro internacional, “Avances y retos de la fiscalización y vigilancia en Perú y Chile” que se realizó el pasado 23 de octubre y que fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR) y la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA).

Consultado sobre el tema, Alfonso Miranda, presidente de CALAMASUR pidió los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú consolidar una postura común para fortalecer las medidas de manejo del calamar gigante (Dosidicus gigas), recurso clave para zona norte del país.

En la misma línea, Pascual Aguilera, dirigente nacional y delegado de Chile en CALAMASUR afirmó que, “la pesquería de la jibia no solo representa una fuente de sustento para miles de pescadores artesanales en el país, sino que también sostiene una red de pequeñas y medianas empresas transformadoras y exportadoras que generan empleo local y valor agregado. Proteger este recurso y asegurar condiciones equitativas frente a la operación de flotas extranjeras es una tarea urgente y estratégica para Chile.”

Desde el SERNAPESCA, el subdirector Jurídico, Felipe Ruiz destacó que Chile cuenta con una cobertura del 100% en la fiscalización de embarcaciones extranjeras que operan en la zona económica exclusiva del país. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos estructurales, como la fragmentación normativa y la falta de integración entre los sistemas de monitoreo satelital, las cámaras a bordo, las bitácoras electrónicas y la trazabilidad.

Ruiz subrayó que uno de los principales puntos de mejora es la necesidad de recibir en tiempo real la señal satelital de las embarcaciones extranjeras, tal como exige Perú a aquellas naves que deseen ingresar a sus puertos.

“Una de las dificultades que pudimos notar a propósito de este fenómeno es que la data del VMS la estamos recibiendo con horas de desfase. Una de las grandes posibilidades de mejora tecnológica que identificamos es la necesidad de que, al igual que en Perú, la información se transmita en tiempo real directamente hacia los servidores de SERNAPESCA y de la Autoridad Marítima”, señaló.

Por su parte, Piero Rojas, asesor legal de I4OA destacó la importancia de avanzar hacia insistió en que la vigilancia de las flotas extranjeras debe entenderse no solo como medida de control, sino también como instrumento de seguridad y sostenibilidad.

El evento concluyó con un llamado a consolidar una arquitectura normativa integrada, que permita a los países ribereños del Pacífico Sur responder de manera efectiva al desafío que representa la operación de flotas extranjeras en sus aguas y puertos.

“La fiscalización pesquera no puede seguir siendo reactiva; debe ser estratégica, preventiva y articulada con los actores del territorio”, sentenció Alfonso Miranda.

Este miércoles se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda el hito de promulgación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que busca una distribución más justa de los recursos marinos entre la pesca industrial y artesanal. Con este paso, la Región del Biobío avanza hacia una distribución más justa y equitativa de los recursos marinos.

Esta nueva normativa, corrige más de una década de desigualdades entre el sector industrial y artesanal, entregando nuevas oportunidades para miles de familias que dependen de esta actividad en el borde costero regional.

Para el Biobío, los cambios son significativos: la ley establece un 90% de participación artesanal en especies clave como la jibia y la reineta, consolida un 45% para la merluza común –recurso estratégico en la región– y triplica la cuota artesanal de jurel, alcanzando un 30%.

Este rediseño en la asignación de cuotas no solo responde a una demanda histórica, sino que también representa una inyección económica para caletas, plantas de proceso y ferias locales.

Al respecto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío, Javier Sepúlveda, destacó el impacto positivo de la reforma asegurando que “esta ley marca un antes y un después para la pesca en el Biobío. Por primera vez, se reconoce con hechos concretos el aporte productivo, cultural y social de la pesca artesanal. Este cambio fortalecerá a nuestras caletas, fomentará el emprendimiento local y permitirá que más familias vivan con dignidad del mar. Es justicia territorial en acción.”

“Con este hito, el Biobío se consolida como una Región protagonista en el nuevo modelo de desarrollo pesquero del país, donde la equidad, el arraigo territorial y la sostenibilidad son el eje del futuro del mar chileno”, concluyó la autoridad.

