El reciente caso del notario formalizado por presunta falsificación de escrituras vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda, pero urgente: ¿Cómo puede un sistema fundado en la fe pública mantener su legitimidad cuando la confianza se ve traicionada por quienes debían garantizarla?
Los hechos son graves. La Fiscalía investiga la presunta autorización de documentos en los que las personas nunca habrían comparecido. El Consejo de Defensa del Estado señala que el notario no acreditó identidades conforme al protocolo, afectando a las personas que hoy aparecen como firmantes de escrituras que jamás suscribieron.
Como la mayoría de los notarios opera con rigurosidad, casos como este constituyen una oscura mancha para todos los actores del ecosistema registral. Este episodio no solo erosiona la credibilidad de una notaría, también tensiona la confianza de la ciudadanía.
En pleno siglo XXI, las escrituras siguen firmándose en papel o mediante procedimientos que no siempre garantizan la autenticidad de las identidades. En Chile, la legislación permite firmar documentos digitalmente, incluso con equivalencia legal plena, desde hace muchos años. Sin embargo, la adopción ha sido lenta y desigual. De hecho, la recién aprobada reforma no consideró la posibilidad de firmar escrituras de forma electrónica.
La tecnología -al ofrecer una trazabilidad verificable- reduce drásticamente el margen de error o la posibilidad de que alguien se vea envuelto en un fraude, para que no tengamos que depender de la buena fe de un funcionario. Sin embargo, pese a que más del 90 % de los documentos privados puede firmarse electrónicamente, las escrituras públicas son un gran pendiente.
¿Qué nos detiene para avanzar hacia una modernización real del sistema registral? ¿Por qué no contar con registros electrónicos integrados y plataformas interoperables entre notarías, conservadores y organismos públicos?
La tecnología facilita el control y favorece la transparencia. Por eso, proveedores de firma electrónica como FirmaVirtual han invertido en biometría y autenticación multifactor, reforzando así la seguridad de los usuarios. No obstante, no se trata de eliminar el rol del notario, sino de reforzarlo. El “ministro de fe” del siglo XXI no puede limitarse a estampar un timbre sobre un papel, también debe garantizar procesos trazables, seguros y auditables.
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