El reciente anuncio de un alza significativa en el precio de los combustibles en Chile, que podría fluctuar entre los $370 y $500 por litro según tipo, encendió las alertas sobre sus efectos en la economía nacional. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el académico Dr. José Ignacio Hernández analizó las implicancias de este escenario, advirtiendo un impacto transversal que se dejará sentir tanto en la inflación como en el costo de vida de los hogares.

Uno de los principales factores que explica por qué el aumento de los combustibles repercute en prácticamente todos los bienes y servicios es el rol clave del transporte en la economía. “Existe toda una cadena logística, desde el productor hasta el consumidor final, que depende del transporte, el cual en Chile se realiza mayoritariamente por camiones que utilizan diésel. Por lo tanto, cualquier alza en los combustibles se traduce directamente en mayores costos de traslado”, explicó Hernández.

En esa línea, el académico detalló que este incremento no solo afecta el precio de llenar un vehículo particular, sino que también se traspasa a los consumidores mediante el encarecimiento de productos básicos y servicios. “El transporte de alimentos, como frutas y verduras, se vuelve más caro, y eso inevitablemente impacta en el precio final que pagan las personas”, agregó.

El alza actual no responde únicamente a variables internas. Chile, al ser un país altamente dependiente de la importación de petróleo, se ve directamente afectado por el contexto global. Según Hernández, uno de los elementos clave detrás del reciente aumento es la tensión internacional, particularmente la guerra con Irán.

“Este conflicto ha elevado el precio del crudo a nivel mundial. Como Chile compra petróleo en mercados internacionales, cualquier incremento en su valor repercute directamente en los costos de importación y, en consecuencia, en los precios internos”, sostuvo el Dr. José Ignacio Hernández.

De acuerdo con el académico UCSC, el impacto de esta alza no tardará en reflejarse en los indicadores económicos. La inflación podría experimentar un aumento más fuerte de lo previsto en los próximos meses. “Todos los bienes dependen, en mayor o menor medida, del transporte. Por eso, un incremento de esta magnitud en los combustibles va a presionar al alza los precios de forma generalizada”, indicó.

A su juicio, este escenario será especialmente complejo para los hogares, ya que “va a ser difícil absorber un aumento tan grande en el costo de vida”. Asimismo, advirtió que el transporte público también podría verse afectado, dado el mayor costo de operación, lo que eventualmente podría traducirse en alzas en las tarifas, pese a eventuales medidas de mitigación.

En este contexto, el rol del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) vuelve al centro del debate. Este instrumento busca suavizar las variaciones bruscas en los precios, tanto al alza como a la baja, pero su efectividad depende en gran medida de la capacidad fiscal del Estado. “El MEPCO permite amortiguar los cambios, pero lo que ocurrió recientemente fue una modificación en sus parámetros, reduciendo su capacidad de compensación. Eso significa que los ajustes de precios serán más pronunciados”, explicó el Dr. José Ignacio Hernández.

El académico recordó que este sistema tiene su origen en mecanismos anteriores implementados desde 2011, y que, si bien ha sido útil, presenta limitaciones estructurales. “Su efectividad depende de la disponibilidad de recursos fiscales. En un contexto de austeridad, como el actual, la decisión ha sido traspasar una mayor parte del costo a los consumidores”, afirmó.

De esta forma, el país enfrenta un escenario complejo, donde factores internacionales, decisiones de política económica y una alta dependencia energética confluyen para generar un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. “El alza que veremos esta semana no será un hecho aislado, sino que tendrá efectos en cadena en la economía. Por eso, es clave que tanto autoridades como ciudadanos comprendan la magnitud de este fenómeno”, concluyó el académico UCSC.

Economista y docente de Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

El derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del ejército estadounidense representa un punto de inflexión geopolítico para América Latina. Más allá del cambio de poder en Caracas, esta intervención revela la intención de Washington de contrarrestar la influencia china tras años de incursión de Pekín. América Latina vuelve a ser escenario de la rivalidad global.

