La reciente propuesta del gobierno de subsidiar las tarifas eléctricas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) busca aliviar las cargas económicas del sector en un contexto de alta inflación y una economía en recuperación. Sin embargo, surge la pregunta de si estos subsidios son soluciones estructurales o meros parches temporales.

Las pymes son clave en la economía de Chile, generando gran parte del empleo. Sin embargo, enfrentan desventajas en acceso a financiamiento, trámites y costos operativos, siendo las tarifas energéticas uno de los mayores desafíos. Las alzas en los precios de la energía, impulsadas por factores globales y la transición energética, han afectado desproporcionadamente a este sector. Un subsidio podría ofrecer un alivio inmediato, pero su efectividad dependerá de cómo se determine quién califica y de la sostenibilidad fiscal en un escenario de estrechez presupuestaria. Este tipo de ayudas podría ser solo un “pan para hoy y hambre para mañana”.

Más allá de los subsidios, falta una estrategia a largo plazo para reducir los costos energéticos estructurales. Aunque Chile ha avanzado en energías renovables, la transición es lenta y no se traduce necesariamente en menores costos. También persisten problemas como la falta de regulación competitiva y la insuficiencia de infraestructura. Las pymes necesitan un entorno estable y predecible para planificar sin temor a alzas inesperadas.

El gobierno tiene la oportunidad de comprometerse con reformas estructurales que promuevan la competencia y una transición eficiente a energías limpias, apoyando verdaderamente a las pymes para competir en un mercado globalizado. El subsidio es un paso, pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos resolviendo el problema o solo posponiéndolo?

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación UNAB

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

A partir del 1 de octubre de 2024, los hogares chilenos enfrentaran una nueva alza en las tarifas eléctricas, con un incremento del 23% según lo anunciado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este ajuste, proceso derivado del descongelamiento de las tarifas iniciado en julio, ha generado preocupación en un contexto donde las familias y las empresas ya enfrentan presiones económicas por la inflación y los altos costos de vida. Por tanto, este tema requiere una reflexión sobre su origen, sus consecuencias y las alternativas que tenemos como país para mitigar estos efectos.

El origen del alza se debe al cese de las medidas de congelamiento tarifario implementadas en los últimos años, que surgieron como respuesta a la pandemia y su impacto en los hogares. Si bien esta decisión logró contener temporalmente los costos energéticos, hoy el mercado eléctrico se enfrenta a la necesidad de ajustar las tarifas a niveles más acordes con los costos de generación y distribución. Estos costos, además, se han visto presionados por una combinación de factores, incluidos los precios internacionales de los combustibles, el tipo de cambio y los desafíos asociados a la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Para los hogares, este ajuste en las tarifas se produce en un momento especialmente complicado. Los datos recientes muestran que muchas familias están dedicando una proporción creciente de sus ingresos a gastos esenciales, como alimentos y transporte. El aumento de las tarifas eléctricas podría profundizar las desigualdades económicas, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Aquí es donde el rol del Estado se vuelve crucial: es necesario considerar políticas de apoyo directo, como subsidios o mecanismos de tarifa social, para mitigar el impacto en los más afectados.

Finalmente, no podemos ignorar el desafío estructural que representa la dependencia de las energías tradicionales en la matriz energética chilena. A pesar de los avances en energía solar y eólica, la transición hacia una matriz completamente sustentable ha sido lenta. La volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles y la creciente demanda energética plantean interrogantes sobre la resiliencia del sistema eléctrico chileno. En ese sentido, se hace urgente acelerar los proyectos de inversión en energías limpias, no solo como una respuesta al cambio climático, sino también como una estrategia para garantizar la estabilidad de los precios a largo plazo.