José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

Este enero de 2026 trajo consigo un nuevo ajuste en la retención de las boletas de honorarios, que pasó de 14,5 % a 15,25 %. Como es habitual, el cambio ha generado confusión e incluso molestia entre trabajadores independientes, muchos de los cuales perciben esta modificación como un nuevo impuesto. Pero esa interpretación es incorrecta y merece una aclaración desde una mirada técnica.

En primer lugar, se debe precisar que no se trata de un nuevo impuesto ni de un aumento de un tributo existente. Esta retención es un anticipo, de carácter obligatorio del impuesto a la renta y de las cotizaciones previsionales que el trabajador deberá pagar por los ingresos obtenidos en 2026. Es decir, no reduce los ingresos percibidos a través de las boletas de honorarios, sino que simplemente ayuda a amortizar el cumplimiento tributario a lo largo del año.

Este aumento responde a lo establecido en la Ley N.º 21.133, que desde el año 2019 impulsa una integración progresiva de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social. El objetivo es que estos profesionales, históricamente excluidos de beneficios como pensiones, salud, licencias médicas o seguros laborales, accedan a las mismas prestaciones que los trabajadores dependientes, logrando un sentido de equidad y justicia. Para lograrlo, la ley estableció un aumento gradual de la retención hasta llegar al 17 % en 2028.

Así, lo retenido en cada boleta, no solo está destinado a ser una provisión para el pago de impuestos, sino que también tiene por objetivo financiar la cobertura de salud, accidentes laborales, subsidios y pensiones. Por tanto, en lugar de ver esta alza como una carga, deberíamos entenderla como un avance hacia una mayor equidad laboral y protección social.

No se puede desconocer que el aumento de la retención reduce el ingreso líquido mensual, y que muchos profesionales sienten ese impacto en su flujo de caja cada vez que emiten una boleta. Sin embargo, también de debe tener presente que esta deducción es temporal, a favor del contribuyente, y eventualmente recuperable en parte en la operación renta del año entrante. No obstante, lo más importante es que esto abre la puerta a beneficios sociales antes impensados para el mundo independiente. En rigor, este no debería verse como un castigo, sino que como una corrección histórica para los trabajadores independiente, un paso necesario hacia un sistema más justo, donde el tipo de contrato no defina el nivel de protección social de una persona.

]]> 32809 https://noticiasbiobio.cl/2025/06/05/nueva-tributacin-de-las-ferias-libres-es-un-paso-necesario/29991 https://noticiasbiobio.cl/2025/06/05/nueva-tributacin-de-las-ferias-libres-es-un-paso-necesario/29991#comments Thu, 05 Jun 2025 16:06:54 +0000 https://noticiasbiobio.cl/?p=29991 [...]]]>

José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

El pasado 22 de mayo, se aprobó la Ley N° 21. La ley 745 es un punto importante en la política de impuestos de Chile, ya que crea un sistema especial para los vendedores de ferias libres. El Ministerio de Hacienda ha propuesto esta medida para incluir a un sector que siempre ha estado fuera del sistema tributario formal, siendo su objetivo principal, facilitar la digitalización y simplificar las responsabilidades fiscales de estos contribuyentes, los que históricamente han sido de difícil fiscalización.

El nuevo sistema establece un impuesto del 1,5% sobre las ventas que se hagan con métodos de pago electrónicos permitidos, en lugar del IVA del 19%. Además, permite que los contribuyentes no tengan que hacer contabilidad formal ni presentar declaraciones regularmente. En función de esto, ahora, los operadores de medios de pago serán los responsables de retener y declarar el impuesto en nombre de los feriantes.

Desde mi punto de vista, esta iniciativa es un paso positivo para incluir a muchos pequeños comerciantes que trabajan en ferias libres, ayudándoles a acceder a beneficios sociales y financieros. Hacer más simples las obligaciones tributarias y fomentar el uso de pagos electrónicos son acciones importantes para incluir a este sector en la economía formal.

