Nuevo Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo UNAB alerta sobre la urgencia de reforzar la inteligencia en el Biobío

De acuerdo con el informe presentado este lunes en el lanzamiento de OCRIT en la Región se evidencia un crecimiento sostenido en delitos vinculados al crimen organizado. Homicidios, porte ilegal de armas y secuestros registraron alzas significativas.

La Región del Biobío enfrenta un escenario preocupante en materia de seguridad. Durante la última década, los delitos asociados al crimen organizado experimentaron un incremento significativo, fenómeno que el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello analizó este lunes en su lanzamiento regional a través de su estudio: “La Radiografía de la Seguridad 2014-2024 de la Región del Biobío: desafíos a la luz del Ministerio de Seguridad Pública”.

El informe reveló un alza de un 128% en homicidios, 63% en porte ilegal de armas y explosivos, y un 42% en secuestros, además de un aumento en extorsiones, un delito hasta hace poco inusual en la zona. Los datos presentados a las instituciones de seguridad regional fueron analizados en la ocasión por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, Pablo Zeballos, experto en Seguridad Pública y el abogado y coordinador de la OCRIT, Pablo Urquízar.

Para Urquízar estos datos reflejan un cambio radical en el mapa criminal regional y nacional. “El incremento de delitos violentos como homicidios, secuestros, porte de armas y extorsiones no solo intensifica la crisis de inseguridad, sino que exige un cambio en la política pública y la gestión de seguridad”, afirmó.

Violencia territorial y cárceles

Zeballos, en tanto, profundizó en la realidad del fenómeno en el Biobío. Destacó que la transformación del crimen organizado se ha gestado en los recintos penitenciarios, espacios que han dejado de ser lugares de castigo para convertirse en centros de gobernanza criminal donde se genera y exporta violencia. “Las cárceles ya no contienen el problema, sino que se transforman en centros del control territorial”, explicó.

Zeballos alertó que este fenómeno se combina con la entrada de estructuras criminales extranjeras, que introdujeron nuevos métodos violentos y de control simbólico. Estas organizaciones utilizan la violencia irracional y extrema —como disparar decenas de tiros a una persona, como lo ocurrió este fin de semana|— para demostrar poder y dominar territorios. En la región, además, hay una lógica de subcontratación entre redes locales y extranjeras, lo que complejiza aún más la dinámica delictiva.

Múltiples formas de crimen organizado

El Biobío exhibe características particulares que agravan el problema. La violencia rural, con episodios que afectan zonas periféricas y comunidades menos urbanizadas, se suma a la crisis de seguridad urbana. Además, los aumentos dramáticos en homicidios en comunas como Lota, Coronel y Talcahuano, donde los incrementos llegan hasta un 600%, y el porte ilegal de armas en Lebu, que creció un 1.400%, reflejando estas tensiones.

Las extorsiones se concentran principalmente en Talcahuano y Concepción, mientras que algunos delitos tradicionales, como robos por sorpresa o porte de armas blancas, han disminuido, indicando una transformación en las modalidades criminales.

Nueva institucionalidad

Durante el lanzamiento regional, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, junto a Urquízar y Zeballos, coincidieron en que la nueva institucionalidad ministerial debe asumir el desafío de articular y ordenar a las instituciones de seguridad en todos los niveles, bajo principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación. Urquízar enfatizó que “la seguridad pública debe entenderse como una política de Estado, para responder eficazmente a la demanda ciudadana frente al crimen organizado”.

En esta línea, el observatorio identificó siete desafíos prioritarios para la región: conducción política, interoperabilidad institucional, profesionalización de la seguridad regional y el fortalecimiento de la inteligencia territorial, entre otros, que requieren respuestas coordinadas y urgentes.

“Hoy día tenemos una ley de inteligencia que data de 2004, más de 20 años sin ninguna modificación. Piensen ustedes cómo el crimen organizado y el terrorismo en la región ha avanzado en esas décadas. Precisamente, la inteligencia regional es un punto a asumir como un desafío relevante para efectos de abordar el crimen organizado y el terrorismo”, reflexionó Urquízar.

Además, el informe advierte sobre la presencia en Chile de al menos doce organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua y Jalisco Nueva Generación. En el Biobío, solo el Tren de Aragua ha sido confirmado, pero su sola existencia multiplica la complejidad del panorama local.

Giacaman valoró la contribución académica del OCRIT: “Los datos son duros, pero esenciales para tomar decisiones informadas. Desde el Gobierno Regional convocaremos a todos los organismos a utilizar esta información como herramienta para enfrentar los desafíos de seguridad”.

El OCRIT busca comprender y enfrentar las complejidades del crimen organizado en distintas realidades a nivel nacional, al mismo tiempo que aporta a la seguridad pública desde una perspectiva integral y coordinada, con información relevante para la toma de decisiones.