Paulina Valdés Hidalgo, Jefa Unidad de Inclusión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

El Día de la Cero Discriminación no es solo una fecha en el calendario. Es una invitación a detenernos y reflexionar sobre cómo convivimos, nos relacionamos con quienes son distintos a nosotros y qué tipo de comunidad estamos construyendo. En este escenario, las universidades cumplen un rol central, ya que no solo forman profesionales, sino también personas llamadas a aportar a la sociedad desde la responsabilidad, el respeto y el reconocimiento de la dignidad humana como principio fundamental.

Las generaciones que hoy inician su vida universitaria han crecido en un entorno diverso y profundamente interconectado. Las identidades, culturas y trayectorias ya no responden a un único molde; y esa diversidad, lejos de ser una dificultad, constituye una oportunidad para construir espacios universitarios más empáticos, respetuosos e inclusivos. Reconocer la diversidad como parte de la condición humana implica también comprender que cada persona posee un valor propio, independiente de sus características, creencias o experiencias de vida.

La discriminación, sin embargo, no siempre se manifiesta de manera abierta. Muchas veces opera de forma silenciosa, en comentarios que se normalizan, en estereotipos que persisten o en prácticas cotidianas que excluyen a quienes no encajan en lo que se considera “normal”. Estas dinámicas, aunque sutiles, impactan profundamente en la experiencia universitaria y en el sentido de pertenencia de quienes las viven. Frente a ello, el rol de las nuevas generaciones resulta clave. Su disposición a cuestionar conductas heredadas, abrir conversaciones incómodas y promover espacios seguros puede impulsar transformaciones reales y sostenidas en las instituciones de educación superior.

La empatía es un elemento central en este proceso. Escuchar activamente, reconocer experiencias distintas y comprender que no todas las personas parten desde el mismo lugar permite construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la justicia. En la vida universitaria, esto se refleja en aulas donde la diferencia es valorada como un aporte, en trabajos colaborativos donde nadie queda fuera y en comunidades que comprenden que la diversidad, el cuidado del otro y la responsabilidad compartida forman parte del bien común.

Como país, hemos sido testigos del impacto de los mega incendios que afectaron a nuestra región, dejando a cientos de familias sin vivienda y en situación de alta vulnerabilidad. Frente a esa tragedia apareció con fuerza un rasgo que nos identifica: la capacidad de organizarnos, colaborar y apoyar sin distinciones. Ese mismo espíritu solidario, presente en los procesos de ayuda, reconstrucción y acompañamiento, es el que debiera orientar una cultura de 0 discriminación. Así como nadie queda fuera cuando se trata de apoyar en momentos de crisis, tampoco debiera quedar fuera cuando se trata de aprender, participar y convivir en la universidad.

Promover una cultura de cero discriminación es una tarea cotidiana, que se construye en las salas de clase, en los pasillos y en cada interacción. En este Día de la 0 Discriminación, reconocer el potencial transformador de las nuevas generaciones resulta fundamental. Avanzar hacia universidades donde la diversidad sea respetada y valorada es también avanzar hacia una sociedad más justa, empática y profundamente humana, centrada en la dignidad de cada persona.

Roxana Zuleta Bravo

Académica Trabajo Social.

Universidad Andrés Bello.

Chile es un país discriminador con todo aquello que el discurso sociocultural e ideológico dominante ha establecido como de menor valoración, afectando negativamente a personas, grupos y comunidades. Esto se refleja en múltiples ámbitos: el barrio o comuna donde se vive, la institución educativa a la que se asiste, la profesión u oficio que se ejerce, el apellido o la familia de origen, el género, la identidad y orientación sexual, la edad, enfermedades que se padecen, la presencia discapacidad o necesidad educativa especial e, incluso, la forma de vestir o hablar. Marcando el prejuicio y la exclusión profundas desigualdades en nuestra sociedad.

Está presente en nuestra vida cotidiana, manifestándose en el espacio público y privado, y puede ejercerse de manera directa, encubierta o simbólica, reflejando los valores de una sociedad neoliberal que mide el reconocimiento humano según el estatus y la posesión material. En este contexto, el mundo adulto se impone como eje central, relegando a las niñeces y juventudes; lo masculino se privilegia sobre lo femenino, negando la igualdad en la diversidad de género; y se exalta la juventud y la productividad, menospreciando la experiencia, la sabiduría y la tercera edad.

Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022, el 42,1% de la población considera que los derechos de las personas mayores no son respetados, seguido de las personas transexuales (32,9%), homosexuales y lesbianas (32,6%) y las personas con discapacidad quienes en un 50,8% no finaliza la educación media y tiene barreras para acceder al empleo, con 43% de activos laboralmente, en contraste con el 68% de la población sin discapacidad.

Por otro lado, la Segunda Consulta Nacional de Discriminación (2021), realizada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señala que los grupos más afectados son los pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, adultos mayores, homosexuales, lesbianas, migrantes, mujeres y personas con discapacidad. Y los principales espacios donde ocurre esta discriminación son la vía pública, los lugares de trabajo, los servicios de salud como hospitales y CESFAM, y el transporte público en general.

El 1 de marzo fue proclamado por la ONU como el Día de la Cero Discriminación, para promover el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, sin distinción de origen o condición. En Chile, la Ley N°20.609, o Ley Zamudio, establece medidas contra la discriminación arbitraria, definida como cualquier distinción o exclusión sin justificación razonable, basada en factores como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, maternidad, género, orientación sexual, edad, discapacidad, opinión, participación política o creencias, entre otras a considerar. Esta discriminación puede ser ejercida tanto por el Estado como por particulares, siempre que vulnere derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en la Constitución chilena se observa “falta de reconocimiento y protección judicial de algunos derechos humanos, particularmente en la obligación del Estado sobre el principio de igualdad y no discriminación, lo que afecta el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA). Por ello, instó al Estado a fortalecer su compromiso con estos derechos, promoviendo la igualdad, la participación ciudadana y la inclusión social. (INDH, 2023)

Enfrentar estas prácticas profundamente arraigadas es un desafío complejo, pero no imposible y más allá de la legislación, la educación es clave. Fomentar la convivencia en la diversidad, promoviendo la empatía y el respeto mutuo, y aplicar el principio de “tratar a los demás como nos gustaría ser tratados” son pasos fundamentales. Aunque estos cambios no transformen el mundo de inmediato, sí generan un impacto positivo y multiplicador en los entornos en los que cada persona se desenvuelve.

Finalmente, como lo planteó el profesor Humberto Maturana, “Si queremos convivir, tenemos que ser honestos, no mentir, tratarnos como iguales, aunque seamos distintos, como equivalentes, aunque seamos diferentes. Somos miembros de una comunidad y participamos en lo que se está generando allí”.

Entre los reclamos más recurrentes destacan las dificultades relacionadas con la accesibilidad física. Las personas con discapacidad enfrentan rampas inexistentes o en mal estado, ascensores fuera de servicio o insuficientes, y el uso indebido de estacionamientos exclusivos:

“Me acerqué a la bencinera a cargar combustible y, debido a mi discapacidad y el lugar para estacionar, no pude quedar cerca de los surtidores. Me obligaron a salir de la fila y cuando les indico que soy discapacitado (mostrando carnet), me indican que no les importa. Cuando solicité hablar con el encargado, él mismo me indicó que no tenía tiempo y me obligó a salir de la estación de servicio sin el combustible.

Además, los consumidores con discapacidad frecuentemente reportan trato discriminatorio y falta de protocolos inclusivos. Muchos relatan experiencias con personal no capacitado para atender sus necesidades específicas:

“Soy madre de un hijo con TEA con un porcentaje de discapacidad del 62,5%. Asistimos con la expectativa de disfrutar de una jornada de esparcimiento familiar. Sin embargo, nos encontramos con una serie de deficiencias en materia de accesibilidad que impidieron a mi hijo disfrutar en igualdad de condiciones que el resto, siendo ambos discriminados por personal de su empresa”, reclamó una consumidora.

Respecto al mercado de transporte, SERNAC recibió reclamos relacionados con discriminación y problemas de accesibilidad: tanto en el terrestre como en el aéreo. Los pasajeros mencionan la falta de asistencia adecuada, infraestructura deficiente y protocolos que no consideran sus necesidades. Además de la ausencia de rampas adecuadas, la demora en los servicios de buses y actitudes discriminatorias por parte del personal:

“Soy una persona con discapacidad y tuve que esperar casi una hora más que el resto de pasajeros para que el aeropuerto me asistiera para poder bajar del avión, ya que no tenían disponible la manga, ni oportunamente me asistieron para bajar por las escaleras. El trato que me dieron fue discriminatorio y me parece que no respondieron a mi derecho como pasajera de experimentar la experiencia de viajar igual que las demás personas.”