A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal —que agrupa a las principales organizaciones del rubro a nivel nacional— hizo un enérgico llamado al Ejecutivo a cumplir su promesa de terminar con la Ley Longueira, aprobada bajo escándalos de corrupción y ampliamente cuestionada por su sesgo en favor de la gran industria.

“Presidente Boric, usted prometió terminar en su gobierno con la Ley Longueira. La ley de fraccionamiento es un golpe al corazón de la normativa vigente, pero no es su fin. Su cuenta pública es la última oportunidad que tiene de demostrar que está con quienes viven del mar y no con quienes lucraron a costa de él”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.

Uno de los puntos clave y que está en disputa en el debate de la Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la cuota de merluza común. Sobre el punto la Alianza exige restituir el 70% para la pesca artesanal, frente al 30% que quedaría en manos de la industria.

“La merluza debe volver a ser la pesca del pueblo. Cada vez es más cara y escasa. Se requiere una política que piense en las ferias, en los hogares y en las mujeres que trabajan en el rubro artesanal”, enfatizó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.

Otro eje crítico sobre el que esperan el Presidente se pronuncie en su cuenta pública es el financiamiento de la plataforma social para el sector artesanal, propuesta que depende de la aprobación de las licitaciones del 15% de la cuota adicional de jurel asignada recientemente a Chile. Dichas licitaciones han sido bloqueadas en el Congreso por sectores de oposición, incluso por parlamentarios oficialistas como el senador Fidel Espinoza.

“Sin licitaciones, no hay financiamiento responsable. Si el Gobierno habla de responsabilidad fiscal, debe defender este mecanismo que no sólo sostiene el proyecto, sino que asegura dignidad para miles de pescadores”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.

Por otro lado y en medio del debate por el cierre de plantas industriales como PacificBlu —filial de Blumar, empresa involucrada en el caso Bruma— los pescadores también exigen transparencia real en el empleo industrial y reconocimiento al aporte económico y social de la pesca artesanal, que genera más puestos de trabajo por tonelada capturada que la industria.

“Hablan de empleo femenino, pero ocultan los contratos por temporada, el subcontrato. ¿Y las miles de mujeres que filetean, encarnan y limpian pescado en las caletas? También merecen protección”, apuntó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Federación Nuevo Amanecer.

Finalmente, la Alianza solicitó al Mandatario que ratifique en su discurso frente al Congreso Pleno su compromiso con la tramitación de la nueva Ley de Pesca, que hoy avanza lentamente en la Cámara de Diputados.

“Esperamos que el Presidente mantenga la urgencia legislativa. Chile no puede seguir con una ley manchada por la corrupción y diseñada para unos pocos”, concluyó Cortés.

Durante la jornada, trabajadores de la pesca industrial se acercaron a Sara Garrido por la espalda y la amenazaron con frases como: “No te metas con nosotros, y cuídate” y “Con nosotros no”, en un intento de intimidarla y acallar su lucha en defensa de la pesca artesanal.

Garrido se refirió a estos hechos asegurando que “no callarán mi voz, debemos proteger un recurso que hoy en día se encuentra en estado de colapso”, agregando que “no tengo miedo y yo seguiré adelante, independiente de las amenazas que reciba por parte de los trabajadores de la industria. Me encuentro tranquila y con la convicción de que lo que nosotras estamos haciendo es lo correcto”.

La Corporación insiste en la necesidad de mantener el 70% de la cuota para la pesca artesanal y el 30% para la industria, como garantía para que las mujeres que trabajan en el sector –charqueadoras, fileteadoras y otras labores tradicionales– puedan recuperar su fuente de ingresos, actualmente afectada por la sobreexplotación del recurso.

Las fileteadoras hoy enfrentan una situación crítica, con trabajos esporádicos debido a la escasez de merluza común, agravada por el uso continuo de la pesca de arrastre en las costas de Ñuble, Biobío y Maule, una práctica que daña gravemente el ecosistema marino.

Desde la Corporación hacemos un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de nuestras dirigentas y a velar por un proceso legislativo justo, que reconozca el valor de la pesca artesanal como fuente de trabajo y patrimonio cultural para las comunidades costeras.

Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal

“Queremos que por fin, de una vez por todas, los políticos se saquen la careta, y digan si están por cuidarle el bolsillo a la industria o por apoyar a la pesca artesanal, porque la industria su bolsillo lo cuida sola, no necesita de los parlamentarios”, dijo Hernán Cortés, presidente de la Condepp durante el desarrollo del segundo congreso de la organización, que se realizó el viernes recién pasado en Caleta Lo Rojas, región del Biobío.

El dirigente sostuvo que “acá han ocurrido situaciones al menos extrañas. En el acto 1, vemos una senadora de la República que se junta con el gerente de ALIMAR, ¿cierto? En el acto 2, vemos que esta misma senadora, siendo presidenta subrogante de la Comisión de Pesca del Senado, le da tiempo extra en la discusión en la comisión y en los comentarios. Y, en el acto 3, vemos que al subsecretario, cuando quiere contestar a los argumentos presentados por la industria, le va cortando la conversación y le va pidiendo que se apure ‘por el tiempo’. Entonces, esto al menos nos parece raro”, añadió, en abierta alusión a la senadora Loreto Carvajal y su actuación en la subrogancia de la presidencia de la comisión de Pesca del Senado, el martes pasado. 

Cortés también recordó que se vivieron “situaciones similares cuando se tramitó la ley Longueira, donde entre gallos y medianoche se juntaban algunos parlamentarios a conversaciones extraparlamentarias, que terminaron por darnos la razón en tribunales”.

El 2° Congreso de la Condepp se realizó el viernes 17 de enero en el Centro de Eventos de Caleta Lo Rojas y al él asistieron Leonardo Llanos, director ejecutivo de Indespa y Pablo Ortiz, subdirector de Pesquerías de Sernapesca. Entre los asuntos tratados, estuvo la implementación de la Ley de Caletas, la Ley Bentónica y otros aspectos normativos sectoriales.

El lanzamiento de esta inédita iniciativa se realizó en dependencias del Salón Mural Gregorio de la Fuente del Gobierno Regional Biobío en Concepción.

Con la presencia del Gobernador Regional (s), Iván Valenzuela Díaz, y el Gerente General de Fundación Chinquihue, Óscar Leibbrandt, -además de otras importantes autoridades, dirigentes artesanales e invitados-, se dio por inaugurada la “Escuela de Formación de Dirigentes del Sector Pesquero Artesanal 2024”, ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Mural Gregorio de la Fuente del Gobierno Regional Biobío, en la ciudad de Concepción.

La instancia formativa está destinada a ser un espacio de aprendizaje para dirigentes de la pesca artesanal, la que se enmarca en el programa “Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal de la Región del Biobío”, cuya ejecución está a cargo de Fundación Chinquihue y que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

Esta inédita apuesta busca promover la formación comprensiva respecto de los diversos desafíos con que se enfrentan actualmente los dirigentes del sector pesquero artesanal de la región del Biobío. De esta forma, se brindará a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para poder cumplir de mejor forma el liderazgo de procesos, de manera participativa dentro del sector y de sus respectivas organizaciones.

Leibbrandt indicó que “en materia de pesca artesanal, la región del Biobío se constituye como la líder en contribución al desembarque nacional y cantidad de flota pesquera artesanal. Como si fuera poco, es la segunda en importancia nacional en cuanto al número de pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, así como en el número de organizaciones y caletas pesqueras artesanales”. En esa misma línea, aseguró que “estos datos revelan que esta es una zona idónea para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de quienes conforman este importante sector productivo regional”.

Leibbrandt precisó que “el Gobierno Regional del Biobío nos ha mandatado trabajar en una política de fomento productivo para la pesca artesanal regional, compromiso que se ha venido realizando en el contexto del proyecto “Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal de la Región del Biobío. Es esencialmente en el marco de dicho programa que se definió la ejecución de esta inédita escuela de formación para socios, socias y dirigentes de la pesca artesanal regional, la cual -no me cabe ninguna duda-, será todo un éxito”.

