Durante su intervención, Velasco advirtió que “el proyecto, tal como está formulado, impone exigencias y responsabilidades desproporcionadas a los establecimientos educacionales sin otorgarles los apoyos necesarios para cumplirlas”. En su opinión, esto no solo genera una sobrecarga burocrática innecesaria, sino que además erosiona la autoridad pedagógica de los docentes, esencial para mantener un clima de aprendizaje y respeto en las aulas.

La Asociación manifestó su preocupación por una creciente judicialización de las relaciones dentro de las comunidades escolares. “Se pretende reemplazar los vínculos educativos, basados en la confianza y el diálogo, por relaciones puramente jurídicas, mediadas por protocolos y coerciones”, señaló Velasco. Ejemplificó esta situación con casos en que profesores han sido denunciados y suspendidos simplemente por intervenir en peleas entre estudiantes.

ASEDUCH afirmó que el actual enfoque normativo no ataca las causas de fondo de la violencia escolar y que solo aumentará los costos y cargas administrativas en los establecimientos sin resolver los conflictos que afectan la convivencia diaria. Además se “generará una sobrecarga de trabajo, aumentará el estrés y posiblemente la frustración en las comunidades educativas”, indicó Aseduch.

Un llamado a un nuevo pacto educativo

La Asociación aprovechó la instancia para reiterar la urgencia de construir un gran acuerdo nacional por la educación, que involucre a todos los actores del sistema: familias, educadores, estudiantes, gremios, Estado y sociedad civil. “Necesitamos una ley que devuelva a los educadores las atribuciones necesarias para enseñar y formar en ambientes seguros y ordenados, no más reglamentos que limitan su acción y autoridad”, sostuvo Velasco.

En este contexto, ASEDUCH reafirmó su compromiso con una educación centrada en los estudiantes y en el respeto a la labor docente, y advirtió que sin cambios reales, las políticas públicas seguirán desconectadas de la realidad que se vive en las salas de clases a lo largo del país.

Eliseo Lara Órdenes

Director Programa de Pedagogía en Educación Media

Universidad Andrés Bello

Erradicar la violencia, así como toda forma de agresiones en las escuelas, es hoy por hoy el principal desafío en la educación. A nivel Mundial el informe UNESCO (2022) señala que al menos 1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes ha sufrido algún tipo de agresión en el mes inmediatamente anterior a la consulta. Esta situación, agravada por la pandemia, ha significado en el espacio escolar un aumento de situaciones de incidentes críticos y problemas en la salud mental, que ha llevado a cifras históricas las denuncias en la Superintendencia de Educación, donde además se asume que la cantidad de hechos supera con creces el número de las denuncias.

Enfrentar con claridad esta problemática requiere del esfuerzo conjunto del Ministerio, Escuelas, Universidades y sociedad civil. No puede ser algo aislado y sólo focalizado en establecimientos que por su situación socioeconómica presenta más factores de riesgos como lo ha hecho la política pública hasta ahora.

Conocidos son casos de colegios privados donde situaciones de violencia y acoso han sido denunciadas públicamente. En Concepción el caso más reciente consistió en la venta de un video robado del celular de una joven, por parte de amigos cercanos, que terminó siendo comercializado al interior de distintos establecimientos a estudiantes de 7mo y 8vo año básico por alumnos de enseñanza media.

Por ello, la implementación y el apoyo de la Política Nacional de Convivencia Escolar no puede hacerse al margen de un sector importante de la comunidad escolar nacional. Asimismo, es importante apresurar la aprobación en específico del proyecto de ley de Convivencia presentado por el Mineduc. Además de continuar implementando programas de apoyo a la gestión de la convivencia como “A Convivir Se Aprende” dado los buenos resultados obtenidos y proponer capacitaciones nacionales a los equipos docentes y jornadas de autocuidado.

El desafío es grande, pero prioritario ya que toda mejora en las condiciones de desarrollo personal en la escuela y de convivencia generan mejoras en los resultados académicos, donde una de las alertas más llamativas que se han levantado en las mediciones internacionales como país es que no logramos mejorar nuestros indicadores.

Mejorar nuestra convivencia en la escuela y reducir la violencia en contextos escolares es el principal desafío de este año para todos, pero principalmente para el Ministerio de Educación, quien debe garantizar que las escuelas sean espacios seguros para todos los niños, niñas y adolescentes. Nuestra invitación es a prepararnos, realizar diagnósticos a comienzos del año escolar y desarrollar planes de acción multinivel para enfrentar de mejor forma este desafío.