Felipe Vergara Maldonado, Analista político Director de postgrados FEN UNAB.

La tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán es frágil; el conflicto parece resistirse a ser contenido y tal como ocurrió tras el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz por Irán y los ataques israelíes de este lunes, cualquier nuevo acercamiento podría desbaratarse rápidamente si la forma de gestionar las negociaciones y la distancia entre las posiciones de las partes continúan siendo rígidas.

El comportamiento de Donald Trump en procesos de negociación suele generar incertidumbre, sumando presión en fases críticas, incluso mediante acciones militares o retóricas que tensionan el proceso. La consecuencia de este patrón de comportamiento es que se erosiona la confianza entre interlocutores y se debilita cualquier arquitectura diplomática que intente sostenerse en el corto plazo.

A ello se suma la posición de Israel, cuyo historial en procesos de alto al fuego, especialmente en la Franja de Gaza, muestra persistentemente dificultades para traducir compromisos en cumplimiento efectivo. La falta de avances sostenidos en esos escenarios plantea dudas razonables sobre la viabilidad de extender o consolidar acuerdos en otros frentes; la inclusión del Líbano como variable del conflicto adiciona otra capa de complejidad, en la medida en que amplía el teatro de operaciones sin que exista claridad sobre los límites reales del cese de hostilidades.

Desde esta perspectiva, la tregua responde más a una convergencia táctica de intereses que a una coincidencia estratégica. Existe voluntad de evitar una escalada inmediata, pero los puntos de encuentro son limitados y las diferencias estructurales permanecen intactas; esto reduce notablemente las probabilidades de alcanzar acuerdos duraderos en el corto plazo.

El conflicto, además, se ha desarrollado sobre bases que muchos consideran poco sostenibles desde su origen, lo que ha amplificado sus efectos colaterales; la volatilidad en los mercados energéticos es una manifestación directa de ello. La expectativa de un retorno a niveles de estabilidad previos, incluyendo precios del petróleo cercanos a los rangos anteriores a la guerra, se aleja, afectando incluso a los hogares chilenos, ejemplo de ello es el alto IPC de marzo, que solo refleja parte del daño.

En paralelo, el frente interno en Estados Unidos introduce presiones adicionales; las tensiones políticas, tanto dentro del Partido Republicano como en el entorno del movimiento que respalda a Trump (MAGA), condicionan el margen de maniobra de la administración. Esto se traduce en decisiones que, en ocasiones, privilegian consideraciones domésticas por sobre la coherencia de la política exterior.

El resultado es un escenario donde la tregua opera más como un mecanismo de contención temporal, que como una solución. La acumulación de desconfianzas, la superposición de intereses y la ausencia de un marco claro de compromisos verificables configuran un equilibrio inestable; en estas condiciones, más que anticipar una resolución, lo razonable es prever nuevas fases de tensión, interrumpidas por pausas que difícilmente alterarán el curso general del conflicto en el corto plazo.

Felipe Vergara Maldonado, analista político, director de Postgrados FEN, Universidad Andrés Bello Concepción.

La idea de Estados Unidos de anexar Groenlandia tiene como trasfondo una visión geopolítica que entrelaza disuasión estratégica, competencia por recursos críticos y la acelerada reconfiguración del Ártico. Su ubicación es el primer factor: Groenlandia está en la ruta más corta entre América del Norte, Europa y Asia, haciéndola estratégica para tener ventaja en defensa y vigilancia. La base aérea de Pituffik, operada por Estados Unidos desde hace décadas, es esencial para sistemas de alerta temprana y monitoreo espacial; esto muestra que el interés no es nuevo, sino parte de una estrategia que busca garantizar el control de la seguridad en el Ártico.

Un segundo factor son los recursos: Groenlandia posee minerales críticos como tierras raras, fundamentales para tecnologías avanzadas y energías limpias, a medida que el mundo reduce su dependencia del petróleo, estos materiales se vuelven claves; sin embargo, explotarlos no es sencillo debido a las condiciones ambientales, las regulaciones y la oposición local hacen que cualquier proyecto requiera acuerdos sólidos y respeto por la autonomía groenlandesa.

El tercer elemento es el cambio climático: el deshielo abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos, pero también aumenta riesgos ambientales y tensiones políticas; el Ártico no se convertirá en un espacio sin reglas; sigue regido por acuerdos internacionales y por la cooperación entre países. Intentar imponer soberanía sobre Groenlandia rompería ese equilibrio y generaría conflictos innecesarios.

Dinamarca y el gobierno autónomo groenlandés han dejado claro que la isla no es transable; además, cualquier intento de forzar un cambio de estatus sería contrario al derecho internacional y dañaría la imagen de Estados Unidos ante sus aliados.

La alternativa racional es fortalecer la cooperación. Washington puede asegurar sus intereses sin alterar la soberanía a través de la inversión en infraestructura, mejorar capacidades de defensa conjunta y apoyar proyectos civiles que beneficien a la población local; esto no solo refuerza la seguridad, sino que construye confianza y estabilidad en una región cada vez más relevante; pese a ello, la administración Trump ha dejado bastante claro que todo puede modificarse y muchas veces unilateralmente, eso genera un escenario incierto no solo para Groenlandia, sino también para todo el contexto mundial.