La enfermedad renal crónica se desarrolla silenciosamente y afecta a millones de personas en el mundo, muchas sin diagnóstico oportuno ni acceso a tratamiento adecuado. La desigualdad en la atención transforma una patología prevenible y tratable en una amenaza devastadora.

Garantizar salud renal para todos implica fortalecer la prevención mediante educación en alimentación nefrosaludable, hidratación adecuada y control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. También exige asegurar acceso equitativo a diagnósticos tempranos y terapias oportunas, así como humanizar tratamientos como la diálisis, el trasplante y el manejo conservador. La justicia en salud es un derecho, no un privilegio.

La salud renal trasciende lo clínico: es un compromiso con la vida. Quien padece enfermedad renal no solo enfrenta síntomas físicos, sino también cargas emocionales, sociales y económicas que transforman su día a día. Por ello, el acompañamiento de equipos de salud capacitados, la empatía y el apoyo familiar resultan tan esenciales como los medicamentos. Cuidar es escuchar sin prisa, prevenir antes que tratar y acompañar sin juzgar.

El lema de este año incorpora un concepto urgente: proteger al planeta. No es una consigna simbólica, sino una advertencia respaldada por evidencia. La contaminación del agua, la exposición a metales pesados, el cambio climático y las olas de calor son factores de riesgo emergentes para la enfermedad renal. A su vez, las terapias de sustitución renal, especialmente la diálisis, generan un impacto ambiental considerable por su alto consumo de agua y energía y la producción de residuos, lo que incrementa la huella de carbono del sistema sanitario.

Proteger el planeta implica resguardar fuentes de agua potable, reducir la contaminación, promover sistemas de salud responsables con el medioambiente y fomentar estilos de vida saludables. Este escenario nos desafía a avanzar hacia una nefrología sostenible, priorizando la prevención y la detección precoz mediante exámenes que evalúen la función y el daño renal, especialmente en personas de riesgo. Un diagnóstico temprano puede ayudar a intervenir oportunamente, retrasar la progresión de la enfermedad y disminuir la necesidad de terapias complejas como las diálisis, que resultan tremendamente contaminantes. Asimismo, fortalecer el acceso al trasplante renal es clave como alternativa eficaz y sostenible a largo plazo.

Este lema nos invita a asumir una visión integral que trascienda el cuidado individual y nos convoque a una conciencia colectiva, donde la salud humana y la del planeta están profundamente entrelazadas. El futuro de nuestros riñones depende también de cómo cuidemos la tierra que habitamos.

Mariel Lobos Farías

Grupo de Innovación PROSALUD-UCSC, Facultad de Medicina UCSC

La industrialización de los alimentos cambió de raíz nuestra dieta: al procesarlos, se reduce el potasio y se añade sodio. El resultado es un desequilibrio que favorece la presión alta. En cambio, los alimentos frescos -frutas, verduras, legumbres, lácteos naturales, carnes y pescados- contienen de manera natural mucho más potasio que sodio, lo que ayuda a que el organismo elimine el exceso de sal y proteja el corazón y el riñón.

¿Qué podemos hacer como país y como personas? Primero, mirar más allá del salero: leer etiquetas, preferir productos con menos sodio y, sobre todo, aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio. Un plato cotidiano podría incluir: media palta; una buena porción de verduras de color (espinaca, acelga, tomate); legumbres al menos dos veces por semana; frutos secos sin sal en porciones pequeñas. En la cocina, usar hierbas, limón, ajo y especias para dar sabor sin recurrir a la sal.

Desde las políticas públicas, urge incorporar el potasio en el etiquetado nutricional. Así como hoy las advertencias negras nos alertan del “alto en sodio”, un sello positivo -por ejemplo, verde- podría destacar los productos naturalmente ricos en potasio. Esto ayudaría a la gente a elegir mejor, a la industria a ofrecer opciones más saludables y al sistema de salud a prevenir complicaciones cardiovasculares y renales.

