Auditoría reveló que la Central de Abastecimiento concentró el mayor volumen de compras directas del Estado durante la administración anterior. Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos aseguran que llevan años alertando sobre esta práctica y advierten consecuencias para la transparencia y la seguridad del suministro de fármacos.

Una auditoría gubernamental encendió las alarmas en el sector salud tras revelar que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) realizó compras por cerca de US$700 millones mediante tratos directos durante la administración anterior, convirtiéndose en el organismo público con mayor concentración de adquisiciones sin licitación del país.

La cifra no solo supera ampliamente a otros organismos estatales, sino que también reavivó las críticas de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que asegura haber advertido reiteradamente sobre esta situación tanto a CENABAST como a la Comisión de Salud del Senado.

“El número nos sorprendió por su magnitud”, afirmó Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, quien sostuvo que la diferencia entre CENABAST y el resto de las instituciones auditadas “habla por sí sola”.

Según los antecedentes dados a conocer, el segundo organismo con mayor volumen de compras directas fue el Registro Civil, con US$350 millones, mientras que el tercero alcanzó US$56 millones, cifras considerablemente menores a las registradas por la central encargada del abastecimiento de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

Alertan sobre falta de competencia y exclusión de la industria nacional

Desde la Cámara cuestionaron que adquisiciones de tal magnitud se hayan realizado sin procesos competitivos amplios y sin una consideración efectiva de la capacidad productiva instalada en el país.

Papic sostuvo que la industria farmacéutica nacional cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y capacidad para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema público, por lo que considera que el Estado está desaprovechando un activo estratégico para el país.

La dirigente afirmó que cuando se ejecutan compras por cientos de millones de dólares sin licitación ni competencia abierta, no solo se generan dudas respecto de la transparencia de los procesos, sino que también se pone en riesgo la disponibilidad futura de medicamentos para la población.

Temor por dependencia de proveedores externos

Uno de los puntos más sensibles planteados por la industria apunta a la dependencia de proveedores y cadenas de suministro internacionales.

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos recordaron que durante la pandemia quedaron en evidencia las vulnerabilidades asociadas a depender exclusivamente de mercados externos para el acceso a medicamentos e insumos críticos.

A juicio del gremio, la ausencia de una estrategia que fortalezca la producción nacional podría traducirse en problemas de abastecimiento, retrasos en las entregas y mayores riesgos frente a futuras contingencias sanitarias.

Piden cambios estructurales

La organización aseguró que la investigación de los antecedentes revelados por la auditoría es necesaria, pero enfatizó que el debate debe avanzar hacia una revisión profunda del modelo de compras públicas en salud.

En esa línea, plantearon la necesidad de diseñar una estrategia de abastecimiento que incorpore de manera efectiva a la industria farmacéutica nacional, fortaleciendo la seguridad sanitaria del país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“La industria local está disponible para dar respuesta a las necesidades de las personas que atiende la red pública de salud”, señalaron desde la entidad, insistiendo en que una mayor participación de los laboratorios nacionales podría contribuir a mejorar la sostenibilidad y resiliencia del sistema sanitario chileno.

Diversas autoridades del Biobío manifestaron su preocupación tras el término del Estado de Excepción en sectores golpeados por los incendios, advirtiendo que la medida debe implementarse con gradualidad y con un fuerte refuerzo en seguridad y reconstrucción.

Para el diputado independiente Roberto Arroyo, el término de la medida “debió hacerse de forma gradual, ya que la seguridad sigue siendo una preocupación real”, aunque valoró la extensión del decreto de catástrofe para apoyar a las familias afectadas. En la misma línea, la diputada PDG Lilian Betancurt advirtió que el fin de la medida puede generar una sensación de abandono, recalcando que aún hay personas que lo han perdido todo y que el Estado debe garantizar apoyo efectivo.

A estas voces, se sumó el diputado PDG Patricio Briones, quien advirtió que “el fin del Estado de Excepción de Catástrofe deja en relativa indefensión a una zona devastada por los incendios de enero de 2026”. Además, alertó que las fuerzas de orden podrían no dar abasto frente a posibles hechos delictuales, haciendo un llamado directo al Ejecutivo a “tomar medidas y no abandonar a quienes lo perdieron todo”.

