El 24 de noviembre, dependiendo de la región en que vivamos, tendremos que volver a los locales de votación para la elección de gobernador regional. Sin embargo, la tarea de “ir a votar por un candidato” no es tan sencilla para los ciudadanos con discapacidad.
Si bien en Chile contamos con voto asistido desde el 2012, las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva todavía enfrentan dificultades al momento de ejercer su derecho de manera autónoma y segura.
SERVEL establece que personas con discapacidad (PcD) sean acompañadas al momento de votar, pudiendo -sin interferir en su decisión- asistirlas en la cabina. Sin embargo, durante las votaciones recién pasadas, hubo varios obstáculos en la implementación de esta norma, siendo la infraestructura una de las barreras.
Así, diversas sedes de votación se vieron en la necesidad de bajar urnas al primer piso, lo que generó molestia y críticas en los demás votantes, que vieron cómo estas soluciones improvisadas enlentecían el proceso. Con ello, lejos de relevar la importancia de que las PcD ejerzan este derecho, provoca sesgos por parte de la ciudadanía.
En este sentido, la participación ciudadana plena solo será posible cuando el ejercicio de derechos se reconozca y se respete en todas sus dimensiones, sin hacer sentir a las PcD como una excepción que requiere medidas extraordinarias o como una carga en el proceso.
Ahora, enfrentaremos un nuevo proceso eleccionario y es esperable que, habiendo aprendido de estos desafíos, seamos capaces de encontrar soluciones que faciliten el ejercicio del derecho a voto. Avanzar en esta materia es prioritario si queremos asegurar que todas las personas, sin importar sus habilidades, puedan participar plenamente en nuestra democracia.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello
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