Sin embargo, a pesar de los claros beneficios, poner en marcha esta ley tiene grandes dificultades. En la actualidad, menos del 20% de los vendedores en ferias usan métodos de pago electrónicos, lo que puede hacer que el nuevo sistema no funcione tan bien en la práctica. Además, las particularidades propias de cada región del país, así como la falta de tecnología en algunas áreas podrían hacer que sea más difícil usar estos sistemas. Es importante que las autoridades otorguen ayuda técnica y formación a los comerciantes para que puedan adaptarse a la digitalización.

Por otro lado, se deben tomar en cuenta acciones para asegurar que la formalización no perjudique el acceso de los vendedores a beneficios sociales, por ejemplo. Esta ley ofrece la posibilidad de actualizar y regular el comercio en las ferias libres, fomentando la inclusión en el sistema fiscal y el uso de la tecnología. No obstante, su éxito dependerá de la habilidad del gobierno para enfrentar los problemas que surjan al ponerlo en práctica y asegurar que los comerciantes realmente reciban los beneficios de la formalización. Es importante tomar acciones adicionales que tengan en cuenta las diferentes situaciones del país y ofrecer el apoyo necesario para que la transición a este nuevo sistema de impuestos sea exitosa.

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

La figura del “denunciante anónimo”, establecida en la nueva ley de evasión tributaria, es una interesante novedad en nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo de esta columna es analizar esta nueva figura y sus posibles repercusiones prácticas, puesto que, esta propuesta trae consigo múltiples interrogantes que no pueden ser ignoradas.

Hay que partir de la idea que esta medida busca combatir un problema endémico: la evasión fiscal. Según el espíritu de la ley, permitir que los ciudadanos denuncien de manera confidencial prácticas de evasión por parte de empresas o individuos contribuirá a fortalecer el cumplimiento tributario y a reducir la brecha entre lo recaudado y lo que efectivamente debería ingresar a las arcas fiscales.

La figura del denunciante anónimo parece estar alineada con los esfuerzos de transparencia y de promoción de una cultura de cumplimiento tributario. A través de esta figura, se empodera al ciudadano, permitiendo que quienes sean testigos de irregularidades puedan reportarlas sin miedo a represalias. Se trata, en principio, de una medida que podría favorecer la colaboración ciudadana y reducir la impunidad de aquellos que, sistemáticamente, eluden sus responsabilidades fiscales.

No obstante, su implementación plantea desafíos éticos y legales. En primer lugar, el riesgo de mal uso de esta herramienta es significativo. Al permitir que las denuncias sean anónimas, se abre la puerta a la posibilidad de acusaciones infundadas o motivadas por rencores personales o empresariales. Si bien la ley contempla mecanismos para verificar la validez de las denuncias, el solo hecho de ser señalado en un proceso de evasión fiscal podría afectar irreversiblemente la reputación de una empresa o individuo, aun si la acusación resulta ser falsa.

Por otro lado, surge una preocupación en torno a los derechos fundamentales de los denunciados. El anonimato podría limitar su capacidad de defenderse adecuadamente, ya que no tendrían la posibilidad de conocer el origen de la acusación ni los motivos detrás de ella. Esto podría generar un clima de incertidumbre y temor dentro del sector empresarial, especialmente en un contexto donde la confianza y la transparencia son esenciales para el desarrollo económico.

Otro aspecto relevante es el efecto que esta figura podría tener en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Más que promover una relación de confianza y cooperación, la creación del denunciante anónimo podría fomentar una atmósfera de desconfianza, donde cada transacción o decisión empresarial esté bajo la lupa de potenciales informantes. Esto, a su vez, podría disuadir la inversión y la innovación, elementos clave para el crecimiento económico.

En definitiva, la figura del denunciante anónimo es una herramienta con potencial para combatir la evasión tributaria, pero debe ser implementada con cautela. Si bien puede contribuir a un mayor control y fiscalización, es crucial que se establezcan salvaguardias claras para evitar abusos y garantizar el debido proceso. De lo contrario, podríamos enfrentar un escenario donde las denuncias infundadas, el temor y la desconfianza terminen afectando negativamente la actividad económica y la convivencia social. Propender el equilibrio entre el control y la protección de los derechos fundamentales es esencial para asegurar que esta medida cumpla con su propósito sin generar efectos adversos a la ciudadanía o a los contribuyentes.

