En el marco del 50° Congreso Chileno de Gastroenterología, expertos nacionales e internacionales se reunieron para abordar los desafíos actuales en el diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII), que incluyen la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, las cuales se manifiestan de diversas formas en el cuerpo, siendo el dolor abdominal uno de los síntomas más comunes junto con otras afecciones que afectan considerablemente la calidad de vida de quienes las padecen.

Según el Ministerio de Salud, se estima que cerca de 20.000 personas en Chile padecen alguna de estas dos enfermedades, con tasas de incidencia que van de 3 a 9 casos por cada 100,000 habitantes para la colitis ulcerosa, y de 2 a 4 casos por cada 100,000 habitantes para la Enfermedad de Crohn.

A pesar de los avances significativos en los últimos años en el tratamiento de las EIIs, especialmente con la incorporación de ambas afecciones a la lista de enfermedades de la Ley Ricarte Soto (LRS), lo que ha ampliado considerablemente el acceso a terapias, los especialistas coinciden en que la falta de actualización de los decretos relacionados con esta legislación está generando una creciente urgencia por contar con terapias innovadoras que tengan un impacto positivo en los pacientes.

En el encuentro, los expertos en esta materia discutieron, principalmente, dos grandes problemáticas que se deben enfrentar en los próximos años en el sistema de salud chileno: la necesidad de facilitar un diagnóstico más temprano de estas patologías y poder ampliar el acceso entre la población a terapias innovadoras.

Así lo cree la Dra. Paulina Núñez, presidenta de la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACTECCU), quien hizo hincapié en la variable tasa de éxito que tienen los tratamientos actualmente disponibles en el mercado nacional. En ese sentido, la especialista señaló que “dentro de la Ley Ricarte Soto, solo están consideradas terapias con anti TNF, medicamentos que ayudan a detener la inflamación. Ya vamos en el quinto decreto de la ley y desde ahí no hemos avanzado. Los pacientes que utilizan estos medicamentos tienen entre un 20% y un 30% de posibilidad de no respuesta al fármaco, mientras que a medida que avanza la terapia, el medicamento va perdiendo entre un 10% y un 20% de su efecto en las personas”.

Contando con ese margen de pacientes que no tienen la respuesta esperada en sus tratamientos, la experta calculó que son cerca de 3.600 las personas que actualmente están siendo sometidas a algún tipo de terapia biológica para combatir una Enfermedad Inflamatoria Intestinal bajo el paraguas de la LRS. “De ellas, debe haber unos 60 pacientes con dosis optimizadas o que han perdido respuesta de su terapia, lo que los ha obligado a ir a cirugías para solucionar sus problemas”, agregó la profesional.

Avances en documentos clave

En la instancia, los profesionales reunidos lograron llegar a diversos acuerdos, lo que derivó en el trabajo que se realizará para desarrollar nuevas guías clínicas, que entregan directrices basadas en la calidad de la evidencia científica sobre cómo deben tratarse a los pacientes que sufren alguna EII.

El objetivo de la sociedad científfica es poder entregar este material al Ministerio de Salud, de forma que el conocimiento generado en estas instancias pueda ser aplicado directamente en el diseño de políticas públicas, con un foco especial en una mayor accesibilidad a los tratamientos innovadores y a mejorar los medios para conseguir un diagnóstico más temprano de las patologías.

Sobre ello, la Dra. Paulina Núñez agregó que “las guías van a ser publicadas en marzo, idealmente en alguna revista con alcance nacional e internacional. Posterior a eso, también prepararemos un resumen para la revista de gastroenterología latinoamericana, medio oficial de los gastroenterologos en Chile, que cuenta con información nacional sobre la experiencia chilena en el tratamiento de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales”.

Más de 256 mil pacientes que activaron su Garantía Explícita en Salud (GES) requerirán la continuidad de sus tratamientos en Fonasa ante la insolvencia de las aseguradoras privadas.

El debate sobre la “ley corta de Isapres”, que busca implementar los fallos de la Corte Suprema sobre tabla de factores y que, además, crea un seguro complementario en Fonasa, se ha centrado principalmente en aspectos financieros relacionados con la deuda y alzas de precios en las Isapres.

Y es que ante la probable insolvencia financiera que afecte a las aseguradoras privadas, es relevante cuantificar el costo fiscal que tendrá para el Estado el escenario en que ex beneficiarios de Isapres, que se encuentran bajo tratamiento médico crónico o complejo, emigren a Fonasa al no ser aceptados por otra Isapre debido a sus preexistencias.

La “continuidad del tratamiento” corresponde a la obligación legal del Estado de mantener la atención y protección de quien enfrenta un problema médico que sin ella pone en riesgo su estado de salud.

