La lamentable situación que vivió una joven Down y su familia, donde se dio a conocer el apercibimiento de la posible responsable, cobra especial relevancia este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, recordando que aún existen desafíos en materia de respeto e inclusión.

Un hecho que invita a la reflexión social se conoció en Talcahuano, luego que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmara que una mujer quedó apercibida tras ser vinculada a amenazas dirigidas a una menor con síndrome de Down.

La situación fue denunciada por la madre de la niña, quien difundió una carta con mensajes intimidatorios, lo que permitió activar una investigación en coordinación con el Ministerio Público. A partir de diligencias en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y peritajes, la PDI logró ubicar a una mujer adulta que inicialmente se presentó como testigo.

Sin embargo, durante su declaración, se detectaron inconsistencias y la propia mujer reconoció haber escrito la carta, señalando que su intención habría sido “alertar” a la menor.

El subprefecto Hugo Cristi Cavieres, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Talcahuano, explicó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó dejar a la mujer apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. Además, se establecieron medidas de protección para la víctima y su familia, incluyendo la prohibición de acercamiento, y se incautaron dispositivos electrónicos para avanzar en la investigación.

El reciente caso, que indignó al Biobío y al país, coincide con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que promueve la inclusión y el respeto. En ese contexto, lo ocurrido evidencia que, pese a los avances en conciencia social, aún existen situaciones que invitan a reforzar el trabajo en educación, empatía y protección hacia niños, niñas y adolescentes.

La autora fue captada por cámaras de seguridad dejando la misiva en el domicilio familiar; el contenido ha generado repudio por sus insultos y el nivel de agresividad contra la menor.

Profunda indignación ha generado el caso de una mujer que, en Talcahuano, dejó una carta con duros y ofensivos mensajes en la casa de una familia cuya hija, una adolescente con síndrome de Down, recién se integraba a un establecimiento educacional.

La situación salió a la luz luego que la madre de la joven, Karin Morales, denunciara públicamente el hecho, detallando que su hija solo alcanzó a asistir nueve días a clases antes de recibir el impactante mensaje, que terminó afectando directamente su continuidad escolar.

La carta, cuyo contenido ha sido ampliamente repudiado, no solo contiene críticas, sino expresiones de alto nivel de crueldad hacia la condición de la adolescente y su entorno familiar y un evidente recentimiento respecto del amor, cariño y orgullo que expresa la madre por su hija en espacios públicos.

Pero lo que más ha generado conmoción es que el mensaje deja entrever un rechazo directo al ambiente familiar de la menor, cuestionando incluso el amor, el orgullo y la felicidad que la madre expresa hacia su hija.

El hecho no quedó en el anonimato total. La mujer que llevó la carta hasta el domicilio fue registrada por cámaras de seguridad del sector, lo que ha abierto una línea investigativa para dar con su identidad y esclarecer si actuó sola o por encargo de terceros.

Karin Morales relató que, tras recibir la carta, decidió realizar una denuncia tanto en la Fiscalía como en el establecimiento educacional, manifestando su preocupación por la seguridad de su hija.

“No sabemos quién es la persona, no la conozco, en el liceo también dice que no les parece una persona conocida entonces no sabemos el móvil de la persona de venir a dejar la carta, si es ella quien la escribió, si es alguien que la mandó a ella, no sabemos absolutamente nada y mucho menos el porqué”, señaló la madre en declaraciones a Chilevisión.

El impacto emocional del hecho fue inmediato. La adolescente dejó de asistir a clases, mientras la familia enfrenta la incertidumbre sobre quién está detrás de este acto y cuáles fueron sus motivaciones.

El caso ha generado una ola de rechazo en redes sociales y entre organizaciones vinculadas a la inclusión, instalando nuevamente el debate sobre la discriminación, el odio y la violencia simbólica hacia personas con síndrome de Down y sus familias.

La investigación se encuentra en curso, mientras la familia espera que se logre identificar a la responsable y se determinen eventuales responsabilidades por un hecho que ha sido calificado como profundamente ofensivo e inaceptable.

El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa y ratificó la pena de cárcel efectiva, multa y suspensión de licencia por dos años.

La Corte Suprema puso punto final a un caso de conducción en estado de ebriedad ocurrido en Talcahuano, al confirmar la condena contra Luis Waldo Quinteros Escobar, quien deberá cumplir 61 días de presidio efectivo, además de enfrentar sanciones económicas y la suspensión de su licencia de conducir.