En eventos masivos, los reclamos recibidos reflejan la falta de infraestructura accesible en recintos y problemas en los sistemas de ingreso:

“El área designada como silla de ruedas para el concierto estaba a nivel del suelo, junto a sectores con asientos. La falta de visibilidad debido a que la mayoría de los asistentes se pusieron de pie fue una experiencia recurrente, evidenciando una falta de consideración hacia las personas con discapacidad. A pesar de mis intentos de comunicarme, la productora mostró una respuesta insatisfactoria y careció de disposición para ofrecer soluciones”, reclamó un consumidor.

Por otro lado, SERNAC registró reclamos relacionados con protocolos de seguridad. Muchos consumidores con discapacidad señalaron que las medidas de seguridad implementadas no consideraron sus necesidades específicas, resultando en tratos diferenciados y discriminatorios:

En caso de querer ingresar un reclamo, existen varias alternativas para hacerlo: ingresando a SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región.

Esta normativa establece que luego de un período de 5 años de haber sido dado de alta de una patología oncológica, sin recaída posterior, las empresas no pueden discriminar a las personas al momento de contratar algún servicio, como, por ejemplo, un seguro de salud o un producto financiero.

Con el propósito de conocer si se están respetando los derechos establecidos en la denominada “Ley de Derecho al Olvido Oncológico”, SERNAC anunció que está monitoreando el comportamiento de las empresas, especialmente las aseguradoras y entidades financieras.

La Ley 21.656, vigente desde febrero pasado, y que modificó la Ley N° 21.258 que creó la Ley Nacional del Cáncer, estableció una serie de derechos para las personas que padecieron la enfermedad.

La norma al establecer el “derecho al olvido oncológico” busca proteger a quienes hayan padecido cáncer, y hayan finalizado su tratamiento radical, sin recaída posterior, impidiendo que sean discriminados por las empresas al momento de contratar servicios, por ejemplo, seguros de salud o productos financieros.

De esta misma forma, una vez que hayan transcurrido cinco años desde haber sido dados de alta de la enfermedad y sin recaídas posteriores, se prohíbe la solicitud de información oncológica o la obligación de declarar haber padecido una patología oncológica a la fecha de suscripción del contrato.

Lo anterior implica que las empresas aseguradoras o las entidades financieras no pueden tomar en cuenta o solicitar el historial clínico de las personas que fueron afectadas por cáncer ni obligarlas a declarar la preexistencia de alguna enfermedad oncológica permitiendo a quienes padecieron esta enfermedad acceder a los servicios bajo las mismas condiciones respecto de quienes no la han tenido.

Asimismo, la normativa establece que serán nulas las cláusulas donde las empresas disponen de limitaciones dirigidas a quienes padecieron cáncer, de acuerdo a los requisitos señalados en la misma ley.

Cualquier incumplimiento a estas obligaciones implica la posibilidad de denuncias ante la justicia con el propósito de sancionar a las empresas infractoras.

Esta Ley indica también que, en caso de incumplimientos, las sanciones, indemnizaciones y reparaciones están sujetas a los procedimientos establecidos en la Ley del Consumidor (Ley N°19.496). Al respecto, SERNAC cuenta con la facultad de defender los derechos de las personas afectadas, pudiendo fiscalizar, interponer denuncias de interés general, iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos o incluso demandar colectivamente.

Adicionalmente, es importante considerar que la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud dictó la Circular N°461 de 2023, cuyo objetivo es precisar las características de la información que deben entregar los prestadores de salud en el Formulario de Constancia de Información al Paciente GES, cuyos hitos podrían resultar útiles para la aplicación de la ley 21.656, disposición que entrará en vigencia el próximo 03 de junio de 2024.

Finalmente, el llamado a las personas, en caso de cualquier incumplimiento a los derechos establecido en la “Ley de Derecho al Olvido Oncológico”, es a reclamar ante SERNAC a través de www.sernac.cl o llamando al número 800 700 100.