Un motor evidente de esta jugada es la energía. Asegurar las más grandes reservas de petróleo del mundo, que se encuentran en Venezuela, es una inversión a largo plazo. Aunque hoy su producción es baja, Washington mira más allá del corto plazo, quiere acceso a ese crudo durante décadas. Para explotar ese tesoro se requerirá inversión.

El aumento de la producción petrolera en América Latina beneficiaría a los países importadores netos, como Chile y Perú. Un incremento en las exportaciones de Venezuela y Colombia ejercería una presión a la baja sobre los precios del crudo, lo que disminuiría los costos energéticos, moderaría la inflación y potenciaría la competitividad de las áreas intensivas en energía y transporte. En economías abiertas, estos efectos se trasladan con rapidez a los precios internos, la actividad productiva y las cuentas externas.

Este movimiento da una estrategia de reconfiguración productiva, el nearshoring, es decir, traer manufactura de vuelta al continente para reducir la dependencia de Asia. En este escenario, no es improbable que Estados Unidos promueva incentivos tributarios y regulatorios para beneficiar las inversiones de sus empresas en América Latina. Simultáneamente, una política comercial más agresiva podría resultar en mayores exigencias arancelarias para producción china instalada en terceros países.

La geopolítica está promoviendo una reconfiguración productiva a nivel regional. Para Estados Unidos, Latinoamérica es más que una fuente de recursos; también es un vínculo para nuevas cadenas industriales. Litio y cobre, claves en la transición energética, pasan a tener valor estratégico; mejor obtenerlos aquí que depender de proveedores lejanos. Asimismo, la cercanía y los menores costos facilitan reubicar fábricas en la región. Desde baterías hasta autopartes, la región tiene la oportunidad de ganar valor agregado si logra ofrecer infraestructura, talento y estabilidad.

Chile se enfrenta oportunidades y dilemas. Por un lado, podría salir beneficiado una energía importada más barata aliviaría a hogares y empresas, y su estabilidad institucional y riqueza minera pueden atraer inversiones frescas. Por el otro lado, está el equilibrio. China es nuestro mayor socio comercial, y alinearse demasiado con Washington podría incomodarlo.

La lección del caso venezolano es que economía y geopolítica van de la mano. Los reordenamientos abruptos no son neutros, generan ganadores y perdedores y redefinen los márgenes de acción de los países intermedios. Chile debe actuar con pragmatismo y visión estratégica, reforzar su seguridad energética, recibir inversiones con criterio y afinar su diplomacia económica para no rezagarse. En un mundo en transformación, hay que convertir los vientos de cambio en oportunidades de desarrollo y no en amenazas para el bienestar.

La Región del Biobío afianzó su liderazgo económico nacional al registrar un crecimiento del  3,8% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2025, superando el  promedio nacional de 3,1%, según datos preliminares de las Cuentas Nacionales publicadas  por el Banco Central. Este resultado confirma una tendencia excepcional: entre 2022 y 2025,  la región ha promediado un crecimiento de 3,82%, prácticamente el doble del 1,96% registrado  a nivel nacional.

El crecimiento estuvo principalmente impulsado por el buen desempeño de la industria  manufacturera, donde destacaron la industria pesquera, la producción de celulosa y la  refinación de combustibles. Por su parte, los servicios también contribuyeron  significativamente al resultado regional, particularmente los servicios personales y de transporte, sectores que mostraron una recuperación sostenida y una fuerte contribución a la  economía regional.

En cuanto al ámbito del consumo interno, los hogares de la región registraron un incremento  de 1,8%, explicado principalmente por el consumo de servicios personales y el gasto en  alimentos y bebidas dentro de los bienes no durables.

Sobre estas cifras, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región del Biobío, Javier  Sepúlveda, destacó que “Este sólido crecimiento económico, que promedió un 3,82% entre  2022 y 2025 para la región, casi el doble del 1,96% nacional, trae beneficios tangibles, tales  como más oportunidades de empleo y mejores salarios para los trabajadores, y un aumento  del poder adquisitivo para las familias.”