En fallo unánime (causa rol 28.512-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal desestimó el recurso de nulidad presentado por la defensa, validando íntegramente la sentencia dictada previamente en procedimiento simplificado por el tribunal de garantía.

El condenado fue hallado culpable de manejar un vehículo motorizado en estado de ebriedad en julio de 2023, en la comuna de Talcahuano, lo que derivó en la aplicación de una pena que incluye, además, la suspensión de todo cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de dos UTM y la suspensión de su licencia por dos años.

La defensa intentó anular el fallo argumentando que la sentencia no había sido correctamente registrada, sin embargo, la Corte Suprema descartó esta tesis. “La sentencia (…) se encuentra íntegramente registrada y firmada en el respectivo sistema informático en la misma fecha que se dictó”, sostuvo el máximo tribunal.

Asimismo, la resolución enfatizó que no existió ninguna vulneración de garantías procesales, ya que el fallo quedó debidamente documentado y disponible, cumpliendo con las exigencias legales.

“Contrariamente a lo sostenido por el recurrente (…) no se configura la omisión que habría vulnerado alguna garantía del sentenciado”, concluye el dictamen.

Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma la validez del proceso judicial y endurece la señal frente a delitos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, cerrando definitivamente el caso ocurrido en la comuna puerto del Biobío.

Con una inversión superior a los 38 mil millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas superó la meta presidencial de habilitar 100 Puntos de Posada de Helicópteros al término del actual gobierno, alcanzando a la fecha 110 plataformas operativas en el país. La proyección es llegar a 250 al año 2030, consolidando una red aérea de soporte para emergencias.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó la finalización del nuevo Punto de Posada de Emergencia para Helicópteros en el aeródromo de Panguilemo, en la Región del Maule, instancia donde destacó que la Dirección de Aeropuertos cumplió el compromiso presidencial fijado para marzo de 2026.

“Son 110 puntos de conectividad, puntos de seguridad para una mejor vida para todos los habitantes, para labores policiales, de investigación, aeromédicas y para conectividad, sobre todo en situaciones de emergencia”, señaló la secretaria de Estado, agregando que “hay que seguir con este programa hasta superar los 200. Ese es el desafío”.

En la Región del Biobío, la red considera seis plataformas emplazadas en el Aeródromo de Los Ángeles —con tres puntos—, además del aeródromo de Lebu, la Comisaría de Los Álamos y la Base Naval de Talcahuano, infraestructuras que permiten fortalecer evacuaciones aeromédicas, combate de incendios forestales y operaciones de rescate.

El programa ISAE fue creado en 2022 para multiplicar esta infraestructura, priorizando regiones con mayores brechas de conectividad territorial.

A nivel nacional, la red se distribuye en Arica y Parinacota (6), Tarapacá (14), Antofagasta (12), Atacama (7), Coquimbo (12), Valparaíso (6), Maule (4), Ñuble (2), Araucanía (8), Los Ríos (5), Los Lagos (13), Aysén (8) y Magallanes (8).

Tenía 20 años y se preparaba para iniciar sus estudios de Derecho. Cuatro personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el crimen, dos de ellas enfrentarán cargos por homicidio calificado.

La madrugada del 1 de enero de 2026 terminó de forma trágica para Cristóbal Miranda Olivares, un joven de 20 años, oriundo de la comuna de Coronel, quien falleció tras ser brutalmente agredido durante una fiesta de Año Nuevo en el Centro de Eventos Espacio Marina, en Talcahuano, Región del Biobío. El hecho provocó profundo impacto y conmoción en la comunidad regional.

Cristóbal se encontraba a las puertas de una nueva etapa en su vida. Había decidido comenzar el año estudiando Derecho en la Universidad del Desarrollo, una decisión que llenaba de orgullo a su familia y cercanos. Antes de ello, había cursado un semestre en la Escuela de Oficiales de Carabineros, experiencia que, según relatan quienes lo conocían, marcó su vocación de servicio y compromiso social.

La noche del ataque, el joven quiso mantener una tradición que conservaba desde su etapa escolar: recibir el Año Nuevo junto a sus compañeros de colegio. Pese a haber estado delicado de salud en los días previos, no quiso perderse ese reencuentro que tenía para él un profundo significado emocional.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó en tragedia. En el contexto de la fiesta “Lion Dubai 2026”, Cristóbal fue golpeado violentamente con pies y puños, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico grave. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Biobío, donde permaneció en riesgo vital durante casi tres días. Pese a los esfuerzos del equipo médico, finalmente falleció.

