De acuerdo con el informe presentado este lunes en el lanzamiento de OCRIT en la Región se evidencia un crecimiento sostenido en delitos vinculados al crimen organizado. Homicidios, porte ilegal de armas y secuestros registraron alzas significativas.

La Región del Biobío enfrenta un escenario preocupante en materia de seguridad. Durante la última década, los delitos asociados al crimen organizado experimentaron un incremento significativo, fenómeno que el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello analizó este lunes en su lanzamiento regional a través de su estudio: “La Radiografía de la Seguridad 2014-2024 de la Región del Biobío: desafíos a la luz del Ministerio de Seguridad Pública”.

El informe reveló un alza de un 128% en homicidios, 63% en porte ilegal de armas y explosivos, y un 42% en secuestros, además de un aumento en extorsiones, un delito hasta hace poco inusual en la zona. Los datos presentados a las instituciones de seguridad regional fueron analizados en la ocasión por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, Pablo Zeballos, experto en Seguridad Pública y el abogado y coordinador de la OCRIT, Pablo Urquízar.

Para Urquízar estos datos reflejan un cambio radical en el mapa criminal regional y nacional. “El incremento de delitos violentos como homicidios, secuestros, porte de armas y extorsiones no solo intensifica la crisis de inseguridad, sino que exige un cambio en la política pública y la gestión de seguridad”, afirmó.

Violencia territorial y cárceles

Zeballos, en tanto, profundizó en la realidad del fenómeno en el Biobío. Destacó que la transformación del crimen organizado se ha gestado en los recintos penitenciarios, espacios que han dejado de ser lugares de castigo para convertirse en centros de gobernanza criminal donde se genera y exporta violencia. “Las cárceles ya no contienen el problema, sino que se transforman en centros del control territorial”, explicó.

Zeballos alertó que este fenómeno se combina con la entrada de estructuras criminales extranjeras, que introdujeron nuevos métodos violentos y de control simbólico. Estas organizaciones utilizan la violencia irracional y extrema —como disparar decenas de tiros a una persona, como lo ocurrió este fin de semana|— para demostrar poder y dominar territorios. En la región, además, hay una lógica de subcontratación entre redes locales y extranjeras, lo que complejiza aún más la dinámica delictiva.

Múltiples formas de crimen organizado

El Biobío exhibe características particulares que agravan el problema. La violencia rural, con episodios que afectan zonas periféricas y comunidades menos urbanizadas, se suma a la crisis de seguridad urbana. Además, los aumentos dramáticos en homicidios en comunas como Lota, Coronel y Talcahuano, donde los incrementos llegan hasta un 600%, y el porte ilegal de armas en Lebu, que creció un 1.400%, reflejando estas tensiones.

Las extorsiones se concentran principalmente en Talcahuano y Concepción, mientras que algunos delitos tradicionales, como robos por sorpresa o porte de armas blancas, han disminuido, indicando una transformación en las modalidades criminales.

Nueva institucionalidad

Durante el lanzamiento regional, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, junto a Urquízar y Zeballos, coincidieron en que la nueva institucionalidad ministerial debe asumir el desafío de articular y ordenar a las instituciones de seguridad en todos los niveles, bajo principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación. Urquízar enfatizó que “la seguridad pública debe entenderse como una política de Estado, para responder eficazmente a la demanda ciudadana frente al crimen organizado”.

En esta línea, el observatorio identificó siete desafíos prioritarios para la región: conducción política, interoperabilidad institucional, profesionalización de la seguridad regional y el fortalecimiento de la inteligencia territorial, entre otros, que requieren respuestas coordinadas y urgentes.

“Hoy día tenemos una ley de inteligencia que data de 2004, más de 20 años sin ninguna modificación. Piensen ustedes cómo el crimen organizado y el terrorismo en la región ha avanzado en esas décadas. Precisamente, la inteligencia regional es un punto a asumir como un desafío relevante para efectos de abordar el crimen organizado y el terrorismo”, reflexionó Urquízar.

Además, el informe advierte sobre la presencia en Chile de al menos doce organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua y Jalisco Nueva Generación. En el Biobío, solo el Tren de Aragua ha sido confirmado, pero su sola existencia multiplica la complejidad del panorama local.

Giacaman valoró la contribución académica del OCRIT: “Los datos son duros, pero esenciales para tomar decisiones informadas. Desde el Gobierno Regional convocaremos a todos los organismos a utilizar esta información como herramienta para enfrentar los desafíos de seguridad”.

El OCRIT busca comprender y enfrentar las complejidades del crimen organizado en distintas realidades a nivel nacional, al mismo tiempo que aporta a la seguridad pública desde una perspectiva integral y coordinada, con información relevante para la toma de decisiones.

En su último discurso como presidente de Empresas CMPC, Gazitúa destacó avances en seguridad, pero alertó que los problemas estructurales en el sur de Chile persisten y afectan especialmente a las comunidades locales.​

Tras nueve años al frente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa dejó la presidencia del holding forestal, siendo sucedido por Bernardo Larraín Matte. Durante la junta anual de accionistas realizada este jueves en Santiago, Gazitúa abordó temas clave como el conflicto en La Araucanía, el estado de la industria forestal y los desafíos para la inversión.

En su discurso de despedida, Gazitúa señaló: “Si bien los hechos de violencia han disminuido, como consecuencia de cambios legislativos y un mayor compromiso de las autoridades, los problemas de fondo siguen vigentes, como la delincuencia, la pobreza y las limitadas posibilidades de desarrollo que la normativa admite para las comunidades mapuche”.​

Posteriormente, al referirse al reciente atentado contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue en el Alto Bío Bío, donde se destruyeron 590 máquinas, expresó: “La violencia está contenida, porque tenemos un estado de excepción que lo hemos transformado en permanente, ¿no es cierto? Pero la violencia sigue latente (…) las leyes han operado y hay gente presa, pero eso no es un tema que esté resuelto en el sur de Chile y lo grave es que la violencia es pobreza para esa zona, porque la violencia la sufre especialmente la gente que vive ahí”.