José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

El reciente avance legislativo en Chile con la aprobación del proyecto de ley de cumplimiento tributario, que busca frenar la evasión y elusión fiscal, marca un hito importante dentro del Pacto Fiscal impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este proyecto, que será ley en breve, está destinado a recaudar alrededor del 1,5% del PIB, equivalente a unos 4.500 millones de dólares. Estos recursos son claves para financiar no solo el presupuesto de 2025, sino también medidas urgentes como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Uno de los pilares de esta ley es la modernización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de nuevas herramientas para controlar la informalidad y combatir la planificación tributaria agresiva. Se refuerzan también las facultades de la Defensoría del Contribuyente, DEDECON, y se establece un mecanismo de colaboración sustancial para incentivar la autodenuncia, junto con la introducción del denunciante anónimo.

Sin embargo, a pesar de los avances, es necesario preguntarse si estas medidas serán suficientes para cambiar la cultura de evasión en el país. Aunque la evasión tributaria ha sido históricamente baja respecto a los países vecinos, es relevante tratar de controlarla. Aunque las sanciones aumentan y el control se intensifica, es probable que los grandes elusores encuentren nuevas formas de sortear la normativa. Además, la resistencia política frente a medidas más drásticas, como el levantamiento del secreto bancario, es prueba de que aún hay vacíos que pueden comprometer el impacto de esta ley en el largo plazo.

Otro desafío clave es asegurar que el impacto de esta ley no recaiga desproporcionadamente en las pequeñas y medianas empresas, pymes, quienes ya enfrentan dificultades para adaptarse a las complejidades del sistema tributario. Aunque el proyecto contempla alivios para las pymes, estas medidas deben ser efectivas y no generar una mayor carga administrativa adicional.

Si bien el proyecto de cumplimiento tributario es un avance significativo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas de control y fiscalización. Además, se requerirán ajustes futuros para abordar las limitaciones actuales y asegurar que el combate contra la evasión sea realmente integral. Solo así se podrá garantizar un sistema tributario más justo y eficiente para todos los chilenos.

]]> 27267 https://noticiasbiobio.cl/2024/08/20/pblico-o-privado-qu-es-mejor/27032 Wed, 21 Aug 2024 03:50:10 +0000 https://noticiasbiobio.cl/?p=27032 [...]]]>

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

A raíz de los graves temporales ocurridos en las últimas semanas en la zona cetro sur del país, y que han dejado sin energía eléctrica a muchas familias, se ha reflotado un debate en torno a si empresas estatales hubiesen sido más eficientes en este escenario. Esta disyuntiva no es para nada reciente y cada cierto tiempo, con situaciones como esta, vuelve a la luz de la opinión pública. Muchos políticos, de forma irresponsable a mi juicio, aprovechan estas instancias para instaurar en el imaginario colectivo a la empresa estatal como la solución a todos los problemas. En función de esto, es preciso analizar la verdadera conveniencia de tener empresas estatales en labores que usualmente están en manos de privados, con un argumento técnico.

Veamos datos objetivos publicados por las propias empresas. Codelco, estatal, es una de las mineras más grandes del mundo, el año 2022 tuvo un margen bruto de casi un 28%. Por otro lado, Minera Escondida, una empresa privada, tuvo un margen bruto de casi un 50% para el mismo periodo. Es necesario entender que ambas empresas venden su producción a precios similares, puesto que el cobre es un commoditie, por tanto, el mayor margen de Escondida se debe solo a su eficiencia o, visto desde otra manera, el 28% de margen de Codelco, se explicaría por su ineficiencia. Caso similar es el TVN que, frente a la competencia privada, muestra pésimos resultados Existe múltiple evidencia internacional que indica que el estado es un mal administrador, por diversos motivos. Por un lado, la rigidez laboral hace que usualmente las empresas estatales sean estructuras pesadas y costosas. Por otro lado, la naturaleza presupuestaria y centralizada del estado, les resta dinamismo a las decisiones frente a una empresa privada similar.

