Se trata de la primera experiencia para el tratamiento de aguas servidas instalado en un camping comunitario, con el objetivo de resguardar un ecosistema lacustre de alto valor ambiental y fortalecer el turismo sostenible en el territorio.

Un hito ambiental inédito a nivel país comenzó a operar a orillas del Lago Lleulleu, en la comuna de Tirúa. Se trata de un humedal artificial para el tratamiento de aguas servidas instalado en el camping comunitario Esteban Yevilao, iniciativa pionera en Chile que introduce una solución basada en la naturaleza para el manejo de aguas provenientes de baños y duchas en recintos turísticos.

El proyecto fue liderado por el Dr. Pedro Cisterna Osorio, académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío (UBB) y se concretó mediante un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Tirúa, CONADI, la Unidad de Interculturalidad de la Facultad de Ingeniería y la comunidad mapuche Esteban Yevilao, propietaria y administradora del camping.

Este humedal artificial permite tratar las aguas servidas (duchas, wc, urinarios, lavamanos y lavaplatos), antes de su infiltración al suelo, utilizando plantas acuáticas y procesos biológicos naturales que reducen la carga orgánica (restos de comida, detergentes, aceites, bebidas, otros), el nitrógeno y el fósforo, evitando así impactos negativos en el ecosistema lacustre.

Los residuos son tratados mediante procesos de biodegradación natural, donde microorganismos del humedal descomponen los contaminantes. El nitrógeno, presente principalmente en la orina, es eliminado a través de procesos biológicos y absorbido por las plantas, mientras que el fósforo es retenido por la grava y la biomasa vegetal, mejorando la calidad del agua antes de su infiltración o descarga final.

La construcción de un humedal artificial se puede concretar en pocas semanas, adaptándose a distintos territorios. Utiliza materiales de bajo impacto, como una capa impermeable de polietileno de alta densidad, grava y tuberías de PVC para el manejo del agua. El sistema incorpora plantas macrófitas propias de humedales naturales, como juncos, espadañas, carrizos y calas, que cumplen un rol clave en la depuración.

Durante la puesta en marcha del sistema, el Dr. Cisterna destacó el carácter pionero de la iniciativa y su sentido público. “Este humedal construido busca proteger el Lago Lleulleu, pero también convertirse en un referente a nivel nacional, demostrando que el conocimiento generado en la universidad puede transformarse en soluciones concretas para las comunidades y el turismo sostenible”.

El funcionamiento del humedal y su impacto en la calidad del agua será monitoreado por el Laboratorio de Aguas del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UBB, asegurando seguimiento técnico permanente y generación de evidencia para su eventual réplica.

Articulación comunitaria y sostenibilidad del turismo

Desde la comunidad Esteban Yevilao, su presidente y administrador del camping, Víctor Ñeguey Pilquimán, valoró el proyecto como una herramienta concreta para la defensa del lago y el desarrollo local. “Este humedal nos permite proteger el Lago Lleulleu a largo plazo y proyectar un turismo responsable; esperamos que esta experiencia pueda replicarse en otros campings del territorio”.

El alcalde de Tirúa, José Linco Garrido, manifestó que “esta iniciativa responde al crecimiento del turismo en torno al lago y a la necesidad de implementar soluciones innovadoras que compatibilicen el desarrollo económico y protección ambiental”. 

En tanto, el encargado de Medio Ambiente de CONADI y director regional (s), Gonzalo Toledo Martel, dijo que “el proyecto se alinea con la cosmovisión de los pueblos originarios, basada en el equilibrio con la naturaleza, y complementa inversiones turísticas con una mirada preventiva”.

Este enfoque preventivo resulta clave para la protección del Lago Lleulleu, cuerpo de agua de alto valor ambiental, cultural y económico, y abre una nueva línea de soluciones replicables para campings y emprendimientos turísticos ubicados en entornos naturales sensibles en distintas regiones de Chile.

Según el material difundido, “¡una ley que fue aplaudida en todo el mundo!” vio la luz en 2008, con la promulgación de la Ley 20.249 que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Esta legislación surgió desde la lucha de las comunidades mapuche-lafkenche, marcando un precedente en la defensa del mar como fuente de vida y cultura.

El especial reseña que entre 2010 y 2015 se presentaron las primeras solicitudes de espacios costeros en Mehuín, Tirúa, San Juan de la Costa, Hualaihué y Chiloé por parte de comunidades mapuche. Posteriormente, en 2015, SUBPESCA entregó el primer espacio costero a la comunidad indígena de Punta Capitanes, en Fresia, región de Los Lagos.

