Roxana Zuleta Bravo
Académica Trabajo Social.
Universidad Andrés Bello.
Chile es un país discriminador con todo aquello que el discurso sociocultural e ideológico dominante ha establecido como de menor valoración, afectando negativamente a personas, grupos y comunidades. Esto se refleja en múltiples ámbitos: el barrio o comuna donde se vive, la institución educativa a la que se asiste, la profesión u oficio que se ejerce, el apellido o la familia de origen, el género, la identidad y orientación sexual, la edad, enfermedades que se padecen, la presencia discapacidad o necesidad educativa especial e, incluso, la forma de vestir o hablar. Marcando el prejuicio y la exclusión profundas desigualdades en nuestra sociedad.
Está presente en nuestra vida cotidiana, manifestándose en el espacio público y privado, y puede ejercerse de manera directa, encubierta o simbólica, reflejando los valores de una sociedad neoliberal que mide el reconocimiento humano según el estatus y la posesión material. En este contexto, el mundo adulto se impone como eje central, relegando a las niñeces y juventudes; lo masculino se privilegia sobre lo femenino, negando la igualdad en la diversidad de género; y se exalta la juventud y la productividad, menospreciando la experiencia, la sabiduría y la tercera edad.
Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022, el 42,1% de la población considera que los derechos de las personas mayores no son respetados, seguido de las personas transexuales (32,9%), homosexuales y lesbianas (32,6%) y las personas con discapacidad quienes en un 50,8% no finaliza la educación media y tiene barreras para acceder al empleo, con 43% de activos laboralmente, en contraste con el 68% de la población sin discapacidad.
Por otro lado, la Segunda Consulta Nacional de Discriminación (2021), realizada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señala que los grupos más afectados son los pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, adultos mayores, homosexuales, lesbianas, migrantes, mujeres y personas con discapacidad. Y los principales espacios donde ocurre esta discriminación son la vía pública, los lugares de trabajo, los servicios de salud como hospitales y CESFAM, y el transporte público en general.
El 1 de marzo fue proclamado por la ONU como el Día de la Cero Discriminación, para promover el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, sin distinción de origen o condición. En Chile, la Ley N°20.609, o Ley Zamudio, establece medidas contra la discriminación arbitraria, definida como cualquier distinción o exclusión sin justificación razonable, basada en factores como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, maternidad, género, orientación sexual, edad, discapacidad, opinión, participación política o creencias, entre otras a considerar. Esta discriminación puede ser ejercida tanto por el Estado como por particulares, siempre que vulnere derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en la Constitución chilena se observa “falta de reconocimiento y protección judicial de algunos derechos humanos, particularmente en la obligación del Estado sobre el principio de igualdad y no discriminación, lo que afecta el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA). Por ello, instó al Estado a fortalecer su compromiso con estos derechos, promoviendo la igualdad, la participación ciudadana y la inclusión social. (INDH, 2023)
Enfrentar estas prácticas profundamente arraigadas es un desafío complejo, pero no imposible y más allá de la legislación, la educación es clave. Fomentar la convivencia en la diversidad, promoviendo la empatía y el respeto mutuo, y aplicar el principio de “tratar a los demás como nos gustaría ser tratados” son pasos fundamentales. Aunque estos cambios no transformen el mundo de inmediato, sí generan un impacto positivo y multiplicador en los entornos en los que cada persona se desenvuelve.
Finalmente, como lo planteó el profesor Humberto Maturana, “Si queremos convivir, tenemos que ser honestos, no mentir, tratarnos como iguales, aunque seamos distintos, como equivalentes, aunque seamos diferentes. Somos miembros de una comunidad y participamos en lo que se está generando allí”.
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