No se trata de defender la pésima gestión de las distribuidoras a cargo de las zonas afectadas, ENEL y CGE fundamentalmente, sino que poner en evidencia que empresas estatales en su lugar, no tendrían un desempeño mejor, sino que todo indica que sus resultados serían peores. De hecho, el gran dinamismo empresarial vivido por el país en la década de los 90 se deben, en gran medida, a gestión de empresas que previamente fueron estatales. Con el objetivo de reforzar la tesis, veamos el caso de las empresas chinas, una economía donde el estado participa en todas las empresas. Sin embargo, esta participación es nominal y en la práctica, las empresas operan bajo la lógica de una empresa privada. De hecho, el éxito mundial de las empresas chinas se debe precisamente a su buena gestión y al hecho que el estado no participe directamente en la gestión de ellas.

El llamado es a no darle “cantos de sirena” a la opinión pública, cuando la evidencia indica lo contrario. En ese sentido, la clase política debe ser más responsable con la ciudadanía y propender a que la institucionalidad establecida, funcione y sancione las falencias de las empresas involucradas.

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

Recientemente entró en vigor en nuestro país el artículo 17N de la Ley 21.398, o Ley “Pro-Consumidor” la que establece una serie de nuevos derechos para los consumidores en distintos ámbitos, elevando así, el estándar en materia de protección para este grupo.

A pesar de que esta ley data del año 2021, su aplicación total se ha realizado por etapas estableciendo nuevos derechos en diversas materias e industrias, tales como garantías, comercio electrónico, educación superior, automotoras, entre otras. El artículo en cuestión, 17N se refiere específicamente al mercado financiero y establece una nueva forma de relación entre las instituciones financieras y sus clientes.

Entre muchas iniciativas, destacan que un cliente puede solicitar el bloqueo permanente de tarjetas de crédito sin que los bancos puedan cobrar mantenciones por ello, entrega de certificados de deuda en forma expedita, facilitando con ello el proceso de renegociación, así como la prohibición de supeditar un descuento a una forma de pago especifica, a no ser que sea de pago inmediato, entre otras.

Sin embargo, desde mi punto de vista, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la obligación de los bancos de analizar la solvencia económica del consumidor, ante cualquier operación de crédito e informar los resultados de este análisis. Dentro de esa línea, el reglamento publicado en el Diario Oficial en agosto del año pasado, indica que todas las instituciones financieras deberán realizar un análisis detallado de la solvencia económica de los consumidores usando datos precisos y actualizados, obtenidos de fuentes oficiales.

Si bien este análisis se hace actualmente y es parte fundamental del negocio bancario, no siempre los resultados se transparentan hacia el cliente. Vale decir, un banco podría negar un crédito o aplicar una sobre tasa por riesgo, sin que el cliente tenga los argumentos sobre los cuales se tomó la decisión. Esto supone mayor poder para los consumidos, los que podrían, con esa información, tomas las medidas respectivas para mejorar o solucionar el origen del rechazo.

Otro tema novedoso, es que el análisis al que se refiere la ley no solo implica evaluar los ingresos pasados del cliente, sino que incorporar los ingresos futuros predecibles, así como su nivel de deuda y su comportamiento de morosidad.

Se ha dicho y escrito mucho sobre la necesidad de incorporar la educación financiera en el día a día de las personas. Los altos niveles de endeudamiento y morosidad que han mostrado estudios recientes validan esa necesidad. Sin embargo, para que esto se concrete, es necesario que el sistema sea más transparente y, según mi entender, este nuevo marco normativo va en la dirección correcta.

José Navarrete Oyarce, Director del Magíster en Tributación Universidad Andrés Bello.

Según datos de la Comisión del Mercado Financiero, CMF, la carga financiera de un hogar promedio equivale al 32% de sus ingresos. Ahora bien, si me mira esa misma información, pero a nivel de los hogares más vulnerables, el porcentaje aumenta a un 38%. En la misma línea, es preocupante saber que al revisar los hogares con sobre endeudamiento, la carga financiera promedio está alrededor del 66% en general y del 77% para hogares más vulnerables. En ese escenario, Navidad es una época peligrosa en términos de gastos, dado que existen múltiples ofertas y presiones sociales que invitan a realizar comprar más altas que en un mes normal.