Detenidos por el crimen

En las últimas horas, Carabineros confirmó la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en la golpiza que terminó con la vida del joven. Las detenciones se concretaron tras órdenes judiciales ejecutadas en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz.

Los imputados fueron identificados como León Agustín Flores Basáez, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero, Agustín Pablo Saavedra Opazo y un menor de edad de 17 años, identificado con las iniciales C. A. S. F.

De acuerdo con antecedentes policiales y judiciales, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero y Agustín Pablo Saavedra Opazo serán formalizados por el delito de homicidio calificado. En tanto, los otros dos imputados, incluido el menor de edad, quedaron en libertad a la espera de citación por otra causa, la cual será vista en el Juzgado de Garantía de Concepción.

La formalización de los dos principales imputados se realizará este lunes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Un conflicto previo

Según información recabada, la agresión tendría su origen en un conflicto previo, ocurrido días antes, derivado de un presunto problema sentimental. Aquella riña no se habría resuelto y se reactivó durante la madrugada de Año Nuevo, desencadenando el ataque grupal.

La madre de Cristóbal calificó lo ocurrido como “el ataque de una jauría de delincuentes”, reflejando el profundo dolor de una familia que perdió a su hijo en circunstancias violentas e irreparables.

Cristóbal Miranda Olivares tenía proyectos, sueños y una vida que recién comenzaba. Su muerte dejó un vacío profundo en su familia, amistades y en toda una comunidad que hoy exige verdad, justicia y responsabilidades claras frente a un crimen que empañó el inicio del año.

Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia que condenó a Bastián Alexis Astudillo Valenzuela a la pena de 541 días de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de porte ilegal de municiones. Ilícito perpetrado en octubre de 2022, en la comuna de Talcahuano.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia que condenó a Bastián Alexis Astudillo Valenzuela a la pena de 541 días de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de porte ilegal de municiones. Ilícito perpetrado en octubre de 2022, en la comuna de Talcahuano.

En fallo de mayoría (causa rol 49.677-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– descartó infracción al debido proceso en el control vehicular practicado por la policía a Astudillo Valenzuela.

“Que, en primer lugar, cabe recordar que el artículo 4 de la Ley N°18.290 faculta a Carabineros para supervigilar el cumplimiento de las disposiciones que dicha ley establece. Asimismo, el artículo 6 de la misma ley señala que los conductores de vehículos motorizados deben llevar consigo su licencia y un certificado de seguro obligatorio de accidentes, los que pueden ser requeridos por la autoridad fiscalizadora. De esta forma, resulta claro que los funcionarios policiales están facultados para requerir la documentación de un vehículo y los elementos de seguridad que la ley exige para una conducción segura”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, una vez zanjado la anterior, es conveniente precisar que de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia, aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios de Carabineros se ajustó a derecho, toda vez que resulta perfectamente legítimo que, en el marco de un control vehicular, en que mientras los funcionarios policiales pedían los documentos al conductor, uno de ellos haya sentido que desde el interior del vehículo emanaba olor a marihuana, circunstancia que determinó que el jefe de la patrulla preguntara al fiscalizado si tenía droga en el interior del móvil, ante lo cual entregó voluntariamente una bolsa de nylon que contenía una sustancia vegetal de color verde que les impresionó a la que había sido percibida momentos antes. A continuación, el conductor descendió del vehículo y los funcionarios policiales procedieron a su registro, encontrando en el posavasos dos municiones 9 mm, objeto del juicio”.

“De lo anterior se sigue que, ante el olor a marihuana percibido por el jefe de la patrulla que se acercó al automóvil para fiscalizar a su conductor, los funcionarios policiales se encontraran facultados para, en el marco de un control de identidad amparado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, registrar el vehículo, toda vez que tal circunstancia, analizada en su conjunto, constituyen un indicio suficiente que fue tenido en vista por los agentes policiales para presumir que el imputado había cometido un delito o se aprestaba a cometerlo”, añade.