La autoridad regional, también reconoció los desafíos pendientes “Sin embargo, persisten desafíos como la dependencia de sectores tradicionales, la mejora de infraestructura y la  atracción de más y mejor inversión. Nuestro gobierno juega un rol crucial en la superación de  estos desafíos, demostrando que iniciativas como el Plan de Fortalecimiento Industrial y el  Plan Más Movilidad han impulsado una mayor diversificación y sofisticación productiva, así  como una mayor y mejor inversión en infraestructura.”

A nivel nacional, el segundo trimestre de 2025 mostró un panorama favorable, con quince de  las dieciséis regiones del país presentando crecimientos en su actividad económica. Los  servicios personales y el comercio fueron los sectores que más impulsaron el crecimiento del  PIB nacional, presentando aportes positivos en la mayoría de las regiones.

De esta manera, Biobío no solo reafirma su vocación productiva diversificada, combinando  sectores tradicionales como la industria pesquera y forestal con nuevas áreas de desarrollo,  sino que se posiciona como un ejemplo nacional de cómo las políticas públicas focalizadas  como el Plan de Fortalecimiento Industrial y el Plan Más Movilidad, pueden transformar una  economía regional, atrayendo más y mejor inversión en infraestructura que beneficia  directamente a los trabajadores y familias de la región.

]]> 31214 https://noticiasbiobio.cl/2025/07/21/el-sueldo-ya-no-alcanza-o-s/30797 Mon, 21 Jul 2025 18:31:49 +0000 https://noticiasbiobio.cl/?p=30797 [...]]]> Camilo Cornejo Orellana

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

Las cifras no mienten. En junio de este año, el IPC registró una variación negativa del -0,4%, acumulando un 1,9% en lo que va del año y un 4,1% en términos interanuales. Este comportamiento representa un respiro para las familias chilenas, que se ven directamente afectados por el alza de precios en productos de consumo masivo.

Al analizar en detalle la composición del IPC, se observa que 6 de las 13 categorías presentan disminuciones. Destacan, especialmente, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” con una variación de -0,9%, y “Vestuario y calzado”, con un notable -6,4%. Este dato es relevante si consideramos que, según cifras del INE, las familias destinan el 21,2% de su presupuesto a alimentación y bebidas no alcohólicas, y un 2,8% a vestuario y calzado. Por lo tanto, una baja en estos precios contribuye a aliviar el gasto en rubros esenciales.

Si desglosamos el ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas, destacando variaciones como: tomates (-14,7%), carne de vacío (-2,2%), limones (27,3%), hortalizas, legumbres y tubérculos (-4,6%), y frutas y frutos secos (-3,5%).

Estas cifras reflejan una inflación relativamente controlada por parte del Banco Central. A esto se suma el aumento sostenido de los salarios reales durante 27 meses consecutivos, junto con una actividad económica que muestra señales de recuperación, como lo demuestra el IMACEC de mayo de 2025, con un crecimiento interanual del 3,2% (a la espera de los datos de junio).

Sin embargo, estos datos representan solo una parte de la realidad económica. Para comprender la capacidad adquisitiva de las familias, es necesario considerar el IPC acumulado desde 2022 y contrastarlo con la evolución de los salarios, además de incorporar el análisis del desempleo, que en el trimestre móvil marzo-mayo 2025 alcanzó un 8,9%, con altos niveles de informalidad y escasa disposición del mercado laboral formal a contratar.

A esto se suman factores regionales, como el impacto de la quiebra de Huachipato y algunos de sus proveedores directos, así como la contracción del comercio minorista. Todo lo anterior nos indica que el IPC, por sí solo, no es suficiente para evaluar el bienestar económico de las familias. Lo verdaderamente relevante es su capacidad adquisitiva, es decir, cuánto pueden comprar con sus ingresos actuales, los cuales, en muchos casos, se han visto deteriorados. En definitiva, para muchas familias chilenas, el sueldo ya no alcanza.