En tanto, desde el ámbito municipal, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, expresó que si bien se valora el término de la medida extraordinaria, “no podemos bajar la guardia”, insistiendo en que la salida debe ser responsable y con mayor coordinación en seguridad. Por su parte, el edil de Quilaco y presidente de Amcordi, Pablo Urrutia, afirmó que este proceso no puede ser abrupto y que las familias no deben quedar desprotegidas.

Finalmente, las autoridades advirtieron que el desafío ahora es evitar retrocesos en materia de seguridad y asegurar una presencia firme y sostenida del Estado en los territorios más afectados, con medidas concretas que permitan avanzar con certezas en la reconstrucción y devolver la tranquilidad a las familias del Biobío.

FoodCorp, empresa con más de 20 años de presencia en Coronel y más de 650 trabajadores, acusa una “expropiación encubierta” tras la Ley de Fraccionamiento y advierte un duro golpe a la credibilidad jurídica de Chile.

Un fuerte conflicto judicial se abre entre la industria pesquera y el Estado de Chile. La empresa FoodCorp Chile, de capitales noruegos y con presencia en la comuna de Coronel, Región del Biobío, anunció que presentará una demanda contra el Estado tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento, normativa que —según la compañía— provocará pérdidas patrimoniales superiores a US$100 millones.

La compañía, parte del grupo internacional Austevoll Seafood, informó que concluyó el análisis jurídico de los efectos de la ley impulsada por la administración saliente, determinando iniciar acciones legales debido a la reducción de sus cuotas de pesca y al término anticipado de asignaciones vigentes hasta 2032.

El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch Coello, fue categórico al referirse a la situación. “Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el impacto económico estimado por la empresa supera los US$100 millones, monto que buscarán recuperar mediante la demanda.

La compañía también advirtió que la ley introduce un impuesto exclusivo para la Región del Biobío por la compra de cuota internacional de jurel, lo que —según la empresa— aumentará los costos operacionales de la industria.

Daroch también manifestó preocupación por el impacto que la situación podría tener en la economía local. “El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó.

La acción judicial será liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y se suma a otras demandas que ya han iniciado empresas pesqueras como Camanchaca, Landes y Blumar.

Lucas Serrano, cientista político y director de la carrera de Administración Pública, Universidad San Sebastián Concepción.

El próximo 11 de marzo Chile vivirá un nuevo cambio de mando presidencial, uno de los rituales más significativos de nuestra tradición republicana. Desde el retorno a la democracia, y aun antes en nuestra historia institucional, el traspaso del poder ha sido un momento de continuidad del Estado por sobre las disputas políticas. La ceremonia, la banda presidencial y los gestos protocolares no son meras formalidades: son símbolos de estabilidad institucional. Por lo mismo, resulta llamativo que esta transición llegue precedida por un nivel de tensión pocas veces visto. Incluso en cambios de ciclo particularmente intensos -como el retorno a la democracia- no existe registro de un traspaso marcado por un quiebre tan explícito entre las administraciones saliente y entrante.

La controversia en torno al llamado “cable chino” terminó por tensionar una transición que ya venía cargada de desconfianzas. Más allá del detalle técnico del proyecto, lo que se instaló fue una disputa sobre transparencia, información y responsabilidades políticas en el cierre de un gobierno. El resultado fue un deterioro poco habitual del clima de transición, con reuniones suspendidas y recriminaciones cruzadas que han elevado innecesariamente el tono de un proceso que, por definición, debería ser institucional antes que político.

Pero el país también enfrenta algo más profundo: el balance inevitable de un ciclo que termina. Como ocurre con todo gobierno, la administración de Gabriel Boric deja luces y sombras. Hubo impulsos reformistas y una voluntad de abrir nuevas discusiones generacionales, pero también dificultades de gestión, episodios de improvisación política y un cierre marcado por controversias que han terminado empañando su último tramo.

El gobierno entrante, por su parte, tampoco tendrá una larga luna de miel. José Antonio Kast llega al poder impulsado por la narrativa de un “gobierno de emergencia”, construida durante la campaña frente a las urgencias ciudadanas en seguridad, orden público y crecimiento económico. Esa retórica genera expectativas inmediatas y obligará a que sus primeras señales combinen sentido de urgencia con prudencia institucional. Gobernar en clave de emergencia exige decisión, pero también claridad estratégica.