“Así por lo demás lo ha resuelto con anterioridad esta Corte, entre otros, en los pronunciamientos Rol N°35.167-2017, de 23 de agosto de 2017, Rol N°79.969-2021, de 23 de febrero de 2022; Rol N°67.071-2022, de dos de mayo de 2023”, acota.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, en cuanto a la infracción al derecho a guardar silencio del acusado, fundado en una pregunta que le fuera formulada por los funcionarios policiales mientras practicaban el control vehicular, que la defensa califica de índole investigativa, también será desestimada”.

“En efecto –prosigue–, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos en la sentencia los que resultan inamovibles para esta Corte, en atención a la causal de nulidad en análisis, aparece que los funcionarios policiales actuantes, en el contexto de una fiscalización amparada por la Ley del Tránsito, tras percibir uno de ellos un fuerte olor a marihuana que provenía desde el interior del móvil fiscalizado, preguntó a su conductor ‘si tenía droga al interior del vehículo, ante lo cual entregó voluntariamente una bolsa de nylon que contenía una sustancia vegetal de color verde…’, según fue consignado en el fundamento noveno de la sentencia impugnada”.

“Luego, esta Corte comparte lo argumentado en el basamento décimo cuarto por los juzgadores de la instancia para desestimar tal protesta, toda vez que la circunstancia de haberse consultado al acusado si tenía droga en el interior del automóvil, no configura un interrogatorio propiamente tal, que vulnere el estatuto de garantías –como se ha planteado por la defensa–, sino que más bien se trata una consulta efectuada por el agente policial dentro de las actividades mínimas permitidas en el contexto de la fiscalización propia de la Ley del Tránsito, y que se dirigía a obtener la confirmación de lo que había sido percibido por el mismo funcionario de Carabineros momentos antes, un fuerte olor a marihuana que surgía desde el interior del automóvil, indicio que por sí solo autorizaba a los agentes a practicar un control de identidad investigativo que conllevaría al registro del acusado y del vehículo que conducía”, aclara la resolución.

“Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19° de la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que no queda sino rechazar el recurso en análisis”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Bastián Alexis Astudillo Valenzuela, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción el trece de septiembre de dos mil veinticuatro, en la causa RUC Nº2.200.985.929-6, RIT N°74-2024, y el juicio oral que le precedió, los que, por ende, no son nulos”.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Llanos, quien estuvo por acoger la causal de nulidad principal.

En materia sanitaria, estos productos no cuentan con la trazabilidad necesaria para garantizar su inocuidad, así como tampoco se puede asegurar la correcta cadena de frío para la conservación. Esto hace que puedan aumentar los patógenos presentes en el pescado, incluyendo bacterias termoestables, es decir, que no se van a destruir con la cocción y, por lo tanto, van a producir reacciones gastrointestinales como son las intoxicaciones alimentarias.

Por otro lado, las especies podrían llegar a estar contaminadas con elementos como mercurio altamente riesgoso en niños, personas mayores y embarazadas. Finalmente, el comprar pescados robados en el país tiene sanciones que van desde multas graves a incluso días de presidio.

Constanza Bugmann Pinto

Académica Nutrición y Dietética UNAB

Las oficinas que cerrarán se ubican en las siguientes comunas:

• Arica. 11:00 AM

• Iquique. 11:00 AM

• Antofagasta. 11:00 AM

• Tocopilla.11:00 AM

• Taltal. 11:00 AM

• Mejillones. 11:00 AM

• Huasco. 11:00 AM

• Caldera. 11:00 AM

• Coquimbo. 11:00 AM

• Los Vilos.11:00 AM

• Viña del Mar. 10:00 AM

• Pichilemu. 10:00 AM

• Navidad. Cerrada.

• Constitución. 12:00 AM

• Pelluhue. 12:00 AM

• Cobquecura. 12:00 AM

• Tomé. 12:00 AM

• Talcahuano. 12:00 AM

• Coronel. 12:00 AM

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Seguiremos informando oportunamente a través de nuestros canales oficiales.

En caso de consultas, diríjase a nuestro número de atención gratuito 800 800 767; la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click o el número de Whatsapp +569 89568479.

Consejo

“CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de Twitter @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de Whatsapp +569 89568479”.

A un minucioso plan de ejercicios y nutrición se somete la Quinta Compañía de Bomberos de Rescate de Talcahuano en lo que junto a la sede local de la Universidad Andrés Bello bautizaron como “Misión Rojo Fuego: Salud y Competencia”. Por cuatro meses, 35 integrantes de esa unidad perfeccionarán sus habilidades técnicas en el combate contra incendios, integrando prácticas para mantener su salud física y mental bajo las exigentes condiciones de su trabajo.