También es clave reforzar hábitos que actúan en la misma dirección: mantener un peso adecuado, realizar actividad física regular, dormir bien y manejar el estrés. Ninguna de estas acciones reemplaza los controles ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud, pero todas suman y pueden evitar que miles de personas lleguen tarde al diagnóstico.

La hipertensión es silenciosa, frecuente y prevenible. Bajar el sodio es necesario, pero la ecuación está incompleta si no recuperamos el potasio perdido en nuestra alimentación cotidiana. Si combinamos decisiones personales informadas con un etiquetado que facilite esas decisiones, podremos transformar un consejo abstracto en un cambio real en la mesa chilena.

No basta con sacar la sal: hace falta sumar potasio y hábitos saludables para que el corazón lata más seguro.

Jéssica Fuentes Fuentes

Directora de la carrera de Nutrición y Dietética

Universidad San Sebastián

La Región del Biobío no es solo una zona industrial ni un polo universitario. Es un territorio donde históricamente han coexistido ingeniería, diseño, cultura, oficio y resistencia, creando una identidad creativa única. Desde la reconstrucción tras terremotos hasta la adaptación productiva frente a crisis industriales, el Biobío ha desarrollado una inteligencia territorial que no se enseña en manuales, pero que se practica a diario.

En ciudades como Concepción, la creatividad surge como necesidad, no como lujo. Innovar aquí no ha sido una moda importada, sino una respuesta local a contextos complejos: reconvertir industrias, crear nuevas economías, mezclar tecnología con oficio y vincular conocimiento académico con problemas reales. Esta forma de innovar, más colaborativa que espectacular, es precisamente la que muchos territorios del mundo demandan hoy.

El problema es que Chile aún no entiende la innovación como patrimonio exportable. Exportamos productos, servicios y talento individual, pero no modelos culturales de creación, ecosistemas de aprendizaje ni metodologías nacidas desde el territorio. El Biobío podría cambiar esto: exportar su manera de articular universidades, industria, diseño, tecnología y comunidad; exportar su experiencia en manufactura avanzada con identidad local; exportar su capacidad de generar soluciones situadas, replicables en otros contextos.

Iniciativas como el Biobío Day ayudan a visibilizar esta narrativa, pero el reto mayor es pasar del orgullo simbólico a una estrategia a largo plazo. No basta con mostrar la región en Santiago o en el extranjero; hay que traducir su creatividad en valor estructural, en programas de internacionalización del conocimiento, en redes de colaboración global, en plataformas donde el Biobío no solo participe, sino que lidere.

Pensar el Biobío como patrimonio de innovación implica un cambio de perspectiva. Significa entender que aquí no solo se produce, sino que también se piensa, se diseña y se experimenta. Que la creatividad no se limita a un evento puntual, sino que está presente en la forma cotidiana de enfrentar el futuro. Y que ese saber -profundamente local- también puede ser profundamente global.

Tal vez el verdadero reto no sea exportar más, sino aprender a exportar mejor. Y en eso, el Biobío tiene mucho que enseñarle al país.

Roberto Miranda

Docente Animación Digital

Universidad San Sebastián

Académico Terapia Ocupacional

Universidad Andrés Bello

Cada diciembre se conmemora a las personas en situación de discapacidad, con el fin de promover los derechos, el bienestar y la inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad.  En Chile según el último estudio nacional de discapacidad (ENDISC 2022), existen más de tres millones de personas que viven en situación de discapacidad, lo que establece grandes desafíos para el Estado como garante de derechos, para las políticas públicas y para la sociedad en su conjunto.

Vivimos en un contexto que mantiene desigualdades estructurales, culturales y legales, que siguen perpetuando la marginación y exclusión de personas en situación de discapacidad.

