Cada año, miles de personas se reúnen en Concepción para participar del REC, el Festival Rock en Conce, evento musical que se ha transformado en una celebración ciudadana donde la música, la cultura y el encuentro se toman el espacio público. Pero quizá uno de sus aspectos más significativos y que suele pasar desapercibido, es su carácter gratuito. En un contexto donde asistir a conciertos suele implicar altos costos, el REC abre la puerta para que cualquier persona pueda vivir la experiencia de la música en vivo.

Hoy, participar en espectáculos musicales de gran escala suele ser un privilegio reservado para quienes tienen la posibilidad de pagar entradas que pueden superar ampliamente el presupuesto de adultos, jóvenes o familias de sectores medios y populares, para quienes asistir a conciertos de esa envergadura puede ser simplemente imposible. En ese escenario, el REC representa una alternativa profundamente democrática, permitiendo que la música llegue a todos, sin barreras económicas.

Esto tiene un impacto especialmente relevante en el público juvenil, en tanto, para muchos jóvenes, el REC es la primera oportunidad de asistir a un concierto en vivo, de ver a sus artistas favoritos sobre un escenario o de descubrir nuevas bandas, experiencia no menor, considerando que la música en vivo genera emociones, construye identidad cultural y fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad. Para quienes hemos crecido en ciudades como Concepción, reconocida históricamente como cuna del rock chileno, el REC también se convierte en una instancia para conectar con esa tradición musical que forma parte del patrimonio cultural del territorio.

Se trata de un festival que va tomando carácter de tradición, marcando el fin del periodo estival, esperando una nueva vuelta al sol y a convocar a sus diversos públicos. No es raro ver a familias recorriendo los distintos escenarios, padres que llevan a sus hijos a escuchar música, grupos de amigos o incluso adultos mayores disfrutando de las presentaciones. El REC se convierte así en un espacio de encuentro intergeneracional, donde la cultura deja de ser un consumo individual y se transforma en una experiencia colectiva.

Este tipo de iniciativas nos recuerda que el acceso a la cultura no debiera ser un privilegio, sino una oportunidad abierta para todos. Cuando los espacios públicos se llenan de música, arte y comunidad, se fortalecen también los vínculos sociales y el sentido de pertenencia con la ciudad.

Por eso, más allá de su éxito, el REC nos deja una reflexión: invertir en cultura accesible es también invertir en convivencia, identidad y participación ciudadana. Mantener y fortalecer este tipo de eventos no solo enriquece la vida cultural de una región, sino que permite que nuevas generaciones descubran, por primera vez, la emoción irrepetible de escuchar música en vivo junto a miles de personas, experiencia que, para muchos, puede marcar el comienzo de una relación profunda y duradera con la cultura.

Por Estela Adasme, académica de Trabajo Social UNAB.

El Trabajo Social es un pilar fundamental en la conformación de equipos interdisciplinarios para el abordaje de problemas de salud. Tal relevancia radica en su aporte de una mirada psicosocial e integral que complementa el clásico enfoque biomédico, lo que implica integrar factores sociales, económicos y emocionales que inciden directamente en el proceso de salud enfermedad.

Por tanto, a diferencias de otras disciplinas, los trabajadores sociales diagnostican componentes sociales que influyen en el bienestar de la persona, como las condiciones de vida, su entorno familiar, situación socioeconómica, el acceso a recursos, etcétera.

En forma simultánea, los trabajadores sociales ayudan a los pacientes y sus familias a afrontar las dificultades emocionales, sociales y económicas que surgen durante una enfermedad, así como también en la gestión de servicios que son necesarios para su recuperación y que en ocasiones implica coordinaciones con redes externas de las instituciones donde operan, debido a que cada una de ellas, tiene sus propios límites organizacionales.

Lo anterior implica que cumplen un rol de mediador entre el paciente, el equipo de salud y los recursos comunitarios, por tanto, usualmente hacen funciones de orientación como derivación de pacientes a estas redes de apoyo que son esenciales para mejorar su calidad de vida.

Así también, facilitan la comunicación entre los diferentes profesionales del equipo de salud con el paciente y su grupo familiar en temáticas diversas como traducción de la información de salud para una mayor comprensión de la enfermedad, orientación de trámites administrativos, contención emocional, intervención en crisis, entre otros.

Uno de los campos de trabajo disciplinar, corresponde en programas de salud mental, tanto en atención primaria como terciaria, donde se abordan diversas patologías, entre ellas, pacientes con esquizofrenia, la cual es una enfermedad compleja, pero que con un tratamiento adecuado y con el apoyo de un equipo interdisciplinario, pueden desarrollar una vida normal.

En este sentido, apareció hace algunas semanas la lamentable noticia de la muerte de un joven con diagnóstico de esquizofrenia en un mall de la capital de Chile, lo que revela que existen muchos problemas de salud mental y, a su vez, una falta de educación acerca de cómo enfrentar una situación de desborde emocional, o bien de qué forma colaborar.

