Documento revela 910 casos a nivel nacional por más de $11 mil millones, incluyendo municipalidades del Biobío.
Un informe de la Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos, pese a tener prohibición legal por administrar recursos del Estado. Entre las instituciones mencionadas figuran las municipalidades de Concepción y Chiguayante, en la Región del Biobío.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20 señala que los funcionarios involucrados pertenecen a 371 entidades públicas y registraron transacciones por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025 .
El informe también advierte que 181 funcionarios concentran el 96,8% del total apostado, superando los $11 mil millones, cifras que no se condicen con sus ingresos .
La presencia de las municipalidades de Concepción y Chiguayante confirma que este fenómeno alcanza a la región, aunque el documento no detalla cuántos funcionarios corresponden a estas comunas ni los montos asociados.
La ley prohíbe expresamente que funcionarios que administran fondos públicos participen en juegos de azar. Por ello, la Contraloría derivó los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego para iniciar sanciones, además de instruir investigaciones administrativas en las instituciones involucradas.
Asimismo, los casos con mayores montos fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
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