Entender la discapacidad desde una perspectiva de derecho permite visibilizar la importancia de la participación social, la ciudadanía, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos y todas. Implica también comprender que la discapacidad no se limita solo a la interacción entre la condición de una persona con las barreras de su entorno, o a los apoyos que podamos dar desde una mirada caritativa o solidaria, sino que es una cuestión de justicia social, ya que pone de manifiesto las desigualdades estructurales, que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de personas en situación de discapacidad.

No debemos olvidar que la situación de discapacidad se entrecruza con otras dimensiones de desigualdad, discriminación y exclusión como lo son el género, la clase social, la orientación sexual, la raza y la edad. Claro ejemplo de ello es que en Chile siguen siendo las mujeres y las personas mayores las que tienen mayores índices de discapacidad, que a su vez se asocian con pobreza, vulnerabilidad y menores oportunidades laborales y educativas.

No podemos olvidar tampoco que personas de pueblos originarios siguen viviendo en situación de discapacidad en contextos de ruralidad, muchas veces sin acceso a rehabilitación y otros derechos tan importantes para su dignidad. Sabemos también que las personas en situación de discapacidad que presentan dependencia severa son cuidadas principalmente por mujeres, esposas e hijas, que dejan su vida de lado para ejercer el rol de cuidadora, esto implica también generar acciones para para abordar las formas complejas y diversas en las que se experimenta la exclusión.

Desde la terapia ocupacional vemos con gran relevancia avanzar desde miradas tradicionales donde el foco esté puesto en la funcionalidad y la independencia para adaptarse a un contexto normalizante.

Es necesario integrar una mirada hacia la inclusión y la participación social, que permita que las personas puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas y ocupar un rol activo en sus comunidades. Este trabajo implica abogar por los derechos de las personas en situación de discapacidad, crear y/o diseñar entornos inclusivos y reconocer su experiencia para responder a sus necesidades. Desde aquí podremos transitar un camino hacia la transformación de las estructuras sociales para que sean más inclusivas, igualitarias y justas.

Los desafíos son múltiples pero un desarrollo social sostenible implica pensar en todos y todas, valorar y reconocer la diversidad como algo necesario. En este día tan importante reconocemos la lucha histórica del colectivo de personas en situación de discapacidad, por una vida digna y por el reconocimiento de sus derechos humanos.

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Alfonso Plasencio Sanhueza

Psiquiatra infantil

Académico de Psicología UNAB

La exposición de niños y adolescentes a hechos de violencia en la comunidad, como asaltos con armas, portonazos o balaceras, se ha tornado frecuente en los últimos años. La evidencia acumulada, nos muestra de manera consistente que presenciar eventos violentos incrementa significativamente el riesgo de estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y dificultades en la regulación emocional, siendo especialmente importante en la persistencia de los síntomas, el nivel de estrés percibido por el niño durante y después del evento.

Desde el punto de vista neurobiológico, la exposición a la violencia activa los sistemas de respuesta al estrés, en particular el eje amígdala–hipotálamo–hipófisis–adrenal. En los cerebros en desarrollo de niños y adolescentes, esta hiperactivación sostenida puede alterar la modulación del miedo, la atención y la memoria, favoreciendo estados de hipervigilancia, reexperimentación y evitación.  Esto explica por qué muchos niños presentan pesadillas, retraimiento social o conductas regresivas incluso semanas después del evento.

Desde el punto de vista ecológico, la literatura señala que la violencia comunitaria debe entenderse como un factor de riesgo transversal para el desarrollo de psicopatología.  Los niños que crecen en entornos altamente inseguros muestran mayor prevalencia de trastornos ansiosos, síntomas depresivos, conductas externalizantes y dificultades en el rendimiento escolar. A largo plazo, esto facilita trayectorias de mayor vulnerabilidad psicosocial.  Enfrentarse a esto, implica necesariamente el desarrollo de políticas públicas que aborden la exposición a estas situaciones.    A nivel familiar, el actuar de los adultos, tanto padres como figuras cercanas, es fundamental para modular el impacto sobre el niño.  En este sentido, tanto minimizar la situación e invalidar al niño, como sostener un relato alarmante, incrementan el riesgo de cronificación de los síntomas. En contraste, la presencia de adultos disponibles, capaces de escuchar y de explicar lo ocurrido con un lenguaje acorde a la edad, generan un espacio de validación, que protege contra la persistencia del cuadro.