Este caso demuestra la relevancia de comprender el resguardo como protección de los derechos humanos de las personas, como el respeto a su dignidad, independiente de su condición ya no solo económica, social o de raza, sino además de su salud mental, evitando situación de riesgo a su vulneración.

Directora de Trabajo Social

Universidad Andrés Bello, Concepción

Reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho ha sido la frase esgrimida por el presidente Boric en su discurso presidencial. Que potente y significativo pensé. Ante lo cual, y como seguramente les ocurrió a miles de mujeres, no pude evitar sentir algo de esperanza y alegría, con un dejo de satisfacción por un reconocimiento que hace décadas solía ser absolutamente impensado.

Generación tras generación, hemos sido educados en que las labores de cuidado son un “asunto de cada familia”, un tema privado y, por ende, no público ni político; naturalizando e invisibilizando una dura realidad que viven miles de personas, en su gran mayoría mujeres, quienes día a día aportan su tiempo, dedicación y energía para cuidar a sus hijos, hijas, madres, padres, cónyuges o abuelos, quienes se encuentran en situación de discapacidad o algún grado de dependencia.

Una labor no reconocida, muchas veces frustrante e ingrata, en tanto la mayor parte de las veces la desarrollan en condiciones de sobrecarga, postergación de su vida personal, escaso apoyo de familiares como también del propio estado, deterioro de su salud física y mental, además de la angustia derivada de preocupaciones económicas por no tener los recursos suficientes para sobrellevar los requerimientos que estas condiciones de salud conllevan.

En ese contexto cuidar no sólo se constituye un acto amoroso, humano y también instrumental de brindar apoyo y asistencia, sino un trabajo con todas sus letras. Representa concretamente la dedicación de horas diarias de parte de las personas que cuidan en la producción de un servicio, uno que requiere de habilidades y conocimientos incluso técnicos, altamente sensible y económicamente no retribuido, sobre el cual se sustenta la reproducción social de la vida. Un servicio que, de ser valorizado y en conjunto con el trabajo doméstico, equivale a un aporte del 22% del Producto Interno Bruto ampliado país, superando incluso las contribuciones de las otras ramas de la actividad económica, como destaca el primer estudio nacional sobre valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en Chile desarrollado por Comunidad Mujer el año 2019.

Para convertirnos en un país que cuida a quienes cuidan, el desafío no es sólo decláralo sino materializarlo, y un paso estratégico ha sido precisamente reconocerlo y posicionarlo en la agenda pública como el cuarto pilar de la protección social en Chile, junto a salud, educación y seguridad social. Para ello es urgente la celeridad en la presentación del proyecto de ley que permita dotar al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, de un marco institucional, a fin de contar con un sistema de gestión interinstitucional, capaz de generar acciones públicas articuladas, oportunas y pertinentes a las necesidades de las personas que requieren de asistencia y cuidado, sus cuidadoras(es) y sus familias a nivel nacional.

Reconocer los cuidados como trabajo es una deuda que más allá de la retórica, aún continúa estando pendiente; y resguardarlo como un derecho constituye una urgente interpelación humana, ética y política que debe convocar los esfuerzos de todos sectores a trabajar mancomunadamente, para hacer de Chile un país que cuida lo más preciado que toda sociedad tiene, el bienestar humano y social de su gente.

Roxana Zuleta Bravo

Directora de Trabajo Social

Universidad Andrés Bello sede Concepción

Tan solo basta con caminar por las calles de la ciudad, con una pequeña disposición de observar atentamente el entorno que nos rodea, para darnos cuenta de que, tras el paisaje urbano, la locomoción, el comercio y los miles de personas en incesante movimiento, persiste en Chile una realidad insoslayable.

La calle no sólo emerge como el espacio público de encuentro e intercambio, sino como expresión de una de las más duras formas de exclusión social que continúan vulnerando el pleno ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes tras experiencias desamor, desprotección, inseguridad o diversos tipos de violencias, han hecho de la calle su hogar, habitándola y recorriéndola, como si fuese un espacio para gritar silenciosamente su presencia.

Por un lado, están los que pernoctan en la calle, aquellos que, teniendo una familia y techo que habitar, pasan la mayor parte del tiempo en las afueras del hogar, sumándose además a quienes habitan la calle en compañía de su grupo familiar. Una realidad en aumento que deja entrever la complejidad del fenómeno y la necesidad de un abordaje preventivo, sistemático e integral.

En Chile y de acuerdo con el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, al 2020 existían 174 niños, niñas y adolescentes viviendo en situación de calle junto a sus familias. En tanto y de acuerdo a cifras del Ministerio de Desarrollo Social del año 2018 se estimó en 547 los niños contabilizados en situación de calle sin compañía de un adulto responsable. Sus edades fluctúan entre los 7 y 17 años, donde el 60% son niños y 40% niñas, concentrándose en el tramo adolescente, quienes comenzaron su trayectoria de calle en promedio a los 12 años.

