José Navarrete Oyarce
Director del Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
Hace algunos días, la opinión pública se enteró de un error en el cálculo de los cobros de energía eléctrica, contraída por todos nosotros a favor de las empresas eléctricas, en el contexto de la congelación de las tarifas de finales del 2019.
En ese contexto, el objetivo de esta columna no es analizar el problema desde el punto de vista técnico ni tampoco cuestionar los distintos cálculos que se han sucedido en forma posterior, sino que llamar la atención del dilema ético, sobre todo por parte de las empresas y también del estado.
En primer lugar, y dada la magnitud de los montos, se entiende que las empresas deberían tener equipos internos, altamente especializados, cuya función, entre otras cosas, es reprocesar el cálculo, por lo tanto, me parece poco verosímil que las empresas no supieran del error. Esto lleva a mi primera reflexión ¿corresponde esto a un dilema ético? Desde mi punto de vista, claramente sí. En un mercado donde se usan habitualmente términos como compliance o accountability, al parecer son términos vacíos o de los que no se tiene verdadera profundidad de su significado. Las empresas trabajan bajo ciertas licencias sociales que deben respetar y que en este caso no fueron consideradas.
Por otro lado, es un deber del estado realizar sus funciones en forma prolija, vale decir, sin errores materialmente importantes. En ese sentido, y sin el ánimo de generalizar, muchas entidades estatales olvidan que sus “accionistas” con todos los habitantes del país y que sus labores deben crear valor, social o económico, para estos, que corresponden a sus principales stakeholders. Sin embargo, como estos “accionistas” somos “todos” se hace difícil personificar esta obligación y, finalmente, se hacen trabajos sin el debido cuidado. También aboga negativamente para esto, la inamovilidad de los empleados públicos.
Como dice el dicho, el que trabaja mal, trabaja dos veces, cosa que se ha evidenciado en este caso. Lo peor de todo es que los costos de esta falta de prolijidad han sido a costa de todos los usuarios y las repuestas insuficientes y poco asertivas.
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