Es importante tener una mirada preventiva, por lo que se recomienda hablar de seguridad: enseñar a pedir ayuda, a reconocer figuras seguras y a comunicar lo vivido sin vergüenza, entregando mensajes claros, concretos y centrados en conductas de autocuidado.  Esto fortalece la sensación de control percibido por el niño, una de las variables psicológicas más relevantes en la prevención de psicopatología relacionada al trauma.  Por otra parte, es importante evitar la sobreprotección, dado que construye una visión del mundo como un lugar permanentemente peligroso, lo que se asocia a mayor ansiedad.  En suma, evitar la psicopatología en niños expuesto a situaciones de violencia, depende, al menos en parte, de la capacidad de los adultos para regular su propio miedo, ofrecer contención emocional y operar como reguladores externos de la experiencia traumática.

En 2023, Renatta Rozas Sáez, joven de 20 años, perteneciente a la región del Biobío, fue asesinada. Tras una búsqueda de 19 días que capturó la atención mediática, su cuerpo fue encontrado sin vida y con 17 puñaladas en un cerro de Lirquén.

Ante esta realidad, una de las preguntas que surge se refiere a las acciones del Estado de Chile en torno a estas materias. La respuesta inmediata puede estar basada en la legislación vigente, pues en diciembre de 2010 entró en vigor la Ley de Femicidio N°20.480. En esta misma materia, diez años más tarde, en marzo de 2020, se promulgó la ley N°21.212 que modifica el código penal, el código procesal penal y la ley N°18.216 en materia de tipificación del femicidio. La implicancia de esta nueva legislación es que se amplía este delito para cualquier homicidio por razones de género.

No obstante, queda de manifiesto que estas leyes no aminoran el número de delitos, pues según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, durante los últimos cinco años se han registrado 210 femicidios en nuestro país (la cifra podría aumentar, pues aún no culmina 2025). Una vez más parece quedar en claro un par de hechos: en primer lugar, como lo señala la antropóloga Rita Segato, el término femicidio ha sido de difícil adopción por parte de los juristas, tanto en la incorporación como en la judicialización y puesta en práctica en diferentes latitudes de Latinoamérica. En segundo lugar, aún parece faltar en los relatos de prensa, más voces que se escapen de la construcción discursiva de las víctimas de estos delitos en base a constantes estereotipos que instalen a las mujeres en determinados espacios, clases sociales o en ciertos tipos humanos.

Mientras ambos hechos no cambien, y como sociedad no contribuyamos a ello, seguirán aumentando los registros de agresores como Mauricio Ortega, condenado por otros delitos, pero no por femicidio frustrado, ya que en el caso de Nabila Rifo, no se logró probar que este tuviera intención real de matar a su pareja (sin contar que hace pocas semanas fue puesto en libertad, aunque reingresado a la cárcel por resolución de la Corte de Apelaciones, ya que su víctima no fue notificada debidamente). En tanto que, el victimario de Renatta Rozas, Diego Anticán, fue declarado culpable, pero no por femicidio, sino por homicidio simple, lo cual rebaja de forma importante la pena que arriesga.

Dra. Alicia Rey

Jefa del Magíster en Comunicación y Cambio Social UCSC

La violencia contra la mujer es un fenómeno persistente que afecta a millones en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud señala que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Esta violencia no es solo física, puede ser psicológica, económica, simbólica y comunicativa. Y se vuelve particularmente riesgosa cuando existen dificultades cognitivas, emocionales o de comunicación.