El proyecto de ley corta de Isapres, actualmente en la Comisión Mixta de Salud, señala que Fonasa financiará la continuidad del otorgamiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES) en curso, asignándole un prestador, así como aquellas con Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), manteniendo el prestador o derivando a otro que asegure condiciones sanitarias similares. También aquellas que estén siendo otorgadas por una sentencia o pronunciamiento judicial o de la Superintendencia de Salud en las mismas condiciones

¿Qué costo tendría para el Estado asegurar la continuidad de tratamientos de las personas que emigren a Fonasa, en caso de insolvencia de las Isapre?

Una interrogante que Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), calcularon en un estudio que considera a los afiliados que activaron su GES y que se encuentran bajo tratamiento por condiciones crónicas y oncológicas, así como quienes cuentan con CAEC. También se sumó el promedio de gasto de usuarios de isapres en licencias médicas.

Resultados

El análisis da cuenta que entregar la continuidad de tratamientos a los cerca de 256 mil personas que provienen de Isapres arroja un déficit total mensual de $5.660 millones de pesos al Estado, debido a la diferencia entre el ingreso y el gasto total. Si la continuidad se otorga por un semestre o año, serán $34.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.

Una cifra que podría variar ya que al no ser público el detalle de gasto en licencias médicas por beneficiario que necesitaría continuidad de tratamiento, se utilizó el promedio global. Tampoco se consideran otras garantías que no son enfermedades crónicas, ni coberturas otorgadas después de casos judicializados.

“El estudio muestra que el solo hecho de otorgar continuidad de tratamiento a las personas de las isapres que se cambien a Fonasa, implica un déficit para el fisco porque el aporte del 7% de esas personas es menor que el costo de otorgarles continuidad de sus tratamientos”, explica Carolina Velasco.

Un escenario que se plantea en el caso de que las seis isapres abiertas que se encuentran directamente afectadas por “efecto deuda” y ley corta (Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres), entren en insolvencia.

Si bien es un análisis acotado de uno de los aspectos financieros de un escenario de insolvencia, es relevante conocer su alcance. “El estudio busca ser un aporte para un debate que ha resaltado por la falta de evidencia de datos y, dado que ya legislar es difícil, lo es más cuando no hay datos. Ello lleva a que la discusión se polarice y se usen argumentos ideológicos en lugar de la evidencia”, agrega la investigadora del IPSUSS.

Principales problemas de salud de continuidad

El análisis del impacto financiero también enumera los problemas de salud que generan mayor gasto en la continuidad de tratamientos: VIH-SIDA, diabetes tipo 2, depresión y enfermedad renal crónica etapa 3 y 4, entre otros, cuyo abordaje en el sistema público principalmente se entrega en la atención secundaria-terciaria y a través de la compra de servicios a prestadores privados.

Por otro lado, los principales problemas de salud ordenados por número de casos que lo presentan y que requieren de continuidad de tratamiento, se asocian a los crónicos de gran prevalencia poblacional, los que en la red pública se abordan en la Atención Primaria de Salud (APS), como hipertensión arterial primaria, diabetes tipo 2 e hipotiroidismo, entre otros.

Conclusiones

Para Velasco, “la pregunta que debemos hacernos es si queremos aumentar el gasto de Fonasa o del fisco para pagar la continuidad de tratamientos de los que se cambiarán desde Isapres a Fonasa, recursos que sin duda pueden ser mejor usados en fortalecer a Fonasa y reducir la listas de espera”.

El estudio dimensiona la magnitud de estos recursos, señalando que es similar al monto que se utiliza para financiar drogas de alto costo oncológico (DAC) y levemente inferior al costo de la medida de Copago Cero en la red pública. Además, señala que el nivel de recursos fiscales adicionales requería de alguna medida que permita abordarlos, ya sea una reasignación presupuestaria de la cartera de salud, como se procedió con la medida Copago Cero, o si lo anterior no fuese posible, se deberán solicitar recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para ser contemplados en la próxima ley de presupuestos.

Junto con lo anterior, el trabajo de Velasco y Sugg destaca la importancia de contar con una mirada más humana-social, respecto de qué ocurrirá con aquellas personas que hacen uso constante del sistema de salud debido a sus afecciones. En efecto, aquellos beneficiarios a los que se les debe asegurar la continuidad de tratamiento, por lo crucial y vital del tema, debiesen ser identificados, así como las afecciones por las cuales se encuentran en tratamiento y dónde se atienden.

La directora de estudios del IPSUSS explica que al no abordar los problemas de fondo que origina el fallo de la Corte Suprema, se mantienen las reglas que han sido cuestionadas ante lo cual se requiere soluciones que apunten, por ejemplo, a la regulación de las aseguradoras, la eliminación de las preexistencias y al plan de salud universal, “en su lugar, estamos poniendo parches, tanto en isapres, como en Fonasa, donde se introduce la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Creo que estamos perdiendo una oportunidad de avanzar en mejorar el sistema de salud”, finaliza la experta.