Un balance de lo realizado durante el año 2023 y las proyecciones para este año fue el foco de la sesión del Consejo para la Reactivación Educativa que este jueves se desarrolló en la sala Creaciones del Ministerio de Educación. En la reunión se revisaron las diversas acciones que conforman los ejes principales del Plan de Reactivación Educativa y se escucharon las palabras de cada uno de los consejeros respecto a las necesidades educativas para este año.

Al dar la bienvenida al encuentro, el ministro Nicolás Cataldo señaló que “lo relevante es que retomamos un camino”. Aludió a los resultados del Simce 2023 dados a conocer recientemente, indicando que “marcan un horizonte, un avance en los aprendizajes. La perspectiva de la reactivación es que es una política pública que tiene que cumplir metas hoy, pero también tiene que proyectar desafíos para el país hacia el futuro”. Respecto de esta mirada de mediano y largo plazo, recordó que “lo mencioné en la primea reunión que sostuvimos; sigo reafirmándolo, porque es la oportunidad para poder proyectar políticas públicas que se sostengan en el tiempo, que permitan trazar un horizonte hacia donde queramos llegar”.

En tanto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, reafirmó que la reactivación educativa “es una causa país, con una perspectiva de largo plazo” y que la proyección del sistema educativo no debe ser “sólo pensando en volver a los índices que teníamos previo a la pandemia, sino que pensando en dar el salto que la educación de nuestro país necesita para avanzar en el resguardo del derecho a la educación”. Destacó que “la pandemia nos dio la oportunidad para parar y revisar el sistema. Y reactivarlo desde otra perspectiva, para no volver a lo mismo que había antes”. Además, valoró a las comunidades educativas, que “han tenido resiliencia para sostener el impacto de la pandemia y recuperarse, hay compromiso e involucramiento con el proceso”.

Foco 2024 en recuperación y mejora

Por su parte, el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, indicó que “mantenemos la reactivación como una prioridad ministerial, consolidamos y potenciamos proyectos clave y creamos proyectos nuevos, en línea con lo expuesto por el Consejo. Además, ampliamos nuestro horizonte de metas al término de gobierno, para avanzar tano a la recuperación como a la mejora educativa”.

Así, las autoridades informaron que para el 2034 se proyecta aumentar la percepción de protección de estudiantes, considerando como indicador la escala de victimización que fue aplicada por la Agencia de Calidad de la Educación a través de los cuestionarios de calidad y contexto, y también incrementar la percepción de bienestar de estudiantes, considerando como indicador la escala de sentido de pertenencia, aplicada por la misma agencia.

También con un horizonte a diez años, se propone que “en matemática y lenguaje, el país logre sacar a todos los estudiantes de categoría insuficiente en cuarto básico, y disminuir la proporción en segundo medio del 51% (matemática) y 50% (lenguaje) al 18%”. Para la proyección de las metas de asistencia promedio, “se propone llegar al 90% el 2026 y al 94% al 2034. En cuanto a la tasa de permanencia, se buscará alcanzar el 2026 el mejor resultado obtenido antes de la pandemia por establecimientos que reciben subvención del Estado, “es decir, el 98,7% logrado el 2019. Para el 2034, la meta es llegar al 99,3%”.

Walker señaló que el Plan de Reactivación 2024 cuenta con 10 proyectos destacados. Entre ellos, el Plan Nacional de Tutorías este año quintuplicará su alcance para beneficiar a 110 mil estudiantes. También destacó la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Trayectoria Educativa y Alerta Temprana, que cuenta con el apoyo del BID como asesor técnico y fue seleccionado por el Fondo Global para el Desarrollo de Evaluaciones Piloto e Impacto en el marco de proyectos de política pública asociados a innovación que tienen un alto potencial de impacto. Este sistema “pone información a disposición de los diferentes actores del sistema educativo; y tiene como propósito asegurar el seguimiento y monitoreo oportuno de las trayectorias e indicadores educativos claves del estudiantado desde una dimensión longitudinal, además de la identificación y alerta temprana de las y los alumnos que se encuentran en situaciones de riesgo de interrupción de sus trayectorias educativas”.

“Como ministerio hemos planteado un norte, al cual queremos avanzar en distintas metas. Por ejemplo, hemos propuesto en materia de aprendizajes avanzar hacia una meta al 2034 de rezago cero. No queremos que ningún estudiante quede atrás”, cerró Joaquín Walker.

Al concluir la sesión, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia destacó que “hemos conversado respecto a los resultados del Simce, que han mostrado un importante aumento y hemos revisado metas de largo plazo, considerando distintos indicadores, vinculados a bienestar y protección en la escuela, a aprendizajes y a asistencia y revinculación. Quiero agradecer a todas las personas que son parte de este consejo, por su compromiso y dedicación, por la mirada país que tienen respecto a los desafíos en educación y queremos hacer el llamado a seguir trabajando conjuntamente por la reactivación educativa en nuestro país”.

Por su parte, el ministro Nicolás Cataldo afirmó que la apuesta ministerial es convertir a la reactivación educativa “en una tarea permanente, cotidiana del Mineduc. El sistema educativo está demostrando tener una alta resiliencia. Tenemos la oportunidad de transitar un acuerdo que le dé continuidad a este plan con un horizonte de 10 años. Es necesario para que el sistema educativo se consolide”.

• Su presidente, Francisco Leturia, afirmó que se trata de acciones que reciben el consenso de los técnicos y que espera logren concitar el apoyo político que se requiere para su implementación.