Diversas investigaciones de ONU Mujeres muestran que las mujeres con discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, afasia o hipoacusia tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de sufrir violencia.

Entre las causas se encuentran las dificultades para comprender situaciones de riesgo, obstáculos para comunicar límites o pedir ayuda, problemas para narrar una agresión y la dependencia de terceros para actividades básicas.

Estudios recientes también han asociado la violencia de pareja con secuelas neurológicas, como traumatismos, alteraciones del sueño, problemas de memoria y trastornos emocionales.

La fonoaudiología, especialmente en el ámbito de adultos y gerontología, contribuye a fortalecer capacidades cognitivas y comunicativas esenciales para la autonomía, como mejorar la comprensión del lenguaje para asimilar información clave sobre redes de apoyo y fortalecer la expresión verbal para permitir comunicar lo vivido. Además de estimular funciones cognitivas como memoria, atención y organización del discurso y crear entornos de comunicación segura para mujeres con secuelas neurológicas o dificultades sensoriales.

Cuando una mujer puede entender lo que le ocurre y expresar lo que necesita, aumenta su capacidad de protección y disminuye su riesgo de violencia. La comunicación es una herramienta de autonomía. Escuchar, acompañar y adaptar el entorno comunicativo es también una forma de prevención y cuidado.

Este martes fuimos testigos de una interrupción masiva en la red que evidenció la fragilidad de nuestra vida digital. Una falla interna en Cloudflare, empresa clave en la infraestructura global de internet, provocó errores en múltiples servicios, dejando fuera de línea a plataformas como X (ex Twitter), ChatGPT, sitios de noticias, servicios financieros y tiendas en línea. ¿La causa? Un archivo de configuración sobredimensionado que desató fallos en cascada. No fue un ciberataque; fue una falla generada desde dentro.

Chile no estuvo ajeno al impacto. Usuarios reportaron caídas en herramientas de uso diario, plataformas de diseño, comercio y comunicación. Esta dependencia global de un solo proveedor para tantas capas de la web plantea preguntas urgentes sobre la resiliencia de nuestros sistemas digitales.

Desde la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, impulsamos una formación centrada en la construcción de infraestructuras robustas, arquitecturas distribuidas y análisis de riesgos. Formamos ingenieras e ingenieros capaces de diseñar sistemas tolerantes a fallos, conscientes de que detrás de cada interfaz hay decisiones técnicas con implicancias sociales.

Más allá del efecto inmediato, este incidente es un llamado a repensar nuestra arquitectura digital. Porque si una línea de código mal gestionada puede desconectar al mundo, entonces también puede motivarnos a reconstruir un internet más resiliente, abierto y confiable.

Dr. Nicolás Caselli B.

Director de Ingeniería Civil Informática

UNAB – Campus Concepción

Yusef Hadi Manríquez

Director de carrera de Publicidad

Universidad Andrés Bello

En cada ciclo electoral, nuestras calles se convierten en un tablero de colores chillones, rostros sonrientes y frases vacías que compiten por captar una atención cada vez más escéptica. Hoy, al recorrer las avenidas de Concepción —y de tantas otras ciudades del país—, basta una mirada para notar cómo la propaganda política ha vuelto a colonizar los espacios públicos, transformando muros, postes y veredas en un collage improvisado de promesas que, más que informar o inspirar, saturan y desgastan.

El impacto de esta práctica es profundo y negativo. Primero, porque genera una contaminación visual evidente: carteles sobre carteles, lienzos colgando de los árboles, afiches que se desprenden con la lluvia y terminan en las alcantarillas o en el Biobío. La estética urbana, el sentido de pertenencia y el respeto por el espacio común se pierden ante la avalancha de propaganda impresa, muchas veces de corta vida y de larga permanencia en el paisaje. El resultado es un entorno sucio, caótico y hostil.

