En el Día Internacional del Trabajo, es imperativo reflexionar no solo sobre las tasas de empleo, sino también sobre quiénes quedan sistemáticamente fuera de él. A siete años de la Ley N.º 21.015, la inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo más simbólica que efectiva. El 56% de los contratos registrados bajo esta normativa han sido finalizados y el 82% corresponde a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia. Además, menos del 25% de las empresas con obligatoriedad reportan sus medidas de cumplimiento.
La conmemoración del 1° de mayo no puede limitarse a cifras de empleo general. Debe incluir una evaluación crítica sobre las reales oportunidades de ejercer efectivamente el derecho al trabajo. La inclusión real exige más que cuotas: requiere convicción, monitoreo efectivo y voluntad política para que la igualdad -y equidad- de oportunidades deje de ser una promesa.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Observatorio para la Inclusión UNAB
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