En un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, al que asistieron el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, el consejero Bernardo Navarrete y el director general, David Ibaceta, el organismo presentó 27 medidas para enfrentar la corrupción.

En la instancia, los representantes del CPLT plantearon los cambios en materia de anticorrupción y pro transparencia que consideran deben implementarse para que situaciones como las que se han conocido en el último tiempo en el país no se vuelvan a repetir.

“Sino cambiamos las reglas y seguimos con los forados que tenemos, estas cosas van a seguir pasando”, dijo Leturia. “Tenemos que cerrar las puertas y dejar de seguir dándoles facilidades a las personas y a eso apuntan estas reformas”, explicó.

De las 27 medidas, el titular del CPLT destacó tres: que no existan excepciones en materia de transparencia –como ocurre en el caso de corporaciones municipales, fundaciones, entre otras entidades de derecho privado y algunos órganos y poderes del Estado-. “Las normas de transparencia deben ser iguales para todos”, resumió. A esto se suma un aumento en los estándares de información que deben transparentarse y establecer más sanciones.

Sobre la reunión, el presidente del Consejo comentó que tanto la subsecretaria Lobos como el ministro Elizalde “han tenido una actitud muy positiva. Es de esperar que logremos concitar el apoyo del mundo político. para realizar estos cambios que son urgentes”.

Detalle de medidas propuestas por el CPLT

PROPUESTAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

1) Transparencia para todos los órganos del Estado. Creación de un sistema general de transparencia con una única autoridad de control, que incluya a órganos con reglas de transparencia especiales, como, por ejemplo, el Congreso Nacional o el Poder Judicial.

2) Aplicación de normas de transparencia activa a fundaciones, corporaciones e instituciones privadas que reciban fondos públicos.

3) Ampliación y perfeccionamiento de materias de transparencia activa. Se contempla la publicación de materias que son de interés ciudadano, permitiendo transformar la transparencia activa en la regla y no la excepción.

4) Establecer normas de transparencia sectorial. Esto permite dar publicidad a materias de interés específico de cada sector, por ejemplo, universidades u obras públicas.

5) Perfeccionamiento de reglas de transparencia activa en gobiernos regionales.

6) Rendición de cuentas sobre ejecución de proyectos de diversa naturaleza, tanto a nivel nacional, regional y comunal. , incorporando un mecanismo objetivo de verificación.

7) Registro público abierto, transparente y unificado de corporaciones y fundaciones que reciben recursos públicos, a cargo del Ministerio de Hacienda, así como la aplicación del principio de probidad a los trabajadores de corporaciones y fundaciones, empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

8) Publicidad pormenorizada indicando institución y montos, para transferencias realizadas por organismos públicos a instituciones internacionales, con sede en el extranjero o en territorio nacional; transparentar activamente sus fundamentos y rendiciones de cuentas asociadas al uso de dichos recursos.

9) Perfeccionar las normas de transparencia en materia de concesiones y asociaciones público-privadas.

10) Publicación de montos entregados por concepto de viáticos y cometidos funcionarios.

11) Perfeccionamiento de normas de transparencia activa en empresas públicas, incluyendo la nómina de contratos para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, entre otros.

12) Aumento de sanciones establecidas por ley. Incorpora la determinación de sujetos responsables, que incluya expresamente a los infractores, sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad o jefe de servicio.

13) Más transparencia presupuestaria. Incluye la publicación de versiones ciudadanas, más comprensibles de estas materias, entre otras medidas.

14) Obligación legal de utilizar el Portal de Transparencia del Estado.

15) Ley de Archivos, que modernice la legislación de gestión documental y archivos públicos.

16) Corregir en las diversas normativas sectoriales disposiciones que dificultan un acceso efectivo a la información.

PROPUESTAS EN MATERIA DE PROBIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

1) Perfeccionamiento normas sobre contratación de parientes y cercanos, reforzando para ello las reglas que eviten el nepotismo. Particularmente, propone prohibir que un funcionario público ejerza simultáneamente labores en corporaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, contratados en cualquier calidad jurídica.

2) Registro público unificado de funcionarios o trabajadores del Estado, con la finalidad de evitar dobles contrataciones o conflictos de interés.

3) Normas de incompatibilidad más rigurosas, aplicables a autoridades y funcionarios del nivel nacional, regional o comunal para poder enfrentar las dobles contrataciones

4) Hacer aplicable el principio de probidad a funcionarios de corporaciones, fundaciones y empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

5) Reforzamiento de las normas sobre traspaso del sector público al privado, y viceversa. Ampliación del ámbito de aplicación de la norma vigente para funcionarios de instituciones fiscalizadoras.

6) Nueva ley de lobby. Con reglas obligatorias de transparencia activa y registro público de lobistas y gestores de intereses particulares. Reforzamiento de las sanciones en caso de incumplimiento.

7) Obligación de las autoridades de registrar las audiencias cuando sean ellas quienes tomen la iniciativa de citar a los lobistas o gestores de intereses.

8) Mejorar y ampliar la información de la Declaración de Intereses y Patrimonio, y establecer su publicación como una obligación de transparencia activa, con los resguardos que establece la ley vigente.

9) Obligatoriedad del registro y publicidad de beneficiarios finales, en las contrataciones con el Estado.

10) Hacer aplicable la responsabilidad administrativa respecto de los concejales y consejeros regionales.

11) Pronta implementación de la nueva normativa sobre Estatuto de Protección al Denunciante de actos contra la probidad.