Con la navidad a la vuelta de la esquina, nos vemos constantemente bombardeados por tentadoras ofertas que nos invitan a comprar, adquirir deudas o bien, una mezcla de ambas y en ese contexto, se hace necesario repasar algunos conceptos claves para poder pasar una navidad sin sobresaltos, en términos económicos.

Lo primera y más básico, es hacer un presupuesto, desde mi punto de vista, en dos etapas. La primera de ellas es establecer los ingresos y compromisos del mes de diciembre, que usualmente incluye un ingreso adicional, llamado aguinaldo, y contrastarlo con los gastos proyectados para el mismo mes, sin incluir eventuales gastos navideños. Una vez teniendo claro la información anterior, proyectar lo disponible para gasta en regalos, cenas, entre otros conceptos típicos de estas fechas. En este punto, es probable que el “disponible” no sea tan auspicioso como se esperaba, por tanto, el paso siguiente, en caso de perseverar con los gastos, sería evaluar un eventual financiamiento, ya sea través de la compra con tarjetas o bien un crédito bancario. Sin embargo, hay que tener presente que esto traerá costos adicionales, partiendo por los intereses de la transacción. Teniendo una mirada positiva, hay que estar atento a oportunidades de cuotas sin intereses que esporádicamente lanzan al mercado, ya sea las mismas tarjetas o bien algunos comercios, dejando las compras con intereses, como una última alternativa.

También se debe hacer un presupuesto que proyecte ingresos y gastos en los meses siguientes, dado que, pasada la navidad, vienen las vacaciones que usualmente trae de la mano mayores desembolsos y luego marzo con sus temidos gastos, como colegio, permiso de circulación, uniformes, entre otros. Por lo tanto, no se debe perder de vista, la claridad de los ingresos y egresos comprometidos, por lo menos para el primer trimestre del 2024.

Lo ideal aquí, es tener un presupuesto mensual proyectado para periodos más largos, por ejemplo, un año. A través de esta herramienta, se puede tener claro el flujo disponible o bien, evaluar alternativas de financiamiento que sean convenientes. No se trata de tener una contabilidad como la que tienen las empresas, sino que un registro simple de llenar y entender, pero que debe ser completado en forma consistente y disciplinada. Al igual que las empresas, el orden en las finanzas del hogar, es fundamental para poder lograr metas, como vacaciones, por ejemplo, o bien para tener cierta tranquilidad económica.

José Navarrete Oyarce, Director Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello

En trámite se encuentra el paquete de medidas anunciado por el Gobierno, cuyo objetivo es evitar el sobreendeudamiento de las familias, con foco en los grupos más vulnerables y clase media. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, la carga financiera, representa el casi el 32% de los ingresos. Sin embargo, si se hace una bajada a los hogares con ingresos inferiores a 500 mil mensuales, este número aumenta a un 38%. En esa misma línea, al analizar hogares con sobreendeudamiento, vale decir, con niveles peligrosos de deuda, la carga financiera aumenta a un 66% en una mirada general y a casi un 77% para familias con ingresos inferiores a 500 mil. En función de esta información, se hace completamente pertinente, cualquier medida tendiente a mitigar esta situación.

La iniciativa consiste en que las personas puedan refinanciar sus deudas con garantía estatal, de tal manera que, a través de esta instancia, puedan acceder a mejores tasas de interés. Para esto, se deben cumplir ciertos requisitos como, por ejemplo, tener ingresos brutos mensuales iguales o inferiores a 1,5 millones, lo que equivale a casi 76 mil personas, según estimaciones oficiales. Se podrá refinanciar un máximo de 160 UF, vale decir, caso 6 millones de pesos. También hay requisitos sobre el límite de endeudamiento y el plazo en mora, que no puede ser superior a 90 días.

Según datos oficiales, los grupos con menores ingresos tienen deudas en torno a los 3 millones de pesos y los tramos superiores, vale decir con ingresos entre 1 y 1,5 millones, tienen deudas de alrededor de 10 millones, como mediana.