En 2017, nuevas solicitudes fueron ingresadas por la Comunidad Kawesqar y la Comunidad Diaguita, mientras que en 2019 se aprobó un ECMPO en Tirúa con una extensión de 12 millas marinas. Más tarde, en 2022, la Comunidad Chango presentó su primera solicitud, consolidando así la presencia de diversos pueblos en este marco legal.

La publicación también recordó que la Ley Lafkenche ha sido reconocida internacionalmente por la ONU como un modelo alineado con el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando su valor para la protección de la biodiversidad y la preservación de tradiciones culturales vinculadas al mar.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el período 2024-2025, la industria salmonera impulsó una ofensiva contra los espacios costeros, logrando rechazar solicitudes en Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, mientras en el Congreso se tramitaron proyectos de ley para modificar los ECMPO, generando amplio rechazo de comunidades y observadores internacionales.

La cronología concluye con el hito de 2025, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el intento de modificar la Ley 20.249 a través de la ley de presupuestos, reafirmando la vigencia del marco legal que protege los derechos costeros indígenas.

“Hoy, la Ley Lafkenche sigue siendo un símbolo de lucha y orgullo”, destaca el especial, reafirmando que su legado permanece vivo gracias a la fuerza de los pueblos que defienden el mar, su identidad y su futuro.

Mira a continuación la publicación original de Espacios Costeros sobre hitos de la Ley Lafkenche

Esta semana comenzó el muestreo de brucelosis bovina en unos 1.700 bovinos pertenecientes a 160 familias indígenas de algunos sectores de las comunas de Cañete y Tirúa, en el marco del Convenio de Colaboración entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La actividad contó con la participación del Director Regional del SAG de Biobío, Roberto Ferrada; de la Coordinadora Regional de la Unidad de Desarrollo de CONADI, Alejandra Cornejo; y la presidenta de la comunidad Nicolás Calbullanca, Emilia Linco.

Al respecto, el Director Regional del SAG indicó que “este es un convenio inédito entre el SAG y CONADI, a través del cual queremos detectar los predios infectados con esta enfermedad que genera pérdidas productivas en la masa ganadera y de esa forma avanzar en el programa nacional de erradicación de brucelosis bovina”.

Mientras que la profesional de CONADI dijo que “estamos muy contentos de llevar a cabo este convenio con el SAG. Hoy estamos en la comunidad Nicolas Calbullanca cuyos comuneros están presentes hoy para aprender y aportar con su masa ganadera. Si bien es cierto este es un trabajo mancomunado entre los Servicios, las comunidades se acogen muy bien a realizar este tipo de actividad, que van en favor de ellas”.

Por su parte, la presidente de la comunidad Nicolás Calbullanca, señaló que “es una buena iniciativa para nosotros como ganaderos, vamos aprendiendo más cosas y podemos mantener nuestros animales sanos, lo que fortalecerá la venta de nuestros animales”.

Durante la actividad el SAG y CONADI llamaron a las comunidades indígenas a abrir las puertas de sus hogares, para que el SAG pueda realizar su trabajo en estos sectores. “Los funcionarios/as que visitarán los predios estarán identificados con su credencial, con su vestuario institucional con el logo de CONADI y SAG, de esa forma damos garantía que las personas que están desarrollando el procedimiento son funcionarios públicos que están contratados en el marco de ese convenio”, dijo el directivo del SAG.

En este sentido, la seremi de Agricultura, Pamela Gatti, destacó que ““el Gobierno del presidente Gabriel Boric está cumpliendo las promesas establecidas para tener un mayor despliegue en los territorios y apoyar el trabajo del sector agrícola, por medio de este importante convenio entre SAG y CONADI, el cual ya está en marcha para trabajo respecto al tema de la brucelosis bovina en predios que cuentan con la asignación de predios indígenas en la provincia de Arauco”.

El convenio entre ambas instituciones permitió el traspaso de 13 millones desde la CONADI al SAG para contratar dos equipos técnicos para realizar un muestreo predial de animales susceptibles (hembras y machos mayores de un año de edad), quienes tomarán muestras de sangre de los bovinos para el diagnóstico de brucelosis bovina. Asimismo, en el caso de los animales que no cuenten con el dispositivo de identificación individual oficial (DIIO) éste será aplicado durante el muestreo.