El proyecto de Vinculación con el Medio UNAB se lleva a cabo gracias a una colaboración entre las carreras de Entrenador Deportivo y Nutrición y Dietética de la casa de estudios y busca optimizar la preparación física y mental de los voluntarios especializados en rescate vehicular, en alturas y otros no tradicionales.

Este grupo de voluntarios en particular, detalla María Elena Seguel, encargada del proyecto y académico UNAB, “enfrenta demandas físicas extremas, caracterizadas por la activación inmediata y máxima del cuerpo en situaciones de emergencia. Esto representa un riesgo significativo para la salud cuando existe un nivel de condición física deficiente. Asimismo, se detectó la necesidad de preparación específica para competencias de alto nivel, lo que exige un acompañamiento profesional tanto en entrenamiento como en nutrición”.

Alta exigencia

El programa está diseñado para atender las diversas necesidades de los voluntarios, abarcando dos áreas diferenciadas. Por un lado, el grupo de bomberos que busca mejorar su condición física general y, por otro, aquellos seleccionados para representar a la compañía en competencias internacionales de habilidades y destrezas bomberiles.

En el primer caso, el entrenamiento se centra en mejorar la salud cardiovascular, la fuerza funcional y los hábitos de vida saludables, mientras que el segundo grupo, de 10 bomberos, sigue un plan avanzado que incluye un trabajo más intensivo en fuerza, resistencia y coordinación, acompañado de un plan nutricional adaptado a sus objetivos competitivos en que participa la medallista de oro en pesa rusa y académica UNAB, Rocío Muñoz, y estudiantes UNAB. La rutina de entrenamiento incluye ejercicios intercalados de alta intensidad, trabajo técnico, correcciones posturales y ejercicios con peso externo para aumentar la exigencia física.

Jorge Ogalde, director de la Quinta Compañía de Bomberos de Talcahuano, detalla que la preparación física es crucial para la labor de los rescatistas, que se enfrentan a condiciones extenuantes en la extracción de personas desde vehículos involucrados en colisiones de alta energía, en las que el procedimiento puede extenderse por una hora o más, con herramientas de corte o separación de metales que pueden pesar cerca de 20 kilos.

Solo en vestuario, por ejemplo, cargan más de 15 kilos, las botas pesan de 2 a 3 kg, el casco aproximadamente 1,6 ky la chaqueta y el pantalón aproximadamente 11 kg. En cuanto a los equipos de rescate, deben portar el expansor (21 kg), la cizalla (23 kg) y los equipos de respiración (entre 8 y 10 kg). Además, en situaciones de incendio o rescate vehicular, pueden cargar mangueras presurizadas o herramientas adicionales.

“Hemos visto cómo el esfuerzo extremo puede derivar en problemas como lesiones musculares, por ejemplo. Es fundamental que nuestros bomberos tengan una preparación física adecuada para enfrentar estas demandas de nuestra manera laboral efectiva”, describe Ogalde. Por esto, “el aumento de la capacidad cardiovascular, la fuerza y la resistencia muscular, además de hábitos saludables, son vitales no solo para el rendimiento, sino también para minimizar los riesgos que enfrentamos en cada intervención y como resultado de nuestra función”, agrega.

El programa realizado en el Polideportivo UNAB también considera la diversidad etaria de los participantes, que varía entre los 18 y los 60 años, teniendo en cuenta las diferentes necesidades físicas de cada uno. Esto asegura que los entrenamientos y los planos nutricionales sean personalizados, permitiendo a cada bombero, independientemente de su edad, mejorar su condición física y mantenerla durante su carrera.

En la audiencia de formalización (causa rol 2.373-2025), el magistrado Felipe Norambuena Barrales ordenó el ingreso en prisión de Jarpa Ramírez por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la indagatoria. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, entre las 11 y 12 horas del martes 17 de junio de 2025, en la casa que compartían, ubicado en la población Santa Marta, comuna de Talcahuano, el imputado golpeó de forma reiterada al hijo de su conviviente, un menor de 10 años de edad diagnosticado con trastorno del espectro autista severo, con un objeto contundente en torso, abdomen y brazos. Luego se montó sobre el niño y le apretó en cuello con fuerza hasta provocarle la muerte por asfixia mecánica por compresión cervical. Además, la víctima presentaba fracturas costales y lesiones en hígado y páncreas, necesariamente mortales.