La idea es que el estado avale el 50% de la deuda, de esta manera, se podrían disminuir las tasas de interés de estas repactaciones, por la sola presencial del estado en la transacción.

A priori, me parece una idea interesante, puesto que, dado los altos niveles de inflación que hemos visto, de la mano con un aumento en la tasa de desempleo y la contracción económica, hay muchas familias que actualmente están con problemas de morosidad, tal y como indican las cifras. Sin embargo, hay que tener precaución, puesto que, en ciertos grupos, el sobreendeudamiento puede ser endémico, vale decir, ha sido una constante a lo largo del tiempo. Hay estudios que indican que una gran parte de las personas, al repactar una deuda, en el mediano plazo, vuelve a caer en la misma situación de sobreendeudamiento, por tanto, el foco no debe estar solo en buscar soluciones para hacerse cargo de las deudas, que me parece pertinente de todas maneras, sino que invertir en educación financiera, tema en el cual, las familias están al debe.

Parafraseando el refrán, esto podría ser solo darle pescados a alguien, pero no enseñarle a pescar, vale decir, no intervenir el tema de fondo, que es la educación financiera en las familias y las personas en general. Sería interesante evaluar, por ejemplo, la obligación de tomar un taller sobre educación financiera a todas las personas que tomen el beneficio de la garantía estatal, de esta manera, se previene la aparición de nuevas obligaciones.

Dr. José Navarrete Oyarce, Director Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello, Concepción.

Usualmente, el término accountability se traduce como “rendición de cuentas”.  A pesar de que no tiene una traducción literal al español, la mayoría de las personas lo asocia con la obligación de rendir cuentas frente a alguien. Sin embargo, el término original, tiene un significado un poco más profundo y se asocia a la idea de reportar cómo se ha utilizado la autoridad conferida, por tanto, es de pleno uso en el sector público. Esto, toda vez que, cada uno de nosotros, los votantes, otorgamos poder a nuestros gobernantes, sobre el cual, teóricamente, debería existir transparencia.

A propósito de los últimos escándalos, por todos conocidos, sobre el uso inadecuando de recursos públicos, el objetivo de esta columna es reflexionar sobre la obligación que el Estado tiene de informar sus acciones a la ciudadanía.

Muchos siglos han pasado ya desde la frase atribuida a Luis XVI: “el Estado soy yo”, que implícitamente centraba el poder en una sola persona, en este caso, en el monarca. Actualmente, las democracias modernas entienden que el poder debe tener ciertos equilibrios, por una parte, y que la transparencia y la probidad son elementos vitales en todo gobierno.

Desde la mirada del mundo privado, por ejemplo, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores tienen que cumplir una serie de requisitos que promueven la transparencia de sus acciones, tales como la publicación de sus estados contables, la emisión de memorias e informar todos los hechos esenciales que pudiesen tener cierta repercusión en el mercado. Estas obligaciones tienen por objetivo dotar de información a los inversionistas, vale decir a los dueños, con un foco en el accionista minoritario, que está alejado de las reuniones de directorio y, por ende, no tiene mayor injerencia en las decisiones que se tomen. A pesar de ello, si tiene derecho a estar enterado de las decisiones y eventualmente, premiarlas comprando más acciones o castigarla, vendiendo.

Desde el punto de vista del sector público, existe la misma obligación de rendición de cuentas, puesto que el aparato estatal se financia con los impuestos que todos pagamos y sus “gerentes” y “directorios” se eligen a través de las votaciones. Desde ese punto de vista, los políticos en general, sin importar el sector al que pertenezcan, tienen una obligación mayor de probidad que un empleado privado, puesto que muchos de ellos están sujetos a plazos específicos, a diferencia de un gerente del sector privado, que si tiene una mala gestión es despedido.

Independiente del sector o partido político, los servidores públicos deben tener claro que su misión es actuar siempre con probidad, cautelando el buen uso de los recursos y, como se dice en el mundo privado, “generar valor”, en este caso, para sus accionistas, que somos todos los ciudadanos.