● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, expresando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría “un beneficio concreto” para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas “multiespecies” asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías”.

La líder gremial agregó que, “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país”.

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.

· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

Camilo Cornejo Orellana

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello, Concepción

Más de 93 mil millones de pesos se distribuyeron en 2024 a 307 municipios, provenientes del royalty minero, asignación que, sin duda alguna, provoca un efecto positivo para redistribuir y mejorar las condiciones de vida de las familias. Estos fondos se dividen en dos partes, los FET (Fondos de Equidad Territorial), asignado a 300 comunas, y los FCM (Fondo Común Minero), este último se asigna a 43 comunas como medida de compensación del daño medioambiental.

Los recursos se asignan a 307 de 346 comunas del país, 88,73% del total, sin duda, una medida que impacta positivamente, y abarca gran extensión del territorio. Sin embargo, estas asignaciones se deben mirar con precisión. Las comunas de la Región Metropolitana reciben, en promedio por asignación FET, $562 mil millones (28 comunas), en comparativa con el resto del país, $202 mil millones en promedio de FET para 272 comunas del resto del país.

Esto determina un punto muy relevante en el debate sobre la descentralización, considerando que la problemática actual es la asimetría existente a nivel nacional, lo que impacta sobre la calidad de vida de la población, lo cual se asocia no solamente al poder adquisitivo, sino también a la expectativa de vida de una persona. Por lo cual, la correcta asignación es clave para el correcto desarrollo del Estado, y el cumplimiento de su rol como tal.  Pese a que se asignaron los recursos, y pueda ser justificado por densidad poblacional la mayor asignación a comunas de la RM, ¿es viable la asignación directa a los Municipios?

La respuesta es cuestionable, considerando los niveles de corrupción existentes y, sobre todo, el endeudamiento de los Municipios a nivel nacional, que podría implicar su utilización como capital de trabajo necesario para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo, lo que, a pesar de generar un balance positivo de caja, evita lo fundamental, que es incrementar el gasto sobre el desarrollo comunal.

Bajo esta mirada, es que es importante indicar que, a pesar de ser los FET y FCM elementos positivos, deben ser no solamente controlados en su asignación y gasto, sino que también, evaluados, considerando que las necesidades de la población son enormes, y con el presupuesto municipal no alcanza. A lo que es preciso sumar, además, la acumulación de deuda.

Con esto no se busca criticar la asignación, sino más bien, entregar una mirada crítica sobre la efectividad del traspaso, sumado a que siempre se debe tener en cuenta que, las comunas con mayores necesidades de recursos son rurales y en ellas se enfoca la agricultura familiar campesina (como Ercilla con un 48% de la población bajo el umbral de la pobreza). Otro factor que debe ser observado es que hay, en conjunto, una correlación positiva entre comunas con menores recursos y tasas de delincuencia (por ejemplo, las comunas de la Araucanía).

Frente a este escenario es clave entender las necesidades de la población, y de os agricultores, quienes exigen, sin duda alguna, incrementar el gasto en seguridad y desarrollo económico, lo cual es un punto en discusión actualmente. ¿Solución en comunas rurales y agrícolas?, enfocarse en los tres pilares fundamentales, fondos de desarrollo agrícola-campesino que permitan el desarrollo económico y social, incremento en la seguridad, enfocados en delincuencia y terrorismo, e incremento en la transparencia del gasto comunal, que permita asignar a desarrollo y no a una caja chica del gestor de turno.