Roxana Zuleta Bravo, directora de Trabajo Social, Universidad Andrés Bello, sede Concepción.
Acabamos de conocer los resultados de la encuesta CASEN 2022, que muestran una significativa disminución de la pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, afectando la primera a un 6,5% de la población, equivalente a 1.292.521 personas. Una importante baja, en relación con el 10,7% del año 2020. En tanto, la pobreza multidimensional, disminuyó de un 20,3% a un 16,9%, alcanzando a 3.313.549 personas en el país.
Estos datos constituyen un importante avance, y reafirman que acciones estatales dirigidas a disminuir la brecha de ingresos, tales como aumentar el sueldo mínimo, extender el acceso a la red de protección social del Estado a mayores grupos poblacionales, contar con pensión garantizada universal, o medidas tales como el IFE laboral de incentivo al empleo formal, entre otras acciones, van en la línea correcta, a fin de avanzar hacia la universalización de políticas de protección social.
Sin embargo, como todo promedio, esconde la persistencia de desigualdades. Como la pobreza por ingreso, que continua su tendencia de concentración histórica en nuestras zonas rurales, 9,9% versus 6,1% de las zonas urbanas; cifra que se dispara a un 28% versus 15,5% al tratarse de la pobreza multidimensional. Destacando Ñuble como la región con mayor pobreza por ingresos con 12,1%, casi duplicando el promedio nacional; seguida de las regiones de Araucanía 11,6%, Tarapacá 11% y Arica y Parinacota con un 9,2%, alcanzando Biobío un 7,5%. Mientras que en pobreza multidimensional destaca Tarapacá con un 19,2%, los Lagos 17,6%, La Araucanía 17,2% y Atacama con un 16,5%.
Al desagregar por sexo, la pobreza continúa afectando mayormente a hogares con jefatura femenina, con un 14,4% versus 12,5%. Panorama que da cuenta de la persistencia de brechas de género con un negativo e importante impacto en las autonomías económica, física y político decisional de las mujeres.
La pobreza continúa limitando la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto un 18,4% se encuentra afectando por pobreza multidimensional y un 22,3% por la pobreza por ingresos, destacándose que el 12,2% de niños y niñas en esta condición, tiene entre 0 y 3 años de edad, etapa crucial para el desarrollo de la primera infancia.
La población perteneciente a pueblos indígenas es una de las más afectadas, alcanzando en pobreza multidimensional un 22% en comparación con el 16,4% de la población no indígena; cifras que, si bien han bajado, indican la necesidad de desarrollar acciones aún más dirigidas, intersectoriales y sostenibles en la materia.
Desigualdades que también se evidencian en la población migrante, quienes se encuentran mayormente afectados por la pobreza en comparación con la población chilena, alcanzando la pobreza multidimensional un 29,6% versus un 15,7%. Lo que evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de protección social para este grupo, con acciones y programas reforzados en aquellas zonas territoriales de mayor concentración de población migrante.
Finalmente destacar, que las dimensiones que más afectan la pobreza multidimensional, son el trabajo y seguridad social con un 32,4%, vivienda y entorno con un 27,4%, educación con un 21,7% y salud con un 12,3%, lo que releva la necesidad de fortalecer las políticas e inversión pública en estas áreas, a fin de operar como sistemas articulados, que permitan no sólo la superación de la pobreza, sino también la garantía de condiciones mínimas de bienestar y ejercicio pleno de derechos humanos.
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