Gazitúa también recordó que en 2024 se registraron más de 500 atentados y que el inicio de este año fue especialmente complejo debido a incendios forestales, en su mayoría provocados, que costaron la vida a cuatro brigadistas.​

En cuanto a la industria forestal, advirtió sobre la disminución de la superficie de plantaciones y la caída en la disponibilidad de madera: “En Chile falta madera y para hacer proyectos de inversión relevantes, donde la principal inversión está en las fábricas -por cada peso que uno compra en bosques, pone 7 pesos en fábricas-, si no hay bosques no hay posibilidad de invertir en la industria”.​

Pese a estos desafíos, afirmó que el país mantiene “ventajas competitivas innegables” para el sector forestal, aunque amenazadas, y llamó a generar condiciones que impulsen la inversión y el crecimiento.​

Finalmente, instó a los empresarios a ser protagonistas del cambio que Chile necesita: “Pidamos mejores regulaciones, menos burocracia, una contraparte estatal más moderna y generemos un sistema de aprobación de proyectos que apunte tanto al crecimiento como a la transparencia y a la credibilidad”.

Fuente: La Tercera

Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Federico Astete Catrileo, sindicado como líder de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), grupo radical vinculado a diversos ataques en la Macrozona Sur.

Según informaron desde la PDI, el operativo se realizó en una vivienda ubicada en Pocuno, localidad a 30 kilómetros al sur de Cañete, y propiedad de los padres del imputado. En el procedimiento participaron funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos y Personas (BIPE) Antisecuestros.

Astete tenía una orden de detención pendiente desde enero de 2024, luego de escapar de un operativo en el que fue capturada su pareja, Claudia Nahuelan, junto a otros dos miembros de la agrupación. En esta ocasión, el detenido no ofreció resistencia al momento de su arresto.

La PDI también incautó especies en el lugar, aunque hasta ahora no se han entregado detalles sobre su naturaleza.

El líder de la RML está vinculado al ataque incendiario al Molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022, donde dos personas resultaron gravemente heridas. Una de las víctimas, el dueño del recinto, recibió un disparo en la pierna que obligó a su posterior amputación.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por los medios, actualmente otros 16 miembros del grupo se mantienen en prisión preventiva, por lo que se presume que la cúpula de la RML ya estaría completamente desarticulada.

Foto: Sabes.cl

El atentado ocurrido en Santa Bárbara afectó 47 vehículos de obra y dejó a dos guardias heridos. El Gobierno anunció que invocará la Ley Antiterrorista, mientras que la embajada china manifestó su preocupación por el entorno de inversión en Chile.

Un inédito ataque incendiario registrado la madrugada del domingo 20 de abril en la Región del Biobío ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político, diplomático y empresarial. Un grupo de al menos 12 encapuchados armados ingresó a las faenas de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, donde maniataron a los guardias de seguridad, incendiaron maquinarias y dejaron un saldo de 47 vehículos y equipos destruidos, incluyendo excavadoras, camiones y una moto niveladora.

El hecho fue calificado como “el atentado más grande en la historia de la Macrozona Sur”, según autoridades locales, y motivó al Gobierno a invocar la Ley Antiterrorista, algo que no ocurría desde hace años en el contexto de ataques incendiarios en el sur del país.

“Los hechos son muy graves. El Ejecutivo tomaba la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por Ley Antiterrorista”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, en entrevista con Canal 13. A ello agregó: “Dada la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista”.

El atentado ha generado gran tensión debido a que el proyecto Rucalhue es impulsado por la empresa Rucalhue Energía SpA, filial en Chile de la gigante China International Water & Electric Corp (CWE). La central contempla una inversión superior a US$350 millones, y hasta ahora era considerada un ejemplo de cooperación internacional en materia energética.

La Embajada de China en Chile no tardó en manifestar su inquietud, señalando en un comunicado que lo ocurrido “socava la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región”.

La representación diplomática fue enfática: “Estos actos violentos han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas”, y exigieron una “investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”.

Desde el sector empresarial chileno también han surgido alertas. Juan Sutil, expresidente de la CPC, manifestó su preocupación por las señales que entrega este tipo de atentados. “Un hecho de esta magnitud puede tener repercusiones en la percepción que los inversionistas extranjeros, particularmente los asiáticos, tengan de Chile como un país seguro para sus capitales”, advirtió.

La situación ha generado un tenso ambiente en el sur del país. En declaraciones posteriores, se conoció que Carabineros realizó una ronda de patrullaje solo minutos antes del atentado, sin reportar ninguna novedad. Esto ha suscitado cuestionamientos sobre las capacidades preventivas del Estado en zonas donde ya existen antecedentes de violencia rural.

Cabe recordar que el último hecho de similar magnitud en la provincia fue el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete en abril de 2024. Desde entonces, no se había registrado un atentado de proporciones comparables en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, fue consultado respecto de un eventual deterioro en las relaciones con China. “En absoluto. Realmente yo creo que hay una cooperación importante con China y una confianza construida sobre bases sólidas. Pero, por cierto, estos eventos no ayudan”, reconoció.

Mientras tanto, el proyecto Rucalhue permanece paralizado, y el sector energético y diplomático siguen atentos al desarrollo de la investigación y a las acciones concretas del Gobierno chileno frente a lo que ya es considerado un punto de inflexión en materia de seguridad para inversiones extranjeras estratégicas.