La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas CGE, Frontel, Saesa, Coopelan y Coelcha por no cumplir los tiempos establecidos para restituir el suministro eléctrico a sus clientes, tras el sistema frontal que afectó duramente a la zona sur del país durante el fin de semana pasado.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, al miércoles 18 de junio aún se mantenían cerca de 15 mil clientes sin energía eléctrica en las regiones del Biobío y La Araucanía, de los cuales unos 5 mil llevaban más de 60 horas sin suministro, desde el sábado 14. Las comunas más afectadas incluyen Victoria, Carahue, Collipulli y Villarrica, en La Araucanía, además de Los Ángeles en el Biobío.

La SEC determinó que las empresas involucradas superaron los tiempos máximos normativos para reponer el servicio, lo que constituye una infracción grave a la regulación vigente.

“El rol de las empresas es asegurar la continuidad del suministro eléctrico, concurrir a las fallas en tiempos determinados y recuperar el servicio en el menor tiempo posible. Si no cumplen con esto, quien se ve perjudicada es la ciudadanía”, señaló la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.

Las empresas arriesgan multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una, lo que equivale a un monto cercano a los $8 mil millones por empresa, aunque el monto definitivo dependerá del resultado de la investigación.

Desde el inicio de la emergencia, la SEC ha mantenido equipos desplegados en terreno para monitorear directamente las labores de reposición. Además, se ha fiscalizado el cumplimiento de la atención preferente a pacientes electrodependientes, incluyendo visitas domiciliarias para verificar que las compañías estén cumpliendo con los protocolos establecidos.

“A través de estas formulaciones de cargos buscamos que las compañías mejoren sus estándares y, a la vez, demostramos que la normativa debe cumplirse”, enfatizó la superintendenta Cabeza.

La SEC reiteró que continuará con su labor de fiscalización activa hasta lograr el 100% de normalización del servicio, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso, y llamó a las distribuidoras a redoblar esfuerzos para responder adecuadamente ante emergencias como la vivida en La Araucanía.

La multa, ascendente a 350 UTM (aproximadamente $23,5 millones), se originó tras comprobarse que la empresa exigió pagos por un total de $22 millones 600 mil, a residentes que solicitaban el suministro eléctrico, pese a que la prestación del servicio correspondía a sus obligaciones como concesionaria.

El caso fue expuesto en una reunión entre SEC Biobío y las juntas de vecinos de Los Álamos Poniente y Mañil Bajo, donde una familia afectada denunció la exigencia de un millonario pago para acceder a la electricidad. Al analizar los antecedentes, se verificó que COOPELAN trató a una solicitante como una “loteadora”, justificando así el cobro indebido. Dicha situación afectó a familias con ficha social de hogares, lo que en la práctica significó una denegación arbitraria del servicio.

Cabe señalar que el presupuesto presentado por la empresa consideraba la extensión de 650 metros de red en media tensión, instalación de una subestación de distribución y construcción de 280 metros de red de baja tensión, sin informar a los clientes que podían contratar estas obras con terceros. COOPELAN argumentó que se trataba de una “urbanización eléctrica” dentro de un loteo privado, pero la SEC y los tribunales desestimaron esta defensa, confirmando que el área estaba dentro de su zona de concesión y, por tanto, el servicio debía ser provisto sin cobros adicionales. Asimismo, la empresa estableció un plazo de 175 días para ejecutar las obras, excediendo los 90 días hábiles máximos estipulados en la normativa vigente.

A lo anterior se suma que, durante el proceso administrativo, la empresa no rectificó su posición e intentó reformular los cobros como “aportes financieros reembolsables”, sin ajustarse al tratamiento que la normativa vigente establece para dicha modalidad.

COBROS REGULADOS

Al respecto el director regional de la SEC Biobío, Manuel Cartagena, señaló qué “este fallo de la Corte Suprema ratifica la acción sancionatoria de la SEC y hace justicia para las familias que han debido esperar largo tiempo por el suministro eléctrico. COOPELAN debía conocer sus obligaciones, dado que el costo de la conexión está regulado por tarifación y no permite el cobro de redes de distribución, las cuales la empresa rentabiliza bajo el modelo tarifario vigente. La SEC seguirá supervisando el cumplimiento de la sentencia, exigiendo a la empresa la extensión de redes necesarias para abastecer a las familias afectadas y no se descarta la emisión de nuevas instrucciones si la situación lo amerita”.

Finalmente, el organismo fiscalizador hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales en redes sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Facebook (Superintendencia SEC), donde se publica información relevante sobre seguridad y derechos de los consumidores.