Esta iniciativa está focalizada en la población indígena rural acreditada de las comunas de Cañete y Tirúa, que se caracterizan por ser pequeños/as ganaderos/as de la agricultura familiar campesina (AFC), ubicados en zonas geográficas de difícil acceso, que comercializan sus animales de manera informal, perdiéndose la trazabilidad de origen.

La provincia de Arauco es un área endémica de la enfermedad Brucelosis Bovina, con presentación esporádica de focos, principalmente en zonas rurales con alta población indígena. Esta es una enfermedad reproductiva, abortiva, infectocontagiosa de distribución mundial con potencial zoonótico, y la región del Biobío (zonas no libres) es actualmente una de las pocas regiones que aún mantiene cuarentenas activas y en donde existen focos remanentes de la enfermedad que se buscan detectar a través de estos muestreos.

El fenómeno estará impulsado por un río atmosférico de categoría 2 a 3 —de un máximo de 5—, que afectará a diez regiones del país entre la mañana del sábado 14 y la madrugada del lunes 16 de junio. En la zona del Biobío, las probabilidades de precipitación superan el 90 % desde la mañana del sábado, intensificándose durante la tarde y madrugada del domingo.

Entre las comunas más golpeadas por el sistema destacan:

• Tirúa y Curanilahue, donde se proyectan montos de 150 a 170 mm de agua caída,

• Concepción, con precipitaciones entre 120 y 140 mm,

• Cobquecura y Los Ángeles, con alrededor de 110 mm acumulados.

A esto se suman rachas de viento que podrían superar los 100 km/h, principalmente en sectores costeros y zonas de precordillera, lo que podría provocar interrupciones del suministro eléctrico, caída de árboles y bloqueos de caminos. Las condiciones de temporal podrían mantenerse al menos hasta la madrugada del domingo.

Como elemento positivo, este sistema frontal traerá consigo abundante nieve en la cordillera andina, especialmente en la Región de Ñuble, donde podrían caer más de un metro de nieve durante el fin de semana, lo cual es favorable para el abastecimiento hídrico.

El sistema se mantendría activo en el centro sur del país hasta el lunes 16 e incluso el martes 17 de junio, producto de una onda corta de inestabilidad atmosférica que mantendrá las lluvias en la zona central.

Una situación crítica vive la región del Biobío debido a la rápida expansión de incendios forestales en distintas comunas, lo que llevó a la declaración de Alerta Roja regional este domingo. La medida busca movilizar todos los recursos disponibles ante la amenaza que representan las llamas, avivadas por ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

El director regional de CONAF, Esteban Krause, informó que se han detectado al menos siete focos activos en las comunas de Santa Juana, Tirúa, Mulchén, Tucapel, Nacimiento, Santa Bárbara y Purén. Los incendios más graves son los de La Generala en Nacimiento y Santa Juana, con aproximadamente 90 hectáreas consumidas, y Las Mercedes en Mulchén, que ha devastado 200 hectáreas. En Tirúa, el incendio en el sector Cementerio Tirúa ha quemado una hectárea de terreno.

Evacuaciones en Santa Juana y Hualqui

A las 17:45 horas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta para evacuar el sector Ranguel de Hualqui. Cinco minutos después, ordenó la evacuación de La Generala, El Durazno y Camino Las Cachañas en Santa Juana. La medida responde a la rápida propagación del fuego y la dificultad de controlarlo debido a las condiciones climáticas.

Focos intencionales y cortes de energía

El director de CONAF en Biobío confirmó que de los 15 incendios reportados en la región, ocho siguen activos y la mayoría habría sido provocada de manera intencional. En respuesta, se han realizado cortes de energía en 12 puntos rurales para evitar nuevos focos de fuego generados por el contacto de árboles con las líneas de transmisión. Esta medida se mantendrá hasta las 21:00 horas, con evaluaciones permanentes.

Movilización total de recursos

Senapred destacó que la Alerta Roja permite disponer de todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, en coordinación con CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). Las autoridades han reiterado el llamado a la población a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y evitar exponerse a zonas de riesgo.

La situación sigue en desarrollo, con las autoridades monitoreando los focos activos y desplegando más equipos para contener las llamas y proteger a las comunidades afectadas.

Pablo Rossel Estrada, Investigador y académico de Geología Universidad Andrés Bello Concepción.

