El Juzgado de Garantía de Mulchén decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres imputados acusados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas, hechos registrados durante los últimos días en la comuna.

La resolución se adoptó en la audiencia de formalización de la causa, donde el magistrado Mauro Arriagada Torres ordenó el ingreso a prisión de L.A.L.B., M.R.C.O. y C.A.M.B., tras considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, el tribunal fijó en tres meses el plazo de investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se remontan a la noche del 8 de febrero de 2026, cuando las víctimas se encontraban junto a otras personas en un domicilio de Mulchén. Hasta el lugar llegaron los imputados, quienes habrían amenazado al grupo.

Según la investigación, los acusados apuntaron con un arma de fuego a una de las víctimas, le quitaron su teléfono celular y la obligaron a salir del inmueble. En tanto, otras dos personas fueron retenidas al interior de la vivienda bajo amenazas, donde además habrían sido obligadas a realizar distintas acciones, entre ellas la venta de drogas.

La retención se extendió hasta la tarde del martes 10 de febrero, cuando la Policía de Investigaciones ejecutó una orden judicial de entrada y registro autorizada por el tribunal. El procedimiento permitió la detención de los imputados y la incautación de drogas, entre ellas 75,18 gramos de marihuana, 58,16 gramos de pasta base y 42,04 gramos de cocaína.

A estos antecedentes se sumó un nuevo hecho ocurrido el miércoles 11 de febrero, cuando el imputado M.R.C.O., al momento de ingresar al Centro de Detención Preventiva de Mulchén, fue sorprendido por personal de Gendarmería portando 11 pequeñas bolsas con cocaína, las que mantenía ocultas en un calcetín.

Con estos elementos, el tribunal resolvió mantener a los tres imputados en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso.

La Corte de Concepción rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa en contra de la resolución que ordenó la prisión preventiva de Emily Solange Orellana González, imputada por el Ministerio Público como autora del delito frustrado de homicidio. Ilícito perpetrado a fines de mayo, en establecimiento educacional de la comuna de San Pedro de la Paz.

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Hadolff Ascencio Molina, la ministra Claudia Vilches Toro y la abogada (i) Marta Araneda Fraile– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que dejó en privada de libertad a la recurrente.

“Que, del mérito de los antecedentes y de lo sostenido por los intervinientes en estrado, aparece que la resolución fue dictada por juez competente señalado en la ley, en una audiencia citada para efectos de realizar la formalización de la imputada, a la que asistieron los intervinientes, en donde se escuchó al Ministerio Público y a la Defensa”, consigna el fallo.

La resolución agrega que: “Luego, del análisis de la resolución recurrida, se observa que esta se encuentra, aunque escueta, debidamente fundada y estructurada. Del análisis de lo expresado por el juez a quo, se observa que entrega los fundamentos relativos al presupuesto material relativo a la letra a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, analizando los elementos probatorios que fueron esbozados por el persecutor penal, dándolos por reproducidos”.

“A continuación, luego de explicar el presupuesto material, la resolución se abocó a justificar la necesidad de cautela, explicando que la prisión preventiva es la única medida cautelar que puede satisfacerla, todo lo cual justificaría la cautelar por peligro para la seguridad de la sociedad”, añade.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “(…) es necesario recordar que el estándar para decretar una medida cautelar no es el mismo que el necesario para condenar a un imputado, y que este, además, debe considerar la etapa procesal en que se encuentra la causa, en la especie, la investigación se inició recién el 29 de mayo de 2025, por lo que evidentemente, en la medida que transcurra el plazo, el Ministerio Público deberá contar con mayores antecedentes para efectos de poder mantener el cautelar penal más gravosa”.

“En consecuencia, no habiendo precedido obrar ilegal o arbitrario ni lesivo de la garantía constitucional susceptible de tutela mediante la presente acción constitucional de amparo examinada, esta deberá ser rechazada, como así se declarará”, concluye.