Lucas Serrano, cientista político y director de la carrera de Administración Pública, Universidad San Sebastián Concepción.

El próximo 11 de marzo Chile vivirá un nuevo cambio de mando presidencial, uno de los rituales más significativos de nuestra tradición republicana. Desde el retorno a la democracia, y aun antes en nuestra historia institucional, el traspaso del poder ha sido un momento de continuidad del Estado por sobre las disputas políticas. La ceremonia, la banda presidencial y los gestos protocolares no son meras formalidades: son símbolos de estabilidad institucional. Por lo mismo, resulta llamativo que esta transición llegue precedida por un nivel de tensión pocas veces visto. Incluso en cambios de ciclo particularmente intensos -como el retorno a la democracia- no existe registro de un traspaso marcado por un quiebre tan explícito entre las administraciones saliente y entrante.

La controversia en torno al llamado “cable chino” terminó por tensionar una transición que ya venía cargada de desconfianzas. Más allá del detalle técnico del proyecto, lo que se instaló fue una disputa sobre transparencia, información y responsabilidades políticas en el cierre de un gobierno. El resultado fue un deterioro poco habitual del clima de transición, con reuniones suspendidas y recriminaciones cruzadas que han elevado innecesariamente el tono de un proceso que, por definición, debería ser institucional antes que político.

Pero el país también enfrenta algo más profundo: el balance inevitable de un ciclo que termina. Como ocurre con todo gobierno, la administración de Gabriel Boric deja luces y sombras. Hubo impulsos reformistas y una voluntad de abrir nuevas discusiones generacionales, pero también dificultades de gestión, episodios de improvisación política y un cierre marcado por controversias que han terminado empañando su último tramo.

El gobierno entrante, por su parte, tampoco tendrá una larga luna de miel. José Antonio Kast llega al poder impulsado por la narrativa de un “gobierno de emergencia”, construida durante la campaña frente a las urgencias ciudadanas en seguridad, orden público y crecimiento económico. Esa retórica genera expectativas inmediatas y obligará a que sus primeras señales combinen sentido de urgencia con prudencia institucional. Gobernar en clave de emergencia exige decisión, pero también claridad estratégica.

A ello se suma un desafío mayor en política exterior. Chile deberá navegar con cuidado el delicado equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial. El episodio del cable submarino mostró con claridad cómo las tensiones geopolíticas globales pueden impactar en decisiones nacionales aparentemente técnicas.

En este contexto, el cambio de mando adquiere un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las fricciones propias de la política, el 11 de marzo debe recordar algo esencial: que la fortaleza de las instituciones chilenas no descansa en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de conducirlo con sensatez y dentro de las reglas republicanas que han dado estabilidad al país durante décadas.

Eliseo Lara Órdenes

Director Programa de Pedagogía en Educación Media

Universidad Andrés Bello

Acaba de presentarse la nueva Política Nacional de Convivencia Escolar (2024-2030) que tendrá una vigencia de seis años. Estos pasos necesarios han sido presionados por los eventos de los últimos años, pandemia mediante, que han hecho que la PNCE se profundice y releve en importancia al interior de los establecimientos educacionales, donde aún persiste una cultura de resistencia a los cambios, incluso post conflictos por todos conocidos.

Los números en ese sentido muestran que entre 2022 y 2023 se registró un aumento de denuncias en la Superintendencia de Educación de 1.367 casos, equivalente al 7,79%. Si bien, este número para el concierto nacional no es tan negativo, sí se vuelve trascendente cuando se observa el subtema Maltrato entre estudiantes (excluye al nivel parvulario) donde el aumento fue 49,9% entre 2019 y 2022. Además de la problemática cada vez más presente de casos de Connotación Sexual entre estudiantes.