Jaime Vera Peña

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

En el contexto del denominado “Día de la Liberación”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 10% a Chile, así como a Argentina, Colombia y Brasil. La medida, según el mandatario, responde a los gravámenes similares que estos países aplican a productos estadounidenses. La decisión, por supuesto, tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, que reflejaron la incertidumbre y las expectativas de los agentes económicos ante la nueva situación.

En este sentido es importante señalar que los mercados financieros tienen la capacidad de incorporar de manera ágil la información que se presenta en la valorización de su activo.  Por lo tanto, los precios accionarios reflejan de manera muy dinámica lo que está ocurriendo en el contexto mundial, respecto a los términos de intercambio o las condiciones de intercambio que están siendo modificadas por las distintas tasas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos.

Y es que un activo financiero lo que hace, básicamente, en su valorización es representar expectativas futuras sobre la evolución o las proyecciones que hacen los distintos agentes económicos sobre la generación de flujos de esos activos.

Las acciones representan títulos de capital de las distintas compañías. Así, en la medida en que haya perspectivas favorables sobre la evolución de sus flujos, el valor de los activos financieros aumenta. Cuando las perspectivas son negativas, el valor de los activos cae porque, básicamente, ahí se incorpora información que no es favorable para el desarrollo del mercado. En este caso, la caída en las bolsas mundiales justamente representa una visión del mercado sobre la menor actividad económica que generan estas tasas arancelarias.

Esta caída tan significativa implica que el mercado lee o asume que no es favorable que existan imposiciones que generen barreras a la libre comercialización. Podríamos pensar también que aquellas empresas que son más abiertas al mundo, que intercambian con Estados Unidos, son las que se pueden ver mayormente afectadas.

Lo que en este día es relevante también, y que requiere atención, es las réplicas que generan en Europa, en Asia y en los demás países de América, como Canadá. Porque hay impuestos sobre más de 10.000 artículos, que son la cantidad de artículos que trae el glosario aduanero, y se aplicaron a distintos países con tasas diferenciadas.

La intención detrás de esto es compensar los aranceles que los demás países o las demás comunidades le han aplicado a Estados Unidos, buscando hacer esa compensación. Los efectos que habrá en términos macroeconómicos para el comercio internacional también dependen de la respuesta que tendrán las demás naciones esta semana, particularmente los primeros días, porque podrían ser que los socios comerciales se comuniquen con Estados Unidos para buscar una medida que permita remediar esta situación o simplemente responder con una sobretasa arancelaria. Esto, obviamente, ralentiza y disminuye la actividad económica internacional, perjudicando a distintos bienes y servicios.

Lo que por el momento está definido es que las exportaciones de cobre no se verían afectadas porque no están consideradas dentro de esta mayor tasa. Sin embargo, si se cumplen los objetivos del presidente Trump de lograr un modelo económico que sea desarrollado de manera autónoma o con baja dependencia del comercio internacional, se estima que podría haber un periodo que genere incluso recesos en Estados Unidos y también un proceso inflacionario, lo cual es justamente lo que los ciudadanos esperan que se evite.

Economista y académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

Las fiestas navideñas se adaptan a las circunstancias que enfrenta cada generación, y este año no es una excepción. Según los datos del estudio de la Cámara Nacional de Comercio, los hogares chilenos están ajustando sus prioridades, mostrando cambios que no solo responden a limitaciones económicas, sino también a cómo interpretan el contexto que las rodea. Esto nos lleva a mirar las cifras y analizar las decisiones detrás de ellas.

Uno de los hallazgos, más notable, del estudio es que un 39% de las personas planea comprar menos regalos esta Navidad. Pero, se espera que el gasto promedio estimado asciende a $125.000, por encima de los $116.000 del año pasado. Esta paradoja, según la cual menos regalos significa más consumo, puede explicarse por el efecto ingreso: cuando se perciben que los recursos son limitados, las personas tienden a consumir menos bienes no esenciales y concentrar el consumo en bienes claves. Así, regalos como vestuario y juguetes lideran las preferencias, mientras que artículos de lujo o viajes quedan relegados.