Respecto a los motivos de esta realidad, son diversos, con el común denominador de la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades al centro. Por un lado, la existencia de familias en precarias y frágiles condiciones, con bajas redes de apoyo y falta de acceso al empleo, arriendo y vivienda digna para sus hijos. Y, por otro lado, la realidad de los niños y niñas que declaran estar en calle empujados por problemas familiares, con las drogas y abandono de sistemas residenciales. En definitiva, un complejo círculo de exclusión y abandono no sólo de sus familias, sino que también de las instituciones, el Estado y la sociedad toda.

El 12 de abril de cada año, se conmemora el Dia Internacional de los niños en situación de calle, como una forma de visibilizar y denunciar esta realidad que atenta contra sus derechos de supervivencia y desarrollo, a una vida digna, en familia, con acceso y oportunidades a educación, salud, vivienda, ser protegidos de la violencia, el tráfico de drogas, el trabajo infantil, la trata y la explotación sexual comercial de NNA, entre muchos otros riesgos que esta realidad conlleva.

Hacer frente a ello es una tarea de todos para humanizar las ciudades, en donde los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, dejen de parecer invisibles y se les restituyan derechos fundamentales, partiendo por la garantía del derecho a la vida no solo por existir, sino por vivirla en condiciones de dignidad, bienestar e igualdad de oportunidades.

Roxana Zuleta Bravo, directora de Trabajo Social, Universidad Andrés Bello, sede Concepción.

Acabamos de conocer los resultados de la encuesta CASEN 2022, que muestran una significativa disminución de la pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, afectando la primera a un 6,5% de la población, equivalente a 1.292.521 personas. Una importante baja, en relación con el 10,7% del año 2020.  En tanto, la pobreza multidimensional, disminuyó de un 20,3% a un 16,9%, alcanzando a 3.313.549 personas en el país.

Estos datos constituyen un importante avance, y reafirman que acciones estatales dirigidas a disminuir la brecha de ingresos, tales como aumentar el sueldo mínimo, extender el acceso a la red de protección social del Estado a mayores grupos poblacionales, contar con pensión garantizada universal, o medidas tales como el IFE laboral de incentivo al empleo formal, entre otras acciones, van en la línea correcta, a fin de avanzar hacia la universalización de políticas de protección social.

Sin embargo, como todo promedio, esconde la persistencia de desigualdades.  Como la pobreza por ingreso, que continua su tendencia de concentración histórica en nuestras zonas rurales, 9,9% versus 6,1% de las zonas urbanas; cifra que se dispara a un 28% versus 15,5% al tratarse de la pobreza multidimensional. Destacando Ñuble como la región con mayor pobreza por ingresos con 12,1%, casi duplicando el promedio nacional; seguida de las regiones de Araucanía 11,6%, Tarapacá 11% y Arica y Parinacota con un 9,2%, alcanzando Biobío un 7,5%. Mientras que en pobreza multidimensional destaca Tarapacá con un 19,2%, los Lagos 17,6%, La Araucanía 17,2% y Atacama con un 16,5%.

Al desagregar por sexo, la pobreza continúa afectando mayormente a hogares con jefatura femenina, con un 14,4% versus 12,5%. Panorama que da cuenta de la persistencia de brechas de género con un negativo e importante impacto en las autonomías económica, física y político decisional de las mujeres.

La pobreza continúa limitando la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto un 18,4% se encuentra afectando por pobreza multidimensional y un 22,3% por la pobreza por ingresos, destacándose que el 12,2% de niños y niñas en esta condición, tiene entre 0 y 3 años de edad, etapa crucial para el desarrollo de la primera infancia.

La población perteneciente a pueblos indígenas es una de las más afectadas, alcanzando en pobreza multidimensional un 22% en comparación con el 16,4% de la población no indígena; cifras que, si bien han bajado, indican la necesidad de desarrollar acciones aún más dirigidas, intersectoriales y sostenibles en la materia.

Desigualdades que también se evidencian en la población migrante, quienes se encuentran mayormente afectados por la pobreza en comparación con la población chilena, alcanzando la pobreza multidimensional un 29,6% versus un 15,7%. Lo que evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de protección social para este grupo, con acciones y programas reforzados en aquellas zonas territoriales de mayor concentración de población migrante.

Finalmente destacar, que las dimensiones que más afectan la pobreza multidimensional, son el trabajo y seguridad social con un 32,4%, vivienda y entorno con un 27,4%, educación con un 21,7% y salud con un 12,3%, lo que releva la necesidad de fortalecer las políticas e inversión pública en estas áreas, a fin de operar como sistemas articulados, que permitan no sólo la superación de la pobreza, sino también la garantía de condiciones mínimas de bienestar y ejercicio pleno de derechos humanos.