No obstante, los pasos del Mineduc parecen ir en la dirección correcta al ocuparse de los elementos fundamentales que tienen complicadas a las comunidades y que detalla la nueva actualización de la PNCE: 1) Enfoque preventivo; 2) Gestión de las emociones; 3) Apoyo a la salud mental de estudiantes y funcionarios; 4) Formación Docente en Convivencia Escolar; y 5) Participación de las familias.

Esta actualización, la cuarta desde el origen de la PNCE en 2002, viene a respaldar el trabajo de los programas de acompañamiento como “A Convivir Se Aprende”, que desde la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello estamos desarrollando en la sexta región, al que se sumarán otros como el nuevo programa “Comunidades educativas protegidas”.

Con todo, se está viviendo una transformación importante en el modo de concebir el trabajo docente en las comunidades educativas, donde el énfasis se está poniendo en mejorar las condiciones ambientales para alcanzar una mejora en la calidad educativa, desarrollando espacios de diálogo, participación, inclusión y respeto, lo que impactará en la calidad de sociedad que tendremos con las nuevas generaciones.

Felipe Vergara Maldonado

Analista Político

Académico Universidad Andrés Bello

En los últimos años, la seguridad se ha transformado en uno de los principales temas a los que nos enfrentamos como sociedad; las propuestas van y vienen, algunas con sentido y otras tantas, más con efectos propagandísticos, que acciones concretas. Lo claro es que estamos viviendo como país, y también a nivel continental una proliferación de bandas delictuales asociadas al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de blancas, secuestros, asesinatos, entre tantos otros crímenes que azotan nuestra cotidianidad.

En Chile recientemente se descubrió y logró desbaratar en parte, una nueva célula delictual los Trinitarios, cuyo origen es de República Dominicana y que a través del narcotráfico generaban temor y represión en la población, a lo que se le suma una extraña devoción religiosa vinculada a la santísima trinidad, mezclada con magia negra. Esta banda también está presente en otros países del continente, incluyendo Estados Unidos y llegando hasta a España. La captura de 42 de sus integrantes es un acierto en la lucha contra el crimen organizado, pero evidentemente no se logra con ello su erradicación.

Los Trinitarios se suma a otros carteles que operan en el país, donde el más relevante pareciera ser hoy en día el llamado Tren de Aragua, que ha demostrado su peligrosidad en varias oportunidades, ya sea a través de asesinatos, secuestros y narcotráfico; esta agrupación delictual tiene su origen en Venezuela y de ahí se ha expandido a la región, afectando a varios países de Latinoamérica. Lamentablemente Chile no es la excepción y pese a que el Canciller venezolano, Yvan Gil, argumente que dicha banda no existe, sino que es una ficción mediática, la realidad ha demostrado otra cosa y así se lo han hecho saber tanto la ministra del Interior, como el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

La situación que vivimos, enfrentados en nuestros propios territorios a estos carteles internacionales, nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las medidas más efectivas para abordar esta amenaza, no hay duda que el fortalecimiento de las policías, el resguardo de nuestras fronteras y el control de las cárceles, donde pareciera se orquestan gran parte de sus crímenes, va en la línea correcta; pero no basta: se requieren mejores leyes que logren un efecto real en dichas bandas delictuales, un mayor apoyo a las Fiscalías y los Tribunales para que sus acciones sean aplicables y ejecutoriadas oportunamente, y se necesita un alineamiento transversal por parte de los diferentes actores políticos, judiciales y sociales para enfrentar esta amenaza unidos y no profundizar en las recriminaciones mutuas que en nada ayudan a avanzar en una solución realmente efectiva.

A su vez, es fundamental, de cara a la ciudadanía, que las autoridades y diferentes líderes de opinión, transmitan un discurso común para todo tipo de delito y no matices dependiendo de la característica de este; se deben perseguir con la misma fuerza el narcotráfico, la corrupción, los delitos tributarios, las asociaciones ilícitas, por nombrar algunos, garantizándole así a la sociedad un compromiso sincero contra las variadas acepciones que hoy se desprender del crimen.