Convivencia y Salud Mental en la Universidad

Eliseo Lara Ordenes

Director Pedagogía en Educación Media

Universidad Andrés Bello

Según los resultados de la World Mental Health International College Student (WHO-ICS) en 2017, los estudiantes de educación superior presentan una prevalencia significativa en problemas asociados a la salud mental, donde el 18,5% presenta trastornos depresivos y el 16% de ansiedad generalizada. Post-pandemia se realizaron distintos estudios para conocer el estado de salud mental de los y las estudiantes chilenas, en los que se conoció, por ejemplo, que 3 de cada 4 estudiantes tenía problemas asociados a su salud mental y que esta prevalencia era mayor en las mujeres que los hombres. Esta situación se ve también agravada según los distintos momentos que se atraviesan en la trayectoria educativa de un o una estudiante, por lo que resulta importante y urgente que las instituciones de educación superior tomen nota y se hagan cargo de las situaciones que afectan a los miembros de su comunidad, sobre todo cuando se ha conocido de casos mediante viralizaciones y medios de comunicación o, como ocurre con el caso lamentable, que costó la vida de la estudiante Catalina Cayazaya Cors, cuyos detalles dio a conocer públicamente su familia a través de una carta.

Hoy resulta de primera necesidad que las Instituciones de Educación Superior resguarden la integridad física y psicológica de sus estudiantes, tanto en la formación que reciben al interior de la institución como en los centros de prácticas. Los estudiantes son futuros profesionales en formación y requieren de un acompañamiento empático, estimulante y sobre todo seguro. Esa es una responsabilidad que tenemos todos quienes hacemos docencia y en especial las universidades y si bien en planteles como UNAB existen protocolos y acompañamiento a los estudiantes, el desafío en este sentido es permanente y transversal.

Los problemas de convivencia y de salud mental no son sólo un desafío escolar y, por ende, social, sino también universitario y la Comisión Nacional de Acreditación como el Ministerio de Educación deben cautelar estos procesos del mismo modo como la Agencia de Calidad lo hace con las escuelas.