Pero el problema no es solo ambiental o visual. Esta invasión simbólica de los espacios públicos también refleja una forma anticuada y poco empática de comunicar atención política. La saturación de mensajes idénticos —“cambio”, “esperanza”, “seguridad”, “por un Chile mejor”— termina por vaciar de sentido las palabras. En lugar de conectar con la ciudadanía, estos mensajes generan rechazo, indiferencia e incluso rabia. La gente siente que los candidatos no dialogan con ellos, sino que les gritan desde un cartel.

Somos cada vez más conscientes de la sostenibilidad y la ética comunicacional, pero este tipo de propaganda resulta anacrónica. Las nuevas generaciones y gran parte del electorado urbano valoran las marcas, las causas y los discursos que se construyen con coherencia, creatividad y respeto por el entorno. Sin embargo, muchos equipos de campaña siguen operando bajo la lógica del ruido: mientras más afiches, mejor. Como si visibilidad fuera sinónimo de credibilidad.

No se trata solo de criticar, sino también de aportar, ya que existen caminos alternativos, más sostenibles y creativos. La política podría aprender de la publicidad, del arte urbano, o incluso de las propias comunidades. Campañas que usen materiales reciclados, intervenciones urbanas efímeras que inviten al diálogo en lugar de imponer un rostro, acciones digitales que generen participación real más allá del “me gusta”. Incluso espacios colaborativos donde las personas puedan crear mensajes o plantear sus propias preocupaciones, reemplazando el monólogo del candidato por una conversación colectiva.

El desafío no es solo limpiar las calles, sino limpiar el lenguaje político. La ciudadanía está cansada de ser bombardeada con mensajes que no escuchan. Hoy la confianza en la política es escasa y lo que se necesita no son más lienzos, sino más ideas. No más promesas impresas, sino más empatía expresada con creatividad y responsabilidad.

Tal vez ha llegado el momento de entender que comunicar en política no es llenar espacios, sino darles sentido. Porque un cartel más puede sumar ruido, pero una idea bien expresada tiene el tan buscado poder, de empezar a cambiar algo.

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José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

Hace algunos días, la opinión pública se enteró de un error en el cálculo de los cobros de energía eléctrica, contraída por todos nosotros a favor de las empresas eléctricas, en el contexto de la congelación de las tarifas de finales del 2019.

En ese contexto, el objetivo de esta columna no es analizar el problema desde el punto de vista técnico ni tampoco cuestionar los distintos cálculos que se han sucedido en forma posterior, sino que llamar la atención del dilema ético, sobre todo por parte de las empresas y también del estado.

En primer lugar, y dada la magnitud de los montos, se entiende que las empresas deberían tener equipos internos, altamente especializados, cuya función, entre otras cosas, es reprocesar el cálculo, por lo tanto, me parece poco verosímil que las empresas no supieran del error. Esto lleva a mi primera reflexión ¿corresponde esto a un dilema ético? Desde mi punto de vista, claramente sí. En un mercado donde se usan habitualmente términos como compliance o accountability, al parecer son términos vacíos o de los que no se tiene verdadera profundidad de su significado. Las empresas trabajan bajo ciertas licencias sociales que deben respetar y que en este caso no fueron consideradas.

Por otro lado, es un deber del estado realizar sus funciones en forma prolija, vale decir, sin errores materialmente importantes. En ese sentido, y sin el ánimo de generalizar, muchas entidades estatales olvidan que sus “accionistas” con todos los habitantes del país y que sus labores deben crear valor, social o económico, para estos, que corresponden a sus principales stakeholders. Sin embargo, como estos “accionistas” somos “todos” se hace difícil personificar esta obligación y, finalmente, se hacen trabajos sin el debido cuidado. También aboga negativamente para esto, la inamovilidad de los empleados públicos.

Como dice el dicho, el que trabaja mal, trabaja dos veces, cosa que se ha evidenciado en este caso. Lo peor de todo es que los costos de esta falta de prolijidad han sido a costa de todos los usuarios y las repuestas insuficientes y poco asertivas.