● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, expresando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría “un beneficio concreto” para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas “multiespecies” asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías”.

La líder gremial agregó que, “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país”.

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.

Según el material difundido, “¡una ley que fue aplaudida en todo el mundo!” vio la luz en 2008, con la promulgación de la Ley 20.249 que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Esta legislación surgió desde la lucha de las comunidades mapuche-lafkenche, marcando un precedente en la defensa del mar como fuente de vida y cultura.

El especial reseña que entre 2010 y 2015 se presentaron las primeras solicitudes de espacios costeros en Mehuín, Tirúa, San Juan de la Costa, Hualaihué y Chiloé por parte de comunidades mapuche. Posteriormente, en 2015, SUBPESCA entregó el primer espacio costero a la comunidad indígena de Punta Capitanes, en Fresia, región de Los Lagos.

En 2017, nuevas solicitudes fueron ingresadas por la Comunidad Kawesqar y la Comunidad Diaguita, mientras que en 2019 se aprobó un ECMPO en Tirúa con una extensión de 12 millas marinas. Más tarde, en 2022, la Comunidad Chango presentó su primera solicitud, consolidando así la presencia de diversos pueblos en este marco legal.

La publicación también recordó que la Ley Lafkenche ha sido reconocida internacionalmente por la ONU como un modelo alineado con el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando su valor para la protección de la biodiversidad y la preservación de tradiciones culturales vinculadas al mar.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el período 2024-2025, la industria salmonera impulsó una ofensiva contra los espacios costeros, logrando rechazar solicitudes en Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, mientras en el Congreso se tramitaron proyectos de ley para modificar los ECMPO, generando amplio rechazo de comunidades y observadores internacionales.

La cronología concluye con el hito de 2025, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el intento de modificar la Ley 20.249 a través de la ley de presupuestos, reafirmando la vigencia del marco legal que protege los derechos costeros indígenas.

“Hoy, la Ley Lafkenche sigue siendo un símbolo de lucha y orgullo”, destaca el especial, reafirmando que su legado permanece vivo gracias a la fuerza de los pueblos que defienden el mar, su identidad y su futuro.

Mira a continuación la publicación original de Espacios Costeros sobre hitos de la Ley Lafkenche

Con estas acciones, el Gobierno busca contribuir a incrementar el consumo de productos del mar en el país, que actualmente corresponde a 17,54 kilos por persona (2022). Así también, el desafío planteado por el proyecto de Nueva Ley de Pesca, impulsado por el Ejecutivo, pretende aumentar la actual cifra de consumo y se busca alcanzar los 20 kg promedio mundial al año 2027. Lo anterior, se materializaría mediante un aumento considerable de las cuotas de pesca destinadas a consumo humano y fortaleciendo la cadena de valor de los recursos.

“Lo que hoy firmamos junto a JUNAEB constituye un paso importante en ir cerrando brechas históricas para materializar un anhelo del sector pesquero y de la misma pesca artesanal: contribuir de manera concreta al sistema de alimentación escolar público”, indicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

Adicionalmente, Salas agregó que fortalecer el consumo humano directo y la pesca artesanal implica también “fortalecer una actividad de gran importancia social, económica y cultural, que se manifiesta principalmente por su contribución a la fuerza laboral, a las economías territoriales y al abastecimiento de productos pesqueros para consumo en fresco”. En esta línea, el subsecretario relevó la importancia de los más de 92 mil pescadores y sus familias, las más de 12.500 embarcaciones en el país que dan vida al sector. “Es una actividad que va mucho más allá del valor económico que genera, sino también genera arraigo cultural con nuestras propias raíces. Por eso, este convenio es un anhelo que por años han manifestado nuestros pescadores artesanales”, precisó Salas.

Junaeb, a través de su Programa de Alimentación Escolar (PAE), es la principal institución del mercado público compradora de alimentos. Con uno de los presupuestos más grande del Estado, después de Obras Públicas, entrega diariamente servicios de desayuno, almuerzo, once, colaciones y cena, según corresponda, a alumnos de todo el país. En esta línea, la autoridad máxima de Junaeb señaló que desde el año 2023 se ha incentivado a las empresas licitadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que adquieran altos volúmenes de productos marinos, como, por ejemplo, casi una tonelada mensual de pescados, mariscos y algas, los que, de adquirirse a pescadores artesanales, impulsarán significativamente las economías locales.

“Me siento muy orgullosa, porque crecí a un par de cuadras de este colegio, conozco muy bien este lugar, conozco muy de cerca la educación pública. Junaeb lleva 60 años entregando alimentación a muchos niños, niñas y generaciones que hoy son adultos. Hoy estamos haciendo cambios, nosotros queremos que las y los estudiantes se coman la comida que estamos entregando, y para eso queremos que la comida sea mucho más fresca y nutritiva. Ya partimos con la agricultura familiar campesina, eso significa que la fruta y las verduras que llegan a las escuelas son más frescas, directamente del campo. En Chile tenemos una costa enorme, queremos que esos pescados y productos del mar llegue a las cocinas, lleguen a las escuelas para que ustedes puedan comer de forma sana y nutritiva”, sostuvo la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio.

La autoridad máxima de Junaeb, también agregó “quiero agradecer al subsecretario de Pesca por hacer posible esta alianza, y de esa forma apoyar a la pesca artesanal para que los niños y niñas se alimenten adecuadamente con los productos del mar”.

Por último, las autoridades de Gobierno afirmaron que con el convenio “Del Mar a tu Escuela”, Junaeb y Subpesca se comprometen a fortalecer sus relaciones en colaboración técnica, proyectos de estudio, diagnósticos, intercambios y asistencia en sus áreas de interés común.