A ello se suma un desafío mayor en política exterior. Chile deberá navegar con cuidado el delicado equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial. El episodio del cable submarino mostró con claridad cómo las tensiones geopolíticas globales pueden impactar en decisiones nacionales aparentemente técnicas.

En este contexto, el cambio de mando adquiere un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las fricciones propias de la política, el 11 de marzo debe recordar algo esencial: que la fortaleza de las instituciones chilenas no descansa en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de conducirlo con sensatez y dentro de las reglas republicanas que han dado estabilidad al país durante décadas.

La federación pidió agilizar los trámites pendientes para concretar la aplicación de la Ley de Caletas. Familias acusan décadas de espera y promesas incumplidas.

El Directorio de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa Biobío) llegó nuevamente hasta Caleta Perone, en la península de Hualpén, para acompañar a las familias del sector, que viven un nuevo episodio de frustración e incertidumbre tras la paralización del proceso que permitiría regularizar el terreno donde han construido su vida por más de 70 años.

En Caleta Perone viven desde la década de 1950 pescadores artesanales, algueras y descendientes de trabajadores del antiguo Fundo Perone, quienes permanecieron en el lugar tras el declive de la actividad agrícola, con la autorización de la familia propietaria. Con el paso de las generaciones, se formó una comunidad profundamente ligada al mar y al trabajo colectivo.

La promulgación de la Ley de Caletas N°21.027 abrió una oportunidad histórica para que la caleta pudiera acceder legalmente a la propiedad del terreno. Desde entonces, y con el acompañamiento permanente de Ferepa Biobío, la comunidad cumplió con todas las exigencias legales y técnicas, incluyendo planos, estudios de línea de alta marea, planes de administración y capacitaciones en gestión y adaptación al cambio climático.

Sin embargo, el proceso hoy se encuentra detenido por trámites administrativos. Según se informó, solo resta un informe técnico y una firma para avanzar en la expropiación, lo que mantiene a toda la comunidad en un estado de profunda angustia.

El presidente de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia Chandía, valoró el trabajo de instituciones como la Municipalidad de Hualpén, Sernapesca y el Ministerio de Bienes Nacionales, pero realizó un llamado directo al Estado.
“No puede ocurrir que, por la burocracia de organismos del Estado, esta oportunidad única —que además cuenta con financiamiento— se siga postergando. Caleta Perone cumplió todo lo que la ley exige; ahora es el Estado quien debe cumplir”, señaló.

Desde la propia caleta, el presidente del sindicato, Miguel Ibáñez, expresó con dureza el sentir de los vecinos: “Necesitamos que de una vez por todas nos dejen de mentir. Llevamos más de 50 años con el miedo de que nos expulsen. Este terreno no fue tomado; nos fue ofrecido cuando éramos trabajadores del fundo. Ya está bueno. Estamos cansados y sin esperanza”.

La molestia también se repite entre las familias. Cecilia Ibáñez, de 59 años, relató que esperaban una definición antes de fin de año. “Esperábamos una Navidad tranquila porque se dijo que en noviembre estaría listo. Estamos en enero de 2026 y nada pasó. Basta de mentiras. Necesitamos paz para seguir viviendo”, afirmó.

Por su parte, Ramona Lara, de 78 años, expresó su preocupación por el paso del tiempo. “Vienen y se van las autoridades con promesas. Me queda poco tiempo y mi sueño es que nuestra gente viva tranquila. ¿Por qué tienen esto parado si la ley permite que el terreno nos sea entregado? Se nos va la vida entre promesas”.

La secretaria del sindicato, Carolina Astete, cuestionó la demora del informe técnico pendiente, luego de las mediciones realizadas por profesionales del SHOA en octubre pasado. “Era lo único que faltaba para proceder a la expropiación. Han pasado más de seis meses y no hay informe. ¿Es legítimo que el Estado se tome todo el tiempo del mundo sin pensar en las personas que esperan?”, planteó.