Hace casi 200 años Charles Darwin relataba de forma clara los efectos de un terremoto y tsunami en las costas de Chile central. Una historia que ya era conocida y recurrente para nuestros compatriotas desde tiempos coloniales. “En Concepción, cada fila de casas, cada mansión aislada, formaba un montón de ruinas bien distinto; en Talcahuano, al contrario, la ola que había seguido al terremoto y que inundó la ciudad no había dejado al retirarse sino un confuso montón de ladrillos, tejas y vigas, y aquí y allá alguna pared aún en pie”, decía el naturalista.

Es así como tras tantos siglos de aprendizaje hemos interiorizado de muy buena forma la convivencia con los terremotos, convirtiéndonos en un país pionero y referente en construcción antisísmica y en una sociedad adelantada en el entendimiento de la relación natural entre las personas y los temblores. Lo anterior ha derivado en una norma constructiva altamente rigurosa, que muchas viviendas soportaran tan brutal embate de la naturaleza casi sin consecuencias.

Sin embargo, esta realidad contrasta con los catastróficos efectos del posterior tsunami originado por el sismo del 27F.  La costa de la Región del Maule fue dramáticamente afectada, cientos de personas perdieron la vida y otras tantas decenas se encuentran desaparecidas hasta hoy.

En la región del Biobío, las pérdidas humanas y materiales fueron enormes, con afectaciones mayores en los puertos de Talcahuano y Coronel y las caletas de Dichato, Tirúa y Lota, entre otras. Escenario que también se repitió en parte del territorio insular de nuestro país.

La lucha contra el mar y su inclemencia es sumamente compleja y reviste retos altamente desafiantes para la ingeniería. Sin embargo, creo que ya es tiempo de dar un paso hacia adelante en nuestra relación con los tsunamis.

Nuestra geografía ostenta más de 4000 km de costa, la que producto del explosivo aumento demográfico durante el último siglo está alojando una cada vez mayor población. Lo anterior, inevitablemente llevara a que el número de posibles afectados por un maremoto en los años venideros aumente.

Esta problemática nos obliga, como sociedad, a hacernos cargo de este reto, si no lo hacemos prontamente, los tristes números que dejó el tsunami de 2010 podrían llegar a ser opacados por una catástrofe sin precedentes.

La ciencia hace años nos ha entregado las herramientas para conocer las dinámicas asociadas a estos sucesos. El desarrollo de complejos modelos numéricos nos permite predecir de forma clara y precisa cómo los distintos eventos podrían afectar a nuestras costas e infraestructura. Mas, la planificación territorial muchas veces parece desconocer esta realidad, obviarla y dejarse llevar por intereses cortoplacistas.

En este sentido, pareciera ser que en nuestro país la opinión de los geo-cientistas es sistemáticamente obviada en la planificación territorial. Basta con retrotraerse un par de meses para encontrarse el caso de los edificios sobre las dunas de Concón, construidos en un lugar que hace más de 20 años el Servicio de Geología y Minería había indicado como inadecuado y riesgoso, o con los reiterados deslizamientos producto de la mala planificación de taludes en la ruta 156, los cuales aislaron y pusieron en peligro la vida de cientos de personas durante los derrumbes de los últimos temporales, por nombrar un par. ¿Cómo es posible que, en el país más sísmico, con la costa más larga y con más volcanes activos del mundo no sea obligatoria la firma de un Geólogo para la realización de obras civiles?

Dice el saber popular que cada chilena y chileno vive por lo menos un “Gran Terremoto” (1835; 1877; 1906; 1928; 1939; 1960; 1985; 2010), es más, hace un tiempo, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, hacia un simple cálculo estadístico en base al registro histórico de eventos telúricos en nuestro país: “En Chile es esperable un sismo de magnitud superior a 8 Mw cada 12 años”.

Pronto se cumplirán 15 años de esa oscura noche de verano en que cientos de compatriotas perdieron la vida. No nos expongamos otra vez a lo mismo, mejor aún, tomemos la oportunidad de ser en el futuro, un referente en la mitigación de los efectos de tsunamis, y así quizás seamos capaces de ayudar a salvar miles de vidas, no solo en nuestra tierra sino en todo el mundo. Los avances tecnológicos se suceden en forma vertiginosa, permitiendo que la ciencia tenga cada vez un mayor impacto. Sin embargo, si como sociedad no adoptamos este camino, estamos condenados a revivir los horrores del pasado. La mano de obra en Chile es altamente calificada, démosle entonces la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Por siempre, ¡Ciencia para Chile!