El 62% de los encuestados realizarán sus compras de forma planificada, y un 58% indica que aprovechará promociones y ofertas. Este comportamiento puede explicarse desde la economía del comportamiento, ya que las personas buscan reducir la incertidumbre financiera y sentirse más en control de sus decisiones. Planificar con anticipación disminuye el estrés asociado a las compras de última hora, mientras que las promociones funcionan como señales que simplifican las decisiones, haciendo que los consumidores sientan que están optimizando su gasto. Además, la aversión a la pérdida impulsa a muchos a aprovechar los descuentos antes de que desaparezcan.

Desde una perspectiva macroeconómica, estas decisiones reflejan un consumo más racional, que podría remodelar la dinámica de la demanda agregada. Más allá de ser solo una festividad, esta Navidad se convierte en un espejo del estado emocional y financiero de los hogares chilenos, brindando una oportunidad para comprender cómo los cambios en el entorno impactan nuestras decisiones diarias. La economía nos recuerda que incluso las elecciones individuales, cuando motivadas por restricciones, pueden transformar colectivamente nuestras tradiciones.

Manuel Chong Fuentes

Economista y académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

La apertura del Puerto de Chancay, aparte de suponer un avance logístico para Perú, también plantea una incógnita sobre cómo afecta a nuestra economía chilena. Los efectos económicos, como los impactos en la balanza comercial, la inversión extranjera directa y el empleo, son factores clave para evaluar si estamos preparado para esta competencia. Esto nos deja una pregunta crucial: ¿Cómo responderemos?

Sobre la balanza comercial chilena, el impacto se refleja en el comercio de bienes y también en los ingresos por servicios portuarios. Si más empresas optan por Chancay para manejar sus exportaciones, los puertos chilenos, como San Antonio y Valparaíso, enfrentaría una disminución en el volumen de carga que procesan. Esto reduciría los ingresos generados por actividades como la carga y descarga de mercancías, afectando el aporte de estos servicios al equilibrio de la cuenta corriente.

El segundo aspecto está relacionado con la inversión extranjera directa. La competencia de Chancay podría desalentar nuevas inversiones en infraestructura portuaria chilena, un sector que ya enfrenta desafíos estructurales. La falta de avance en los proyectos de modernización de los principales terminales marítimos limita el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Enfrentar este desafío requiere acelerar la ejecución de los proyectos portuarios, garantizando procesos ágiles y priorizando la integración con las cadenas logísticas globales.

El empleo y el ingreso disponible también podrían verse afectados. La actividad portuaria es una fuente de empleo en regiones como Valparaíso y Biobío, y una disminución en el tráfico marítimo genera contracciones en estos mercados laborales. A nivel nacional, esto impacta el consumo privado, reduciendo uno de los principales componentes del PIB. Además, la caída de la actividad portuaria debilita sectores dependientes como el transporte y el comercio, generando un impacto acumulativo en el dinamismo económico del país.

En este escenario, la pregunta inicial encuentra una respuesta: Chile debe responder redefiniendo su estrategia económica. Los desafíos en infraestructura, los riesgos para el empleo y las presiones sobre la balanza comercial evidencian la necesidad de ajustes urgentes. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para fortalecer nuestra posición en el comercio global. La clave está en fortalecer la diversificación exportadora, acelerar la modernización portuaria y fomentar políticas públicas que integren de manera eficiente las cadenas logísticas nacionales. De lo contrario, el impacto de Chancay amenaza no solo nuestro comercio exterior, sino también las bases de nuestra estabilidad macroeconómica.

La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.

La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.

En este sentido, el compliance  o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.

La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.

La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.