Mientras los botes siguen varados en la orilla y las redes se secan al sol, Caleta Perone continúa esperando una respuesta concreta. Una definición que permita cerrar décadas de incertidumbre y entregar a sus habitantes la certeza, dignidad y tranquilidad que sienten haber ganado con una vida entera dedicada al mar.

Fuente: Mundo Acuícola

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

Este hito reconoce a instituciones públicas y privadas que facilitan sus dependencias para el desarrollo de actividades ciudadanas y comunitarias.

En una ceremonia realizada en el Campus San Andrés, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) se convirtió en la primera casa de estudios del Biobío en recibir el Sello “Espacio para Organizaciones Sociales”, distinción entregada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno a instituciones que facilitan sus instalaciones para el desarrollo de actividades que promuevan la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

El reconocimiento fue entregado por la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, Jacqueline Cárdenas, quien valoró la disposición de la Universidad a abrir sus espacios a la comunidad.

“Este es un hito muy relevante, no solo por el reconocimiento a la UCSC como la primera Universidad del Biobío en sumarse al Sello Social, sino porque marca un precedente para que más instituciones se comprometan con la participación ciudadana. Contar con una casa de estudios tan reconocida y comprometida con el desarrollo de la sociedad civil es, de verdad, un orgullo para nosotros”, señaló la autoridad.

Durante la actividad, el Rector Dr. Cristhian Mellado destacó que este sello representa una manera  concreta de vivir la misión institucional.

“Nuestra Universidad, fiel a su Identidad Católica y a la Doctrina Social de la Iglesia, concibe la educación superior como un servicio al bien común, abierto a las comunidades y atento a las realidades del territorio. Poner nuestros espacios a disposición de las organizaciones sociales es abrir las puertas del conocimiento, del diálogo y de la esperanza”.

El sello simboliza el compromiso del Estado y de la UCSC con la colaboración y el respeto por la dignidad humana, valores que forman parte esencial del quehacer universitario. La institución ha dispuesto auditorios, salas de clases y reuniones para que organizaciones culturales, vecinales y comunitarias desarrollen sus iniciativas, fortaleciendo así su vínculo con el territorio.

En representación de las agrupaciones beneficiadas, la dirigenta social Elsa Provoste agradeció la iniciativa y el apoyo entregado por la Universidad. “La mayoría de las juntas de vecinos no tenemos un espacio real para reunirnos. Por eso, este apoyo de la UCSC es muy valioso, porque ahora contamos con un lugar donde participar y crecer como comunidad”, expresó.

Con esta certificación, la UCSC reafirma su compromiso con la democracia, el encuentro y el servicio al bien común, consolidándose como un referente regional en el fortalecimiento de la sociedad civil y la vinculación con el medio.

En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag

Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

La paradoja es brutal. La Cámara Chilena de la Construcción estima que una familia promedio necesitaría ahorrar más de once años de ingresos completos para comprar una vivienda de precio medio. Once años sin comer, sin pagar transporte, sin cubrir salud ni educación, solo para alcanzar el sueño de la casa propia. En paralelo, quienes reciben hasta un millón de pesos al mes ya no encuentran ninguna oferta de viviendas nuevas que pueda financiarse con un crédito hipotecario razonable. Es decir, el mercado los expulsó y la política pública aún no los acoge.

El resultado es un ecosistema habitacional fracturado. Tenemos subsidios pensados para los más pobres, programas que intentan contener la proliferación de campamentos y, más recientemente, mecanismos como el subsidio transitorio a la tasa hipotecaria. Sí, ese beneficio puede representar varios millones de pesos menos en intereses a lo largo de tres décadas, pero no toca el corazón del problema. Porque no se trata solo de cuántos pesos menos paga una familia en su dividendo, sino de que la gran mayoría nunca llega siquiera a calificar para ese dividendo. Las familias de clase media baja siguen quedando atrapadas: demasiado “ricas” para los subsidios de pobreza, demasiado “pobres” para los bancos, y pagando arriendos que consumen un tercio o más de sus ingresos.

Por el otro, los bancos se resguardan frente al riesgo. Con tasas de interés que todavía rondan el 4,5% anual y exigencias de pie cada vez más altas, financian menos y seleccionan más. El resultado es que los hogares en ese rango medio quedan “sin chicha ni limonada”: sin acceso a crédito, pero sin calificar para subsidio.

