Dr. Natalia Baeza Contreras, directora de Extensión Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Cada 18 de febrero conmemoramos el Día de la Mujer de las Américas, una fecha que invita a detenernos y reflexionar sobre los procesos históricos, sociales y culturales que han marcado la participación de las mujeres en la vida política, civil, económica y cultural del continente. Esta conmemoración no surge de manera fortuita ni responde a un gesto simbólico aislado. Por el contrario, es el resultado de luchas colectivas impulsadas por mujeres que, desde distintos territorios de América Latina y el Caribe, interpelaron las nociones tradicionales de ciudadanía, derechos y participación en contextos profundamente desiguales.

El origen de esta fecha se remonta al primer tercio del siglo XX, un período marcado por importantes transformaciones sociales y políticas en la región. Un hito fundamental se sitúa en 1923, en el marco de la V Conferencia Internacional Americana, realizada en Santiago de Chile, donde se propuso abolir las incapacidades constitucionales impuestas por razones de sexo. Este impulso inicial se profundizó en 1928, durante la VI Conferencia celebrada en La Habana, Cuba, cuando un grupo organizado de mujeres logró que se aprobara una resolución destinada a crear una instancia permanente de trabajo a nivel continental.

Fue así como, el 18 de febrero de ese año, se fundó la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), convirtiéndose en el primer organismo intergubernamental del mundo dedicado específicamente a la promoción y resguardo de los derechos civiles y políticos de las mujeres en las Américas. Décadas más tarde, en 1982, la Organización de Estados Americanos oficializó esta fecha como el Día de la Mujer de las Américas, consolidando su relevancia histórica y política.

Desde una perspectiva cultural, esta conmemoración permite visibilizar a las mujeres como agentes fundamentales en la construcción de identidades, memorias y prácticas sociales, aun cuando sus aportes han sido, por largo tiempo, invisibilizados o relegados a un segundo plano. Los avances alcanzados desde la instauración de esta fecha son significativos: un mayor acceso a la educación superior, el reconocimiento progresivo de derechos civiles y políticos, una presencia creciente en espacios de toma de decisiones y una gradual institucionalización de los enfoques de género en ámbitos como las políticas públicas, la educación y la cultura.

En este sentido, la cultura, entendida en su sentido amplio, se configura como un espacio de co-construcción social donde se producen significados, saberes y prácticas que inciden directamente en la forma en que comprendemos el pasado y enfrentamos el presente. Conmemoraciones como el 18 de febrero abren oportunidades para resignificar roles, fortalecer el pensamiento crítico y promover reflexiones colectivas que permitan analizar los desafíos actuales en materia de igualdad y justicia social.

Así, conmemorar el Día de la Mujer de las Américas desde instituciones culturales y universitarias implica asumir una mirada crítica y comprometida con el tiempo que habitamos. Supone reconocer los caminos recorridos, valorar las luchas que nos preceden y renovar, de manera constante, el compromiso por avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática para las generaciones presentes y futuras.

Roxana Zuleta Bravo

Académica Trabajo Social.

Universidad Andrés Bello.

Chile es un país discriminador con todo aquello que el discurso sociocultural e ideológico dominante ha establecido como de menor valoración, afectando negativamente a personas, grupos y comunidades. Esto se refleja en múltiples ámbitos: el barrio o comuna donde se vive, la institución educativa a la que se asiste, la profesión u oficio que se ejerce, el apellido o la familia de origen, el género, la identidad y orientación sexual, la edad, enfermedades que se padecen, la presencia discapacidad o necesidad educativa especial e, incluso, la forma de vestir o hablar. Marcando el prejuicio y la exclusión profundas desigualdades en nuestra sociedad.

Está presente en nuestra vida cotidiana, manifestándose en el espacio público y privado, y puede ejercerse de manera directa, encubierta o simbólica, reflejando los valores de una sociedad neoliberal que mide el reconocimiento humano según el estatus y la posesión material. En este contexto, el mundo adulto se impone como eje central, relegando a las niñeces y juventudes; lo masculino se privilegia sobre lo femenino, negando la igualdad en la diversidad de género; y se exalta la juventud y la productividad, menospreciando la experiencia, la sabiduría y la tercera edad.

Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022, el 42,1% de la población considera que los derechos de las personas mayores no son respetados, seguido de las personas transexuales (32,9%), homosexuales y lesbianas (32,6%) y las personas con discapacidad quienes en un 50,8% no finaliza la educación media y tiene barreras para acceder al empleo, con 43% de activos laboralmente, en contraste con el 68% de la población sin discapacidad.

Por otro lado, la Segunda Consulta Nacional de Discriminación (2021), realizada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señala que los grupos más afectados son los pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, adultos mayores, homosexuales, lesbianas, migrantes, mujeres y personas con discapacidad. Y los principales espacios donde ocurre esta discriminación son la vía pública, los lugares de trabajo, los servicios de salud como hospitales y CESFAM, y el transporte público en general.

El 1 de marzo fue proclamado por la ONU como el Día de la Cero Discriminación, para promover el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, sin distinción de origen o condición. En Chile, la Ley N°20.609, o Ley Zamudio, establece medidas contra la discriminación arbitraria, definida como cualquier distinción o exclusión sin justificación razonable, basada en factores como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, maternidad, género, orientación sexual, edad, discapacidad, opinión, participación política o creencias, entre otras a considerar. Esta discriminación puede ser ejercida tanto por el Estado como por particulares, siempre que vulnere derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en la Constitución chilena se observa “falta de reconocimiento y protección judicial de algunos derechos humanos, particularmente en la obligación del Estado sobre el principio de igualdad y no discriminación, lo que afecta el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA). Por ello, instó al Estado a fortalecer su compromiso con estos derechos, promoviendo la igualdad, la participación ciudadana y la inclusión social. (INDH, 2023)

Enfrentar estas prácticas profundamente arraigadas es un desafío complejo, pero no imposible y más allá de la legislación, la educación es clave. Fomentar la convivencia en la diversidad, promoviendo la empatía y el respeto mutuo, y aplicar el principio de “tratar a los demás como nos gustaría ser tratados” son pasos fundamentales. Aunque estos cambios no transformen el mundo de inmediato, sí generan un impacto positivo y multiplicador en los entornos en los que cada persona se desenvuelve.

Finalmente, como lo planteó el profesor Humberto Maturana, “Si queremos convivir, tenemos que ser honestos, no mentir, tratarnos como iguales, aunque seamos distintos, como equivalentes, aunque seamos diferentes. Somos miembros de una comunidad y participamos en lo que se está generando allí”.