Jaime Vera Peña

Académico Facultad de Economía y Negocios

Universidad Andrés Bello, Concepción

Una vez más la siderúrgica Huachipato genera preocupación en la Región del Biobío. En un hecho esencial CAP S.A (compañía controladora de la usina acerera) enviada a comisión para el mercado financiero el día 07 de agosto declara “iniciar un proceso de suspensión indefinida de su actividad siderúrgica, proceso que culminaría en septiembre” aludiendo a argumentos de mercado como: “la empresa se ha visto imposibilitada de traspasar a precio las sobretasas que fueron recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, lo que le hace económicamente inviable continuar con el negocio siderúrgico en Chile en su forma actual”.

Se estima que la decisión de la empresa afecta de manera directa a cerca de 5 mil puestos de trabajo y de forma indirecta a otros 20 mil, lo cual genera una crisis social y económica que impacta significativamente al mercado laboral y al aparato productivo del Biobío.

En términos económicos la empresa arrastra pérdidas cercanas a los US$80 millones de dólares en el primer semestre (en los últimos 10 años las pérdidas acumuladas se acercan a US$910 millones) no pudiendo reponerse desde el momento que se fijaron las salvaguardas, aunque estaban alineadas a lo solicitado y cercanas a las establecidas por otros países que enfrentaron situaciones similares, debido a que operaron las “expectativas racionales” por parte de las compañías que adquieren bolas y barras de aceros que, frente al inminente aumento en el precio de estos productos, decidieron abastecerse de manera anticipada.

En el mercado bursátil se reconoció de manera favorable este anuncio y en la jornada del pasado miércoles 07 de agosto, el título accionario de CAP saltó casi 5% entendiendo que para el grupo económico el cese de operaciones de la unidad de negocios asociado a la siderúrgica tendrá un impacto positivo en sus resultados consolidados.

Ante los vaivenes de la economía y los desafíos que enfrentan las empresas ante esta situación, los profesionales ligados a las áreas de finanzas y contabilidad gozan con buenas perspectivas ante la necesidad de las organizaciones de realizar los ajustes para tener mayor solvencia y desempeño.

Administración de recursos, control de gestión y diversos cargos ligados a la contabilidad, planificación y estrategia financiera y gestión de riesgos son algunas opciones que el mercado ofrece y que cuentan con buenas perspectivas.

Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, “las oportunidades pueden variar conforme el tamaño y la estructura de cada empresa. Lo que se presenta como una constante, eso sí, es la necesidad de las organizaciones de mejorar los procesos contables y de finanzas, el gasto eficiente de los recursos, la correcta implementación de las exigencias tributarias y la salud financiera, clave para el éxito y la sustentabilidad de cualquier empresa”.

Cargos de Controller, Gerente de Administración y Finanzas, Analista de Control de Gestión y Contador General son algunos de los más requeridos, según la consultora, destacando además oportunidades de trabajos por proyectos en cargos de Analista de Contabilidad SAP, Analista de Tesorería, de Cuentas por pagar, Facturación, entre otros. “Muchas empresas están recurriendo a contratar este tipo de profesionales para funciones temporales muy específicas, lo que genera opciones interesantes por un tiempo determinado”, recordó Arnaes.

El manejo de softwares financieros, herramientas de inteligencia de negocios, análisis de datos e idioma inglés están entre las habilidades más buscadas.

Mientras un Gerente de Administración y Finanzas puede aspirar a sueldos que van, en promedio, desde los $4,5 millones, según nivel de experiencia y de acuerdo a los datos obtenidos por Robert Half en la última edición de su Guía Salarial, un Gerente de Control de

Gestión o Controller puede aspirar a $4,3 millones en media. En cargos de nivel analista, un Analista Contable oscila desde los $1,5 millones y un analista tributario, desde los $2 millones.

Como en todas las áreas, existen cargos más difíciles de encontrar. Profesionales especializados en tributos, reporting o activos fijos son algunos ejemplos donde las empresas pueden tardar más en sus procesos de selección e, incluso, recurrir a conseguir
profesionales que están trabajando en otras empresas. “El factor escasez suele ser crucial y los profesionales con la experiencia adecuada corren con ventaja”, dijo el ejecutivo.