Karen Cisterna es una de las dirigentes que participará de esta instancia formativa, quien proviene de la caleta Tubul, comuna de Arauco. Pescadora artesanal y dedicada a la comercialización de productos congelados del mar, es una de las beneficiarias del programa “Agregación de valor a productos de la pesca artesanal”, financiado por el GORE Biobío, y que entregó 30 micromódulos de agregación de valor para la producción de recursos de la pesca artesanal en las comunas costeras de la región.

La mujer de mar calificó la escuela de formación como una “buena iniciativa”. En sus palabras, esta oportunidad “está bien para la gente que es de la pesca y que tiene la necesidad de aprender y así adquirir mayor experiencia. Me parece muy buena la iniciativa”. En su opinión y respecto de la importancia de abrir este tipo de espacios por parte del Gobierno Regional, Cisterna explicó que “si el GORE no estuviera, ni tampoco la Fundación Chinquihue, no existirían estos programas que están para nosotros los pescadores (…). Se les agradece a ellos por hacer realidad el sueño que tenemos de seguir aprendiendo”.

Escuela de formación

Esta escuela de formación está dirigida a socios y dirigentes de la pesca artesanal y sus actividades conexas, que desarrollen dichas actividades productivas o dirigenciales en alguna de las once comunas costeras de la región del Biobío.

Para la selección de los participantes se realizó una convocatoria pública, que fue lanzada el pasado 15 de abril y que se difundió a través de redes sociales y otras plataformas digitales.

Finalmente fueron seleccionados 42 participantes. Se trata de 31 mujeres y once hombres, quienes provienen de las comunas de Tirúa, Lebu, Arauco, Tomé, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Coronel y Lota. Serán ocho las sesiones que ofrecerá esta escuela de formación de dirigentes, las que se llevarán a cabo de forma presencial cada 15 días en las provincias de Arauco y Concepción.

El subsector artesanal desembarcó 109.078 toneladas, exhibiendo una disminución interanual de 55,6%.

El desembarque industrial registró un ascenso de 8,7%, respecto a igual mes del año anterior.

Un disminución interanual de 37,0% experimentó el desembarque pesquero en la Región del Biobío en marzo de 2024, registrando 217.997 toneladas, cifra inferior en 127.818 toneladas, incidido principalmente por la menor captura de pescados (-39,6%), de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La región contribuyó con el 48,1% del desembarque nacional.

Pescados fue la principal especie desembarcada en la región, con una participación del 94,0%.

Subsector Artesanal

El subsector artesanal capturó un total de 109.078 toneladas, aportando el 50,0% del desembarque regional, cifra que registró un descenso de 55,6% en doce meses. Este resultado se explicó fundamentalmente por el menor desembarque de pescados, en especial Sardina Común.

A nivel nacional, el desembarque artesanal disminuyó en 43,5% en comparación con igual mes del año anterior, alcanzando 193.077 toneladas en el mes de análisis. Este subsector representó el 42,6% del total desembarcado en el país.

Subsector Industrial

Este subsector contribuyó con el 50,0% del desembarque regional, al registrar 108.919 toneladas, con un ascenso interanual de 8,7%, incidido principalmente por el mayor desembarque de pescados, en particular Jurel.

Por su parte, a nivel nacional, el subsector industrial capturó 158.830 toneladas, correspondiente al 35,1% del desembarque total, presentando un alza de 25,9% respecto a igual mes de 2023, cifra superior en 32.630 toneladas.

Análisis Acumulado

Entre enero y marzo de 2024 se desembarcaron 517.943 toneladas, acumulando una contracción de 10,5% en comparación a igual período del año anterior al extraerse 60.960 toneladas menos.

El subsector artesanal acumuló 160.037 toneladas registrando una disminución de 43,1%, inferior en  121.354 toneladas respecto a igual período del año anterior.

En cuanto al desembarque industrial, éste acumuló 357.905 toneladas, anotando un ascenso de 20,3%, esto es, 60.394 toneladas más que el mismo período de 2023.