El Juzgado de Garantía de Coronel fijó en dos meses el plazo de investigación en la causa seguida contra Marcelo Ignacio González Campos, imputado por el Ministerio Público como autor de cinco delitos de homicidio calificado —dos consumados y tres frustrados— además de tres delitos de porte de arma de fuego prohibida, hechos ocurridos entre febrero y julio de 2025 en las comunas de Coronel y Concepción.

La decisión se adoptó en la audiencia de formalización, instancia en la que el magistrado Daniel Ortiz Pérez rechazó la solicitud de la defensa que buscaba reprogramar la diligencia. El tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía, señalando que no existía vulneración de derechos, considerando que el imputado ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva por otras causas.

En la misma audiencia, el juez también acogió la petición del Ministerio Público para agrupar esta investigación con otra causa vigente en el Juzgado de Garantía de Lota, donde el imputado enfrenta cargos por otros tres homicidios calificados, dos consumados y uno frustrado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el primero de los hechos ocurrió alrededor de las 00:33 horas del 18 de febrero de 2025, en la población Santa Elena de Coronel. Hasta ese lugar habría llegado el imputado junto a un sujeto no identificado, desplazándose en un vehículo. Según la investigación, González Campos descendió portando una pistola calibre 9 milímetros adaptada para disparo automático y efectuó múltiples disparos contra Benjamín Ignacio Saavedra Paillamil, quien se encontraba al interior de otro automóvil. La víctima logró huir hacia un domicilio cercano, pero resultó con lesiones de carácter grave producto del ataque.

Un segundo hecho se registró alrededor de la 1:14 horas del 14 de junio de 2025, en calle Cochrane de Concepción. En ese lugar, el imputado —junto a otro sujeto no identificado— habría disparado ráfagas con el arma adaptada contra Derek Zuriel Aguayo Mora y Francisco Javier Valenzuela Arriagada. A raíz del ataque, Aguayo Mora recibió 13 impactos balísticos que le provocaron graves lesiones y falleció posteriormente en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, mientras que Valenzuela Arriagada resultó con lesiones de carácter grave.

El tercer ataque investigado ocurrió cerca de las 23:55 horas del 17 de julio de 2025, en la población O’Higgins de Coronel. Según la Fiscalía, González Campos llegó en vehículo acompañado de otro sujeto, descendiendo ambos armados —el imputado con un arma automática y su acompañante con una escopeta de repetición— para disparar contra Jonathan Leonardo Arriagada Jara y Nelson Eduardo Meléndez Ceballos, quienes se encontraban en la vía pública. Producto de la agresión, Arriagada Jara falleció tras recibir impactos de bala, mientras que Meléndez Ceballos resultó con una herida de carácter menos grave.

Con estos antecedentes, el tribunal resolvió fijar el plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el que se continuarán reuniendo pruebas y diligencias en torno a los hechos imputados.

En el inicio del juicio oral por el triple homicidio de funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo ante el tribunal que el ataque no solo buscó quitar la vida a tres personas, sino golpear al Estado de Derecho, solicitando penas de presidio perpetuo calificado para los acusados.

Con una exposición marcada por la gravedad de los hechos y el impacto social del crimen, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que el asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile en la comuna de Cañete constituye un crimen de odio, perpetrado contra lo que las víctimas representaban como institución.

El juicio oral se inició este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, casi dos años después del ataque ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los suboficiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid fueron emboscados y ejecutados en el sector de Antiquina. Por estos hechos, enfrentan juicio Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

Durante la primera jornada, el fiscal Garrido delineó con dureza la tesis del Ministerio Público, señalando que se trató de una acción planificada y consciente. “Se trata de una violencia voluntaria, planificada y artera, destinada a imponer miedo y demostrar control territorial mediante una demostración de fuerza”, afirmó ante el tribunal, agregando que estos hechos “apuntan a socavar las bases mismas del Estado de Derecho”.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la evidencia encontrada en el domicilio de los imputados. Según expuso el persecutor, la presencia de armas y especies sustraídas a los propios carabineros, halladas durante diligencias de la Policía de Investigaciones, constituye un antecedente clave para el veredicto. “Pedimos al tribunal que observe la evidencia en su conjunto y llegue a la única conclusión coherente: la responsabilidad de los imputados en los hechos materia de esta acusación”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al explicar el sentido profundo del crimen. “Las víctimas que fueron atacadas no fueron atacadas en cuanto personas, sino por lo que ellas representaban. Fueron asesinadas por su condición de carabineros, porque encarnaban la presencia del Estado en el territorio que los imputados desprecian”, señaló, calificando el hecho como “claramente un crimen de odio”.

Garrido advirtió que las consecuencias de ese odio trascienden a las víctimas directas. “Las primeras consecuencias las sufre toda la comunidad, que ve cómo se debilitan las bases de una convivencia pacífica, pero las seguirán sufriendo las familias de las víctimas”, expresó.

Por estos delitos, la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, además de otras condenas que superan los 20 años de cárcel por ilícitos como robo con violencia, incendio, porte ilegal de armas, traslado de restos humanos y otros delitos asociados.

El juicio, que contempla una extensa y compleja rendición de pruebas, se extenderá por alrededor de 51 días, y continuará este martes a partir de las 10 horas, en un proceso que ha vuelto a remecer al país por la brutalidad de los hechos y su profundo impacto institucional y humano.