Lo más grave es que este problema no es solo económico. Tiene un componente social y político que se hace sentir en la calle y que será parte del debate presidencial: la sensación de que el país no ofrece caminos claros para cumplir metas básicas como
tener un hogar propio. En otras palabras, la fractura habitacional erosiona la cohesión social, porque instala la idea de que el esfuerzo no alcanza y que la movilidad ascendente es un privilegio reservado para unos pocos.

Hoy, con un déficit habitacional que bordea el millón de viviendas y con encuestas que muestran que más de dos tercios de los chilenos aún aspiran a la casa propia, no basta con ajustes menores. Se requieren políticas “disruptivas”, como reconocen incluso los gremios, que combinen planificación urbana moderna, incentivos a la inversión privada y mecanismos de arriendo protegido que entreguen seguridad a las familias que no pueden comprar.

El próximo gobierno no podrá eludir esta discusión. Porque mientras seguimos debatiendo, miles de hogares siguen atrapados en ese incómodo espacio donde no son lo suficientemente pobres para recibir ayuda, pero tampoco lo suficientemente solventes para que un banco les abra la puerta. Y esa es, probablemente, la radiografía más clara de lo que significa hoy “vivir en medio” en Chile.

La paradoja es brutal. La Cámara Chilena de la Construcción estima que una familia promedio necesitaría ahorrar más de once años de ingresos completos para comprar una vivienda de precio medio. Once años sin comer, sin pagar transporte, sin cubrir salud ni educación, solo para alcanzar el sueño de la casa propia. En paralelo, quienes reciben hasta un millón de pesos al mes ya no encuentran ninguna oferta de viviendas nuevas que pueda financiarse con un crédito hipotecario razonable. Es decir, el mercado los expulsó y la política pública aún no los acoge.

El resultado es un ecosistema habitacional fracturado. Tenemos subsidios pensados para los más pobres, programas que intentan contener la proliferación de campamentos y, más recientemente, mecanismos como el subsidio transitorio a la tasa hipotecaria. Sí, ese beneficio puede representar varios millones de pesos menos en intereses a lo largo de tres décadas, pero no toca el corazón del problema. Porque no se trata solo de cuántos pesos menos paga una familia en su dividendo, sino de que la gran mayoría nunca llega siquiera a calificar para ese dividendo. Las familias de clase media baja siguen quedando atrapadas: demasiado “ricas” para los subsidios de pobreza, demasiado “pobres” para los bancos, y pagando arriendos que consumen un tercio o más de sus ingresos.

Por el otro, los bancos se resguardan frente al riesgo. Con tasas de interés que todavía rondan el 4,5% anual y exigencias de pie cada vez más altas, financian menos y seleccionan más. El resultado es que los hogares en ese rango medio quedan “sin chicha ni limonada”: sin acceso a crédito, pero sin calificar para subsidio.

Lo más grave es que este problema no es solo económico. Tiene un componente social y político que se hace sentir en la calle y que será parte del debate presidencial: la sensación de que el país no ofrece caminos claros para cumplir metas básicas como
tener un hogar propio. En otras palabras, la fractura habitacional erosiona la cohesión social, porque instala la idea de que el esfuerzo no alcanza y que la movilidad ascendente es un privilegio reservado para unos pocos.

Hoy, con un déficit habitacional que bordea el millón de viviendas y con encuestas que muestran que más de dos tercios de los chilenos aún aspiran a la casa propia, no basta con ajustes menores. Se requieren políticas “disruptivas”, como reconocen incluso los gremios, que combinen planificación urbana moderna, incentivos a la inversión privada y mecanismos de arriendo protegido que entreguen seguridad a las familias que no pueden comprar.

El próximo gobierno no podrá eludir esta discusión. Porque mientras seguimos debatiendo, miles de hogares siguen atrapados en ese incómodo espacio donde no son lo suficientemente pobres para recibir ayuda, pero tampoco lo suficientemente solventes para que un banco les abra la puerta. Y esa es, probablemente, la radiografía más clara de lo que significa hoy “vivir en medio” en Chile.