Camilo Cornejo Orellana
Ingeniero Agrónomo
Académico Ingeniería Comercial
Universidad Andrés Bello
Según la Actualización del Balance Hídrico Nacional, la disponibilidad de agua podría disminuir en un 50% al 2060 en las zonas del norte y centro de nuestro país. Por lo tanto, la lluvia es esencial y deseable. Sin embargo, cuando la precipitación ocurre en volúmenes muy superiores a lo normal, puede dejar consecuencias negativas, como sucede con la agricultura.
Lo ocurrido en junio y agosto de 2023, cuando varias regiones del país se vieron afectadas por las inundaciones y el reciente temporal, que significó el estatus de zona de catástrofe en parte del territorio nacional, muestran la magnitud de los efectos del exceso de precipitaciones por hora y, como consecuencia, de la saturación del suelo. Por ejemplo, en comunas como Angol (IX región), en solo 24 horas cayeron aproximadamente 120 mm, superando la capacidad de absorción del suelo y aumentando los caudales, elementos combinados provocan la acumulación de agua y las inundaciones, lo que perjudica a todo el ecosistema.
En zonas como Hualqui, Santa Juana y Nacimiento, los productores de berries y hortalizas vieron sus cultivos y terrenos inundados. No solo el terreno se anegó, sino que, además, en muchos casos, la escorrentía superficial y la lixiviación (movimiento del agua en el suelo) causaron la pérdida de materia vegetal superficial y nutrientes. Cuando un cultivo se inunda, la falta de oxigenación de las raíces provoca daños irreversibles (asfixia). Comunas como Laja, Yumbel, Cabrero, Los Ángeles y muchas más a nivel nacional resultaron también damnificadas y seguirán siéndolo debido a que el cambio climático hace cada vez más frecuentes este tipo de emergencias.
Recientemente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, hizo un llamado al gobierno, CORFO y Banco Estado para ayudar a los agricultores afectados por las fuertes lluvias, solicitando un crédito de emergencia para dar un respiro económico a los productores y evitar la “pérdida de caja”, necesaria para el manejo del suelo durante el invierno (preparación para la siembra) y la cosecha de cítricos, paltas y hortalizas.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en tanto, indicó que INDAP está asistiendo a 200 mil agricultores, con $300 mil millones de la mano de Banco Estado, y aseguró que los precios de los productos agrícolas no deberían verse gravemente afectados. Lo expresado por la autoridad, sin embargo, dependerá de diversos actores en la cadena productiva y del mercado que podría incidir en variaciones en precios de productos agrícolas.
Ante estos efectos, es fundamental dejar de ser un país reactivo y ser proactivo. Aunque actualmente es imposible prever la totalidad de daños que puede causar un evento climatológico como el reciente, que provocó que el agua alcanzara un metro de altura en las casas de muchas personas, se puede aprender científicamente a partir de lo ocurrido y ser resilientes.
Para esto, en el caso de la agricultura es esencial, primero, implementar políticas públicas que definan zonas de riesgo agrícola, sociabilizadas y enfocadas en la medición de estrategias para la mitigación de daños. En segundo lugar, es clave aumentar la inversión en I+D en capital físico, intangible y humano como parte clave de la solución. Se requiere, además, promover la vinculación directa entre el sector privado, el Estado y la academia para actuar eficientemente ante estos eventos.
Es prioritario, también, generar e incentivar créditos y seguros que permitan mantener el flujo de caja de los agricultores, evitando la quiebra por falta de capital de trabajo. Por último, sociabilizar con los productores y la agricultura familiar campesina para visibilizar que el cambio climático llegó para quedarse, afectando nuestra forma de producir, vivir y relacionarnos con la naturaleza.
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